El levantamiento popular está derrumbando el régimen neoliberal y militarista de Duque

May 18, 2021 | INTERNAZIONALISMOA, PRINCIPAL (izquierda)

(Movimiento Ecosocialista de Colombia)

«El neoliberalismo no muere sin matar, pero cuanto más mata más muere. Lo que está pasando en Colombia no es un problema colombiano, es un problema nuestr,o de las y los demócratas del mundo.»       Boaventura Dos Santos.                              

El 28 de Abril de 2021 marcó una nueva etapa en la historia de la movilización y el ejercicio de la protesta social en Colombia. El paro nacional convocado por las centrales obreras terminó convirtiéndose en un gran levantamiento popular. Ese mismo día las ciudades capitales presenciaron movilizaciones de trabajadores, de informales, estudiantes, organizaciones barriales, de mujeres, comunidades indígenas y afros; una expresión social diversa y plural de un pueblo desesperado y acorralado por la implementación durante décadas de las políticas neoliberales y que durante la pandemia fue abandonado a su propia suerte. Este levantamiento popular tiene una línea de continuidad con las movilizaciones urbanas del 21 de noviembre del 2019, pero, en esta ocasión, se sumaron las ciudades intermedias y las zonas rurales. Hubo protestas callejeras en 600 municipios y el número de manifestantes alcanzó aproximadamente los cinco millones de personas.

Esta protesta masiva ya ha logrado resultados. La caída de la reforma tributaria, la salida del Ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla y de su equipo económico, el abandono del cargo de la Canciller Claudia Blum, el empantanamiento de las reformas de la salud, pensiones y laboral en el Congreso que hacen parte del «Paquetazo» del gobierno de Duque exigido por las calificadoras de riesgo y el FMI.

Estos resultados han sido obtenidos a pesar del despliegue policial y militar sin precedentes en el país autorizado por el gobierno en contra de la movilización social. Los 50 asesinatos, 400 desaparecidos, los centenares de heridos y decenas de mujeres abusadas sexualmente que en el caso de Alisson Meléndez de 17 años de edad, violentada en una Unidad de Respuesta lnmediata-URI- en Popayán, que la llevó a la decisión trágica de suicidarse, han sido la consecuencia de un tratamiento de guerra civil que el ESMAD, la policía, el ejército y civiles armados le han dado a la protesta ciudadana. En el caso de Cali la represión incluyó la utilización de armas largas, granadas y gases sobre los cuerpos de los manifestantes y los barrios o unidades residenciales circunvecinas e incluso ametrallamiento desde helicópteros militares como ocurrió en Siloé. En las afueras de Buga, en la carretera Panamericana, también fueron utilizadas unidades militares aéreo transportadas y los barrios cercanos aún se encuentran rodeados por el ESMAD y atacados con gases y armas explosivas. En Popayán la respuesta militarista al levantamiento de indignación popular causado por los abusos de la policía ya ha costado un estudiante muerto, desaparecidos y heridos. En Yumbo ha ocurrido algo similar. Estos «teatros de operaciones» militares fueron autorizados de manera personal y directa por el presidente lván Duque, el comandante general de las Fuerzas armadas Eduardo Zapateiro, el director general de la policía Jorge Luis Vargas a lo que debe sumarse la responsabilidad por omisión de los alcaldes locales quienes entregaron el control del «orden público» de las ciudades sin siquiera discutirlo. Todos ellos son responsables de genocidio, de terrorismo en contra de los pueblos y deben ser juzgados como tales ante la Corte Penal Internacional y los organismos internacionales creados para el efecto.

Esta barbarie militarista confirma que estamos asistiendo al colapso del llamado «Estado de Derecho» y confirma que existe una separación abismal entre las instituciones de una democracia representativa precaria y las exigencias sociales de la mayoría de los colombianos.

