( Tomado de Poder Popular) Iosu del Moral | Parece que en los últimos tiempos el movimiento antimilitarista en Euskal Herria esté pasando por un momento de reactivación. Tras unos años de apogeo, donde el colectivo centraba sus fuerzas en la lucha contra la entrada en la OTAN por parte del Estado y sobre todo en dar fin al Servicio Militar Obligatorio, los antimilitaristas vuelven a organizarse. Es muy posible que la crisis social y económica inherente al sistema capitalista, sumada a la actual situación de pandemia haga que mucha gente vuelva a plantearse qué utilidad tiene un mundo totalmente militarizado. Es aberrante observar cada día las necesidades y por ende el sufrimiento que padecen miles de personas mientras los Estados malgastan cantidades ingentes de dinero en armamento. Por no hablar que durante la crisis del COVID-19, muchas potencias han incrementado con partidas de dinero público los presupuestos de sus ministerios de defensa.
Por supuesto la inteligencia de muchos de nuestros gobernantes no debe dar más que para pensar que a este virus se le mata a cañonazos. Si ya es vergonzante que el sector privado dedique impunemente parte de su actividad al desarrollo de material bélico, mucho peor aún es cuando la gran parte de éste termina en manos de los gobiernos que se valen de los impuestos de la ciudadanía para abastecer a sus ejércitos, llenando los bolsillos de esos archimillonarios fabricantes de muerte. Empresarios del terror a los que lo que menos les importa es en manos de quiénes terminan esas armas, siempre y cuando sacien su sed de obtener más beneficio. Una prueba más que confirma que las leyes del mercado carecen de cualquier tipo de ética, al igual que ocurre con la dupla formada por dichos empresarios sanguinarios y dirigentes como sus principales cómplices que desde ese infame binomio se retroalimentan.
De ahí que sea primordial para la izquierda alternativa el construir un discurso sólido y convincente para que en la sociedad vaya calando el relato de la importancia de que esos recursos despilfarrados en la industria militar y genocida debieran invertirse en propuestas de carácter social. En la siguiente entrevista charlamos con Bernard López Uranga, militante de Bake-Ekintza Antimilitarista, quien nos pone al día de la situación y de las últimas iniciativas del movimiento en Euskal Herria.
¿En qué situación se encuentra actualmente el movimiento Antimilitarista en Euskal Herria?
Yo diría que el movimiento Antimilitarista Vasco, se encuentra hoy en día en un proceso de auto organización. Desde hace cerca de 2 años, los distintos grupos antimilitaristas que realizamos nuestro trabajo en Hego Euskal Herria, hemos iniciado una dinámica de acercamiento y coordinación que no va a hacer otra cosa que mejorar, dinamizar y socializar en mayor medida la lucha antimilitarista, que como colectivos estábamos realizando de manera más individual. Como asignatura pendiente tenemos el inicio de contactos con algún grupo que pueda estar o haya estado operando en Iparralde.
Tras aquellos años de mucho auge del antimilitarismo donde se luchaba para lograr el fin del Servicio Militar Obligatorio, ¿cuáles son hoy en día los principales frentes del movimiento?
Sí, y dices bien lo de auge, porque no hemos de olvidar que en el referéndum de la OTAN de 1986, un 62% de la ciudadanía Vasca, votó en contra de la integración y ahora que se cumplen 20 años justos de la derogación del SMO, tampoco debemos de olvidar que de los 25.000 jóvenes que se declararon insumisos a nivel estatal, unos 12.000 lo hicieron desde Euskal Herria.
Concretando la respuesta a tu pregunta enumeraré alguno de los temas que nos preocupan: La producción armamentística, el comercio de armas, las finanzas armadas, las políticas y presupuestos de defensa y seguridad, la militarización del territorio, las causas y las consecuencias de los conflictos armados, la educación para la paz, la resolución no violenta de los conflictos, y como no podría ser de otra manera, la justicia y la transformación social, que hagan posible la desaparición total de los ejércitos y de las guerras.
¿Cómo veis en concreto la polémica abierta en torno al cuartel de Loiola?
Te lo resumiré en una frase que servirá de lema para la próxima campaña que vamos a desarrollar como rechazo al nuevo cuartel: » Ez dugu kuartel berririk behar, ez Donostian ez inon «, y es que así lo pensamos, no necesitamos nuevos cuarteles ni en Donostia ni en ningún otro lugar del mundo. Creemos que reducir el gasto militar para invertir en gasto social, es el verdadero reto que debe afrontar la sociedad actual. Asimismo, estamos convencidos de que Donostia no debe pagar por los terrenos donde se sitúa el actual cuartel, ya que a lo largo de la historia, la ciudad ha pagado elevadas cantidades de dinero como consecuencia de ser calificada como «plaza militar».
