La represión continúa, el autoritarismo se consolida

Turquía
(Joseph Daher)

La huida hacia adelante autoritaria del gobierno turco del AKP, aliado con el Partido de Acción Nacionalista (MHP, partido fascista), no se detiene.

Tras una primera negativa en marzo de 2021 por razones procesales, el Tribunal Constitucional finalmente aceptó la acusación a finales de junio para prohibir el HDP (Partido Democrático Popular). El fiscal argumentó que había vínculos con el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), un grupo descrito como “terrorista” por Ankara. La acusación también pide una sentencia de inhabilitación contra 450 líderes y activistas del HDP. Esta decisión se produjo pocos días después del asesinato de un activista kurdo del HDP, Deniz Poyraz, por un activista de extrema derecha en las instalaciones del HDP en Izmir el 18 de junio de 2021. El asesino, Onur Gencer, pudo entrar en el edificio, frente al cual hay instalado un puesto de control policial permanente, sin ser interceptado.

Represión a todos los niveles

La represión también continúa afectando a las y los estudiantes, mujeres o personas LGBTI. Mientras que los eventos organizados con motivo del Orgullo fueron reprimidos muy violentamente por la policía, el feminicidio continúa. Al mismo tiempo, el gobierno canceló la ratificación del Convenio del Consejo de Europa para Prevenir y Combatir la Violencia contra las mujeres y la Violencia Doméstica.

La intimidación y violencia de Ankara y sus aliados también están teniendo lugar contra activistas y periodistas exiliados que han huido de la represión del gobierno turco. Erk Acarer, un periodista de investigación turco que escribe para el diario de izquierda BirGün con sede en Estambul, fue apuñalado a principios de julio en el patio de su vivienda en Berlín.

Mafia y poder

Turquía también se ha visto sacudida desde mayo por las revelaciones en las redes sociales del líder ultranacionalista de la mafia Sedat Peker, fugado a los Emiratos Árabes Unidos. Estas son extremadamente comprometedoras para el régimen turco. Peker dio a conocer el nivel de interpenetración del AKP con el crimen organizado. La corrupción está alcanzando niveles sin precedentes: hace unos meses, la prensa reveló la desaparición de 128 mil millones de dólares del Banco Central.

Entre el autoritarismo y la corrupción, Erdogan y su partido AKP están tratando de permanecer en el poder por todos los medios a su disposición.

Artículo publicado en el n° 392 de solidaritéS (Suiza) el miércoles 21/07/2021

https://lanticapitaliste.org/actualite/international/turquie-la-repression-continue-lautoritarisme-se-consolide

Traducción: FE para antikapitalistak

Israel/Palestina: tres éxitos internacionales de la campaña BDS

(Julien Salingue)

En rápida sucesión, la campaña BDS (Boicot, Desinversiones, Sanciones) ha logrado tres grandes éxitos a nivel internacional, confirmando que, dos meses después de la última ofensiva violenta israelí contra las y los palestinos, el movimiento de solidaridad internacional está creciendo y sumando puntos.
 
El lunes 5 de julio, el fondo de pensiones más grande de Noruega anunció que se retiraba de unas quince multinacionales, incluidas Alstom, Altice Europe y Motorola, invocando sus actividades en los asentamientos israelíes en Cisjordania. KLP, que gestiona 95 mil millones de dólares en activos, ha explicado que “Motorola y otras compañías corren el riesgo de ser cómplices de violaciónes del derecho internacional en Palestina ocupada” . En cuestión, la prestación de servicios al ejército israelí y / o los asentamientos, pero también la participación en la financiación de la construcción de viviendas e infraestructura en los territorios bajo ocupación israelí, lo que se tradujo en el descarte de cinco bancos por parte del KLP. El fondo de pensiones noruego sigue los pasos de otras estructuras del mismo tipo, como ABP, el mayor fondo de pensiones de los Países Bajos, que anunció, en el verano de 2020, el fin de sus participaciones en dos bancos israelíes debido a su participación en la colonización.

Para el FC Barcelona, Jerusalén no es aceptable

El 15 de julio, las críticas “en acción” a la política colonial israelí se expresaron en un terreno completamente diferente, con el anuncio, por parte del jefe del club de fútbol Beitar Jerusalem, de la cancelación del partido amistoso con el FC Barcelona, programado para el 4 de agosto.

¿Razones de la cancelación? Por “razones políticas” , según el dueño del club, quien dijo en su página de Facebook: “Compré Beitar por amor a la ciudad santa, y si me rindo por razones políticas para jugar en Jerusalén, no lo haré de acuerdo con mi principios ”. Es decir: el FC Barcelona se negó a permitir que el partido amistoso se disputara en Jerusalén, la autoproclamada capital del Estado de Israel, y propuso que tuviera lugar en Tel Aviv. BDS y la Federación Palestina de Fútbol lanzaron una campaña de interpelación al club azulgrana, que dio sus frutos con la cancelación definitiva del partido.

Sin helados Ben & Jerry ‘s en las colonias

Tercer acto el 19 de julio con el anuncio del famoso fabricante de helados Ben & Jerry’s del final de la venta de sus productos en los territorios palestinos ocupados – y por tanto en las colonias: “Creemos que no es compatible con nuestros valores que los helados Ben & Jerry se vendan en los territorios palestinos ocupados”. Una decisión que provocó reacciones de indignación en Israel, desde la oficina del primer ministro Naftali Bennett que declaró que “el boicot no funciona y no funcionará, y lucharemos con todas nuestras fuerzas” al canciller del “centrista” ( ?) Yaï Lapid, quien explicó que “La decisión de Ben & Jerry ‘es una capitulación vergonzosa ante el antisemitismo y el movimiento BDS.” Benjamin Netanyahu tuiteó: “Los israelíes ahora sabemos qué helado NO comprar”. Y sabemos por nuestra parte que la campaña BDS, destinada a aislar al Estado de Israel mientras se violen los derechos nacionales y democráticos de las y los palestinos, sigue produciendo sus efectos: un estímulo para seguir desarrollándola.