La aplicación sistemática y programada del terrorismo de Estado evidencia igualmente la crisis del capitalismo periférico en el país asociada con la peor crisis económica en la historia del capitalismo, agravada por  la  pandemia  del  Covid-19. Hemos llegado al punto del callejón sin salida de un Estado y unas elites incapaces de resolver las necesidades más elementales de la población, ahora, en el mediano y en el largo plazo.

El estallido social desbordó las formas clásicas de la movilización popular, posibilitó expresiones de solidaridad como en el caso de la presencia de la «Minga» indígena en Cali y puso al bloqueo en las ciudades y su defensa (las barricadas) como puntos claves de un verdadero paro nacional.

Quienes han liderado los bloqueos, la llamada «primera línea» está constituida por jóvenes marginados por el neoliberalismo, carentes de salud, educación y trabajo que llegan a la protesta por indignación, unidos por la desesperanza. No creen en las instituciones convencionales, tampoco en los partidos políticos, bien sean de izquierda o de derecha. Se organizan «desde abajo» en procesos lentos de coordinación dadas las exigencias de la resistencia callejera auto convocándose; rechazan los liderazgos personales, proclaman la «horizontalidad» en la toma de decisiones y han ganado una gran legitimidad social en los barrios en dónde operan y facilitan la realización de asambleas populares. Estos bloqueos urbanos tal y como lo afirmó en declaraciones públicas el arzobispo de Cali Darío Monsalve » constituyen casi la única manera que tienen los act ivistas del paro de hacerse oír …» y surgieron adicionalmente como respuesta al asedio de las Fuerzas Armadas sobre las ciudades.

El hecho de que desde el inicio de las jornadas de protesta ya contabilizamos más de dos semanas y que los bloqueos vienen siendo utilizados por el gobierno, los empresarios y comerciantes locales para presentarlos ante la población como los, responsables de la carestía de artículos de primera necesidad y de combustibles, a pesar de que han sido habilitados «corredores humanitarios» por parte de los manifestantes, ha abierto, la discusión sobre la oportunidad de mantenerlos.  Al respecto, consideramos que cualquier decisión sobre este asunto debe estar precedida de garantías de no judicialización, ni de criminalización para la totalidad de quienes lideran los bloqueos, supervisadas por organismos de derechos humanos y en lo posible con veeduría internacional y con compromisos explícitos del gobierno nacional y los mandatarios locales sobre sus demandas. Lo que ha venido ocurriendo en Cali después del fracaso de la mesa negociadora que se intentó con la alcaldía es contrario a lo que requerimos para encontrar salidas a la actual situación. Los líderes barriales que asistieron a la convocatoria fueron detectados y actualmente son detenidos por la policía en sus casas para judicializarlos.

En lo que se refiere a la decisión política de terminar con los bloqueos consideramos que ésta debe corresponder a quienes han venido organizándolos como forma de resistencia legítima, es decir, a los miembros de las primeras líneas y de apoyo logístico cercano. Quienes han liderado los enfrentamientos callejeros, y han colocado los muertos, los heridos y los desaparecidos son los que tienen la autoridad moral para tomar esta decisión. Lo mismo debe decirse sobre los bloqueos a carreteras impulsados por transportadores y campesinos.

Las gigantescas marchas que hemos presenciado en lbagué, Neiva y Bogotá en los últimos días y las organizaciones sociales que se han sumado como los transportadores en todo el país y los campesinos cocaleros en suroccidente confirman que este levantamiento popular se encuentra en ascenso, razón por la cual consideramos que el factor decisivo es la apertura de alternativas políticas «desde abajo» a la crisis del capitalismo periférico en el país. Está mostrando que la auto organización y la democracia directa que se expresa en múltiples formas de resistencia caminan hacia la consolidación de una «institucionalidad paralela» que desborda los estrechos límites de la democracia representativa. Este levantamiento desbordó la representatividad tradicional de las organizaciones sindicales y el Comando Nacional de Paro, confirmando que su estrecho accionar reivindicativo las deja por fuera de las exigencias del amplio espectro popular. El 1 de mayo lo evidenció de manera dramática. Mientras en las refriegas callejeras la brutalidad policial ya contabilizaba muertos y desaparecidos las centrales sindicales convocaron a una celebración del día de los trabajadores con «desfile virtual». La desconfianza de los líderes barriales y populares con las negociaciones que intenta desarrollar el comité de paro parten de esta realidad.

