La ley Celaá continúa con el modelo educativo neoliberal y desigual

La ley Celaá ha estado en el centro de un fuerte debate público durante las últimas semanas. Un debate monopolizado por una derecha ultramontana, que marca la agenda política a base de mentiras y exageraciones. El problema es que todo eso oculta lo que hay detrás de la LOMLOE (también conocida como la ley Celaá): la continuidad de un modelo educativo neoliberal y desigual, que tiende a convertir la educación en un negocio, transfiriendo recursos públicos a intereses privados.

La Ley Celaá no acaba con los conciertos educativos, ni siquiera los dificulta, ni mucho menos tiene ningún plan concreto para hacer que la red concertada sea realmente subsidiaria de la pública, tal y como se planteaba en su creación en 1985. La patronal puede estar tranquila. Y lo sabe, por mucho aspaviento y lazo naranja que se pongan. No aumenta la financiación de la educación pública: en agosto, en el Congreso de los Diputados, la izquierda gubernamental garantizó que la educación concertada recibiese fondos de los planes de reconstrucción. El único elemento positivo que contiene la ley en este terreno es que cancela la posibilidad de ceder gratuitamente, en el futuro, suelo público a la privada-concertada.

Por mucho que la derecha mienta, es falso que la Ley Celaá acabe con la religión en la escuela. No hay tampoco una transformación de las metodologías, del currículum, de una evaluación que está más que desfasada, no existe una apuesta por dotar de más recursos a la educación inclusiva, ni una bajada de las ratios que permitiera introducir nuevas prácticas educativas en las aulas. Es necesario profundizar en la gestión democrática de los centros, cuestión en la que la LOMLOE, apenas aporta. Por ejemplo, la elección de las direcciones sigue dependiendo en gran medida de la administración.

No se contemplan cambios en el acceso a la función docente, en la selección del profesorado, ni se favorece la estabilización de interinos. Esta es una problemática que no se aborda, cuando existen 170.000 personas interinas, casi un tercio de la totalidad del profesorado del sistema educativo público no universitario. Es imprescindible dar estabilidad a este profesorado, y esta ley tampoco lo establece. El actual sistema que regula el acceso a la docencia está desfasado, pero la ley Celaá no plantea cambios, perpetúa un modelo memorístico, muy alejado de las necesidades de la educación. No se mejoran las condiciones laborales, por cuanto no se toca el horario lectivo del profesorado que en el Estado español es sensiblemente superior al del resto de países europeos, con la sobrecarga y saturación que ello supone desde que se aumentó la cara lectiva en el horario. Además, deja al Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional como un cuerpo a extinguir, sin aportar soluciones para quien no pueda acceder al Cuerpo de Secundaria.

La ley Celaá no aborda todas las cuestiones de fondo que hemos enumerado. Pero el problema de fondo es que la izquierda en el gobierno y sus aliados en los sindicatos han renunciado a plantear un modelo alternativo al que lleva años implementando la derecha. Un modelo que rompa con la educación concertada, que no es más que otra forma de garantizar beneficios a la educación privada a través de fondos públicos. Las rabietas de la derecha y del lobby de la concertada se enmarcan dentro de este acuerdo de fondo: es una pelea por seguir consiguiendo más beneficios, a través de un largo y constante proceso de movilización que erosiona la educación pública y que va regalando más campos de acción a la privada, eso sí, siempre con dinero público. La falacia de la libertad de elección de los padres y las familias instaura una idea anti-democratica: que los alumnos y alumnas son propiedad de sus progenitores, eso sí, mientras tengan dinero suficiente para ejercer su libertad.

Estamos radicalmente en contra de este marco ideológico neoliberal. Las alumnas y los alumnos son responsabilidad de la sociedad y obligación de las instituciones públicas, que tienen el deber de garantizar su autonomía y su desarrollo igualitario. La izquierda cobarde que renuncia a defender esta cuestión central, ha perdido de antemano.
Estamos radicalmente a favor de la educación pública. Eso es incompatible con al existencia del modelo de la educación concertada, un modelo que perpetúa privilegios de clase con el dinero de todxs. Creemos que las leyes que se aprueben deben tender a desmantelar este sistema, garantizando su conversión en estructuras que formen parte de la red pública. El objetivo de fondo debe ser universalizar la educación pública y garantizar la igualdad y libertad de todo el alumnado.

Por eso proponemos:

  • Que la educación concertada no reciba ayudas de los fondos de reconstrucción y que todo ese dinero vaya a la educación pública.
  • Aumento del presupuesto de la educación pública hasta el 7%, que permita bajar los ratios, contratar más profesorado y disminuir el horario lectivo como base para una renovación pedagógica.
  • Fin de los convenios con empresas privadas como La Caixa, Amazon o Google.
  • Iniciar un proceso de subrogación de los interinos y de los trabajadores de la educación concertada, paralelo al fin de las subvenciones que recibe la escuela privada-concertada. Integración de los conciertos en la red pública.
  • Democratización de las direcciones de los institutos, facilitando la elección de las direcciones de los centros por los consejos escolares.

Lejos de ser medidas radicales, son medidas de sentido común. El neoliberalismo ha dado la batalla ideológica durante décadas para imponer su modelo y sus propuestas: ahora mismo una aberración como la educación concertada, parece lo más normal del mundo. Proponemos darle la vuelta a ese camino. No puede ser que, por estar la izquierda en el gobierno, reforcemos ese marco, cuando debería ser al revés.

Os invitamos a discutir estas propuestas en una asamblea abierta, este viernes 27 de noviembre a las 18h, para debatir y decidir colectivamente qué pasos dar en esta lucha por una enseñanza 100% pública y de calidad. Para participar en la asamblea abierta, inscríbete previamente enviando un correo a contacto@anticapitalistas.org y te enviaremos el enlace de Zoom.

Las mujeres y los jóvenes han iniciado una revolución cultural en Polonia

<Declaración el Buró Ejecutivo de la Cuarta Internacional:>

  1. Revuelta masiva tras un nuevo ataque a las mujeres

La “Protesta Negra” de las mujeres en más de 100 ciudades y la huelga de mujeres del “Lunes Negro” del 3 de octubre de 2016 hicieron retroceder al régimen fundamentalista católico de derecha dirigido por el Partido de la Ley y la Justicia (PiS) sobre un proyecto de ley para prohibir completamente el aborto y penalizar a las mujeres que aborten. En una situación sanitaria catastrófica y mientras el confinamiento prohíbe las reuniones de más de 5 personas, el PiS volvió a probar suerte con la esperanza de reducir el ascenso de la derecha todavía más extrema en las urnas, poner un nuevo parche a la alianza gubernamental de la Derecha Unida y también dar satisfacción a los fundamentalistas católicos poniendo el escándalo de la pedofilia, que debilita a la jerarquía eclesiástica, en un segundo plano. Todo ello reafirmando que en la Tercera República de Polonia las mujeres están sometidas a los hombres. El 22 de octubre de 2020, el Presidente del Tribunal Constitucional designado por el PiS anunció que el aborto, “cuando los exámenes prenatales u otras razones médicas indiquen una alta probabilidad de deterioro grave e irreversible del feto o una enfermedad incurable que ponga en peligro la vida”, era inconstitucional.

A partir de la noche del 22 de octubre se inició una movilización de una magnitud desconocida desde 1989. Las mujeres y la generación más joven —estudiantes de secundaria y universitarios de 14 a 25 años— ocuparon las calles, cantaron eslóganes durante las misas dominicales del 25 de octubre y bloquearon el tráfico durante dos semanas. Las manifestaciones masivas continuaron en más de 410 ciudades y pueblos en las semanas siguientes. El 28 de octubre hubo una huelga de mujeres, el 30 de octubre más de un millón de manifestantes, a pesar de un aumento exponencial de las hospitalizaciones y muertes por Covid-19. Todo ello con una demanda central, dirigida a las élites políticas, eclesiásticas e intelectuales que se niegan a permitir que las mujeres disfruten de los derechos humanos: “Iros a joder a otra parte”.

Según todas las encuestas, este movimiento de masas cuenta con el apoyo de dos tercios a tres cuartos de la población.

El Gobierno de la Derecha Unida no se atrevió a publicar el veredicto de su Tribunal Constitucional en la Gaceta Oficial, lo que lo hizo legalmente inaplicable. Espera que el endurecimiento del confinamiento y la represión de los manifestantes reduzcan la escala del movimiento. Pero aunque las movilizaciones actuales se calmen, las mujeres de Polonia no olvidarán esta revuelta. La mayoría de ellas se han dado cuenta de que ellas mismas deben luchar por su dignidad, por otro mundo, su mundo. Ha comenzado una revolución cultural.