20/07/2021

https://lanticapitaliste.org/actualite/international/israelpalestine-trois-succes-internationaux-de-la-campagne-bds

Traducción: F E para antikapitalistak

Ante las movilizaciones populares en Cuba y las agresiones imperialistas

Declaración del Buró ejecutivo de la Cuarta Internacional

  • ¡Fin inmediato del bloqueo económico imperialista a Cuba!
  • ¡Por una Cuba libre y soberana!
  • ¡Abajo la injerencia imperialista en Cuba!
  • ¡Por una democracia socialista en Cuba!

El pasado 11 de julio asistimos a unas protestas impulsadas por la tremenda carestía que sufre Cuba desde que Trump la situó en la lista de países terroristas, cortando las remesas de los EEUU a la isla, lo que se acrecentó con la pandemia y cortó en seco los ingresos procedentes del turismo.

Esto se da en una isla que tiene que importar gran parte de los productos que consume, sin ningún apoyo internacional (las enormes dificultades que atraviesa Venezuela también han repercutido negativamente en Cuba), algo que en algunos aspectos recuerda a los peores tiempos del “periodo especial”. Este bloqueo también impide la producción de vacunas contra la Covid-19 para los cubanos a pesar de la ayuda que Cuba ha aportado a otros países durante la pandemia.

A esto se le suman malestares de hondo calado en la isla: la diferenciación social que ha aumentado mucho en los últimos treinta años, durante los cuales el gobierno ha tratado de atraer inversiones extranjeras y ha desarrollado el sector turístico permitido un aumento de la iniciativa privada que emplea mano de obra asalariada. En una situación de escasez de bienes, la desigualdad en el acceso a los dólares estadounidenses ha amplificado aún más las desigualdades, que, sin embargo, se han mantenido mucho más bajas que en los países que han restaurado el capitalismo, como China, Vietnam y el antiguo bloque de Europa del Este. En Cuba no se ha desarrollado un importante sector capitalista local autorizado a explotar el trabajo asalariado. El sector capitalista local está ciertamente creciendo, pero no en la misma medida que en los países mencionados anteriormente. Las enmiendas de 2019 a la constitución han dejado claro que todavía existen barreras legales para el libre desarrollo del sector capitalista, en particular la limitación del número de asalariadas que puede contratar el sector privado local.

A los preocupantes efectos del aumento de la desigualdad, del bloqueo y del aumento de la producción nacional para satisfacer las necesidades de la población, se suma el desarrollo de sectas religiosas evangélicas que presionan al gobierno para limitar, por ejemplo, el pleno reconocimiento de los derechos de los LGBTQI+.

También cabe destacar la actividad de nuevas generaciones, muy conectadas a las redes sociales globales, entre las que se desarrolló una nueva generación de artistas, que no se siente en absoluto concernida por el legado de la revolución. Al mismo tiempo, va muriendo una parte importante de la generación que participó directamente en el proceso revolucionario del tercer cuarto del siglo pasado.

Este cóctel está estallando en un contexto en el que el gobierno tiene un margen de actuación muy escaso para mitigar los efectos a corto plazo de la carestía y mucha resistencia en abrir un proceso democrático de toma de decisiones que vuelva a atraer a las nuevas generaciones (el proceso constituyente del 2018-2019 fue un intento en este sentido, pero ha sido claramente insuficiente). Al favorecer métodos burocráticos, el gobierno no está haciendo ningún esfuerzo por incrementar la participación de los trabajadores, en particular para el desarrollo del control obrero en las empresas y del control ciudadano en la sociedad.

Esto explica el recurso a la represión y a la movilización de los sectores que les continúan siendo fieles para detener las protestas y el intento de recuperar al menos en la temporada de verano un cierto ingreso turístico que les aporte margen de mejora para combatir ciertos aspectos de la desafección popular. El discurso del presidente Miguel Díaz Canel el domingo 11 de julio, tras la ola de protestas que han afectado a más de una decena de ciudades del país del Este al Oeste, no es una respuesta adecuada a la situación. Aunque Díaz Canel reconozca que gran parte de los manifestantes estaba sinceramente preocupada por las dificultades de las condiciones de vida, no hizo ninguna autocrítica de su manejo de la situación haciendo únicamente hincapié en las manipulaciones del sector contrarrevolucionario que está claramente a favor de la intervención de Estados Unidos – lo que de manera evidente debe ser condenado. El llamamiento gubernamental a los revolucionarios para movilizarse en las calles en respuesta a las amenazas de los contrarrevolucionarios corre el riesgo de provocar enfrentamientos y un aumento de la represión.

