La cárcel de Guantánamo sigue abierta 20 años después  

<<Roberto Montoya *>>

Público, 12-1-2022
https://blogs.publico.es/

«Defenderemos los derechos de aquellos que llevamos ante la Justicia. Y cerraremos el centro de detención de la Bahía de Guantánamo (…) Estados Unidos no torturará. Protegeremos los derechos de aquellos a quienes debemos rendir cuentas». Palabra de Joe Biden.

«La ley sigue prohibiendo el uso de fondos para transferir a los detenidos de la Bahía de Guantánamo a la custodia o el control efectivo de ciertos países extranjeros (…) y también prohíbe el uso de fondos para transferir a los detenidos de la Bahía de Guantánamo a los Estados Unidos». Palabra de Joe Biden.

Entre las declaraciones del primer párrafo y las del segundo pasaron casi 13 años. Las primeras las pronunció Biden cuando era vicepresidente de Barack Obama al comienzo de su primer mandato, durante la 45ª Conferencia de Seguridad de Múnich de 2009 ante gobernantes y representantes de 70 países.

Las otras declaraciones son también de Joe Biden, pero del Biden presidente, y las pronunció el pasado 27 de diciembre.

Biden pareciera seguir hasta ahora paso a paso el camino transitado por Obama.

Obama aseguró durante la campaña electoral de 2008 que el cierre de Guantánamo sería una de sus primeras medidas al llegar al poder. Lo repitió poco después de haber asumido la presidencia -el 20 de enero de 2009- pero no lo hizo y en 2015, en el penúltimo año de su segundo mandato, llegó su arrepentimiento por no haber cerrado ese campo de concentración del siglo XXI ni bien llegar a la Casa Blanca: «No lo hice porque en ese momento teníamos un acuerdo bipartidista de que debía cerrarse. Pensé que teníamos consenso y que lo haríamos sosegadamente. Sin embargo, la política se volvió dura y la gente comenzó a asustarse por la retórica sobre Guantánamo. Lo más factible fue dejarlo abierto».

Aún así, consciente de que la historia recordaría su incumplimiento, en febrero de 2016 volvió a repetir que aún pretendía cerrar Guantánamo: «No quiero trasladar el problema al siguiente presidente, sea quien sea. Si no resolvemos esto ahora, ¿cuándo? ¿Vamos a prolongar esto otros 15, 20, 30 años?»

El 19 de enero de 2017, solo un día antes de abandonar la Casa Blanca, el presidente saliente envió una carta al Congreso criticando que se siguiera bloqueando el cierre de Guantánamo, y apeló, como ya lo había hecho muchas veces antes, a ser pragmáticos, a pensar en términos económicos: «Los costos de mantenerlo abierto superan con creces las complicaciones que implica cerrarlo».

El costo de mantener abierta la prisión se convirtió durante todos estos años en un elemento vital en el debate sobre el futuro de la misma, asignándosele más importancia incluso que a la flagrante violación de los derechos humanos que supone.

La cárcel más cara del mundo

Guantánamo es sin duda la cárcel más cara del mundo. Con el número de prisioneros que tiene actualmente, 39, custodiados por 1.800 soldados, cada prisionero cuesta 13 millones de dólares al Pentágono, teniendo en cuenta el sueldo de los militares y del personal civil, la infraestructura existente, cuarteles, centro médico, cine, comedores e instalaciones de ocio para la tropa, actuaciones en vivo de grupos de country y rock llevados desde EEUU.

Obama, al igual que ahora Biden, cargaron toda la responsabilidad en el Partido Republicano.

Pero, ¿fue realmente el buenismo lo que lo impidió el cierre, la supuesta ingenuidad de los gobiernos de Obama y Biden (2009-2016), su intento de lograr un acuerdo de Estado con los republicanos para cerrar Guantánamo, en vez de utilizar la vía de una Orden Ejecutiva?

El tiempo para hacerlo fue en sus dos primeros años de mandato, antes de las elecciones legislativas de noviembre de 2010, ya que en esos comicios, como se preveía, los republicanos triunfaron, recuperaron electores, pasaron a controlar la Cámara de Representantes e hicieron un gran avance también en el Senado. De esta forma Obama se encontró cada vez con más obstáculos para sacar adelante sus promesas electorales.

Y es un escenario que también puede volverse a repetir ahora, en las elecciones legislativas de medio mandato de Biden de noviembre próximo, si el presidente sigue perdiendo puntos los próximos meses.