  1. Tres décadas de sumisión de las mujeres para reconstruir el capitalismo

Desde 1993, un “compromiso” sobre este tema, entre el gobierno y la Iglesia Católica, tiene como objetivo obtener el apoyo de esta poderosa institución frente a las movilizaciones contra los efectos sociales de la restauración capitalista en curso y para la adhesión a la Unión Europea.

La Iglesia Católica siempre ha considerado que las mujeres no son seres humanos por derecho propio. En el veredicto del Tribunal Constitucional del 22 de octubre, el Estado polaco confirmó esto: las mujeres deben limitarse a una especie de incubadora, con opciones adicionales que les exigen limpiar, cocinar y cuidar a los niños. Se ha legalizado la tortura de mujeres que llevan fetos muertos o con deficiencias irreversibles.

“En este país me siento como una esclava”, “Mi cuerpo es mi negocio”, “No sería un ataúd”, “Mi vientre no es una capilla”, “No quieres un aborto, simplemente no lo tienes”, “Oremos por el derecho al aborto”, “El aborto no es un pecado”, “La revolución es una mujer” – fue con tales pancartas (y muchas otras) que cientos de miles de mujeres se manifestaron en las calles e iglesias de Polonia contra este sistema patriarcal que las oprime, las priva de su libertad y les niega su dignidad. “¡Es la guerra!” proclaman mientras luchan para que nadie se atreva a decidir por ellas, para que finalmente puedan ser reconocidas como seres humanos plenos, para empujar los límites de lo que es socialmente aceptable, por una vida mejor en su mundo.

  1. El levantamiento de la joven generación

Por primera vez en años, fueron principalmente los jóvenes —niños y niñas— los que se manifestaron en gran número. Fueron ellos quienes atacaron a estos “dziaders” —los varones con una visión arcaica del papel de la mujer, no permitiéndoles hablar, convencidos de su propia superioridad e infalibilidad absoluta, generalmente ancianos, en posiciones de liderazgo, es decir, políticos, expertos, jerarcas eclesiásticos— sugiriéndoles “que se vayan a joder a otro lugar”.

La juventud gritó en términos descarnados lo que Greta Thunberg dijo en las Naciones Unidas en 2019: “¡Cómo te atreves! “. Estos jóvenes, a los que el régimen impuso clases de religión en las escuelas, rechazaron la hegemonía cultural de la Iglesia Católica. Esta juventud dice no a una sociedad que impone el miedo, el cambio climático, el desempleo, la falta de un futuro prometedor, las repetidas mentiras del gobierno, el panteón de autoridades, valores y símbolos nacional-católicos. Rechaza el “miedo a follar”, uno de los lemas presentes en muchas manifestaciones. Ya no tolera las reformas escolares que se le han impuesto. No quiere negociar “compromisos”, elige un idioma que los que dominan su país no entienden, quiere decidir su destino y que no se lo impongan los que dicen “saber más”.

Cuando se enfrentaron al Ministro de Educación y Ciencia, que exigió que los maestros “enseñaran” a sus estudiantes a no manifestarse, respondieron con una sola voz: “Ve y hazlo”. Su revuelta no sólo se refería a la lucha por el derecho al aborto sino a mucho más: el derecho de cada individuo a decidir sobre su cuerpo, su identidad, el futuro de la sociedad, su derecho a ser solidario, digno, libre.

En la actualidad, las mujeres y los jóvenes han transformado las modestas pero combativas y espontáneas huelgas climáticas y manifestaciones en defensa de los LGBT+ de años anteriores en cientos de miles de manifestantes.

  1. Crisis política y crisis de hegemonía eclesiástica, crisis de la Tercera República

Ante el desarrollo de la pandemia de Covid-19, el gobierno del PiS ha privilegiado su victoria en las elecciones presidenciales (ya intentado durante el confinamiento del 10 de mayo, luego aplazado hasta el 28 de junio de 2020) y no la protección de la salud de la población. En lugar de adaptar el sistema escolar a la pandemia, se centró en la enseñanza de la homofobia. Acusó a los trabajadores de la salud de trabajar muy poco mientras hacían pedidos de respiradores a un traficante de armas… que no funcionan. Finalmente, eligió atacar a las mujeres. Esta última fue la gota que colmó el vaso y abrió una gran crisis política.

La crisis ha llegado incluso al corazón de las instituciones. El partido gobernante y el Primer Ministro han perdido apoyos. Surgieron diferencias dentro del gobierno sobre cómo salir de la crisis, con el Presidente Duda queriendo aparentar que “entendía” las demandas, mientras que el líder del PiS quería la represión.

Sin embargo, el comandante de la policía pidió a sus tropas que actuaran “de manera equilibrada y prudente”. Además, en una acción sin precedentes, más de 200 generales y almirantes retirados temieron “una situación en la que una vez más en las calles de las ciudades polacas el uso de la fuerza podría provocar víctimas inútiles”, pidiéndoles que “respetaran la voluntad de la mayoría de la sociedad y modificaran las soluciones inaceptables”.

El compromiso sistémico entre todos los partidos políticos en el poder y la Iglesia, que fue la base de la Tercera República Polaca, ha sido cuestionado. Iba a ser el bastión del cristianismo en una Europa secularizada. Pero ya no hay ningún status quo; la Iglesia, su impunidad, su hegemonía cultural ya no son tabúes.

  1. Reivindicaciones democráticas

El levantamiento popular en defensa de los derechos de la mujer —pero también de los LGBT+ y más generalmente de las libertades— fue esencialmente espontáneo. Pequeñas asociaciones feministas (divididas, por lo demás, entre ellas) y sus activistas desempeñaron el papel de portavoces en los medios de comunicación, se empezaron a construir nuevas redes, pero sobre todo sin que la generación más joven estuviera representada, aunque fuera sólo simbólicamente, pero sobre todo, contrariamente a la tradición de las revoluciones obreras polacas de 1956 o de 1980-1981, no hubo una autoorganización de masas. Los partidos políticos de la oposición al PiS, que son más electorales que las estructuras militantes, no desempeñaron un papel, aunque algunos de sus representantes elegidos eran visibles en el movimiento. Lo mismo ocurre con los sindicatos entre los que, en minoría, han declarado su apoyo al movimiento. Así que hay una gran brecha entre el paisaje político tradicional polaco y esta revuelta masiva.

La asociación “Huelga General de Mujeres” presentó las demandas “que se pueden leer en los carteles”: “Queremos una verdadera Corte Constitucional, una Corte Suprema totalmente justa, un verdadero Defensor de los Derechos Civiles; Queremos un nuevo presupuesto —un fondo de salud, ayuda a los trabajadores, cultura y apoyo real a los discapacitados; Queremos derechos completos para las mujeres, aborto legal, educación sexual, anticonceptivos; Queremos todos los derechos humanos; Queremos un Estado laico, con el fin de la financiación de la Iglesia a cuenta del presupuesto del Estado y la religión fuera de las escuelas; Queremos la renuncia del gobierno”. En la conferencia de prensa del Consejo Asesor, se presentaron demandas adicionales: “10% del presupuesto estatal para la atención a la salud; Dimisión del Ministro de Educación y Ciencia; Fin inmediato de la financiación estatal de la Iglesia y su verdadera separación; Derecho de los niños a partir de los 13 años de edad a decidir si quieren asistir a clases de religión; Eliminación de la cláusula de conciencia; Fin del concordato; Desfastización de la vida pública; Abolición de los contratos de trabajo desprotegidos, lucha contra el acoso y la explotación; Lucha contra la crisis climática; Una Polonia mejor para las personas LGBT+; Medios de comunicación públicos que son una verdadera fuente de conocimiento e información”.

Se trata de una lista de reivindicaciones que no van más allá de la democracia formal laica; por debajo de la “revolución cultural” que invadió las calles polacas en octubre y noviembre de 2020, pero que no ha sentado (¿todavía?) las bases para una autoorganización social duradera o incluso para la construcción de una nueva representación política de l@s revoltad@s.

  1. Una lucha internacional

El 22 de octubre de 2020, día del veredicto del Tribunal Constitucional de Polonia, los gobiernos de Brasil, Egipto, Estados Unidos, Hungría, Indonesia y Uganda celebraron una ceremonia internacional en línea, transmitida desde Washington, para firmar virtualmente, junto con otros 27 países[1] —incluida Polonia— una declaración contra el derecho al aborto “para proteger el derecho de la mujer a ser madre”, en palabras del ministro de la familia húngaro. Esta alianza de países gobernados por fundamentalistas de diversas religiones es una afirmación del patriarcado estatal contra los derechos humanos y una declaración de que los cuerpos humanos —mujeres, niños, homosexuales, trans y no binarios— son territorios dominados por el Estado.