No podemos desligar las protestas en Cuba de lo que está ocurriendo en otros países de América Latina en donde, con motivaciones diversas, la carestía de la vida agravada por la pandemia y medidas ultraliberales, está detrás de estallidos sociales como el colombiano reciente, como lo fueron los de Ecuador y Chile en 2019. Sin duda la pandemia ha agudizado todas las contradicciones sociales a nivel internacional y en América Latina en particular, conduciendo a una creciente exclusión social y a desigualdades cada vez mayores. A pesar de contar con una atención sanitaria ejemplar en muchos aspectos, Cuba tampoco logra escapar a los efectos económicos y sociales más perversos de la crisis global y de la pandemia. Sin embargo, las igualmente crecientes resistencias sociales latinoamericanas, al enfrentarse a los planes económicos y políticos del imperialismo para la región, juegan en favor de la quiebra del aislamiento y la preservación de la independencia política de Cuba.

Desgraciadamente, importantes sectores de la izquierda no hacen ningún análisis crítico de la situación que vive Cuba, del desgaste de su sistema político y de la desesperanza de las generaciones más jóvenes. Por el contrario, vemos en muchos países un cierre de filas acrítico en el que todo son conspiraciones imperialistas, donde no se reconoce la legitimidad de la movilización popular y se la atribuye exclusivamente a “agentes del imperialismo”. Es una obviedad que el imperialismo busca disputar el sentido de las protestas sociales al servicio de sus intereses en los diferentes conflictos internacionales de un mundo cada vez más convulso, aún más en un país que se mantiene como ejemplo de resistencia soberana para toda la región… Y que lo haga cada vez más mediante intensas campañas en las redes sociales, por las cuales intenta conducir desde afuera el descontento social, para encauzarlo hacia el derrumbe del gobierno cubano. Pero que todo sea producto de la injerencia de las grandes potencias es una postura alejada de la compleja y contradictoria realidad. Es más, esta respuesta desprecia el concurso de los sectores populares en los conflictos sociales, como si todo fuera una partida de ajedrez a la cual el pueblo nunca está invitado y donde se le considera una especie de menor de edad incapaz de tomar consciencia de sus intereses y de defenderlos.

Si bien la situación es compleja y contradictoria, desde la Cuarta Internacional, que desde los primeros tiempos ha apoyado incondicionalmente la Revolución Cubana, defendemos algunas ideas fundamentales:

– En primer lugar, condenamos y exigimos el cese inmediato del bloqueo ilegal e inhumano al que se somete al pueblo cubano. 

– Llamamos a la movilización solidaria para paliar la situación de desabastecimiento de productos básicos que sufre la isla y oponernos al bloqueo decretado por EE.UU.

– Exigimos que la administración Biden retire a Cuba de su lista de países que amparan y favorecen al terrorismo, algo fundamental, por motivos obvios, para aliviar la situación económica del país. Repudiamos las amenazas de intervención con que Biden busca alabar a la ultraderecha cubana en el exilio y los sectores republicanos más reaccionarios.

– Denunciamos la campaña de los grandes medios de comunicación internacionales que afirman falsamente que todo el pueblo cubano se levanta contra el gobierno y que éste respondería con gran brutalidad, mientras hacen la vista gorda ante las formas represivas antipopulares mucho más violentas utilizadas en países como Francia frente a los Chalecos Amarillos en 2018-2019, en Estados Unidos durante las protestas de Black Lives Matter en 2020, o en Colombia en 2021, por citar solo algunos ejemplos de una larga lista.

– Exigimos a las autoridades cubanas que respeten el derecho democrático a la protesta, el desarrollo de movimientos sociales independientes, el pluralismo político y el debate democrático, único camino para impedir que la Revolución deje de ser un ejemplo para los pueblos de América Latina y del mundo.

– Pedir la verdad acerca de las condiciones de detención y represión con el fin de detener el abuso de la fuerza y de encausar a los responsables de abusos.

– Pedimos la liberación inmediata de los detenidos en las manifestaciones del 11 de julio; siempre y cuando no hayan cometido acciones que hayan atentado contra la vida de otras personas. 

– Defendemos una Cuba soberana, independiente y con verdadera participación democrático-popular de los trabajadores en los destinos de la isla. Por una Cuba socialista y democrática.

Pensar el pasado para ir más allá del presente

Enzo Traverso

Entrevista a Enzo Traverso.

Ante las reacciones desordenadas que ha provocado la indigna redada parisina del 28 de abril de 2021, hemos pedido al historiador Enzo Traverso repensar con nosotros la temporada de conflictos entre historia, memoria, política y justicia. Entre estos términos, la gran convidada de piedra es de hecho la historia, es decir, la labor de comprensión de los acontecimientos del pasado. ¿De qué manera la detención de un puñado de hombres y mujeres de cabello cano puede ayudar a Italia a “ajustar cuentas con su historia” –si no con el propio siglo XX–, como se ha escrito?

Por un lado, tratan a estos antiguos militantes políticos como criminales comunes según los dictados de una ideología presentista de lo más tosco e ignorante. Por otro lado, convocan (impropiamente) toda la panoplia de estudios sobre la memoria (memory studies) para imponer un relato de traumatismo, basado en el paradigma de la víctima. ¿Sobre qué base se puede plantear la idea de que existe en la sociedad italiana una herida abierta en relación con la década de 1970? Como en Francia con respecto a la ocupación de Argelia, parece más bien que se trata de una utilización política explícita de la historia, que no tiene nada que ver con los verdaderos procesos sociales de elaboración de la memoria.

Esta entrevista la ha realizado Andrea Brazzoduro para la revista Zapruder con motivo de la detención, el pasado 28 de abril, de siete antiguos y antiguas militantes de la izquierda revolucionaria italiana refugiadas en Francia desde hace más de 40 años.