¿Qué reflexiones realizáis en torno a la industria armamentística en Euskal Herria?
Aunque mucha gente lo desconoce, en Euskal Herria existen alrededor de un centenar de empresas que tienen vinculación directa con la producción de material militar, y otro centenar más que tiene vinculación indirecta. Hay que tener en cuenta que el Estado Español es el séptimo productor de armamento a nivel mundial y que las empresas vascas de armamento, figuran entre las principales productoras de los sectores militares españoles: Aernova e ITP en el aeroespacial, SENER en misiles y electrónica militar, y SAPA en carros de combate y vehículos militares. En total las empresas vascas representan en torno a un 16% de la producción Estatal y casi las ¾ partes de esa producción se dedica a la exportación, también a países en conflicto como Arabia Saudí, Turquía, Israel, Egipto…, con todo el drama que ello acarrea, incluyendo la muerte de miles de personas, en su gran mayoría civiles.
Además, es preciso denunciar el gran apoyo institucional con que cuentan las empresas de armamento y las subvenciones oficiales que reciben. Es inaudito que los grandes empresarios de la producción de armamento gocen de gran prestigio social y un buen ejemplo de ello lo tenemos en el caso del Sr Aperribai, presidente de SAPA y también presidente de la Real Sociedad. Una vez más, la realidad supera a la ficción. Es hora de iniciar el camino de la Conversión de la industria militar en producción civil, no queda otra… Para informarse bien sobre este tema, os recomendaría el libro «Estas guerras son muy nuestras «, de Gasteizkoak, lo podéis descargar gratuitamente de la página web de ese colectivo: gasteizkoak.org
¿Qué pensáis acerca de que durante la pandemia haya aumentado la inversión del Ministerio de Defensa?
En plena pandemia el gobierno anunció que iba a poner en marcha nuevos programas especiales de armamento que alcanzaban la cifra de 13.356 millones de euros. En este sentido destacaría la iniciativa que llevamos a cabo 9 grupos antimilitaristas vascos, firmando un manifiesto de apoyo a la campaña promovida por el International Peace Bureau y la participación del Centre Delas de Cataluña, para reducir drásticamente el gasto militar y satisfacer las necesidades sociales y medioambientales. En el manifiesto también denunciábamos la gestión militarista de la crisis sanitaria del Covid 19. Se ha demostrado que la verdadera seguridad que necesitamos no la ofrecen los ejércitos, sino unos bien preparados y reforzados recursos en los ámbitos de la salud, los servicios sociales, la educación…
Según Delás, la partida para el ministerio de defensa en el 2021 ha aumentado un 6,3% respecto al año anterior y el gasto militar total, sumando otras partidas encubiertas en otros ministerios, ascendería a 21.618 millones de euros, esto es el 1,8 del PIB, 456 euros por habitante para gasto militar, sin lugar a dudas, una auténtica barbaridad.
¿Consideráis que a nivel internacional estamos ante un mundo menos belicistas o por el contrario el militarismo va en ascenso?
Los ejércitos han sido creados para reprimir la disidencia interna y para servir a los intereses de los enriquecidos en el exterior, hoy en día las grandes corporaciones. Así que en realidad son los guardianes del sistema. Un sistema que a nivel global basa su existencia en el crecimiento económico ilimitado, en un planeta con unos recursos finitos. A medida de que estos recursos escaseen y las consecuencias del cambio climático sean más nefastas, es probable que las tensiones militares y las guerras por los recursos energéticos y las materias primas más necesarias, se puedan producir con mayor facilidad.
Recuerdo haberle oído a Arcadi Oliveres en una conferencia decir que el gasto militar mundial anual es 40 veces superior al dinero necesario para erradicar el hambre en el mundo, y que con los 4 billones 600 mil millones de dólares inyectados a la banca internacional en los primeros años tras la crisis del 2008, se podría terminar con el hambre en el mundo 92 veces. Un reciente informe de Oxfam asegura que las 42 personas más ricas del planeta, tienen tanta riqueza como la mitad más pobre de la humanidad. Con un mundo tan tremendamente injusto como este, es muy difícil pensar en la desaparición de los ejércitos, habrá que empezar a cambiarlo… ¿no?
«¡No a la mascarada de las elecciones legislativas del 12 de junio! ¡Por la elección de una Asamblea Constituyente soberana!»