Contra el derecho al aborto y, más en general, contra todos los derechos de las mujeres, contra los de las personas LGBT+, es una verdadera red internacional ultraconservadora, apoyada por las autoridades estatales, que hace campaña en el contexto de una mutación del neoliberalismo autoritario en crisis. Esta red es la que ha financiado en gran medida las actividades contra el derecho al aborto de la extrema derecha polaca, como el “Ordo Iuris” o la “Fundación Vida y Familia”. Es esta misma red internacional la que aplaudió el nombramiento por D. Trump de la juez abiertamente “pro-vida”, Amy Coney Barrett, a la Corte Suprema de los Estados Unidos. Es esta corriente la que rechaza los abortos de las jóvenes, víctimas de violación e incesto, en Brasil o Argentina.

Ante esta ofensiva, es responsabilidad de las organizaciones del movimiento obrero y de las feministas de todos los países movilizarse en solidaridad con la revuelta de las mujeres en Polonia. Los poderosos movimientos feministas que han surgido desde 2017, en particular en América Latina y Europa, en torno al lema de la huelga de mujeres son cada vez más importantes para ganar y preservar los derechos de las mujeres ya adquiridos y extenderlos a todo el mundo.

[1] A continuación se presenta la lista de países que firmaron la llamada declaración del “Consenso de Ginebra” (que debía tener lugar antes de la Asamblea Mundial de la Salud, que se aplazó debido a la crisis sanitaria): Arabia Saudita, Bahrein, Belarús, Benin, Brasil, Burkina Faso, Camerún, Djibouti, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos de América, Gambia, Georgia, Haití, Hungría, Indonesia, Iraq, Kenya, Kuwait, Libia, Nauru, Níger, Omán, Pakistán, Polonia, República Democrática del Congo, Senegal, Sudán, Uganda, Zambia.

Una convergencia de crisis dominada por la pandemia de covid-19

Copyright Dominique Botte

Buró Ejecutivo de la Cuarta Internacional
Introducción

En el año 2020 hasta ahora se ha visto la convergencia de grandes crisis, la más característica es la pandemia covid-19 que, al parecer había alcanzado un pico en el segundo trimestre, está alcanzando una vez más niveles sin precedentes de infección. Esto se ha combinado con los efectos extremos de la crisis climática: incendios forestales en California y Brasil, inundaciones generalizadas en Asia; la ofensiva neoliberal reforzada mientras los gobiernos capitalistas tratan de recuperar las pérdidas del período de confinamiento; reaparición de conflictos localizados como en el Mediterráneo oriental en un contexto de lucha continua por la hegemonía geopolítica. Al mismo tiempo, la incertidumbre del resultado de las elecciones presidenciales estadounidenses es un factor en la situación internacional. Es demasiado pronto para decir cómo será el mundo a finales de 2020 y hasta qué punto habrá cambiado profundamente.

Los efectos combinados de estas crisis siguen revelando las formas en que los trabajadores pobres y, entre ellos, en particular las mujeres, los negros y las minorías étnicas así como las poblaciones rurales sufren todas estas crisis. Pérdida de vidas, de empleos y medios de vida, de educación, de hogares… se combinan para crear una capa cada vez más empobrecida y desposeída en todo el mundo. Las luchas y los movimientos  se han desarrollado desafiando a gobiernos autoritarios que descuidan la salud de sus poblaciones, impugnando las condiciones inseguras de políticas de “retorno al trabajo” cuyo objetivo es beneficiar a la economía capitalista  y poniendo de relieve el lugar particular que ocupan las mujeres y las minorías étnicas entre los trabajadores esenciales. Éstos estallaron de manera dramática con el movimiento Black Lives Matter en Estados Unidos, que impugnó el racismo y la violencia policial, que rápidamente se extendió por todo el mundo, no sólo como movimiento solidario, sino también desafiando las manifestaciones locales de racismo y violencia policial.

Una pandemia continua

A principios de junio, cinco meses después del estallido de la pandemia de Covid-19, ya había causado más de 400.000 muertes en todo el mundo, con más de 6,8 millones de casos registrados oficialmente en 216 países —y más de 3.000 millones de personas habían sido confinadas en sus hogares hacia abril—.

A medida que la pandemia comenzó a retroceder en Europa, después de haber retrocedido en China y el Lejano Oriente al comienzo de la primavera, pero se mantuvo particularmente aguda en América del Norte y del Sur, se planteó la cuestión de hasta qué punto habría una segunda ola galopante de infección, o si el virus mutaría en una forma más benigna, las incertidumbres seguían siendo muy grandes.

A mediados de octubre de 2020, el número total de muertes en todo el mundo ascendió a 1,2 millones, y confirmó más de 40 millones de casos. Estados Unidos, India y Brasil siguen encabezando las listas de muertes e infecciones, pero la tasa de infección está aumentando en todas partes, de un modo particularmente brusco en Europa, donde el Reino Unido ha registrado más de 43.000 muertes y más de 33.000 en Francia y el Estado español.

En muchos países, el número de personas infectadas, enfermas o muertas es notoriamente subestimado, en primer lugar debido al deseo político de ciertos líderes de negar la gravedad de la situación, y también por la falta de medios para probar, hospitalizar y centralizar el recuento de casos Covid-19.

Frente al desastre sanitario del neoliberalismo globalizado, muchos gobiernos, bajo la presión de la profesión médica y la opinión pública, trataron de recuperar el control tomando medidas contundentes. El resultado fue una clara calma en la epidemia —a principios de la primavera en China y el Lejano Oriente, a finales de la primavera en Europa y Nueva Inglaterra— que condujo a una flexibilización más o menos extensa del confinamiento, con el mantenimiento de medidas de barrera, en sociedades traumatizadas por la violencia de la enfermedad y las medidas gubernamentales adoptadas. En la mayoría de los países de América del Norte y del Sur, la India y otros países de Asia y África la pandemia siguió desarrollándose lentamente, con medidas de protección muy desiguales. ¡Algunos países como Argentina o Filipinas han experimentado un confinamiento ininterrumpido desde marzo!

Con la llegada del otoño al hemisferio norte, una gran segunda ola de infección está tomando forma en Europa y Oriente Medio con nuevas restricciones, desde el aumento de los períodos de cuarentena para los viajeros, hasta la reimposición de medidas de bloqueo y toque de queda fuertemente represivas, a menudo diferenciadas regionalmente, en varios países de Europa.

Crisis económica

Las consecuencias de la desaceleración de la economía causada directa e indirectamente por medidas para confinar a la población, sin compensación financiera o totalmente inadecuada, en el contexto de una crisis financiera que ya se había estado gestando durante mucho tiempo, están empezando a entenderse mejor: una caída del Producto Interior Bruto (PIB) del 10% de media en los países de la OCDE (Europa , América del Norte, Japón, Corea del Sur, Australia…) en el segundo trimestre de 2020 (en comparación, fue del -2,3% en 2009 durante la crisis financiera anterior); una caída del 25% en India, del 20% en Gran Bretaña, del 17% en México, del 14% en Francia, del 9,5% en Estados Unidos, del 7,8% en Japón. La caída de la producción ya fue del 2 al 3% en el primer trimestre. Sin embargo, los líderes chinos proclaman que la recuperación ya ha tenido lugar en China en el segundo trimestre: +3,2% (frente al -7% en el primer trimestre). En cualquier caso, las proyecciones actuales estiman que el PIB mundial caerá alrededor del 6% en 2020 sobre la base actual, y no volverá a su nivel anterior a la crisis antes de 2023, sin anticipar un posible empeoramiento de la situación de la pandemia.

Hubo decenas de millones de desempleados en China en marzo, hasta 22 millones de desempleados en los Estados Unidos en abril de 2020 —y, si bien se anunció que estas cifras caerían bruscamente en los meses siguientes, parece que los puestos de trabajo que se están volviendo a crear son mucho más precarios y a tiempo parcial que antes de la crisis— y en Estados Unidos se estima actualmente que el número de personas con empleo es de 11,5 millones menos que en febrero. En la Unión Europea, el número de desempleados ha aumentado al 7,8%, ¡con enormes disparidades entre el norte y el sur!