Gobernadores demócratas en contra del traslado de presos a EEUU

La versión que tanto Obama en su momento como Biden ahora han dado para justificar que la prisión de Guantánamo no se haya podido cerrar es cierta solo en parte. El Gobierno Obama-Biden en 2009 no sólo se encontró con el rechazo del Partido Republicano, sino también se tuvo que enfrentar a la negativa de varios de sus propios gobernadores demócratas.

Varios de ellos se negaron a que se trasladara a prisioneros de Guantánamo a cárceles de máxima seguridad en sus respectivos territorios, alegando problemas de seguridad.

Sostuvieron que eso convertiría a sus Estados en blanco de ataques terroristas, utilizando así el mismo argumento en definitiva que el esgrimido por los gobernadores y congresistas republicanos.

La resistencia interna del sector más conservador del Partido Demócrata se sumó al rechazo del Partido Republicano. Se repitió de esta forma el mismo rechazo interno que Obama tuvo a su plan para que se formara una comisión de investigación parlamentaria para delimitar responsabilidades políticas y penales por los crímenes cometidos por la Administración Bush bajo su Guerra contra el Terror.

El hecho de que varios congresistas y senadores demócratas e incluso miembros del Gobierno sumaran su rechazo al del Partido Republicano impidió que se pudiera investigar y penalizar el vasto plan de la Administración Bush para blindar legalmente la tortura sistemática a los prisioneros, los secuestros de la CIA, sus cárceles secretas, los asesinatos, los tantísimos daños colaterales sufridos por la población civil en Afganistán, Irak o Pakistán.

Sin duda Barack Obama no es culpable de haber recibido como herencia de George W.Bush una penosa situación económica y una prisión de ultramar con 242 prisioneros en situación de total irregularidad legal, pero, o por falta de firmeza y decisión o por no poner a prueba a su propio partido, no usó las herramientas que tenía a su alcance para acabar con esa situación.

Obama no dio un fuerte golpe en la mesa como muchos creían que haría dadas las ambiciosas promesas sociales y en materia de derechos humanos que hizo durante su campaña electoral.

Con su actitud colaboró en definitiva para tender un manto de impunidad sobre los crímenes cometidos durante los ocho años de Bush en la Casa Blanca, prolongando aún más el creciente nivel de decadencia moral de Estados Unidos.

Sólo 8 de los 779 prisioneros fueron condenados por los tribunales militares

Desde que el 11 de enero de 2002 llegó el primer grupo de prisioneros afganos a Guantánamo, hace ahora 20 años, pasaron por esa cárcel 779 hombres de 49 nacionalidades distintas, mayoritariamente afganos, saudíes, yemeníes y paquistaníes con edades comprendidas entre los 13 y los 89 años al momento de ser capturados.

Durante los gobiernos de Bush se transfirió a sus países de origen o a terceros países por falta de cargos en su contra a 537 de ellos, tras sufrir torturas físicas y psicológicas durante años y sin recibir posteriormente ni disculpas ni compensación económica alguna.

Por su parte, en los ocho años de la Administración Obama se liberaron o transfirieron a otros 199 prisioneros; Trump liberó solo a uno y Biden a uno también en el año que lleva en el poder. Quedan aún 39 prisioneros que llevan más de una década presos, a 28 de los cuales no se les ha acusado todavía de ningún delito concreto.

Durante estos 20 años al menos 9 presos se suicidaron en oscuras circunstancias, 3 de ellos aparecieron en junio de 2006 colgados en sus celdas con las manos atadas a la espalda.

Cientos de presos llevaron a cabo prolongadas huelgas de hambre en protesta por los maltratos sufridos y se les impuso por la fuerza sondas gastroesofágicas para alimentarlos y mantenerlos con vida.

En todos estos años los tribunales militares de Guantánamo sólo han condenado a 8 prisioneros; otros varios esperan desde hace mucho tiempo ser transferidos a distintos países y a otros se les considera peligrosos, pero al no haber pruebas contra ellos siguen en prisión por tiempo indefinido.

El 23 de junio de 2016, en los últimos meses de Obama en el poder, el entonces relator especial de las Naciones Unidas en materia de tortura, Juan Méndez, denunció en The New York Times que llevaba desde 2004 (bajo el Gobierno Bush) intentando conseguir que le autorizaran ver a los presos de Guantánamo, pero que no lo consiguió ni con el gobierno republicano ni con el demócrata.