El levantamiento popular demuestra igualmente la incapacidad de un congreso y unos partidos políticos atrapados por la corrupción y los compromisos con los negocios de los grandes capitalistas, al igual que unos organismos de control y unas altas cortes que han jugado el papel de cómplices ante la barbarie militarista que actualmente presenciamos. Por ello, ha abierto una crisis institucional que puede terminar en la renuncia del Presidente Duque. El desarrollo de los acontecimientos y las correlaciones de fuerza que se establezcan en el futuro inmediato determinarán si es posible concretar esa posibilidad que implica un golpe certero al Régimen Político neoliberal y militarista. Estamos de acuerdo en que es necesario plantearla desde ya tal y como lo vienen proponiendo, cada vez con más fuerza, organizaciones políticas y sociales. Desconocer esa posibilidad argumentando que  produciría  un  «vacío institucional», que en secuencia estaríamos ante el arribo al Palacio de Nariñ o de la vicepresidenta o del Presidente del Congreso que supuestamente son peores que Duque, o que una vez producida la  renuncia  se  abriría  el  camino  del  golpe  militar, razones  por las  cuales es necesario «defender a Duque del uribismo» que lo colocó en  el  poder  no  sólo lo exime de responsabilidades políticas, frente al asesinato colectivo contra  el pueblo inerme, como jefe  de las  fuerzas  armadas,  sino  que,   parte   del criterio  equivocado  de que la profundización de la crisis institucional  que abriría  el  derrocamiento popular  de un gobierno reaccionario como  el de  Duque, algo  inédito  en la  historia  del país,  sólo podría resolverse en el marco de la misma institucionalidad que se desploma.

Por el contrario, consideramos que un triunfo popular de esas características abriría grandes posibilidades al accionar político autónomo de la población y el camino a la convocatoria de una Asamblea Constituyente y Popular. Sería la mejor manera de aislar y derrotar a la reacción política y a los golpistas, en momentos en que se cuenta con una inmensa solidaridad popular a nivel internacional.

Los líderes sociales y populares también han enfatizado en las siguientes reivindicaciones económicas y sociales que acompañamos y que pueden conformar una plataforma mínima y de urgencia ante el empobrecimiento al que han sido sometidos millones de colombiano(a)s a causa de las políticas neoliberales que continúan imponiéndose por el Gobierno de Duque:

• Judicialización y sanción a los responsables de los asesinatos y las desapariciones ocurridas durante la militarización de la protesta Castigo a los responsables de violaciones sexuales a mujeres. Desmonte del ESMAD y transformación de la policía en un organismo de carácter civil dependiente del Ministerio de Gobierno. Detener el asesinato y las masacres de líderes sociales. Propiciar un acuerdo humanitario desde ya con todos los grupos armados en la perspectiva de encontrar una salida al conflicto que debe concluir en mesas de negociación diferenciadas conforme a las características de cada grupo.
• Renta Básica de Emergencia para informales y Para conseguir este objetivo es necesario suspender el pago de la deuda pública que en la actualidad representa el 63% del Producto Interno Bruto y realizar una reforma tributaria democrática y redistributiva que establezca un impuesto al patrimonio a los ricos y super ricos, no descontable del impuesto a la renta; impuesto a los dividendos empresariales y a las herencias, así como la eliminación de las exenciones tributarias a las grandes empresas y al sector financiero.
• Cumplimiento de los acuerdos de paz particularmente en lo referente a la sustitución voluntaria de cultivos y en la implementación de proyectos colectivos que mejoren el nivel de vida de las comunidades campesinas y étnicas, basados en la soberanía alimentaria.
• Programa  de generación   de empleo para jóvenes, ampliación  de la cobertura  y financiación de la matrícula a los estudiantes de las universidades públicas.