Aunque nuestro partido ya había expresado públicamente sus críticas políticas y su rechazo a las elecciones legislativas que el poder de facto pretende imponernos el 12 de junio de 2021, la Dirección Nacional del Partido acaba de decidir oficialmente no participar en estas elecciones.
Para el PST -que ha participado en varias elecciones desde 1991 con el fin de utilizar la plataforma electoral- sin la construcción de una correlación de fuerzas políticas previa en el seno de la sociedad no está permitida ninguna ilusión en cuanto a la posibilidad de lograr por la vía electoral el cambio democrático y social al que aspiran las masas populares. En el contexto actual, estas elecciones generales llegan en un momento en que el Hirak del Pueblo, independientemente de sus deficiencias y limitaciones, está de vuelta desde el 22 de febrero[1], planteando la cuestión de la elección entre el campo popular y el del poder y su hoja de ruta[2].
El desafío a la legitimidad del poder se expresa una vez más en importantes manifestaciones populares en varias ciudades del país. Al igual que en las elecciones de 2002, que tuvieron lugar después del levantamiento popular de la «primavera negra» de 2001, nuestro partido no duda ni un segundo en rechazar la mascarada de las elecciones legislativas y participar como de costumbre en la construcción del campo de las luchas y movilizaciones políticas y sociales de nuestro pueblo.
Para el PST, más que las consultas anteriores, estas elecciones legislativas están ya descalificadas democráticamente por el alcance de la represión y las violaciones de las libertades[3]. Los presuntos gestos de apaciguamiento limitados a «perdonar» a unas pocas docenas de personas detenidas por motivos políticos son rápidamente negados por nuevos arrestos y otros acosos policiales y judiciales a activistas, periodistas y manifestantes comunes. Peor aún, los casos de tortura y violación por parte de los servicios de seguridad son denunciados públicamente por ex detenidos[4]. Las libertades democráticas básicas y los derechos de expresión, manifestación, opinión, organización, huelga, etc., se amordazan diariamente. Los medios públicos siguen cerrados a las críticas al régimen y sus platós siguen siendo monopolizadas exclusivamente por sus representantes y por las personas que le han expresado su lealtad.
En cuanto a la ley electoral, respaldada por el mismo parlamento disuelto que el propio gobierno describe como corrupto e ilegítimo, constituye otro obstáculo para unas elecciones honestas y democráticas. Por ejemplo, más que en leyes anteriores, el método de votación elegido tiene como objetivo la despolitización del voto a través de la elección entre candidatos en la misma lista y no entre programas políticos. En consecuencia, podría cuestionarse la supuesta paridad entre hombres y mujeres. En cuanto a la financiación pública de unas candidaturas en detrimento de otras, y que legaliza efectivamente una desigualdad de oportunidades, ¿no es sobre todo un subterfugio que permite financiar una posible futura mayoría parlamentaria?
Para el PST, estas elecciones legislativas son una maniobra dirigida, como en las elecciones presidenciales de diciembre de 2019 y el referéndum sobre la nueva constitución en noviembre de 2020, a institucionalizar la continuidad del régimen. Lejos de limitarse a la renovación en sus puestos de varias figuras abiertamente seguidores de un quinto mandato para Bouteflika[5], esta continuidad del régimen se verifica principalmente en los terrenos económico y social. Son las mismas «reformas» económicas liberales que consisten en privatizar la economía y la riqueza nacionales, especialmente los bancos públicos e incluso nuestro subsuelo, permitiendo que un puñado de oligarcas y multinacionales las acaparen. Son las mismas políticas antisociales destinadas a reducir los salarios, eliminar los subsidios para las necesidades básicas, reducir las transferencias sociales, poner en cuestión la medicina gratuita, empujar a nuestros jóvenes y sectores enteros de nuestro pueblo al desempleo y la precariedad social. En resumen, son las mismas opciones neoliberales que han llevado al desastre económico y social que estamos experimentando y que constituyeron las razones fundamentales para el rechazo del régimen y el levantamiento popular de Hirak de febrero de 2019.
Para el PST, la recuperación de la soberanía popular requiere la elección de una Asamblea Constituyente soberana representativa de las aspiraciones democráticas y sociales de la mayoría de nuestro pueblo, constituída por las y los trabajadores, las personas en paro, las mujeres, las y los pequeños agricultores y la gente más desfavorecida. En esta perspectiva, el PST pide una convergencia imperativa entre el formidable movimiento popular que constituye el Hirak y las luchas sociales, en particular a través del establecimiento urgente de una autoorganización de base en todo el país, que permita el surgimiento de una alternativa democrática, antiliberal y antiimperialista.