Una nueva trampa de deuda se está acercando a un número creciente de países del Sur cuyas dificultades estructurales están empeorando con la crisis del Covid-19: una reducción de las reservas de divisas, un fuerte deterioro en términos comerciales con la caída del precio de las materias primas acompañada de una depreciación de las monedas de estos países frente al dólar estadounidense. Diecinueve países del Sur ya han suspendido pagos y hay 28 países con un alto riesgo de sobreendeudamiento. Los países del G20, el FMI y el Banco Mundial apoyan indefectiblemente a los acreedores y agravan aún más el endeudamiento de los países del Sur con financiación de emergencia principalmente en forma de préstamos, al tiempo que refuerzan la aplicación de políticas neoliberales de austeridad. Los reembolsos serán mayores en los próximos años y pesarán cada vez más en los trabajadores y las clases trabajadoras. La Cuarta Internacional apoya las diferentes movilizaciones de movimientos que luchan a nivel internacional por la abolición de las deudas ilegítimas.

Estragos por la ofensiva de las burguesías y sus gobiernos

Para los capitalistas y sus gobiernos, es necesario volver al trabajo y consumir lo que cueste en términos de salud y finanzas públicas, pero por otro lado tratan de limitar de una manera más o menos extrema otras libertades en nombre de la lucha contra la pandemia: moverse, reunirse, entretenernos de manera que eviten el gasto de un sistema adecuado de seguimiento de pruebas y de apoyo.

– Se promulgan planes de ayuda masivos para las empresas (a menudo independientemente de su crisis real), incluidas las reducciones de jornada y de impuestos en sectores de actividad que son viables, desde China hasta Estados Unidos y los diversos países europeos.

A su nivel, la Unión Europea ha proclamado un plan europeo de recuperación de 750.000 millones de euros en 3 años, de los cuales poco más de la mitad se encuentra en forma de deuda mutualizada, con una contrapartida de control sobre las políticas nacionales en los próximos años (esto es en parte un efecto propagandístico, ya que representa en realidad el 1% del gasto público).

– Los servicios públicos están sometidos a una presión cada vez mayor; no estamos viendo una reinversión masiva en salud pública, educación, atención para ancianos y niños y el apoyo a las personas discapacitadas u otros sectores que la crisis sanitaria ha puesto en grandes dificultades. De hecho, también estamos asistiendo a una creciente penetración del capital privado en sectores que, al menos en Europa, se han ejecutado como parte del sector público.

– En esta ocasión se están aplicando políticas cada vez más autoritarias. Después de la lucha contra el terrorismo, es la lucha contra la pandemia la que se utiliza para justificar las medidas liberticidas: policía en todas partes; multas prohibitivas para aquellos que no respeten las cuarentenas o las máscaras obligatorias —después de dar mensajes contradictorios acerca de su eficacia—; confinamientos y toques de queda que prohíben la vida social.

Estas políticas se afirman junto con la estigmatización de los jóvenes y los estratos populares, en particular las personas racializadas, ya sean de comunidades de larga trayectoria o de origen migrante más reciente, mantenidas como desconsiderados e irresponsables, como si no quisieran protegerse a sí mismas.

– La legislación laboral está sufriendo duras sacudidas en todas partes, se está perpetuando la flexibilidad impuesta inicialmente en nombre de una situación económica excepcional y se está facilitando el cierre de empresas;

– los derechos sindicales, de asociación y de manifestación han sido estrangulados durante el encierro y siguen siendo limitados, a menudo sujetos a normas cercanas a un estado de emergencia;

– Al mismo tiempo, estamos viendo una represión contra los migrantes, en particular en la frontera sur de Estados Unidos o al otro lado del Mediterráneo.

Pero las convulsiones de esta crisis multidimensional también contribuyen a una competencia exacerbada entre las grandes potencias y entre países: entre Estados Unidos y China -entre estados Unidos de Trump y el resto del mundo, empezando por Irán; con la Rusia de Putin; entre la Turquía de Erdogan y sus vecinos, por ejemplo la disputa con Grecia que se está calentando, con potencias europeas como la Francia de Macron avivando las llamas del conflicto. El régimen corrupto de Azerbayán, que perdía los medios financieros para mantener su despotismo, ha lanzado la ofensiva en Carabah con el apoyo de las fuerzas aéreas turcas y de mercenarios sirios. Intenta de ese modo dotarse de una legitimidad y aplazar cualquier posibilidad de proceso democrático.

Por último, con respecto a la crisis ambiental, aunque la caída de la producción mundial en la primavera puede haber tenido un breve efecto positivo en el nivel de contaminación y el calentamiento climático, sigue habiendo una fuerte tendencia a que aumenten los daños ambientales: los gigantescos incendios de 2020 en Australia, Brasil y toda la región amazónica o Estados Unidos son el resultado del aumento de las sequías causadas por el cambio climático, por la gestión neoliberal del territorio y, a veces, por sistemas de agricultura pirómana.

Efectos sociales y de salud

En cuanto a las políticas de cribado de coronavirus y el tipo de pruebas, las políticas de protección (máscaras, restricciones de acceso, cuarentenas…), la atención hospitalaria y el equipo, la investigación de vacunas: hay una avalancha de competencia y mala gestión liberal, ineficiencia burocrática, con riesgos de nuevos bloqueos traumáticos y nuevas crisis hospitalarias descontroladas mientras el personal sanitario está agotado y a menudo se ve particularmente afectado por el coronavirus.

Por lo tanto, hemos visto a los países ricos (empezando por los Estados Unidos) ser mucho menos eficaces en la lucha contra la epidemia que algunos países considerados pobres (Vietnam, Cuba…) pero con una tradición de atención sanitaria comunitaria.

¡También hemos visto las fuertes desigualdades sociales, raciales, de edad y de género frente a la pandemia! Empleados de base en los sectores de la salud, la limpieza y el transporte, a menudo altamente feminizados y racializados; trabajadores precarios e informales que no pueden permitirse el lujo de detener su trabajo, a menudo muy expuestos a enfermedades pero perdiendo la mayor parte de sus ingresos; las clases trabajadoras, a menudo racializadas, que sufren las consecuencias de las condiciones de vida superpobladas y la comida basura; migrantes y trabajadores en el extranjero; campesinos e indígenas de los países del Sur; personas vulnerables mayores de 65 años y, en general, personas que sufren de enfermedades crónicas: a pesar de que figuras públicas, artistas y líderes políticos también hayan sido sorprendidos por el Covid19, ¡el coste más elevado ha recaído en quienes son víctimas de la pobreza y las opresiones múltiples!

En particular, las mujeres han concentrado los riesgos y el sufrimiento en la carga de sus tareas profesionales y familiares y en la violencia machista que han generado y amplificados la pandemia y los confinamientos.

Ante los desastres sociales provocados rápidamente por los cierres y los confinamientos, muchos gobiernos —pero no todos— rompieron temporalmente con el dogma de la austeridad presupuestaria y distribuyeron ayudas sociales básicas: de nuevo, desde China hasta los Estados Unidos, incluidos varios países europeos. Estas asignaciones de unos pocos cientos de euros, pagadas en un solo pago o mensualmente, han servido como un amortiguador social mínimo, e incluso han ayudado a hacer que algunos de los sectores populares sean un poco más comprensivos con los líderes políticos, como sucedió con Bolsonaro en Brasil.

Sin embargo, estas políticas de nuevas redes de seguridad social son coyunturales y claramente no constituyen un punto de inflexión neokeynesiano para sectores significativos de la burguesía. La explosión de la deuda pública tendrá consecuencias duraderas y graves, ya que servirá como pretexto para profundizar las contrarreformas estructurales encaminadas a los contratos de trabajo, los derechos sindicales y los sistemas de seguridad social. Los gobiernos están pagando la deuda pública religiosamente y se están preparando para presentar el proyecto de ley neoliberal (especialmente en lo que queda de los servicios públicos) reafirmando el discurso de la competitividad. En ninguna parte los gobiernos utilizan las rentas altas y las grandes fortunas que, de hecho, han fortalecido sus activos. En ninguna se han nacionalizado las compañías farmacéuticas en un momento de gran necesidad.

Los efectos de la pobreza digital se han intensificado durante la pandemia:

– el acceso a la enseñanza en línea –las luchas de los profesores en todos los niveles por la enseñanza en línea para reducir los riesgos de la enseñanza presencial en los centros educativos no adaptados al distanciamiento físico y al respeto de las medidas de barrera han logrado algunas victorias; tienen que ir acompañados de la lucha por los estudiantes en cuanto al acceso a Internet, dispositivos y espacios de trabajo;

– el acceso a los servicios gubernamentales y de las autoridades locales es cada vez más tan sólo por Internet;

– Las compras por Internet han aumentado masivamente dejando en graves apuros a quienes no tienen las herramientas necesarias para acceder a ella (internet, tarjeta de crédito) y aumentando la explotación de quienes trabajan en la distribución (Amazon, por ejemplo, o el servicio postal).