¡Fuera el gobierno genocida de lván Duque!

 Por una salida alternativa a la actual crisis … Asamblea Constituyente y Popular

En Sheikh Jarrah, una nueva generación palestina se niega a renunciar a sus derechos»

May 10, 2021 | INTERNAZIONALISMOA, PRINCIPAL (izquierda)

¿Será Biden otro Roosevelt?

May 6, 2021 | INTERNAZIONALISMOA, PRINCIPAL (izquierda)

Boris Johnson y la orbanización de Gran Bretaña. 

May 5, 2021 | INTERNAZIONALISMOA, PRINCIPAL (izquierda)

(Joseph Healy)

En enero de 2020, Viktor Orban, primer ministro y hombre fuerte de Hungría, calificó a Boris Johnson como «uno de los políticos más valientes de Europa». Felicitó al Partido Conservador por ganar las elecciones generales el mes anterior a pesar de que «todo el mundo» está en contra de Johnson.

Un elogio tan exagerado de un líder profundamente autoritario y antidemocrático es inusual, pero no era la primera vez que los caminos de Johnson y Orban se cruzaban. Ambos salieron del entorno de Steve Bannon y ambos estaban comprometidos con el populismo, el fin de la Unión Europea y el derrocamiento de la democracia liberal. Bannon, el gurú ideológico anterior de Trump y director de campaña en las elecciones estadounidenses de 2016, había tenido durante mucho tiempo el objetivo de cultivar un grupo de populistas europeos que promovieran sus ideas de extrema derecha en todo el continente y el Brexit era uno de sus proyectos favoritos. En sus comentarios del año pasado, Orban también elogió el Brexit y lo señaló como: «Una oportunidad fantástica», y agregó: «Estoy seguro de que se está gestando una historia de éxito».

Los vínculos de Orban con el partido conservador (Tory) se remontan al referéndum del Brexit, en el que Johnson jugó un papel tan importante. Las y los eurodiputados conservadores habían sido criticados por quedarse casi solos entre los principales conservadores de Europa occidental y negarse a censurar a Hungría por violaciones del Estado de derecho. Orban había sido uno de los primeros invitados de Theresa May en Downing Street después de convertirse en Primera Ministra en 2016.

El régimen de Orban en Hungría ha sido un caso de manual de desmantelamiento de la democracia manteniendo una fachada pseudodemocrática. Se ha posicionado como el defensor de una Europa de “valores cristianos” opuesta al liberalismo, los derechos humanos, las minorías y la Unión Europea. Esta es la guerra cultural en general y está sacada directamente de las ideas de Steve Bannon. Para que Fidesz (el partido de Orban) ganara terreno, Orban tuvo que apelar a las imágenes populistas de la historia húngara, la principal de las cuales es el odio y el miedo a los turcos y al Islam, que gobernaron Hungría durante siglos en tiempos del Imperio Otomano. En 2015, cuando las y los refugiados de Siria subían por los Balcanes a través de Grecia, Hungría selló sus fronteras y erigió vallas de alambre de púas, emitiendo una declaración de que no aceptaría personas refugiadas y que cualquiera que se encontrara en Hungría sería detenido. Muchos refugiados se encontraron durmiendo en la estación principal de trenes de Budapest o cerca de ella de camino a Alemania o Austria. Un reportero de la BBC preguntó a un camarero de un restaurante cercano por qué Hungría no estaba dispuesta a aceptar ninguno y su respuesta fue que Hungría era “el escudo cristiano de Europa igual que lo había sido durante siglos”. Orban logró explotar este rico campo de sentimiento islamófobo y prácticamente ningún refugiado se estableció en Hungría.