¡Libertad para las y los detenidos políticos y de opinión!
¡Por la eliminación de todos los obstáculos al ejercicio de las libertades democráticas!
¡Por el respeto de las libertades sindicales!
¡No a la continuidad del régimen liberal, antisocial y autoritario!
¡Por la elección de una Asamblea Constituyente Soberana!
La Dirección Nacional del PST; Argel el 5 de abril de 2021
[2] El 10 de abril de 2021, el diario El Watan escribía que “La movilización se ha mantenido ayer en la capital este 112º viernes de hirak, al menos en comparación con las precedentes semanas tras la vuelta del movimiento popular el 22 de febrero pasado, tras un alto voluntario de cerca de ocho meses a causa del covid-19”.
En un gran revés para el movimiento obrero estadounidense la semana pasada, la campaña de sindicación en las gigantescas instalaciones de Amazon en Bessemer, Alabama, fue derrotada. Las y los trabajadores votaron por 1798 votos en contra del sindicato y 738 a favor del sindicato en una elección de representación sindical en la que solo participó alrededor de la mitad de las y los 5876 trabajadores que podían ser electores.
Las y los responsables sindicales de RWDSU (venta al por menor, mayorista y grandes almacenes) argumentaron que Amazon intimidaba a los trabajadores, pero activistas sindicales de larga data también destacaron otros problemas en la campaña, incluida la incapacidad de crear una organización fuerte en el lugar de trabajo antes de convocar elecciones.
Sofisticada campaña antisindical
En los Estados Unidos, las y los trabajadores pueden obtener el reconocimiento sindical de su patrón de dos maneras: una elección organizada por la National Labour Relations Board (NLEB Junta Nacional de Relaciones Laborales) o una huelga, aunque las huelgas de reconocimiento [sindical] se han vuelto bastante raras desde la década de 1970. Si el 30% de las y los trabajadores en un lugar de trabajo firman cartas o una petición diciendo que quieren un sindicato, la NLRB organizará unas elecciones. Si la mayoría de las y los trabajadores vota por el sindicato, éste será reconocido por el gobierno y la empresa tendrá que negociar con el sindicato sobre salarios y condiciones de trabajo. En el caso de Bessemer, el sindicato había obtenido el 30% de las firmas para organizar una votación, pero fracasó en la segunda etapa.
El mayor problema ha sido, por supuesto, el enorme poder de Amazon y la sofisticación de su campaña antisindical. Impulsadas en gran medida por la pandemia, las ventas netas de Amazon para 2020 aumentaron un 38% a 386.000 millones de dólares, y Jeff Bezos, fundador y presidente de la compañía, tiene una fortuna valorada en 190.000 millones de dólares. Con recursos ilimitados, Amazon celebró reuniones regulares con los trabajadores y trabajadoras de la fábrica y les envió mensajes SMS todos los días. La compañía señaló que ya pagaba a su plantilla un promedio de 16 dólares por hora, el doble del salario mínimo de los Estados Unidos y más que otras empresas de la región. En una campaña titulada Do It Without Dues (literalmente, hazlo sin gastos), la empresa explicó que las y los trabajadores en realidad perderían dinero con un sindicato, pagando alrededor de 500 dólares cada año en cuotas. Amazon ha logrado crear un espíritu de equipo pro-empresa entre algunos trabajadores y trabajadoras, convenciéndoles de usar chapas y pegatinas de «Vota No» en el trabajo.
Déficit de autoorganización
La RWDSU comenzó su campaña en el apogeo de la pandemia e hizo un llamamiento especial a las y los trabajadores negros que representan alrededor del 85% de la mano de obra. Se esperaba que el movimiento Black Lives Matter (BLM) hubiera creado un nuevo entusiasmo entre las y los trabajadores. El Partido Demócrata apoyó la campaña sindical, con el presidente Joseph Biden exigiendo que la empresa no intimidara a su plantilla, y Bernie Sanders fue a la fábrica a hablar en una concentración. Sin embargo, ni BLM ni los demócratas parecen haber influído en el resultado.
El almacén de Bessemer abrió hace apenas un año, como parte de una vasta expansión de Amazon, que ha contratado a 400.000 personas en todo el país y ahora emplea a más de un millón. Esto significa que las y los trabajadores del almacén no se conocen muy bien, especialmente dada la alta rotación, y no han establecido relaciones de larga data de ayuda mutua y confianza. Cuando el sindicato se lanzó a la batalla en noviembre de 2020, no había establecido una organización fuerte entre las y los trabajadores que les permitiera actuar por su cuenta. No lo hizo más tarde. En febrero, el sindicato aún no se había puesto en contacto con algunos trabajadores y trabajadoras. La RWDSU hizo gran parte de su campaña en las puertas de la fábrica, pero no hizo visitas a domicilio, diciendo que no podía hacerlo debido a la pandemia. Pocos trabajadores y trabajadoras participaron en las concentraciones sindicales.