***

Hombres y mujeres de cabello cano, de 60 a 78 años de edad, con las manos esposadas, ingresan en celdas de seguridad antiterrorista. “Sombras rojas” es el nombre elegido para la redada que comportó, el 28 de abril de 2021, la detención de siete antiguos y antiguas militantes de la izquierda revolucionaria italiana, refugiadas en Francia desde hace años, acusadas por la justicia italiana de una serie de crímenes que van de la asociación subversiva al asesinato, cometidos, según la acusación, entre 1972 y 1982. ¿Se trata de “clausurar el siglo XX”, como escribe el diario la Repubblica?

El siglo XX está cerrado desde 1989, fecha de la caída del muro de Berlín y del final de la guerra fría. Desde entonces, el mundo ha cambiado, y junto con él, también Italia, que ya no es la que era hace 32 años. En varios aspectos, se trata de algo bastante peor: lo que los medios suelen llamar la segunda y la tercera república nos hacen lamentar la primera, fundada por hombres y mujeres que habían combatido el fascismo y creado un país nuevo. Sin embargo, la herencia del siglo XX sigue siendo aplastante y numerosos males estructurales siguen afligiendo a nuestro país. Basta pensar en la mafia, en la cuestión del Sur, en el racismo y en la corrupción. Algunos se han agravado, si pensamos en el paro juvenil y en el racismo poscolonial, mucho más fuerte desde que el país se ha convertido en tierra de inmigración.

En la segunda mitad del siglo XX, Italia accedió al mundo occidental más rico; en el transcurso de los últimos 30 años, se ha alejado de él: experimenta un declive demográfico constante, pero no quiere integrar a la inmigración y ni siquiera concede la ciudadanía a sus descendientes de segunda generación, que han nacido y viven en Italia; sus elites envejecen, pero la juventud está excluida, y la península conoce una impresionante diáspora intelectual, parecida a la de los países del Sur; las élites económicas se han enriquecido enormemente sin generar desarrollo. El diario la Repubblica es uno de los espejos más fieles de la situación, dado que ahora es el presidente de Fiat quien anuncia públicamente el nombramiento de los directores de este periódico. “Clausurar el siglo XX” significa afrontar este nudo de problemas, mientras que para la Repubblica, esto pasa más bien por la extradición de Marina Petrella, de Giorgio Pietrostefani y de algunas otras personas refugiadas.

En el ámbito de la política institucional, como en la prensa italiana, las reacciones han sido, como era de prever, unánimes: “El deber de asumir el pasado” (Ezio Mauro [periodista exdirector del diario La Stampay de la Repubblica]) “tras las heridas particularmente dolorosas” (Marta Cartabia [ministra italiana de Justicia]), etc. Tú trabajas desde hace muchos años sobre las relaciones entre historia, memoria, justicia y política (véase en particular tu utilísimo libro El pasado, instrucciones de uso. Historia, memoria, política). ¿Qué piensas de este lenguaje y de este uso de la memoria? ¿Existe realmente una herida que suturar?

Para las gentes de mi generación que han vivido aquellos años, no cabe ninguna duda de que se trata de heridas dolorosas que todavía no se han curado. Las personas exiliadas en Francia son las primeras en reconocerlo. El problema radica en saber cómo ajustar cuentas con la historia. Mario Calabresi, hijo del comisario de policía asesinado en 1972, ha declarado que la noticia de la detención de Giorgio Pietrostefani no le ha causado ningún sentimiento de alivio, de satisfacción, de reparación o de justicia, sino tan solo de pena y de vergüenza. En Italia, los medios y la cultura oficiales –eso que Althusser llamaba “los aparatos ideológicos del Estado”– no han sabido y, sobre todo, no han querido elaborar la memoria de los años de plomo. No han hecho más que acompañar las sucesivas olas de leyes especiales y de detenciones, tratando como monstruos a los enemigos del Estado.

Los arrepentidos han desempeñado sin duda su papel en este dispositivo. Los exterroristas, así como algunos historiadores, entre ellos Giovanni De Luna, figuran probablemente entre los pocos que han hecho una contribución real al conocimiento, la comprensión y, por consiguiente, a la construcción de una memoria crítica de aquellos años. Los exbrigadistas han reconocido sus delitos, a veces sus crímenes, han reflexionado sobre sus errores, se han interrogado y han intentado comprender y explicar las razones de sus decisiones. La entrevista de Rossana Rossanda y Carla Mosca a Mario Moretti (1994) es mucho más útil, a este respecto, que todos los artículos publicados por la Repubblica e Il Corriere della Sera durante medio siglo.

No son arrepentidos –una categoría jurídica monstruosa que ha tenido efectos catastróficos en la vida política y judicial italiana–, pero pasaron página hace décadas. No he leído el artículo de Ezio Mauro, pero quien posea un mínimo de honestidad intelectual debería reconocer que el deber de asumir el pasado significa algo muy distinto de una represión diferida, más de dos generaciones después de los hechos.

Estos días conmemoramos el aniversario de la Comuna de París. Tengo la impresión de que los medios y el mundo político, en Italia, continúan, 50 años después, exorcizando el terrorismo, como la cultura francesa lo hizo con la Comuna en la década de 1870. La Comuna no fue una revolución ni el producto de una crisis social y política, fue una epidemia, la propagación de un virus contagioso al que había que vencer con los métodos más drásticos. La gente comunera no tenía proyecto político, eran bestias feroces, locos sanguinarios, enemigos de la civilización, pirómanos excitados por el alcohol. La represión fue brutal, pero diez años después la Tercera República decretó una amnistía y quienes se habían exiliado o habían sido deportados pudieron volver. La Comuna incluso fue reivindicada como experiencia fundacional de la República. Me parece que en Italia el terrorismo y la violencia política de la década de 1970 siguen contemplándose con la misma mirada miope y vengativa que hace 50 años. Los terroristas son monstruos que deben pagar su deuda a la justicia. Si este es el mensaje que desean transmitir a quienes no han vivido aquellos años, a mi juicio es la peor manera de asumir el pasado.