Como hemos visto al inicio de este artículo, el pasado 27 de diciembre el presidente Biden criticaba al Congreso por no aprobar los fondos que requirió para poder transferir a parte de ellos a terceros países y al resto a cárceles de máxima seguridad en territorio continental estadounidense.

Pero desde sus propias filas le dicen que es cuestión de voluntad política hacerlo.

Donald Trump también se enfrentó en su momento con obstáculos en el Congreso para que le aprobaran los fondos federales necesarios para continuar la construcción del muro con México, pero sin embargo logró sortear el problema detrayendo dinero de otras partidas presupuestarias.

Los sectores más progresistas critican a Biden que a pesar de sus críticas al Congreso por no autorizarle esos fondos aprobó igualmente la Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA en sus siglas en inglés), el presupuesto de Defensa de 760.000 millones de dólares para el año 2022 (un 5% más que en 2021 a pesar de que se ha retirado las tropas de Afganistán). Aceptó de esta forma las cláusulas específicas que contiene esa ley impidiéndole destinar parte de esos fondos para trasladar prisioneros y cerrar Guantánamo.

Y si esa ley salió adelante con esas cláusulas, al igual que sucedió en 2009, cuatro meses después de llegar Obama al poder y que se repitió varias veces más en votaciones similares, es porque muchos congresistas y senadores demócratas también la votaron.

En aquellos primeros debates sobre el tema en 2009 Obama ya vio rechazado su pedido de que se destinaran 80 millones de dólares, de un presupuesto de 91.300 millones de dólares destinados a financiar las guerras de Irak y Afganistán y otros temas de seguridad, para poder cerrar la cárcel. En el Senado 90 votaron en contra y solo 6 demócratas a favor.

El Partido Demócrata tiene un crónico y serio problema interno.

Presionan a Biden para que cierre la prisión “de una vez por todas”

Casi 13 años después de aquella votación de 2009, cuando era vicepresidente, Biden está recibiendo ahora cada vez más presiones para no seguir los pasos de Obama sobre el tema.

En enero de 2021 ocho ex relatores de la ONU sobre Derechos Humanos reclamaron en un comunicado conjunto a Biden que cerrara de inmediato la cárcel: «Guantánamo es un lugar de arbitraridad y abusos, de torturas y malos tratos donde las leyes quedan suspendidas y la Justicia rechazada».

Veinticuatro senadores demócratas reclamaron al presidente el cierre de Guantánamo «de una vez por todas» y poco después, en mayo pasado, 78 personalidades políticas, académicas y 23 ex cancilleres de América Latina se sumaron al pedido. «El cierre enviaría un mensaje claro y significativo al mundo y a América Latina en particular, en cuyo territorio se sitúa esa prisión», dijeron en su carta.

En agosto pasado fueron 75 los congresistas demócratas que instaron a Biden a cerrar la prisión por «representar una traición fundamental a nuestros valores y a nuestro compromiso como país con el estado de derecho».

En un gesto inédito en noviembre pasado incluso siete oficiales estadounidenses integrantes de un tribunal militar en Guantánamo publicaron una carta denunciando las brutales torturas sufridas de manos de agentes de la CIA por uno de los detenidos capturados en Pakistán en 2003 que aún permanece en prisión, Majid Khan. Los altos cargos militares firmantes calificaron esos maltratos de «mancha en la fibra moral de Estados Unidos».

El testimonio de Khan ante el tribunal, de 39 páginas, ejemplifica con crudeza en primera persona por lo que han pasado cientos de prisioneros en esa prisión de las fuerzas armadas estadounidenses.

El avión que trasladó a los primeros prisioneros a Guantánamo partió de la base de Morón

La prisión de la base naval que EEUU mantiene ilegalmente en la Bahía de Guantánamo, en territorio cubano no solo revela la hipocresía moral de la democracia estadounidense, sino también de la Unión Europea y la OTAN.

El 11 de enero de 2002, solo cuatro meses después del inicio de la invasión de Afganistán y de la cruzada de Bush-Blair y Aznar, EEUU transportaba en avión de carga militar desde ese país asiático a Guantánamo, engrillados y encapuchados, al primer contingente de prisioneros capturados en su Guerra contra el Terror.