¿Qué va a pasar ahora? Con toda probabilidad, la RWDSU presentará demandas por práctica desleal ante la Junta Nacional de Relaciones Laborales, destacando correctamente las prácticas de intimidación de la dirección de la empresa, y podría obtener que se organizara una nueva votación. Otros sindicatos y ONG continúan apoyando a las y los trabajadores de Amazon en otros lugares del país. Algunos socialistas han ido a trabajar a Amazon para ayudar a organizarse a nivel de base. A pesar de la derrota, los esfuerzos para organizar a las y los trabajadores continuarán. Las y los activistas sindicales han aprendido una vez más que la gente trabajadora debe organizar el sindicato por si misma, creando un movimiento que sea altamente capaz de actuar sobre el terreno.
( ABAJO EN CASTELLANO)
Apirilaren 14an, urtero bezala, Bigarren Errepublika aldarrikatzeko 90. urteurrena gogoratuko dugu. Udal hauteskundeetan eta probintziako hiriburu nagusietan Errepublikako hautagaiek garaipena lortu ondoren, jendea kalera atera zen monarkiari amaiera emanez.
Horrela, iragan beltz bati amaiera eman zizaion, non erregeak Eliza eta Armadaren laguntzarekin bere burua betikotua zuen, eta askatasunak eta konkistak handitzeko esperientzia hasi zen, langileen mugimenduaren antolaketari eta borrokari esker: hezkuntza eta kultura tresna emantzipatzaile gisa, sufragio unibertsala, dibortziorako eta abortatzeko eskubidea, eliza-estatu bereizketa, lan eskubideak aitortzea eta aberastasuna Nekazaritzako Erreformaren bidez hobeto banatzeko saiakerak izan ziren . Hala ere, aurrerapen horiek Eliza, etsaiaren armadaren zati bat, industria handiak, lurjabeak eta eskuin muturreko alderdiak 1936ko estatu kolpea ekarri zuten, eta horrek ere bertan behera utzi zituen autonomia estatutu ezberdinen garapena.
Historiak iraganeko akatsak irakasten dizkigu eta oraina ulertzeko aukera ematen digu. Eta pandemia eta heriotza garai hauetan, milaka gorpuren gainean eraikitako demokraziaren ahultasunak eta genozidioen zigorgabetasuna nabaritzen dira. Modu honetan bakarrik ulertzen da Errege Emeritua milioi euroko offshore kontu baten bidez onuraduna dela dakigun bitartean, urteetan bere «erregealdi eredugarrian» iruzurrez hartutakoa, estatuko justiziaaren aurrean erantzunkizunak «hiritar eredugarri» bezala bete beharrean, urrezko erbestera erretiratzen dela, bere erregealdian euren aberastasuna handitu duen elite ekonomikoak gure adimena iraintzera mugatzen den bitartean, langile klaseentzako espoliazioa izan den erregealdi ustela defendatuz.
Milaka errepresaliatu eta euren hildakoak lurperatu ezin izan zutenentzat behin eta berriro Justizia, Egia eta Erreparazioa eskatzen jarraituko dugu. Hala ere, eskain diezaiokegun omenaldirik onena, askatasuna, berdintasuna eta justizia sozialaren alde borrokatzen jarraitzea da. Errepublika, Res Publica, hitzaren zentzurik zabalenena aldarrikatzen dugu, erregearen aurrean guztioi dagokiguna, Estatu eta Armadako burua diktadorearen oinordeko zuzena izateaz gain, boterea banatzeko forma zentralizatua eta antidemokratikoa adierazten duena, elite ekonomikoen alde.