Otro capítulo de tu ensayo sobre la historia, la memoria y la política está consagrado a la relación entre verdad y justicia. La “judicialización del pasado” (Henry Rousso) es un fenómeno inversamente proporcional al hundimiento de las expectativas, al estribillo del “fin de las ideologías”, que es el dintel teórico en que se fundamenta el realismo capitalista del que habla Mark Fisher. ¿Es esta la clave para interpretar la redada parisina?

Pensar que hoy se pueda responder, en el plano jurídico, al asesinato de Aldo Moro y de su escolta, así como al del comisario Calabresi, encarcelando a las últimas personas exiliadas, es sobre todo expresión de la ceguera y de la incomprensión a las que me refería. Pero esta ceguera y esta incomprensión no son, evidentemente, un signo de ingenuidad, ya que han estado perseguidas durante décadas. Resulta anacrónico pensar que en 2021 podemos responder judicialmente a hechos políticos que tuvieron lugar en la década de 1970. Si aceptamos el principio de su imprescriptibilidad, asimilando por consiguiente aquellos hechos a crímenes contra la humanidad, entramos en un entramado de contradicciones muy difícil de desentrañar. ¿Pietrostefani y Petrella son equiparables a Eichmann? En 1946, Palmiro Togliatti, ministro de Gracia y Justicia del primer gobierno republicano y secretario del Partido Comunista Italiano (PCI), promulgó una amnistía para personas que se habían declarado culpables de los peores crímenes fascistas durante la guerra civil de los años 1943 a 1945. ¿Cómo justificar el encarnizamiento persecutorio, décadas después, con los y las protagonistas de los años de plomo que se refugiaron en Francia?

Desde la Antigüedad –pensemos en las guerras del Peloponeso–, la amnistía siempre ha puesto fin a las guerras civiles y a las crisis políticas marcadas por la violencia. La ley de amnistía promulgada por Togliatti en 1946 se inscribía en una tendencia general y tenía equivalentes en toda Europa. Colaboracionistas y exfascistas ocupaban jefaturas de policía, comisarías y oficinas gubernamentales en todo el continente hasta la década de 1970. En Italia, como ha subrayado el historiador Paul Ginsborg, a comienzos de la década de 1960, todos los delegados territoriales del gobierno habían sido altos cargos del régimen fascista. En España, durante la transición democrática que tuvo lugar 40 años después del final de la guerra civil, la amnistía benefició tanto a antifascistas en el exilio como a responsables del régimen franquista.

El final del siglo XX vio nacer en Sudáfrica una nueva mirada, diferente, para tratar de hacer frente al pasado y curar sus heridas. Finiquitada la apartheid, este país creó unas comisiones de la verdad y la justicia que descartan las investigaciones judiciales y las condenas penales a cambio del establecimiento de la verdad. El ejemplo sudafricano ha sido emulado por numerosos países, especialmente en América Latina, desde Perú hasta Colombia. Estas experiencias históricas no son iguales, está claro, pero el principio sí es fecundo para salir de una crisis y asumir el pasado.

En Italia, este principio jamás se ha debatido. La paradoja italiana es que las únicas personas que han contado sus experiencias son exbrigadistas y exmiembros de organizaciones armadas, no sus enemigos. El Estado no ha hecho nada, o casi nada, por dilucidar las tentativas de golpe de Estado, las infiltraciones neofascistas, las desviaciones de los servicios secretos, la práctica de la estrategia de la tensión, la violencia neofascista que se benefició de protección por parte de los aparatos de Estado y que causó muchas más víctimas que el terrorismo de izquierda. Nadie ha reclamado jamás al Estado que explique los cientos de muertes (militantes, jóvenes, estudiantes, trabajadoras y trabajadores) que hubo aquellos años a manos de la policía. Quienes reivindican el deber de asumir el pasado deberían plantearse estas cuestiones.

De todos modos, esta patología italiana tiene una explicación. El Estado es inflexible contra sus enemigos, pero muy acomodaticio o complaciente con la violencia ejercida por sus propios agentes y representantes. Hay que ocultar los intentos de golpe de Estado y la colusión del aparato de Estado con los grupos neofascistas que ponen bombas en los trenes; la persecución de las y los terroristas de izquierda, por el contrario, refuerza la solidez de las instituciones. Esto no solo ocurre en Italia. Numerosos estudios han mostrado cómo, en la República Federal de Alemania, las penas infligidas a miembros de la Rote Armee Fraktion (RAF) sobrepasan de lejos las que se pronunciaron entre 1949 y 1979 contra exnazis.

Cuando hablamos de memoria, siempre simplificamos: la memoria es compleja, heterogénea, dividida. Hay la memoria de exterroristas y la de sus víctimas (y la posmemoria de sus descendientes); hay la memoria colectiva de los movimientos sociales, hoy dormida o extinguida; hay la memoria cultural que configura la esfera pública; y hay también la memoria de las instituciones, la memoria del Estado, que en todo este asunto es probablemente la más reticente. Esto explica también por qué quienes se refugiaron en Francia, hace algunas décadas, no han querido entregarse a una justicia que no ocultaba su voluntad perseguidora y ofrecía muy pocas garantías de imparcialidad. Una justicia que no parecía creíble, como demostró Carlo Ginzburg en un célebre ensayo sobre el proceso Sofri. Basta pensar en el papel desempeñado por los arrepentidos en numerosos procesos. No creo que se pueda decir simplemente que las personas que se refugiaron escaparon de la justicia.