El resultado a nivel político y en términos de luchas

La legitimidad de los poderes políticos y la lógica dominante de los beneficios se ve cada vez más erosionada en este contexto general, se ha visto que no ha podido hacer frente a tal catástrofe. Los trabajadores, especialmente los trabajadores “de abajo” y “en primera línea”, han sido revalorizados simbólicamente… Pero con los temores combinados a la enfermedad, el desempleo y la represión, el camino de la lucha es, para muchos, muy difícil en este momento. La resistencia no ha logrado crecer en número y seguir adelante con los destellos de la esperanza en junio.

En muchos países (si no en la mayoría) los principales sindicatos se han sumergido por completo en la crisis de la pandemia. No sólo se han vuelto aún más reticentes y renuentes a cualquier conflicto importante, a menudo ni siquiera tienen nada que decir sobre la política de crisis de las clases dominantes. Sin embargo, siguen desempeñando un papel importante en las luchas defensivas diarias de la clase trabajadora. Por lo tanto, en el futuro será importante en muchos países —más aún que en el pasado— participar en una política de lucha de clases en los sindicatos y generalizar las limitadas iniciativas que adoptan los sindicatos o las corrientes con un enfoque más combativo.

Muchos de los movimientos sociopolíticos balbuceantes o latentes de antes de la pandemia se han visto sofocados por la intensificación de la represión en Hong Kong, Argelia y Egipto. Los movimientos sociales y democráticos también han sido suspendidos bajo la epidemia en Chile, Irak, Francia, Cataluña… ¿Son posibles resurgimientos rápidos en estos países?

Sería necesario analizar con mayor detalle lo que ha sido de las estructuras ascendentes basadas en la solidaridad popular acumulada durante la pandemia, que podría desarrollarse en varios países.

Afortunadamente, varios movimientos de masas se han estado afirmando desde el final de la primavera, sobre diferentes bases pero con un contexto común de lucha por la democracia y contra el funcionamiento competitivo de la sociedad:

– El movimiento contra el racismo y la violencia policial, que comenzó en Estados Unidos, sigue siendo muy fuerte —en Europa, también en solidaridad con los migrantes sobre una base más limitada pero esencial (como las recientes manifestaciones en Alemania);

– El resurgimiento de la revuelta en el Líbano contra la corrupción del régimen confesional, empezando por la explosión del puerto de Beirut;

– El levantamiento en Mali;

– El levantamiento en Bielorrusia contra el gobierno de Lukashenko y sus elecciones constantemente amañadas;

– El levantamiento de la juventud tailandesa contra la realeza desacreditada;

– La victoria electoral en la primera vuelta del MAS en Bolivia como resultado de la movilización masiva;

– La revuelta popular en Chile ha forzado un referéndum el 25 de octubre sobre la constitución de la dictadura de Pinochet: el rechazo sería una victoria significativa.

Queda por ver qué nuevo ascenso puede tener lugar, integrando las lecciones de la pandemia, por los movimientos contra el cambio climático y la contaminación masiva, y más en general por las luchas ecologistas. ¿Qué resurgimiento de los movimientos feministas, que se han hecho valer a la vanguardia de las luchas en los últimos años?

El potencial de luchas y levantamientos sigue ahí contra un orden dominante que, frente a una crisis de ganancias y creciente deslegitimación, está tratando de fortalecerse con un autoritarismo generalizado, pero con ciertos líderes que a veces son muy aventureros, incluso desde el punto de vista de la burguesía. Pero este potencial ha tenido dificultades para expresarse hasta ahora debido al miedo a la pandemia y la confusión de medidas para revertirla. Hasta ahora no ha sido posible cambiar el equilibrio de poder y hacer que una alternativa al capitalismo sea más creíble.

En esta situación, las ideologías más reaccionarias y autocráticas, conspirativas y racistas se afirman en la extrema derecha, se estructuran y, para atacar a los oprimidos y explotados en lucha, encuentran relevos o incluso conductores con líderes políticos que ganan o se aferren al poder como Trump, Putin, Bolsonaro, Xi Yiping, Modi, Duterte, Rohani, Nethanyahu, Erdogan, Orban, Kacz… mientras que los líderes más “presentables” sólo pueden alentarlos al llevar a cabo ataques contra principios democráticos, a menudo sin precedentes en sus países durante décadas.

Las elecciones del 3 de noviembre en Estados Unidos serán un evento decisivo: si conducen a una reelección (probablemente ilegítima) de Trump, podrían hacer que la situación sea aún más tensa, con una polarización en la que la extrema derecha ganaría una ventaja y los riesgos de revuelta masiva crecerían. Por otro lado, si Trump fuera derrocido, un eslabón importante en la cadena de la extrema derecha y los gobiernos autoritarios sería eliminado y, sin tener ilusiones en lo que Biden representa o pretende, esto representaría un soplo de aire fresco para las personas explotadas y oprimidas en la lucha en todo el mundo.

Conclusión

El movimiento obrero, los movimientos sociales (y nosotros mismos) están desarmados, divididos entre la necesidad de cuidar de la salud, de protegernos de la pandemia, por un lado, y, por otro, de la oposición a las medidas de restricción de la libertad impuestas por los gobiernos que han destruido la protección social y los sistemas de salud pública.

¡Los y las revolucionarios y activistas anticapitalistas se enfrentan a grandes tareas! Debemos ayudar a forjar y fortalecer los frentes unitarios de los explotados y oprimidos contra los gobiernos autoritarios y los programas ultraliberales.

En la situación de emergencia que estamos viviendo, es esencial en todas partes reinvertir masivamente en los servicios públicos universales, empezando por los sistemas de salud, y relanzando masivamente los programas de asistencia social y vivienda financiados mediante impuestos a los ricos y los beneficios y el bloqueo de dividendos. Es necesario socializar las industrias farmacéuticas y de otros intereses generales como la energía, el sistema bancario y la distribución de agua. Los sistemas de producción deben reconvertirse para satisfacer inmensas necesidades sociales en lugar de las industrias mortíferas de armamento, productos químicos contaminantes, artículos de lujo, etc. La agricultura debe reorientarse hacia sistemas sostenibles de cultivo del suelo y de los recursos naturales. ¡Hay que detener las políticas discriminatorias, abrir fronteras para proteger a las poblaciones en peligro de extinción y poner en común los intercambios humanos en lugar de ponerlos en competencia y provocar guerras!

Debemos conceder un lugar central a la auto-organización de la población y de los trabajadores de la salud y los cuidados. Las medidas más eficaces para luchar contra la pandemia son las que serán mejor aceptadas porque serán definidas por las propias personas con los trabajadores de la salud y los cuidados. Se trata de recuperar el control sobre nuestras vidas.

En este camino, en las luchas, en la resistencia contra el capitalismo destructivo, por la democracia y por una política económica alternativa y sostenible, está la posibilidad de cambiar las relaciones de poder nacionales que hoy son desfavorables y hacer más concreta una alternativa ecosocilista para la humanidad.

19 de octubre de 2020

¡Apoyo total a las movilizaciones contra la autocracia de Lukashenko!

(Declaración del Buró Ejecutivo de la Cuarta Internacional)

1. A pesar de una represión extremadamente brutal (ya más de 12.000 detenciones, centenares de heridos y al menos cuatro muertos), la rebelión de masas de la población bielorusa está entrando en su novena semana extendiéndose socialmente y más allá de la capital, Minsk, sin lograr por el momento transformarse en una huelga general. Desde el fraude en los resultados de las elecciones presidenciales del 9 de agosto, en este país de 9,5 millones de habitants, ubicado entre la Unión Europea y Rusia, cada semana cientos de miles de manifestantes pacíficos, en particular mujeres, han estado exigiendo:

• La marcha de Lukashenko (quien organizó su investidura el 23 de septiembre en medio del mayor de los secretismos, bajo la protección del ejército y la policía, que bloquearon el centro de la ciudad);

• Elecciones libres y limpias;

• El fin de la violencia policial y la puesta en libertad de los presos politicos.