También ignoró las exhortaciones de la UE a aceptar algunas personas inmigrantes y su planteamiento fortaleció su posición de la pequeña y simpática Hungría burlándose de los grandes estados europeos y negándose a diluir su cultura de cualquier manera. Aquí hay paralelismos con el Brexit.

Otro rasgo tradicional de la cultura húngara ha sido el antisemitismo que fue utilizado en referencia a George Soros, el financiero judío, que también apoyó a la Universidad Europea en Budapest caracterizada como una fuerza maligna que estaba tratando de debilitar las raíces cristianas de Hungría e imponer el liberalismo y la presencia de gente refugiada en el país. Orban usó imágenes de Soros en sus carteles electorales que eran tan profundamente antisemitas que recordaban las caricaturas antijudías de la era nazi.

Paso a paso y frente a la oposición de la UE, Orban ha marginado a la prensa, al mundo académico y al poder judicial, aprobando el año pasado una ley que establece que cualquiera que publique información sobre la pandemia de Covid de manera extraoficial estaría sujeto a una pena de prisión. De hecho hay una censura total. Todavía hay algunos focos de resistencia ,como el recientemente elegido alcalde de Budapest de un partido de oposición. Pero de manera similar a los líderes populistas en otros lugares, no es en la capital donde obtiene su apoyo, sino en las pequeñas ciudades y el campo. Poco a poco, los derechos de las personas LGBTQ y de las mujeres se han eliminado en nombre de los «valores cristianos».

En 2018, como ministro de Relaciones Exteriores, Johnson causó indignación al felicitar abiertamente a Orban por su reelección como primer ministro. En su estrategia de desmantelar gradualmente la oposición política en el Reino Unido, Johnson ha visto Hungría como un modelo. Suspendiendo el parlamento, amordazando a los medios de comunicación, con la BBC ahora convertida en portavoz del gobierno, prohibiendo las manifestaciones y haciendo que sus ministros aparezcan con banderas siempre de fondo, Johnson sigue el mismo camino que Orban y una UE para garantizar los derechos después del Brexit, está dispuesto a utilizar el nacionalismo y los «valores británicos» como tapadera de la misma manera que Orban ha utilizado los valores cristianos en Hungría.

Hungría ahora está clasificada como una semidemocracia y es efectivamente un Estado de partido único. El objetivo de Johnson es hacer lo mismo en el Reino Unido y emular a su buen amigo de orillas del Danubio. Ya es tarde, pero no demasiado tarde para evitar que esto se convierta en realidad.

15/04/2021

* Joseph Healy es miembro de Anti*Capitalist Resistance y está en el comité nacional de  Another Europe is Possible.

https://www.anticapitalistresistance.org/post/boris-johnson-and-the-orbanisation-of-britain

Paro Nacional en Colombia!! 28 de Abril

Abr 28, 2021 | INTERNAZIONALISMOA, PRINCIPAL (izquierda)

¡Es necesario detener la masacre que el gobierno de Duque viene realizando en contra del pueblo colombiano!

Tras los espectaculares levantamientos de Ecuador y Chile en 2019, estamos asistiendo a una enorme rebelión del pueblo colombiano, que, tras la victoria parcial del domingo pasado —con la retirada por el gobierno de su proyecto de contrarreforma fiscal—, sigue luchando por revertir el plan de ajuste del gobierno Duque y por acabar con la naturaleza represiva y corrupta del régimen.

Antecedentes

En medio de la crisis brutal de la pandemia, el gobierno de Iván Duque lanzó una Reforma Tributaria que, en su parte fundamental, tiene el objetivo de incrementar los impuestos a la población en beneficio de los más ricos. El gobierno aprovechó la coyuntura sanitaria para lanzar este proyecto de ley, a espaldas a los 500 muertos diarios y a los 70.000 muertos en total, a más del empobrecimiento enorme de los colombianos.