Ninguno de sus aliados europeos y de otros países objetó que EEUU decidiera unilateralmente trasladar a esos prisioneros a un territorio sin ley, en el que no se aplicaban ni las leyes federales estadounidenses ni se les reconocía como prisioneros de guerra tal como establecen las Convenciones de Ginebra y el Derecho Internacional Humanitario.

De hecho, ese primer contingente de 23 prisioneros que llegó a Guantánamo tras más de veinte horas de viaje y que el Pentágono mostró con orgullo con sus monos naranja, encadenados y arrodillados a pleno sol del Caribe frente a sus celdas de rejas al aire libre, hizo escala en España.

El vuelo RCH7502 de un C-17 de las fuerzas armadas estadounidenses había partido de la base de Kandahar, en Afganistán, el día 10 de enero, llegó a la Base Aérea de Morón de la Frontera a las dos de la madrugada del día 11 GMT según los registros aeroportuarios, donde los prisioneros fueron trasladados a un avión C-141 con el que llegaron a Guantánamo a las 18.50 GMT.

Sólo sería la primera escala de este tipo en suelo español, al que seguirían otras similares en distintos países de la UE, y a las que pronto se sumarían las 1.080 escalas de los vuelos de la CIA en aviones camuflados transportando clandestinamente prisioneros no solo a Guantánamo sino también a cárceles secretas en Europa y muchos otros países para ser interrogados y torturados.

No hace tantos años que se produjeron estos hechos. Nadie pagó ni política ni penalmente por esos crímenes en Estados Unidos, pero nadie pagó tampoco en España ni en el resto de Europa por esa complicidad de años en la cual hubo muchos protagonistas y sin la cual no se hubieran podido cometer.

* Periodista y escritor.

Europa del Este: los orígenes de la restauración capitalista

<<Catherine Samary>>

¿Por qué la crisis de las sociedades burocráticas de la URSS y de Europa del Este no condujo a una salida de la «izquierda», sino a la restauración del capitalismo?

En los levantamientos contra los regímenes burocráticos de 1956, 1968 y 1980, la crítica dominante era de izquierda. ¿Por qué en 1989-1991 la salida se planteó en la dirección a un retorno al capitalismo?

Esta pregunta pone en cuestión la esperanza de que se pudiera poner fin al estalinismo por la izquierda. Debemos comenzar especificando de qué queremos hablar, ya que las nociones (en particular, izquierda) son opacas en un contexto en el que los partidos en el poder y quienes les apoyaron defendieron el envío de tanques a Hungría (1956) o Checoslovaquia (1968) en defensa del socialismo, contra un seudorriesgo de restauración capitalista.

¿De qué sociedades estamos hablando?

Los debates semánticos, a menudo estériles, han ocultado una de las contribuciones de los debates soviéticos en la década de 1920: la comprensión de la URSS como una sociedad de transición –entre el capitalismo y el comunismo–, sin coherencia estable tras del derrocamiento de las antiguas clases poseedoras, subrayando las lógicas contradictorias que la cruzaban. La palabra socialismo designaba un objetivo y no una sociedad establecida. La noción de sociedad en transición fue conservada por Trotsky en La revolución traicionada, de nuevo sin una visión teleológica –que garantizara el futuro– y en contra de cualquier idea de un socialismo realizado y consolidado, como pretendió Stalin. Trotsky escribía en 1936 en el capítulo IX de La Revolución traicionada que “el problema del carácter social de la URSS aún no está resuelto por la historia”.1

Contrariamente a lo que él esperaba, el escenario concreto de la Segunda Guerra Mundial no permitió zanjar esta cuestión. La extensión de las revoluciones puso en crisis la construcción del socialismo en un solo país y la hegemonía estalinista, pero no en los países capitalistas desarrollados. En ellos prevalecieron las lógicas reformistas bajo presión de la concurrencia entre sistemas. En la URSS, la victoria contra el fascismo y el aumento del nivel de vida asociado a las tasas de crecimiento de la posguerra fortalecieron temporalmente a Stalin, pero también rápidamente llevaron al deshielo jrushcheviano con sus contradicciones.

En este impuro interregno se inscribieron los levantamientos de 1956 y los siguientes. La problemática de las sociedades transitorias no capitalistas y que se reclamaban del socialismo se concretaba en contextos muy diferentes y evolutivos en un tercio del globo terráqueo.