En las últimas líneas de la introducción de otro de tus ensayos fundamentales (2007), mencionas brevemente tu experiencia de “militante revolucionario” en la segunda mitad del siglo XX, cuando el mundo parecía atravesar una nueva guerra civil. ¿No falta el contexto en el relato entonado a coro tras el anuncio de las detenciones? ¿Contra quién y por qué luchaban estos hombres y mujeres?

Sí, falta el contexto: estamos hablando de hechos que se remontan a más de 40 años atrás, o sea, dos generaciones, pero que todavía no se han historificado. Aún no se han depositado en un pasado común, esclarecido, explicado y sobre todo al que se pueda atribuir un sentido. Las personas refugiadas reconstruyeron su existencia en medio de grandes dificultades; han reflexionado sobre su experiencia; siguen mirando a los ojos a su conciencia. Las víctimas y sus familias se han quedado con su dolor. Pero la historificación –la elaboración del pasado para hacerlo entrar en la historia– significa precisamente ir más allá de los sentimientos. Es la condición para que esos mismos sentimientos puedan ser acogidos en un espacio colectivo, en una conciencia histórica, en la conciencia de que ha concluido un ciclo. Tengo la impresión de que en Italia la justicia ha sido un obstáculo frente a esta elaboración del duelo, a un proceso de reconstrucción del pasado que permita finalmente tener una conciencia histórica del mismo.

La violencia política de los años setenta del siglo pasado formaba parte de una temporada política que concluyó con una derrota de la izquierda, del movimiento obrero, de los movimientos alternativos. Nunca se ha elaborado esa derrota. Ese pasado ha sido rechazado. Algunos decenios más tarde, el congreso en que el PCI decidió cambiar de nombre no aparece como su Bad Godesberg, sino más bien como una ceremonia de exorcismo. Podríamos hablar perfectamente, en términos psicoanalíticos, de rechazo. Los años de plomo quedaron engullidos en este rechazo y han ingresado en un pasado diabolizado, pero aun así confuso (con archivos incompletos o inexplorados), y no en nuestra conciencia histórica.

Sin embargo, no quiero eludir la cuestión personal, aunque totalmente secundaria. Me acuerdo bien de la década de 1970, que fue la de mi juventud. Participé en mi primera manifestación en 1973, cuando tenía 16 años. Nunca me ha tentado el terrorismo y siempre he criticado la opción por la lucha armada, no por principio, sino porque me parecía estratégica y tácticamente equivocada. A partir de 1979, gran parte de mi actividad política ha consistido en participar en asambleas y manifestaciones contra la represión. No me gustaba el eslogan de “ni con las Brigadas Rojas, ni con el Estado”, pues establecía una ecuación entre dos entidades incomparables que no podían combatirse con los mismos métodos.

Retrospectivamente, creo que es evidente no solo que la adopción de la lucha armada fue nefasta y suicida, sino también que contribuyó, en gran medida, a sofocar los movimientos de protesta y a eternizar una conflictividad política difusa. Las Brigadas Rojas habían nacido en un periodo de lucha como componente del movimiento obrero, un grupo que se consideraba vanguardia y practicaba la acción ejemplar o la propaganda por el acto para radicalizar el conflicto social. Desde hacía por lo menos un siglo habían aparecido ya tendencias similares en varios países, especialmente en el seno del anarquismo. Un historiador como Mike Davis ha elaborado un repertorio impresionante al respecto.

En Italia, estas prácticas habían pasado por la criba de la memoria de la Resistencia y de la cultura comunista, de ahí que –y esto no es un detalle– las Brigadas Rojas (al igual que la RAF) no detonaban bombas, sino que seleccionaban sus objetivos. Poco a poco, para escapar de la represión policial, y por tanto por razones prácticas que solo se teorizaron después, las Brigadas Rojas se transformaron en una organización clandestina, separada de los movimientos, que libraba por su cuenta la guerra contra el Estado. Así se vio arrastrada a una espiral cuya salida no podía ser sino su aniquilación por el Estado. Una parte de la izquierda radical se hizo ilusiones de que podía cabalgar o utilizar el terrorismo: las Brigadas Rojas desarticularían el Estado, había que estar preparados para los levantamientos que seguirían. Estos cálculos estaban equivocados y el precio de estos errores ha sido muy alto. Pero esta es una sabiduría retrospectiva.

Yo era trotskista, es decir, formaba parte de un movimiento que criticaba la lucha armada. La practicaba en otras partes, como por ejemplo en América Latina, con resultados a menudo desastrosos, pero este es otro debate. El trotskismo era muy minoritario en Italia, donde fue intelectualmente insignificante en comparación con la creatividad teórica del obrerismo y políticamente marginal con respecto a los movimientos que experimentaban prácticas novedosas, como Lotta Continua. El trotskismo, sin embargo, tenía una conciencia histórica más profunda, que te ponía en guardia frente a determinados riesgos, como una especie de vacuna. Pero constatar esto no supone reivindicar méritos.