Desarrollo del movimiento

Frente a esta situación, las organizaciones sociales convocaron al Paro Nacional del 28 de abril para frenar esta reforma tributaria. Las movilizaciones masivas se desencadenaron en todo el país incluyendo a las ciudades intermedias, y que convocaron no solo a los trabajadores formales, sino a los informales, a jóvenes desempleados, a las mujeres, a los pobladores. Ante esto el gobierno respondió con el mismo recurso de siempre: la violencia salvaje contra el pueblo.

La amplitud y la fuerza de la movilización popular se debió a que, entre otros factores, la Reforma Tributaria no es una cosa aislada; es la culminación de la política neoliberal del actual y los anteriores gobiernos que finalmente choca con la resistencia del pueblo colombiano. Es una lucha legítima que se venía acumulando contra todos los abusos del poder y la postergación histórica de los derechos más elementales.

Ofensiva antisocial

Colombia lleva varias décadas con gobiernos cuya política económica se ha reducido en lo fundamental a una transferencia del dinero público a los grupos económicos que controlan la banca privada y las grandes empresas y a aceptar las inversiones de industrias extractivas que desplazan poblaciones, destruyen territorios, contaminan aguas y biodiversidad. Las consecuencias sociales de esta política han sido devastadoras: el desempleo se encuentra en niveles históricos y la amenaza de echar a la calle a un segmento importante de trabajadores públicos como parte del plan de ajuste es inminente. El endeudamiento de las familias como consecuencia de una especulación financiera con autorización gubernamental es evidente.  Y la lista podría seguir interminablemente.

 Incumplimiento de los acuerdos de paz

A ello debemos sumarle el asesinato cotidiano de líderes sociales, la matanza de poblaciones campesinas e indígenas —dispuestas a implementar un plan de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, conforme lo que se había acordado en los acuerdos de paz firmados en La Habana en el 2016— por parte de las mafias del narcotráfico. Crímenes que cuentan con la entera complicidad del ejército, que no hace nada por detenerlos, mientras el gobierno, por el contrario, ha decidido fumigar los territorios en los que habitan con glifosato.

Gestión catastrófica de la pandemia

El manejo de la pandemia no ha podido ser más desastroso.

• Apoyo incondicional a las grandes empresas farmacéuticas incluyendo las discusiones internacionales en la Organización Mundial de la Salud cuando se ha  planteado la eliminación transitoria de las patentes, incluyendo el pago en secreto del monto de las vacunas y el reconocer que en caso de enfermedades resultado de la vacunación los damnificados no pueden ejercer acciones jurídicas de reparación.
• Cumplimiento incondicional de las condiciones de pago de la deuda pública al FMI y a las calificadoras de riesgo hasta el punto de abrir la posibilidad del canje de deuda por naturaleza.
• Falta de recursos públicos para resolver la situación de los millones de colombianos que han sido arrastrados al desempleo y aquellos que viven en la informalidad, lo que los obliga a salir a la calle en medio de la pandemia y con un sistema de salud privatizado que los abandona a su propia suerte —solo se han vacunado 4 millones de personas en una población de 46 millones de habitantes—.
• El aumento de la pobreza es alarmante. Las propias estadísticas oficiales reconocen que ésta ya llega al 60% de la población, lo que tiene consecuencias: del total de número de muertos a causa del Covid-19 en una cifra superior a las dos terceras partes pertenecen a las franjas pobres de la población.

Una gran victoria, pero la lucha continua

Tras cuatro días de enormes protestas y más de treinta muertes y 100 desaparecidos a manos de las fuerzas  militares, el domingo 2 de mayo el movimiento popular logró un triunfo muy importante cuando el presidente del gobierno, el derechista Duque, se vio obligado a comparecer ante la televisión y anunciar la retirada de su proyecto de reforma tributaria regresiva con el fin de detener las movilizaciones.