La importancia de los años 1968

En 1968, en un contexto de radicalización contra todas las relaciones de dominación a escala mundial, la hipótesis más fuerte fue la de una transformación de estas sociedades en la que prevalecería la lógica socialista/comunista.

De hecho, los ideales de un socialismo con rostro humano se estaban abriendo camino a pesar y en contra de la represión burocrática. En particular, como a menudo se ignoraba y ocultaba, con la expansión de los consejos obreros apoyados por el ala autogestionaria del Partido Comunista y por los sindicatos oficiales reconstituidos, durante y contra la intervención soviética en Checoslovaquia2 .

Jaroslav Sabata (1988), uno de los miembros de la corriente autogestionaria checoslovaca, subrayó el tema fundamental de una democracia socialista en cuanto al resultado de 1968. Según él, esta dependía del apoyo radical de las y los comunistas a las formas democráticas de organización que habían surgido en el corazón de las empresas y las universidades, reivindicando una dignidad y unos derechos que ninguna democracia burguesa era capaz de reconocer. Atravesando todas las instituciones del sistema, popular en los ideales de igualdad que defendía, esa salida (verdaderamente de izquierdas, sin duda) habría podido resistir la intervención soviética impactando a la propia URSS: Sabata pensaba que, sobre la base de tal movilización y autoorganización, la convocatoria de un congreso de comunistas checoslovacos –desafiando las “prohibiciones”– habría cambiado el equilibrio de poder frente a las tropas del Pacto de Varsovia, “dando aliento a todas las fuerzas reformistas del bloque soviético y de la propia URSS”. Siendo entonces mayoritarias, las corrientes reformistas capitularon ante la movilización popular posible y en curso, que les hacían capaces de aguantar frente al Kremlin. Fue exactamente la opción contraria a la realizada por los líderes titistas en 1948 [en Yugoslavia], sobre la base de un poder de resistencia derivado de una poderosa revolución autónoma.

El bloqueo de las lógicas obreras y socialistas de autogestión en Checoslovaquia significó la normalización al estilo de Brezhnev. La misma que se dio, de forma más pronunciada, en la URSS. Desafortunadamente, el régimen titista, aunque denunció la intervención soviética –y la explotó como una posible amenaza en Yugoslavia– no ofreció un modelo alternativo coherente: las reformas de mercado que desmantelaron el plan (entre 1965 y 1971) agravaron las desigualdades y fortalecieron la confederalización del sistema. Sin embargo, las demandas socialistas expresadas en 1968 “a favor de la autogestión de abajo hacia arriba” y contra “la burguesía roja” asociada a las reformas del mercado, se tuvieron en cuenta en parte, aun cuando fueran “canalizadas” burocráticamente. Ahora bien, se trataba de nuevo de una posible bifurcación de la historia (Samary, 2008).

Estancamiento soviético y contrato social

En la década de 1970, el bloqueo de las reformas de mercado se realizó a base de variantes de planificación portadoras de relaciones sociales de producción y distribución ad hoc que expresaban la importancia de la base obrera en la legitimación de los regímenes en cuestión, pero despolitizándola, sin permitir que se inventara e impusiera una alternativa socialista en la sociedad.

Las relaciones entre las y los trabajadores y el partido/Estado, en sus diferentes niveles, dependían estrechamente de los derechos de propiedad reconocidos. En esos sistemas, la política con su dimensión ideológica (el reinado de un partido en nombre del socialismo y de las y los trabajadores sobre sus espaldas) formaba parte de la infraestructura. Michael Lebowitz (2017) ha propuesto un enfoque interesante de las “contradicciones del socialismo real” centrado en la URSS, especialmente en esa fase. Lebowitz destaca la necesidad de los aparatos de “legitimarse” –lógica que se ha visto en todos los países involucrados– independientemente del escenario histórico preciso de su origen, emancipándose incluso de la dependencia de la URSS. Lebowitz tiene en cuenta las relaciones específicas de dominación (político-sociales) –lo que él llama la lógica del partido de vanguardia que gobierna en nombre de las y los trabajadores–, dirigiéndoles y, por tanto, manteniéndoles en una posición alienada.

El análisis concreto de las relaciones ad hoc entre trabajadores y directivos, hombres y mujeres, y sus comportamientos racionales ha demostrado –incluso en ausencia de derechos de huelga reconocidos– la extrema fuerza de resistencia de las y los trabajadores a las reformas de mercado, incluso en su variante de los años sesenta, en respuesta al desastre de la planificación burocrática 3 . Se trataba no de un poder de control coherente –porque este habría tenido necesidad de realizarse a la escala global de una democracia socialista dentro de toda la economía–, sino de un poder social alienado, profundamente antagónico a las relaciones de mercado, inscrito en los mecanismos de planificación burocrática.