En aquellos años, la adhesión a un grupo político, sobre todo entre la gente muy joven, no solo era el resultado de una opción ideológica, sino que dependía de mil circunstancias, a menudo disparatadas (las emociones y las formas de socialización desempeñan un papel muy importante en política) y a veces puramente accidentales. No tengo ningún reparo en admitir que en circunstancias diferentes, pero perfectamente posibles, yo me habría visto no solo con un casco en una manifestación, sino también con un arma en la mochila. Así que no puedo sentirme ajeno a esta historia y pienso que, con un mínimo de honestidad intelectual, decenas de miles de personas de mi generación deberían hacer lo mismo.

Has vivido en Francia durante muchos años antes de volver a emigrar, esta vez a Estados Unidos. La redada del 28 de abril, ¿tiene que ver más con las próximas elecciones presidenciales francesas o forma parte de la lógica interna de la política italiana?

Creo que las personas italianas refugiadas en Francia son objeto de un mercadeo político harto mezquino. Mario Draghi quiere legitimarse como hombre de Estado y demostrar que en pocas semanas ha logrado lo que los gobiernos italianos llevaban reclamando desde hace años. En la perspectiva de su futura elección a la presidencia de la República, la maniobra es astuta. Emmanuel Macron desea confirmar de nuevo el giro autoritario que le lleva ahora, con vistas a una eventual reelección, a mostrarse más represivo que la derecha e incluso la extrema derecha.

Cero indulgencia con las y los terroristas, ni siquiera quienes han dejado de serlo desde hace más de 40 años, que nunca se han escondido, que respetan las leyes del país en que viven legalmente desde hace décadas, donde han echado raíces y donde han gozado de hospitalidad. Nadie, ni siquiera Marine Le Pen, le ha pedido que extradite a las personas refugiadas italianas. Probablemente ha pensado que con esta medida añade credibilidad a su combate contra el islamoizquierdismo. Al igual que la gran mayoría de políticos que nos gobiernan, a Macron le preocupan los sondeos de opinión, y para nada el deseo de afrontar el pasado. Para ganar elecciones, estaría dispuesto a todas las políticas de la memoria.

22/05/2021

https://www.contretemps.eu/italie-histoire-memoire-politique-justice/

Traducción: viento sur

Bibliografía

Davis, Mike (2007), Les héros de l’enfer (con prefacio de Daniel Bensaïd), Textuel, París

Fisher, Mark (2017), Realismo capitalista. ¿No hay alternativa?, Caja Negra, Buenos Aires

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Las sentencias destapan que Tubacex infló las pérdidas para llevar a cabo los despidos

La pericial de ELA, la única propuesta por los sindicatos, ha sido determinante en el resultado de las sentencias que declaran nulos los despidos presentados por la dirección. La empresa ahora dispone de cinco días para reincorporar a los 129 trabajadores y trabajadoras. En caso de que la empresa no adopte dichas medidas, ELA estudiará continuar con la huelga.

Las sentencias de TTI y Acería Alava del TSJPV que declaran nulos los despidos de 129 trabajadores y trabajadoras de Tubacex demuestran que la empresa actuó fraudulentamente; tal como se recoge en el cuerpo de las dos sentencias:

“los datos contables que aporta la empresa no reflejan con veracidad el estado económico de la mercantil (…) lo cierto es que se produce un aumento ficticio de la situación negativa, que no puede tomarse en cuenta para ponderar adecuadamente la situación económica de la empresa en el ejercicio 2020”.

“Las referencias a posibles pérdidas futuras, a medio o largo plazo, tampoco permiten calificar el despido de justificado. En esta materia nos movemos ante meras hipótesis, que no se han planteado, ni mucho menos, con la debida robustez argumentaria y probatoria”

Lo que vienen a decir las sentencias es que Tubacex ha inflado las pérdidas para llevar a cabo los despidos, cuestión de extrema gravedad que vamos a analizar al detalle por si la empresa incurre en algún otro tipo de responsabilidad.

En definitiva, la pericial practicada desmonta todos los argumentos de la empresa, y demuestra que no existen ni causas económicas, ni productivas, ni organizativas, tal como recogen expresamente las sentencias.

El objetivo de Tubacex ha sido claramente aprovecharse de la situación creada por la crisis sanitaria para precarizar las condiciones de trabajo de las plantillas. Cuestión que, desgraciadamente, no es aislada, siendo práctica habitual sobre todo entre las grandes empresas que se ha llenado los bolsillos antes del Covid.

Queremos felicitar a la plantilla de Tubacex, que lleva en huelga desde el 11 de febrero, ya que sin duda ha sido el elemento revulsivo para que hoy tengamos estas sentencias encima de la mesa. La empresa ahora dispone de cinco días para reincorporar a los 129 trabajadores y trabajadoras. Exigimos el cumplimiento inmediato del fallo de las sentencias, que dicen:

“Condena a la empresa demandada a reponer a los trabajadores/as afectados en el trabajo efectivo en su empresa, en las mismas condiciones en que venían desempeñando sus servicios antes del despido colectivo”. En caso de que la empresa no adopte dichas medidas, ELA estudiará continuar con la huelga.

Hoy es más necesaria que nunca la derogación íntegra de las reformas laborales que dan carta blanca a las empresas y facilitan los despidos. Emplazamos a los partidos políticos que se han pronunciado en contra de las reformas laborales a pasar de las palabras a los hechos.