Esta impresionante movilización de la Resistencia popular ganó impulso tras las primeras manifestaciones posteriores al anuncio de los resultados oficiales de las elecciones se topó con el terror gubernamental. Pero sus raíces son más profundas: durante más de cinco años —en el contexto de la crisis ucraniana y de las sanciones contra Rusia— el deterioro económico y social del regimen autocrático de Lukashenko, su política neoliberal en el terreno laboral (incluida la substitución de los convenios colectivos por un sistema de contratos totalmente individualizados) y la persecución de los desempleados, la congelación salarial desde 2015, el aumento de la edad de jubilación, la negación de la dignidad de los trabajadores frente a la pandemia… La población bielorusa se ha levantado contra un régimen que trata a las gentes como mercancías de usar y tirar, esto es, los tortura y les miente acerca del coronavirus.

2. Tras alcanzar el poder en 1994 con un discurso populista, cuando la población se estaba movilizando contra las privatizaciones, Lukashenko formó un regimen autoritario para alcanzar la restauración capitalista. Es un sistema perculiar de capitalismo semiperiférico, en el que el poder politico y económico no se basan en lo esencial en el gran capital privado, sino en un aparato de Estado burocrático-paternalista del que Lukashenko constituye un símbolo (sin que le pertenezca). Pero destinando una parte substancial de los recursos estatales a mantener la industria, el sector agrario, las infraestructuras y la población, este régimen ha subordinado los elementos del capital privado a sus cargos públicos, limitando (a diferencia de Rusia) el crecimiento de las desigualdades. De ahí que sea la nomenklatura, entremezclándose con el capital privado, la que subyuga y explota a los trabajadores tanto desde el punto de vista económico, administrativo, politico y cultural-ideológico. Es este sistema el que entró en un un estancamiento creciente desde 2013 y que hoy se ha sumergido en una crisis multidimensional.

3. Proclamada a finales de los años 90, la Unión de Rusia y Bielorusia, que representó un intento de reintegración del espacio postsoviético durante la última década, finalmente se convirtió en una forma de dependencia económica del país en relación con Rusia mientras se mantenía la autonomía del régimen bieloruso. Quedó claro que la Rusia de Putin entiende la intergración de países postsoviéticos tan sólo como una oportunidad para la expansión del gran capital ruso y su papel clave en la privatización de antiguas empresas soviéticas. Para Lukashenko dicha integración, no sólo significaría la pérdida de control sobre la propiedad, sino también la pérdida del poder político, que habría pasado a los burógratas y a la alta gerencia rusa.

El modelo económico y político de Lukashenko en Bielorusia tenía que maniobrar constantemente entre la Unión Europea y Rusa para sobrevivir. De ahí que Occidente, a pesar de su incomodidad ante el autoritarismo de Lukashenko, le tenía en buena estima por su deseo de mantener su independencia de Rusia y su resistencia ante la expansión de bases militares rusas a Bielorusia. Este estatus neutral de Bielorusia permitió a Minsk convertirse en la principal plataforma para las negociaciones entre Rusia, Ucrania y la UE en 2014. Para Putin, por otro lado, Lukashenko seguía siendo un líder que jamás permitiría a su país un acercamiento a la OTAN y mantuvo buena parte de la economía bielorusa orientada hacia Rusia. Por consiguiente, Lukashenko no contaba con la confianza ni de Rusia ni de Occidente, pero a su vez les satisfacía al mantener la estabilidad de la posición actual de Bielorusia.

Las protestas de masas que se iniciaron en Bielorusia tras las elecciones presidenciales del 9 de agosto tienen, ante todo, causas internas. Durante los últimos años hemos visto como Lukashenko fracasaba totalmente en la resolución de esta crisis por sí solo y se volvía hacia Rusia en busca de ayuda. Asesores políticos y representantes de agencias especiales de seguridad rusas han llegado a Bielorusia y Putin ha expresado abiertamente su voluntad de mandar a la policía antidisturbios rusa para ayudar a Lukashenko. Ahora, si Lukashenko consigue mantenerse en el poder, su dependencia política de Rusia se va a incrementar dramáticamente y se volverá extremadamente impopular en su país.

Tras conversaciones recientes entre Putin y Lukashenko, se hizo evidente que Moscú ve la crisis en curso en Bielorusia como un modo de llevar adelante una transformación gradual desde arriba del modelo autoritario. Es una cuestión de modificaciones de fachada (reforma constitucional) con el objetivo de facilitar la privatización de las grandes empresas estatales bielorusas por parte del gran capital ruso. La UE en su conjunto está dispuesta a aceptar dicho modelo, ya que no puede ofrecer a Bielorusia ninguna alternativa distinta y teme provocar que Putin cree otro punto de conflicto (político y posiblemente militar) en Europa del Este.

En última instancia, tan sólo el pueblo que se ha levantado para protestar está interesado en una transformación y una democratización profunda del país.

4. Si bien tras las “elecciones” presidenciales de 2001, 2006, 2010 y 2015 —cuyos resultados siempre habían sido contestados por la oposición (según una declaración reciente por parte del presidente del Comité Ejecitivo Regional de Grodno, no hay “método alguno de recuento electoral”)— hubo protestas reprimidas, la nueva ola de movilizaciones se inició en 2017, cuando el régimen intentó imponer un nuevo impuesto por decreto a los desempleados, a los que se acusaba de “parasitismo”. No sólo en Minsk, sino también en ciudades de otras regiones, miles de manifestantes cantaban “¡No al decreto n.3. Fuera Lukashenko!”, forzando al régimen a substituir el impuesto por una reducción en las ayudas gubernamentales. Esto se reveló como el primer retroceso del régimen.

Cuando se inició la pandemia de la Covid 19, si bien Bielorusia tiene un sistema de salud pública superior al de muchos países desarrollados (5,2 médicos por cada 1000 habitantes, comparado con los 3,9 de la Eurozona y los 2,6 de Norteamérica), el sistema burocrático fue incapaz de adaptarse a la crisis. El régimen se refirió a la pandemia en términos de “neurosis”, fue incapaz de proveer equipo y suministros médicos para los trabajadores sanitarios y faltaban ambulancias, mientras que Lukashenko se refierió a la primera víctima mortal (un actor conocido) en los términos “pobre bastardo” que no podía “resistir”. Y el personal sanitario que se atrevía a hablar de la pandemia fue reprimido. Fue entonces cuando se inició la autoorganización de la población: la campaña porCovid19 fue capaz de suplir la incapacidad del Estado, proporcionando equipo y trabajadores voluntarios, creando una red de coordinación en cada región. El régimen osciló entonces entre la represión y la colaboración con dichos voluntarios, cuya iniciativa “puso de relieve la necesidad del cambio”, tal como señaló el coordinador de la campaña PorCovid19.

Temiendo que “vendrán a por mí con horquetas” (26 de abril de 2020), Lukashenko decidió advertir a sus principales oponentes liberales —Viktor Babaryko (director general de Belgazprombank), Valery Tsepkalo (antiguo embajador, primer ministro y administrador del Alto Parque Tecológico de Bielorusia) y Sergei Tikhanovsky (empresario, bloguero y administrador del conocido canal de YouTube Un país en el que vivir)— de que no se presentaran a las elecciones presidenciales. Como buen macho, creía que una mujer candidata sería “incapaz de cargar con esta responsabilidad y se hundiría” y obtuvo la validación de los centanes de miles de firmas, permitiendo a la mujer de Sergei, Svetlana Tikhanovskaya, que se presentara. Esta profesora, una mujer normal que decía no aspirar al poder, cuya imagen se correspondía con la de la mayoría de los votantes, apoyada por la esposa de Tsepkalo y directora de campaña de Babaryko, fue capaz de reunir decenas de miles de personas en sus mítines preelectorales en todo el país. Y su resultado oficial —10,9%— no podía ser admitido por nadie.

La represión extremadamente violenta de los primeros actos de protesta popular los días 9, 10 y 11 de agosto hicieron el resto: como dijo el sociólogo bieloruso Andrei Vardomatsky, “cuando alguien dispara a tu ventana, el conjunto del edificio lo ve”. Contra la injusticia y el terror, la extensión del movimiento de protesta fue inmediata: el régimen de Lukashenko ahora tan sólo es capaz de mantenerse gracias a las fuerzas represivas. ¿Cuánto puede uno reinar “sentándose sobre las bayonetas”?