Las corrientes opuestas a las reformas (las y los conservadores como Novotny frente a Dubcek en Checoslovaquia) también lo comprendieron así, e intentaron afianzar su propia posición apoyándose en las y los trabajadores que estaban contra las reformas. Fue para romper este tipo de connivencia conflictiva por lo que las y los reformadores –desde Dubcek hasta Gorbachov– trataron de introducir más derechos y libertades sin cambiar nada esencial.

Para Lebowitz, la estabilización del dominio del partido-Estado –presente bajo Brezhnev– se concretaba en lo que él define como un contrato social (igualitarista y que garantiza la seguridad en el empleo)4 en el marco de relaciones de dominación y, por supuesto, no democráticas. Este tipo de seudocontrato expresa una lógica que él define como la del “partido de vanguardia” que busca legitimarse y afianzarse de una forma distinta a la represiva. Señala que la era Brezhnev se presenta a menudo como la “edad de oro” de los y las trabajadoras al mismo tiempo que la economía se estancaba.

Aunque era inimaginable, lo que se materializó en la URSS durante todo un período, dentro de las grandes empresas soviéticas, fueron unas relaciones no comerciales y profundamente alienadas. Una forma no de socialismo, sino de socialización de las y los trabajadores, en connivencia conflictiva con las y los gerentes, que cristalizó en la protección y aumento del nivel de vida no mercantil. Fenómeno analizado por David Mandel, quien destacó la parte predominante de los beneficios en especie (vivienda, diversos servicios sociales, productos) asociados al empleo en el ingreso social de las y los trabajadores.

Esta lógica significaba la imposibilidad de romper la compartimentación de las grandes empresas y crear a escala de todo el sistema los espacios para una libre asociación de las y los productores y una conciencia socialista colectiva capaz de inventar medios racionales para reducir los despilfarros y mejorar la calidad de la producción. Igualmente quedó bloqueada de forma duradera la posibilidad de realizar una planificación democrática y solidaria en base a las necesidades prioritarias a satisfacer, así como la elaboración común de criterios de eficiencia y justicia social. Este era el callejón sin salida común a todo el socialismo real, con más o menos plan y mercado, o con o sin autogestión.

Crisis de la deuda y carrera armamentista 

Pero también debemos analizar qué reforzó las presiones capitalistas dentro de los propios partidos-Estados en los años anteriores a 1989. En particular, el caso de la crisis de la deuda (en divisas fuertes) de finales de la década de 1970 en varios países: Yugoslavia, Hungría, Rumanía, Polonia y la RDA. Aquí también hay que destacar varios aspectos. Por un lado, la forma en que el bloqueo de las reformas tras la intervención soviética de 1968 (y las respuestas de Tito y Kardelj a los movimientos políticos y sociales de 1968-71) produjo un punto de inflexión en los regímenes existentes: no hacia el capitalismo, sino hacia la importación, popular, de productos occidentales.

La autarquía no es un ideal socialista. Por otro lado, el comercio debe ser controlado. La hipótesis de poder pagar la deuda sin dificultades mediante las exportaciones se combinó con ofertas de crédito de bancos occidentales que entonces acumulaban petrodólares en busca de ser invertidos. La inesperada desaceleración del crecimiento global en la década de 1970 pesó sobre las exportaciones. Otro imprevisto fue la decisión de la Reserva Federal de aumentar las tasas de interés en Estados Unidos y sus efectos en cadena en las deudas. Pero cada uno de los regímenes involucrados reaccionó en un contexto diferente y según opciones diferentes: Yugoslavia, después de la muerte de Tito (1980), descubrió el alcance de su deuda externa, sin capacidad interna para hacerle frente. Esta fue la primera década de recesión, marcada por la hiperinflación y un aumento considerable de huelgas, pero también de los nacionalismos. Fue una década de crisis abierta del sistema y de la federación, sin fuerza política y sindical capaz de ofrecer orientaciones yugoslavas solidarias en respuesta a la crisis. Polonia, por su parte, intentó modificar los precios, lo que provocó el levantamiento obrero que condujo a Solidarnosc, que marcará toda la década. Hungría eligió vender sus más bellas joyas al capital extranjero. La Rumanía de Ceaucescu decidió pagar la deuda en su totalidad sobre la base de una política dictatorial. Y la República Democrática Alemana (RDA) dependía más que nunca de la financiación y las decisiones de la URSS.