Guk, bestalde, herriarengandik eraikitako Errepublika nahi dugu. Euskal Errepublika aske eta konfederatua Estatuko gainerako Herriekin. Lehendabizi gutxi batzuk baino ez ordezkatzen dituzten egungo instituzio guztiak eraistea eta herritarrak etorkizun hobea eta bidezkoagoa eraikitzen hastea. Justizia soziala bandera gisa, feminismoa pankarta gisa eta bizitza eta zaintza eskubidea erdigunean jartzea, finantza diktadurari amaiera eman. Errepublika langile klasearen kateak apurtzeko, Eskola Publiko eta Laiko baten bermea izateko. Osasun publiko eta unibertsala derrigorrezko errealitate bihurtzen duen Errepublika. Banku guztiak eta pribatizatutako zerbitzu estrategiko eta funtsezko enpresak nazionalizatzen dituen eta klase popularren zerbitzura jartzen dituen Errepublika. Egungo Estatuko nazio bakoitzak bere etorkizuna erabakitzeko eskubidea libreki baliatzea eta ondorengo harremana penintsulako gainerako herriekin, langile errepublika sozialista konfederalaren alde.
El 14 de abril, como cada año, recordamos el 90 aniversario de la proclamación de la II República. Tras el triunfo en las elecciones municipales de las candidaturas republicanas en las principales capitales de provincia, el pueblo salió a las calles precipitando el fin de la monarquía.
Se ponía así fin a un pasado caciquil en el que el rey se perpetuaba con el apoyo de la Iglesia y el Ejercito, y comenzaba una experiencia de aumento de libertades y conquistas, gracias a la organización y las luchas del movimiento obrero: la educación y la cultura como herramientas emancipadoras, el sufragio universal, el derecho al divorcio y al aborto, la separación de Iglesia-Estado, el reconocimiento de derechos laborales y los intentos de una mejor distribución de la riqueza a través de la Reforma Agraria fueron ejemplos de ello. Sin embargo, tales avances contaron con la conspiración constante de la Iglesia, una parte del ejercito, grandes industriales, los terratenientes y los partidos de ultra derecha que terminarían dando el golpe de estado de 1936, con el que también se abortaría el desarrollo de los distintos Estatutos de Autonomía.
La Historia nos enseña los errores del pasado y nos permite entender el presente. Y en estos tiempos de pandemia y muerte es cuando más se evidencian las debilidades de una democracia construida sobre miles de cadáveres y la impunidad de los genocidas. Sólo así se entiende que mientras conocemos que el Rey Emérito es beneficiario a través de una cuenta offshore de millones de euros, fraudulentamente recibidos durante los años de su “reinado ejemplar”, en lugar de cumplir como un “ciudadano ejemplar” con la justicia del país, se retira a un exilio dorado mientras toda esa élite económica que ha aumentado su riqueza bajo su reinado se limite a insultar nuestra inteligencia defendiendo un reinado que ha sido un expolio a las clases trabajadoras del país.
Para todos aquellos represaliados y sus familiares que nunca pudieron enterrar a sus muertos seguimos reivindicando justicia, verdad y reparación.
Sin embargo, el mejor homenaje que podemos hacerles es seguir defendiendo los valores por los que ellos lucharon de libertad, igualdad y justicia social. Una Res Pública en el sentido más amplio de la palabra, lo que nos pertenece a todas frente a un rey, Jefe del Estado y del Ejercito, que además de ser sucesor directo del dictador, representa una forma de distribución del poder centralizada y antidemocrática, en favor de las élites económicas.
Nosotras, en cambio, queremos una República construida desde abajo, desde el pueblo. Una República Vasca libre y confederada con el resto de las Repúblicas de los pueblos del Estado. Que primero derribe todas y cada una de las actuales instituciones que no representan más que a unos pocos, y que la ciudadanía se ponga a construir otras nuevas que adivinen un futuro mejor y más justo. Repúblicas que tenga la justicia social como bandera, el feminismo como estandarte y que poniendo el derecho a la vida y a los cuidados en el centro, sea el fin de la dictadura financiera. República que rompan los grilletes a las clases trabajadoras, que sea garante de una Escuela Pública y Laica. Una República que haga de la sanidad gratuita y universal una realidad obligatoria. Una República que nacionalice la banca y todas las empresas privatizadas, estratégicas y de servicios esenciales y las ponga al
servicio de las clases populares. Que cada nación del actual Estado ejerza libremente el derecho a decidir su futuro y su posterior relación con el resto de los pueblos libres de la península en pro de una República confederal socialista de trabajadores y trabajadoras.
El pasado 8 de abril se aprobó en el Congreso la famosa y “prometedora” Ley de Cambio Climático. La tramitación de esta ley arrancó con un sonado incremento en los objetivos. Sin embargo, lo que ha ocurrido es que se han igualado los objetivos de la ley con el propio Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) del Ministerio para la Transición Ecológica aprobado hace un par de años. En el PNIEC se fijó el objetivo de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero para 2030 en el 23%, posteriormente en el proyecto de ley se bajó al 20%, y ahora se vuelve a incluir el 23% en la ley aprobada. Esto ha sido presentado como un gran éxito y un paso adelante tanto por el PSOE como por Unidas Podemos. Se presenta con entusiasmo lo que ha sido un mero juego de cifras que ha dejado plasmado, negro sobre blanco, lo que ya estaba recogido hace dos años, antes del ciclo de movilizaciones climáticas y la pandemia mundial del COVID-19.