5. Al responder con el terror, el régimen de Lukashenko intentó evitar concentraciones de manifestantes. De hecho, empujó a los manifestantes a concentrarse ante sus hogares, en los patios de sus edificios y en los pueblos de las afueras, multiplicando por consigueinte las protestas y promoviendo formas de autoorganización en torno a las relaciones vecinales —muy fuertes, puesto que el sistema burocrático de gestión de los edificios y los servicios sociales es deficiente y fuerza a los barrios a resolver por sí mismos problemas urgentes—. Con el papel de las redes sociales y los canales de internet —populares entre la gente joven y la principal fuente de información en un país en el que el régimen controla y censura los medios— el resultado ha sido la aparición de una gran red de protestas locales espontáneas que no tienen ningún centro y ninguna dirección clara, sino una “dirección fluida”: nada más ser represaliada una persona que aparezca como “líder”, otra ocupa su lugar con naturalidad a nivel local. Lo que caracteriza al movimiento es una gran creatividad, las gentes movilizadas inventan constantemente nuevas formas de control, de lucha pacífica, y todo ello circula, se expande y se enriquece a través de las redes sociales.

A partir del 10 de agosto los trabajadores se incorporaron a las movilizaciones en tanto que tales. Sanitarias (en su mayoría mujeres, doctoras y enfermeras) de los heridos tomaron las calles para protestar contra la tortura. Hubo paros en gran número de empresas (a veces con el apoyo de los propietarios en el sector privado) y, sobre todo, en al menos una docena de grandes empresas de propiedad estatal, conduciendo a concentraciones de trabajadores en las fábricas, a veces polémicas con los gerentes y con los representantes locales del régimen e incluso con Lukashenko (echado por los trabajadores de la Planta Automobilística de Minsk al grito de “fuera” el 17 de agosto), aparecieron comités de huelga, pero parece que en ningún lugar ha habido intentos de huelga con ocupación. Al contrario, los trabajadores salieron de las fábricas para manifestarse. Y con represión (a veces con despidos masivos en la Televisión estatal o el Teatro Nacional de Minsk, o amenazas de despido, detenciones seguidas de encarcelamientos de “líderes” reales o imaginarios), la debilidad o la ausencia de sindicatos reales, y a veces las “recomendaciones” de los directores de ir a la huelga de celo (esto es, trabajar  cumpliendo la normativa, de un modo invisible, atomizando a los trabajadores), el movimiento huelguístico retrocedió, los proletarios se disolvieron en un gran movimiento de protesta. Las fábricas no se han convertido en el centro de la revuelta y el proletariado (¿todavía?) no ha logrado afirmarse como clase en torno a sus propias reivindicaciones en el seno del movimiento democrático que lucha contra el régimen.

Frente a una represión brutal de los manifestantes, las mujeres en tanto que tales organizaron numerosas “cadenas solidarias”, ofreciendo flores a las fuerzas y desbordarlas con su masividad, muy pacíficamente, lo cual paralizó a este sector muy “macho” antes de que las autoridades ordenaran reprimir a las mujeres e incluso a sus hijos. En cualquier caso, las reivindicaciones de derechos para las mujeres (¿todavía?) no han aparecido en estas iniciativas.

6. Mientras los candidatos de la oposición a las presidenciales rechazados por el régimen (V. Babaryko, V. Tsepkalo y S. Tikhanovsky), así como Andrei Dmitriev (candidato por “Decir la verdad”, que oficialmente obtuvo el 1,21% de los votos) defendían programas económicos liberales, orientados en particular hacia la “libertad de empresa” del sector privado y la necesidad de “dejar de subvencionar a empresas deficitarias”, este tema prácticamente desapareció de la campaña presidencial de Svetlana Tikhanovskaya (sin ser rechazado por la candidata). Desde el 9 de agosto tampoco han aparecido en la revuelta contra el régimen. Los manifestantes tan sólo plantean las tres reivindicaciones democráticas.

Los partidos liberales de oposición, marginados desde 1994 y privados de cualquier representación significativa en las instituciones del régimen, son, de facto, muy débiles. Lo mismo sucede con los partidos que se dicen de izquierdas (a menudo con una mezcla de nostalgia por el viejo régimen del llamado “socialismo real”), reducidos a clubes de debate.

Finalmente, siendo obligatoria la afiliación sindical, el movimiento sindical oficial no tiene nada en común ni tan siquiera con el sindialismo altamente burocratizado, sino que actúa como una correa de transmisión para Lukashenko y posiblemente como un marco de ascenso social para sus cargos. Hay que subrayar la ruptura que supuso a este nivel la represión de las poderosas movilizaciones obreras y sindicales de principios de los años 90 en la misma época en la que puso fin a las terapias de shock neoliberales: las “protecciones sociales” de este capitalismo estatalista estaban orgánicamente ligadas a la atomización y a la supervisión burocrática de los trabajadores. Los sindicatos independientes —Como el Congreso Bieloruso de Sindicatos Democráticos (BKDP), afiliado a la Confederación Sindical Internacional— tolerado mientras que era a su vez reprimido, son muy débiles y no están muy presentes en las grandes empresas. La sociedad moldeada por Lukashenko es, por consiguiente, una sociedad atomizada. Esto es lo que ha cambiado en los últimos meses, especialmente desde el principio de la revuelta popular. Los llamamientos a la solidaridad con los trabajadores y el pueblo de Bielorusia desde las redes de la Confederación Europea de Sindicatos —especialmente desde la CGT (Francia), recientemente afialiada a la ETUC— marcan un posible punto de inflexión importante.

Independientemente de sus límites, estamos asistiendo a una intensa politización en el seno de este movimiento de masas, un aprendizaje de la autoorganización cívica que pone a la orden del día la aparición de una estructuración política totalmente nueva. Este movimiento por la democracia deberá construir, tarde o temprano, un proyecto de sociedad. Si logra “desembarazarse” de Lukashenko y su régimen burocrático se dividirá y quizás emerjan las condiciones para la cuestión de clase y de género y debates acerca de qué construir en su lugar. Entonces el papel de la clase trabajadora (cuyas huelgas incipientes forzaron a Lukaschenko, durante un tiempo, a limitar la represión, mostrando por consiguiente su poder), el papel de las mujeres (cuyas manifestaciones de los sábados sentaron las bases para la continuación de las manifestaciones de masas de los domingos) y las cuestiones ecológicas (Bielorusia ya ha conocido un grave inicio de cambio climático, conviertiéndose el sur del país en una zona esteparia cuando hace tan solo cincuenta años estaba cubierta de bosques pantanosos) estarán en el centro del debate.

7. De modo que las cuestiones democráticas, de salud, feministas, de clase y ambientales que alimentan la politización actual de la sociedad bielorusa permiten el surgimiento de un frente ecosocialista, la izquierda internacional (sindical, política, asociativa) debe ser capaz de desarrollar lazos de solidaridad concreta, desde abajo, con el movimiento democrático bieloruso en su conjunto.

La solidaridad no significa el alineamiento con tal o cual decisión de quienes hoy dicen simbolizar el movimiento: el consejo de coordinación en torno a Svetlana Tikhanovskaya (que la represión ha debilitado severamente) o los antiguos partidos políticos que se han incorporado al movimiento mientras callan acerca de su verdadero programa y objetivos —privatizaciones pro o antirusas, antisociales y antidemocráticas—. Este asunto está emergiendo cada vez más a la luz, en un momento en el que la situación económica se está deteriorando: será necesario oponerse tanto a la retórica pseudoproductiva de Lukashenko como a la retórica pseudodemocrática de sus oponentes.

La solidaridad significa una defensa democrática contra la represión, defensa de un derecho pluralista a la libertad de expresión y el apoyo a las manifestaciones y las huelgas que están teniendo lugar. Solidaridad también implica independencia de las maniobras de los gobiernos de otros países y del capital financiero internacional, que intentará sacar tajada de las movilizaciones de masas en Bielorusia.

¡Solidaridad internacional de los trabajadores con el movimiento democrático de Bielorusia!

¡Abajo Lukashenko y su régimen!

¡Elecciones libres en Bielorusia!

¡Libre autoorganización del debate sobre el futuro de Bielorusia!

¡Hacia una Bielorusia ecosocialista: ¡lazos internacionales entre sindicatos, movimientos de mujeres, la juventud y los trabajadores!

26 de septiembre de 2020

La guardia civil detiene a dos ex-presos.

(Declaración de Antikapitalistak)                                                                                
Imanol Jairo, Ekhiñe Eizagirre eta Kepa Arkauz preso ohien atxiloketak ezin dira ulertu Euskal Herrian bizi izan dugun gatazka politikoaren biktima bakar bati ere justizia eta erreparazioa emateko ekimen bezala. Aitzitik, epailetzaren eta estatuko segurtasun-indarren etengabeko erasoaldian kokatu behar dira, bizikidetza dinamitatzeko eta ETA desegin ondoren garaile eta garaituen kontakizun bakarra ezartzeko.