La URSS no estaba endeudada en divisas fuertes (sometida desde la Guerra Fría al bloqueo de la financiación externa a través del COMECON [Consejo de Ayuda Mutua Económica, el órgano de cooperación entre los países del este y la URSS] bajo presión de Estados Unidos), pero estaba empantanada en Afganistán desde 1979, como lo estuvieron los Estados Unidos en Vietnam, sufriendo además el impacto específico en la economía soviética de la nueva carrera armamentista lanzada por Reagan desde principios de la década. Los cambios en los precios del petróleo (y el interés de la URSS por beneficiarse de ellos con sus exportaciones) produjeron tensiones crecientes dentro del COMECON.

Por primera vez en décadas, se estaba ampliando la brecha entre los países capitalistas desarrollados y los socialistas, a pesar de que hasta la década de 1970 se habían reducido, lo que hasta entonces había dado la sensación de que iban a alcanzarles. Esto se evidencia comparando el discurso y las políticas de Gorbachov, que humildemente apuntan a obtener créditos occidentales, con la de Jrushchov, que se jactó de que se alcanzaría al capitalismo en 1984 y ¡se aventuró a enviar cohetes a Cuba!

El punto de inflexión de Gorbachov

La llegada al poder de Gorbachov (1985) cambió las cosas de muchas maneras. Su objetivo inicial no era la restauración capitalista, sino la búsqueda de una concentración de los recursos de la URSS para sí misma. La Perestroika (reforma económica) y la glastnost (búsqueda de transparencia sobre la situación, especialmente en los medios de comunicación) tenían como objetivo, en cierto modo, desburocratizar la burocracia. El objetivo de la Perestroika, brillantemente analizada por Donald Filtzer (1994)5 , era intentar responder de nuevo a la cuadratura del círculo burocrático. Filtzer muestra hasta qué punto –lejos de cualquier tipo de capitalismo– la burocracia fue incapaz de aumentar la productividad del trabajo y controlar el excedente del que dependían sus propios privilegios.

Las opciones de reformas internas, inicialmente cercanas a lo que se había intentado en Hungría, tenían como objetivo fortalecer la responsabilización de los colectivos de empresa (incluidos las y los gerentes). Estos intentos fueron acompañados (para ser creíbles ante los acreedores occidentales) de una voluntad concreta de repliegue soviético a nivel internacional y de liberar recursos internos: la retirada de sus tropas y la financiación a la RDA, pero también el cese de la ayuda soviética a Cuba y al Tercer Mundo, así como poner fin al intervencionismo en los países del bloque soviético, lo que cambiaba radicalmente la situación de los partidos hermanos en Europa del Este.

El cambio de 1989 comenzó en Alemania. Allí estaban en juego la política exterior y también, por lo tanto, las reformas de Gorbachov. Los créditos de la República Federal Alemana (RFA) eran mucho más importantes para él que el detestado régimen de Honecker. Por el contrario, el líder soviético era popular en la RDA. Apoyó la caída del Muro e impidió cualquier represión de las manifestaciones. Esperaba, con Mitterrand, construir una especie de Casa Común Europea en la que la OTAN y el Pacto de Varsovia fueran desmantelados6 . Se suponía que las dos Alemanias serían consultadas sobre la definición de su futura relación.

La opacidad de 1989: de Alemania a la URSS

Desde 2009 y la apertura de los archivos, solo hemos comenzado a percibir cuáles eran las condiciones prácticas de la unificación alemana, que fue la primera extensión del capitalismo al Este y de lo que iba a convertirse en la nueva Unión Europea.

Contrariamente a muchos juicios superficiales que reducen la RDA a la Stasi y a la burocracia y que suponen, por tanto, que la población de Alemania Oriental no tenía nada que perder en esta unificación, resulta obvio que es necesario entender tanto el terrible poder de atracción del marco alemán como de los escaparates de Alemania Occidental, y un profundo choque de sociedades (pueblo y cultura), que se habían vuelto diferentes, en el que la población de la RDA (especialmente mujeres y madres solteras) tenía cosas que perder y fue profundamente humillada. La caza de brujas (comunistas) y la discriminación fueron aún más extendidas en la medida en que la restauración capitalista no necesitaba una burguesía que emanara del viejo aparato (a diferencia de otros países): existía la poderosa burguesía alemana, dotada de su moneda que funcionaba perfectamente como capital, algo que faltaba en todos los demás países.