Por ELA Sindikatua

El Superior de Justicia anula los despidos de Tubacex

Las salas que han juzgado los despidos de las plantas alavesas de Tubacex declaran en dos sentencias la nulidad de los 128 despidos

(Lucas Irigoyen) – -Tomado de CronicaVasca

Tubacex anuncia una situación insostenible que repercutirá en el empleo / EP
Tubacex anuncia una situación insostenible que repercutirá en el empleo / EP

Tras 146 días de huelga y después de que el 22 de junio el Superior de Justicia del País Vasco dejara vistos para sentencia los 128 despidos de Tubacex en sus plantas de Llodio Amurrio, las dos salas del Tribunal que han analizado el ERE han señalado en dos sentencias que los despidos son nulos. El TSJPV enjuició por separado el ERE que afectó a 26 trabajadores en la firma Aceralava, y el ERE de 102 despidos de TTI. El primer pleito se ha analizado en la sala del magistrado Juan Carlos Iturri, mientras que la vista de TTI se ha desarrollado en sala de presidenta de lo Social, Garbiñe Biurrun. Ambos, han aplicado el criterio de nulidad para los despidos en tiempos de covid al considerar que, como defendían los sindicatos, la crisis era coyuntural y no estructural. 

La decisión supone un serio revés para la empresa que se vería obligada a readmitir a los trabajadores y pagarles las cantidades que les correspondieran desde el despido. Tubacex podría presentar recurso contra las sentencias y acudir al Tribunal Supremo, pero eso no impediría la ejecución de la determinación dada a conocer esta mañana.

Criterio alterno del Tribunal

La sentencia ahonda el doble criterio que viene aplicando el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco a la hora de analizar los juicios en tiempos de Covid. Así, a finales de abril el mismo Tribunal avaló la legalidad del proceso de despido colectivo de Aernnova, pero una semana después rechazó el ERE de PCB, filial de ITP Aero. Lo cierto es que los dos jueces que han presidido las vistas sobre Tubacex ya tienen precedentes de sentencias en las que han dado la razón a los trabajadores, tumbando los ERE por considerar que no tiene cabida los despidos en tiempos de Covid. Biurrun, presidenta de la Sala de lo Social, fue la ponente de la primera interpretación sobre los despidos ligados a la crisis por la pandemia. En concreto, declaró nulo el despido de un trabajador de una pyme del sector aeronáutico por considerar que los problemas de la empresa estaban ligados a la coyuntura del Covid. El juez Juan Carlos Iturri, por su parte, fue el que declaró nulo el ERE de PCB, filial del  grupo ITP Aero, aferrándose también a que los problemas de la empresa eran coyunturales, derivados de los efectos de la pandemia en el mercado de los aviones y no una crisis estructural. En ambos casos, además, el despido se declaró nulo, no improcedente, lo que supone la obligación de la empresa a readmitir a los trabajadores.

Los representantes de los trabajadores, que recurrieron ambos procesos de despido colectivo defienden que  en el caso de Tubacex la crisis  es “coyuntural y temporal”, derivada de la pandemia de Covid-19 y que por lo tanto, deben tomarse medidas coyunturales y no despidos. Y recuerdan que en 2018 se firmó un convenio en el que se apostaba por la subida de salarios, sin hablar de situación de crisis.

La dirección ha argumentado que los problemas en la empresa se venían gestando desde hace años y la pandemia no hizo más que empeorarla. La paralización de los mercados generó pérdidas a la compañía dirigida por Jesús Esmorís de más de 25 millones de euros, que llevó a la empresa a plantear los despidos que han afectado a 600 personas en todo el grupo, el 20% de su plantilla repartida en sus plantas de Álava, Estados Unidos, Noruega, Canadá, India, Tailandia, Austria, Italia, Dubai, Arabia Saudí, y Singapur. Estos despidos sólo han tenido contestación en las plantas vascas. De hecho, ELA, que preside el comité, está dirigiendo este largo conflicto como una bandera sindical contra los despidos en tiempos de pandemia.

La empresa ofreció a los trabajadores el mantenimiento del empleo actual durante tres años a condición de que se desconvocara la huelga, pero los trabajadores han puesto siempre sobre la mesa la necesidad de dar marcha atrás en los despidos algo a lo que la dirección se  ha negado siempre con rotundidad. Ayer rechazó de nuevo dar marcha atrás en el ERE, antes de arrancar el juicio, al declinar el ofrecimiento de conciliación por parte de la jueza, para sustituir el ERE por un ERTE con el compromiso de no realizar despidos en dos años. A partir de ahora toda la decisión queda en manos de los tribunales.

Riesgo para la continuidad de las plantas

Tras el rechazo de los sindicatos a desconvocar la huelga, que arrancó el 15 de febrero, la dirección advirtió con claridad de que los paros han provocado ya una “pérdida importante de clientes” y costes y penalizaciones “irreparables” que, “sumado a la débil situación del mercado amenaza seriamente la continuidad de las plantas” alavesas. En este sentido señaló que hay encargos perdidos que serán de difícil recuperación y que en esta situación de paros se hace complicado afrontar la recepción de nuevos encargos ya que teniendo en cuenta que no pueden garantizar los plazos de entrega.

En estas circunstancias la situación de las plantas vascas están en un riesgo claro, teniendo en cuenta que Tubacex tiene otras plantas en el grupo que pueden hacerse cargo de los pedidos que hasta ahora se hacían en Álava. En este sentido, reconocieron durante la vista que hay pedidos que se están trasladando a otras plantas porque así se lo están demandado los clientes. Algo que pone a las plantas vascas en grave riesgo de quedarse sin carga de trabajo.

Lo cierto es que la empresa, que ahora está en una situación límite, sí reconoció en un escrito ante la CNMV que espera una clara recuperación de los pedidos en un futuro de la mano del  sector del petróleo y el gas.