Antikapitalistak-etik aurrez aurre arbuiatzen dugu Estatuaren etengabeko mendeku politika, eta berriz ere aldarrikatzen dugu errekonziliazioa eta gatazka politikoa konpontzeko bide bakarra elkar aitortzea eta eragindako sufrimendu guztia onartzea dela.


La detención de los expresos Imanol Jairo, Ekhiñe Eizagirre y Kepa Arkauz no puede entenderse de ninguna manera como un ejercicio de justicia y reparación hacia ninguna víctima del conflicto político que vivimos en Euskal Herria, sino que debe encuadrarse en la ofensiva permanente de la judicatura y las fuerzas de seguridad del estado para dinamitar la convivencia y establecer un relato único de vencedores y vencidos tras la disolución de ETA.
Desde antikapitalistak rechazamos frontalmente la política de venganza permanente del Estado y reiteramos nuestra apuesta por el reconocimiento mutuo y el fin definitivo de todo el sufrimiento causado como único camino hacia una verdadera reconciliación y resolución del conflicto político.

 

ANTIKAPITALISTAK UZTAILAREN 12-KO HAUTESKUNDE DEIALDIAREN AURREAN

Datorren uztailaren 12-an euskaldunok erkidego hauteskundetara deituak gaude COVID19-ak eragindako pandemiaren ondorioetan murgildurik. Mundu mailako osasun krisiaz gain krisi ekonomiko eta soziala ekarri duen pandemia, berriz ere kapitalismoaren gainbehera nabarmena eginez. Inbertsio eza, murrizketa eta pribatizazioen ondorioz prekarizatutako osasun sistema publikoak gaindituak izan dira kutsatutako pertsona kopuru izugarriaren aurrean. Kapitalismoa sistema predatzailea da eta koronabirusaren krisiak kolokan jarri du biza bera eta honen hauskortasuna. Krisi humanitario, ekologiko eta sozial baten aurrean aurkitzen gara.

Euskadin Urkulluk gidaturiko EAJ-PSE tandem gobernuak erabakiak berandu eta oker hartu ditu, beti gobernu espainiarrak harturiko erabakien menpe. Hala ere, Jaurl

aritza eta erkidegoko instituzio gorenak azkar ibili dira kapitalaren inmunitate osoa bermatzeko, osasun publikoaren eta pertsonek duintasunez bizitzeko daukagun eskubidearen gainetik. Biziaren gainetik. Soilik funtsezko ez ziren enpresen jardun ekonomikoa dekretu bidez etetean altxatu zen EAJ, orduan gogoratu zen euskal burujabetasun nazionalaz injerentzia salatuz, bere aurpegi neoliberala krudelki erakutsiz. Baina garbi gogoratzen dugu “oso espainolak” diren lan erreforma, pribatizazioak edota langileriaren aurkako legediak inoiz ez dietela kontraesan iruditu jeltzaleei. EAJ eroso sentitzen da autonomismoan errejimenaren maikulu izanez tokian toki egokitzen den alderdira (PP edo PSOE), 78-ko errejimenaren ezinbesteko ardatza da. EAJ ez da inoiz aldarri demokratiko eta sozialen lagun zintzoa izango, bere interesek ez bait dute zer ikusirik azpikoon interesekin. Hau ezin dugu inoiz ahaztu.

EAJ hegemoniko izaten jarraitzen duen eszenatoki honetan, hitzez Catalunyan procès prozesu demokratiko bezala izendatu edota faxismoaren aurkako borroka VOX-en aurka aldarrikatzen duen bitartean hauek praktikan kalean adierazten direnean bortizki jazartzen ditu. Hauteskunde hauetan ez dago soilik erkidegoko gobernua jokoan, baizik eta Euskadin eredu neoliberal hegemonikoari ezkerretik erantzun bat emateko gaitasuna ere auzian dago. Langileria zapaldurik mantentzen duen eredua, emakumeak* patriarkatupean eta gure lurra esplotazio ekozidapean. Kolokan jartzeko aukera daukagun EAJ-PSOE eredua, gutxienez hautes mailan, datozen hauteskundeetan.

Antikapitalistak-en oso arduraturik gaude EAJ-PSOE-ren eredu neoliberal honen aurrean alternatiba trinko eta plurala eraikitzerako orduan euskal ezkerraren dimisioaz. Alarma egoerak desmobilizazio handia suposatu du ezkerreko erakundeetan, bai politiko, sindikal edo mugimenduetan. Hortaz gain konfinamenduaren amaierak indarrak sakabanaturik aurkitu ditu bakoitza borroka bere aldetik egiten, eraldaketa xede duen proiektu anitz eta rupturista antolatzeko gaitasunik gabe. Indar hauek plataforma haundi eta oso mediatikoak proposatu dituzte, baina atzean klase popularrak biltzeko benetako borondaterik gabe. Oso plataforma bertikalak, era demokratiko, horizontal eta popularrean alternatiba eraikitzeko posibilitateak sustraiez mozten dituztenak eta bide batez alfonbra gorri bat zabalduz euskal eskuinaren oinetan zein, inkesten arabera, igoera nabarmena izango duena. Etsigarria iruditzen zaigu ezkerreko indar euskaldunen autismo politikoa estrategia ardatz nazionalera mugatuz, Euskadin burujabetasun errealik ez dagoela onartu gabe (alarma egoerak argi utzi zuen Denis Itxaso autoritate gorena bilakatuz erkidegoan 3 hilabeteren baitan) eta beste lurralde eta herrialdeekin klase aliantzak ehuntzea ukatuz.

Halaber, kezkagarria da euskal ezker instituzionalaren joera gobernista eta kudeatzailea, borroketatik are eta gehiago aldenduz. Harriduraz jarraitzen ditugu ezker soberanistaren aldetik EAJ-ko oinarrietara egiten diren apelazioak, noizbait “eskubiko euskal herria” izendatuz eraikuntza nazionalaren ardatzean, ugaritan ahaztuz eraikuntza nazional interklasistak uko egiten diola Euskal Herriaren eraikuntza sozialari. Aldi berean, Elkarrekin Podemos esparrua murrizten doa errejimenarekiko egokitzapena errealitate bilkatzen doan heinean, guztiz Madrilgo PSOE-rekin duen ko-gobernuaren menpe eta eraikuntza sozial, rupturista eta soberanista oinarri duen proiektua alde batera aspaldi utziz.

Hala ere, Antikapitalistaketik datorren uztailaren 12-an bozkatzera deitzen dizuegu euskadiko herritar guztioi, ezkerreko indarrekin kritiko izanez, hautes-ontziak eskuinaren aurkako bozkekin betetzera. Krisi honetan mozorroa erori zaion EAJ-ren aurka, bere aurpegi bortizki kapitalista eta antisoziala erakutsi diguna. Bozka kritiko eta konprometitu bat Euskal Herrian etorkizunerako borroka esparrua birrantolatzeko, izango diren emaitzetatik haratago. Gaur inoiz baino behar handiagoa dago ezkerretik antolatu eta krisi hau langileriak ordain ez dezala borrokatzeko, 2008-an gertatu zen bezala. Langileria da etekinak sortzen dituena eta aberatsen gutxiengo arriskutsuak lapurtzen ditu. Ordua da galerak sozializatzeari utzi eta aberastasuna banatzeko. Ez dugu berriro euren krisia ordainduko, gure biziek euren etekinek baino balio handiagoa dutelako. Austeritatearen eztabaida alde batera utzi eta aberastasunaren bidezko banaketaren logika ezarri beharra dago, sozialki bidezkoa den fiskalitate bat enpresa handiak helburu, gure proposamena den COVID tasatik hasita. Lan erreformaren indargabetze osoa eskatuz, ez soilik artikulu murritz batzuena historian langileriaren aurkako lege oldarkorrenetako honen aurrean. Kontratu sozial berri baten alde non bizia erdigunean jarriko den, aberastasuna eta lana era gizabidetsu baten banatuz.

Antikapitalistak-en Euskal Herrirako alternatiba rupturistaren eraikuntzaren alde egiten dugu, herritarrontzako bizitza hobe baten defentsan atzerapauso bakar bat emango ez duena. Euskal burgesiaren 40 urteko gobernuaren aurkako alternatibaren alde apustu egiten dugu, azpikoekin konprometiturik, mugimenduei lotuta; alternatiba feminista, ekosozialista, internazionalista eta soberanista.