La ofensiva capitalista no se detiene, pero la resistencia popular tampoco

El pueblo colombiano ha resistido y sigue haciéndolo alentado por esta gran victoria. Lo que se plantea ahora es frenar el “paquetazo” de Duque, que además de la tributaria incluye una reforma aún más privatizadora a la salud, una reforma laboral y otra de las pensiones… Todo ello para recortar aún más los derechos de los trabajadores, lo que ha sido exigido por el capital financiero transnacional a través del FMI y las calificadoras de riesgo. Por ello, estas justas reivindicaciones deben asociarse a la consigna de la suspensión inmediata del pago de la deuda pública como medida inaplazable para encontrar recursos presupuestarios que resuelvan la tragedia humanitaria que vive el país.

La resistencia está tomando la forma de asambleas territoriales, lo cual  es una oportunidad magnífica para ampliar la base social de las luchas, coordinarlas de mejor manera, democratizarlas y, especialmente, elaborar una plataforma amplia, un gran pliego nacional que recoja las principales reivindicaciones de todos los sectores sociales: las luchas de las mujeres contra el feminicidio desafortunadamente recurrente en el país, el cumplimiento de los acuerdos de paz comenzando por la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, las reivindicaciones por el derecho a la tierra y al trabajo digno, la defensa de la naturaleza desde e una perspectiva ecosocialista.

Detener la masacre de las fuerzas represivas, acabar con la militarización de la sociedad

En lo inmediato la acción urgente y solidaria pasa por detener la masacre que la policía nacional y su cuerpo elite, el Escuadrón Antidisturbios –ESMAD—, vienen ejercitando en contra de una población inerme por orden directa del comando general de las Fuerzas Armadas y el Presidente  Duque. Están llegando a los sitios de concentración disparando sobre los cuerpos de los manifestantes y los barrios cercanos con armas largas, granadas y gases, violando los propios convenios del Derecho Internacional Humanitario. Igualmente, retienen población mayoritariamente joven en vehículos oficiales o sin distintivos oficiales que luego desaparecen. El pasado de 3 de mayo durante la noche, en barrios de Cali —la ciudad en la que se han presentado mayores protestas—, tras sitiar la ciudad, incluso llegaron a ametrallar y lanzar bombas incendiarias desde los helicópteros oficiales contra las residencias.

El coste humano de la violencia armada

Este tratamiento de guerra a la protesta legítima es injustificable. El coste humano que está soportando el pueblo colombiano por ejercerla es enorme. Las cifras de muertos, desaparecidos, heridos y judicializados aumentan diariamente. Esta violación sistemática de los derechos humanos ha sido reconocida por la oficina delegada de Naciones Unidas en Colombia, por Michelle Bachelet a nombre de la OEA y por Human Rights Watch, entre otros. El momento exige y por ello la acompañamos, una salida humanitaria a esta militarización desenfrenada de la protesta social. Por ello, acompañamos la propuesta de una Misión Internacional de Observación de urgencia que ya ha sido planteada por sectores democráticos y progresistas en el país. Al mismo tiempo, acompañaremos la exigencia de condena internacional del gobierno de Duque por su carácter genocida y represor.

Es de sobras conocida, además, la simbiosis del gobierno reaccionario de Colombia con los EEUU, que ha facilitado desde hace años la instalación de bases militares norteamericanas en el país. Desde allí se planifican operaciones militares en otros países, como en el sur de Chile contra las legítimas exigencias el pueblo mapuche y fundamentalmente en la frontera con Venezuela desde donde se están implementando ataques armados a dicho país que faciliten una invasión militar. Duque rechaza cualquier iniciativa de paz en la región y está subordinado a los dictados del amo del norte.

Ante los acontecimientos en curso, la Cuarta Internacional llama a los movimientos sociales y a las organizaciones revolucionarias, progresistas y democráticas a organizar la solidaridad y a pronunciarse con carácter de urgencia por una salida humanitaria que detenga la masacre que el gobierno de Duque viene realizando contra el pueblo colombiano.

Por el reparto de la riqueza y del trabajo,

Por la transición ecosocialista,

Por una democracia anticapitalista,

¡Abajo el gobierno criminal y genocida de Duque!