No obstante, el problema principal no es este fuego de artificio, el problema –y muy grave, además– es el propio objetivo que se marca. Un 23% de reducción de las emisiones en 2030 con respecto a 1990 no es que sea insuficiente, es que es ridículo, en comparación con lo que ha marcado la Unión Europea y –no digamos ya– con lo que es necesario para frenar el calentamiento global.
En el acuerdo de París se fijaba como objetivo de mínimos que el aumento de la temperatura global se mantuviera por debajo de los 2 °C con respecto a los niveles preindustriales, y como objetivo de máximos, que este aumento no fuera superior a los 1,5 °C, pues por encima de este valor las consecuencias ya serán catastróficas en muchos territorios. De hecho, el aumento de temperatura hoy en día, ya nos deja ver estas nefastas consecuencias. Estamos viendo como crecen en número e intensidad los fenómenos extremos con impacto negativo en la vida de las personas, por no hablar de las refugiadas climáticas que para 2050 se estima serán del orden de 1000 millones, la extinción masiva de especies o el riesgo de que aumenten también en número y frecuencia las pandemias.
Cada año se baten nuevos récords de concentración de CO2, el último se dio el pasado 3 de abril con 421,1 ppm de CO2, superando el umbral de las 420 ppm por primera vez en la historia. Debemos recordar que el margen considerado “seguro” se encuentra en las 350 ppm de CO2. Por tanto, el primer paso es parar la estufa en la que se está convirtiendo la atmósfera como consecuencia del cambio climático; lo que significa no hacer el “invernadero” cada vez más potente, pero esto solo no es suficiente. Aunque dejemos de emitir la Tierra se seguirá calentando, y ya vamos por un aumento de temperatura cercano a 1,3 grados. Para conseguir quitarle el plástico al invernadero necesitamos abandonar los combustibles fósiles como fuente energética, logrando un abastecimiento 100% de fuentes renovables. Pero también necesitamos frenar los procesos de deforestación y los cambios de uso del suelo que son impulsados por el modelo agroindustrial, la ganadería intensiva y los tratados de libre comercio. Es importante dejar de emitir, pero también aumentar la capacidad de absorción de carbono que nos aportan los valiosos ecosistemas naturales. Por eso las estrategias de reducción de emisiones deben incluir procesos de reforestación que reviertan los daños causados en la masa forestal global. Todo ello acompañado de drásticas medidas de ahorro y eficiencia energética en la producción, el transporte y el consumo, lo que debe implicar un decrecimiento radical de los requerimientos energéticos.
Ante este panorama, el Consejo Europeo de la UE, del cual es parte Pedro Sánchez como presidente de nuestro Gobierno, acordó en la cumbre de diciembre de 2020 reducir las emisiones en un 55% para 2030, en concordancia con lo anunciado un año antes durante la COP25 celebrada en Madrid. Éste era un paso importante, pues asume las indicaciones científicas para lograr evitar un calentamiento mucho mayor. Sin embargo, la cifra el 55% de reducción de emisiones para 2030 es el objetivo que se debe cumplir a nivel mundial. Aplicando el principio de justicia climática, al Norte Global nos toca reducir las emisiones mucho más que ese 55%. Nuestra responsabilidad en este caos climático es mucho mayor, somos los países del Norte global los que más nos hemos beneficiado de la borrachera de combustibles fósiles del último siglo.
Por estos motivos, decimos con fuerza que no hay más excusas, que tenemos que reducir drásticamente las emisiones desde ya. Lo contrario, andar mareando con un juego de cifras que se quedan muy lejos de lo realmente necesario, es otra forma de negacionismo climático, es condenarnos a un futuro inhóspito. El gobierno del PSOE y Unidas Podemos quiere vender como una victoria una Ley de Cambio Climático que se deja por el camino 32 puntos de reducción de emisiones con respecto al compromiso de la Unión Europea. Esta ley no es que sea insuficiente, es sencillamente impresentable.
La situación es de emergencia extrema. Son millones las personas que en el mundo entero van a morir a causa del cambio climático y nuestro país no es precisamente de los que vayan a salir mejor parados. Necesitamos tirar ya, sin más retrasos ni promesas incumplidas, del freno de emergencia ante el calentamiento global. Los fondos de recuperación deben ir destinados a lograr un escenario sustentable con el medio ambiente en lugar de ser el enésimo rescate a las grandes empresas que, además, pagaremos nuevamente con más austeridad y recortes en los servicios públicos.
El Gobierno y sus dos componentes, PSOE y UP, hacen gala de su incapacidad para abordar mínimamente los compromisos derivados, no ya de los acuerdos institucionales, sino de su propia propuesta electoral. El flamante Ministerio de Transición Ecológica se limita a labores de contención para que la propuesta no desborde un PNIEC insuficiente y cortoplacista, mientras UP se traga el enésimo ninguneo y sale a celebrar un objetivo que ni era el suyo ni puede ser el de nadie que esté comprometido con la transición ecológica. Por supuesto, esto se hace aprovechando el obligado reflujo del movimiento, que encuentra enormes dificultades para mantener la actividad de protesta en tiempos de pandemia. Se hace aprovechando la dificultad de la movilización para avanzar con un plan que se parece demasiado al capitalismo verde de la derecha.
Por eso, desde Anticapitalistas hacemos un llamamiento al movimiento ecologista, al feminista y al sindicalismo y en general a toda la ciudadanía, a movilizarnos contra este proyecto de ley. Por nuestro bien y el de todas las especies del planeta en su conjunto, tenemos que reaccionar ante esta nueva tomadura de pelo. Necesitamos una Ley de Cambio Climático que esté a la altura de la situación histórica. No nos podemos permitir más décadas perdidas. Hay que reaccionar ahora.
Tubacexeko langileek Bilboko kaleak hartuko dituzte igande honetan, apirilaren 11n, 129 langilei eragingo dien lan-erregulazioko espedientearen aurkako greba hasi zenetik bi hilabete bete direnean. Manifestazioa 11: 30ean abiatuko da Jesusen Bihotzetik.
Tubacexeko Enpresa Batzordeak, langileekin batera, mobilizazioekin jarraitzen du, enplegua suntsitzearen aurka eta baldintza duinen alde. Enpresako zuzendaritzak kaleratzeak egin dituela jakinarazi ostean, Tubacexeko langileek borroka berretsi dute.
Apirilaren 11n, igandean, manifestazioa egingo dute Bilboko kaleetan, euren lanpostuen alde eta zuzendaritzaren diru gosearen aurka.
Enpresa Batzordetik, berriz diogu konpainiari kaleratzeetan atzera egiteko eta mahaian benetan esertzeko, ez bere erabakia inposatzeko, baizik eta irtenbideak bilatzeko. Halaber, erakundeei dei egiten diegu patronalaren bozeramaile soilak izateari utz diezaioten eta modu serioan esku har dezaten, ez ertzain gehiago bidaltzeko, baizik eta Euskal Herrian gertatzen ari den industria-sarearen suntsiketa gelditzeko. Mehatxu gutxiago eta irtenbide gehiago.
Nahiz eta orain enplegu-erregulazioko espedientearen aurkako fronte judiziala ireki, borroka sindikalak ez du etenik izango.
Enpresa Batzordeak igandeko mobilizazioan parte hartzeko deia egin die guztiei.
Tubacexean ez dago inor soberan!!!!
Cuando se cumplen dos meses de la huelga en contra del ERE que afectará a 129 empleados. La manifestación partirá a las 11:30 desde Sagrado Corazón.
El Comite de empresa de Tubacex junto con la plantilla, continua con las movilizaciones contra la destruccion de empleo y por unas condiciones dignas en la empresa. Tras la comunicación por parte de la Direccion de la empresa de ejecutar los despidos del ERE, las y los trabajadores de Tubacex se reafirman en su lucha. El domingo 11 de Abril, se manifestaran en Bilbao en defensa de sus puestos de trabajo y contra la avaricia de la Direccion.
Desde el Comite de empresa, reiteramos una vez mas a la compañía que dé marcha atrás en los despidos y que se siente de verdad en la mesa, no para imponer su decision sino para buscar soluciones. Tambien hacemos un llamamiento a las Instituciones para que dejen de ser meros portavoces de la patronal e intervengan de forma seria no para enviar mas ertzaintza, sino para parar la destrucion del tejido industrial que se está produciendo en Euskal Herria. Menos amenazas y mas soluciones.
Aunque ahora se abra tambien el frente judicial contra el ERE, la lucha sindical no va a parar.
El Comite de empresa hace un llamamiento a todas y todos, a participar en la movilizacion del domingo.