El fracaso del escenario esperado por Gorbachov y el fiasco de la Perestroika (desmantelamiento del plan sin tener un mercado) a nivel interno radicalizarán las nuevas leyes hacia el capitalismo.

Mientras tanto, en todos los países del Este, la falta de intervención soviética frente a la caída del Muro abrió las compuertas a un efecto dominó. En Checoslovaquia tomó la forma de la revolución de terciopelo. Pero en Polonia, la terapia de choque fue tan brutal y violenta para las y los trabajadores que menos de dos años después votaron a favor de que regresaran las y los ex por las urnas…, sin ser conscientes de que estos habían pasado a jugar un papel de burgueses compradores. Comenzaron las privatizaciones, opacas en ausencia de capital-dinero 7 .

En otras palabras, el cambio hacia el capitalismo vino de arriba. Y no de las y los trabajadores, sino contra ellos, procedente de una parte esencial de los aparatos comunistas. Históricamente, se produjo después de la represión sistemática de los principales episodios que esbozaban una revolución antiburocrática socialista, autogestionaria, y cuando las y los trabajadores y las poblaciones afectadas no disponían de medios políticos para encontrar de forma conjunta una solución solidaria, democrática y socialista a los callejones sin salida del sistema.

¿Una restauración capitalista fácil?

Sin embargo, la realidad socioeconómica de la restauración capitalista estaba muy lejos de la facilidad de la conversión burguesa de una parte sustancial de las y los antiguos dirigentes comunistas, y la falsa imagen de felicidad y democracia encarnada por la caída del Muro oscurece lo que fueron las privatizaciones (fáciles con el deutsch mark de la unificación alemana y mucho más difíciles en todos los demás países).

No es suficiente querer ser un burgués o burguesa para disponer del poder socioeconómico que esto implica. La URSS estaba mucho más marcada que todos los demás países por varias décadas de abolición de los mecanismos de mercado y cristalización de poderosas burocracias regionales. La transición (transformación capitalista) no fue democrática ni pacífica, sino, por el contrario, de una gran violencia y una opacidad extrema. La violencia de estas transformaciones (visible en el número de suicidios o la disminución de la esperanza de vida en la década de 1990) se minimiza profundamente o se interpreta de una manera culturalista desvinculada de la transformación capitalista: esto es cierto en cuanto a la presentación de las guerras (en la antigua URSS o Yugoslavia) entre los nuevos Estados independientes, si bien están basadas en rivalidades profundamente arraigadas en la apropiación de los territorios a privatizar; pero también es cierto en cuanto a la ocultación de la violencia insidiosa de los cambios en el estatus social que acompañan el aumento de un desempleo estructural y de desigualdades vertiginosas.

Por lo que respecta a los escenarios y procesos de restauración capitalista, aún están por analizarse en gran medida, lejos de los clichés y de forma concreta –distinguiendo el cambio en la naturaleza (función y finalidades) del Estado y la transformación de la economía–, en contextos geopolíticos cambiantes y afectando por tanto a la dinámica de las luchas sociales. Destaquemos solo algunos aspectos de temas que necesitan estudios más amplios.

El pluralismo político en sí se introdujo en todas partes sin dificultad (ya que vino del interior mismo del partido único) a principios de la nueva década. En sí mismo, no era el signo de la restauración capitalista. Lo fue solo porque no estaba inscrito en una movilización y autoorganización social y política (revolucionaria) de las y los trabajadores que permitiera no solo la resistencia a los mecanismos del mercado, sino el surgimiento consciente y organizado de una transformación y consolidación socialista del sistema. El final del partido único no tuvo como resultado, en ninguna parte, la expresión de un polo político-sindical verdaderamente comunista y democrático basado en las y los trabajadores. Un análisis serio del nuevo pluralismo requiere resaltar sus profundos límites antidemocráticos. Una vez más, fue esta característica la que permitió pasar de coaliciones de gobierno burguesas (procapitalistas) a cambios en la naturaleza de los Estados a través de reformas destinadas a erradicar cualquier vínculo con un pasado/futuro socialista, transformando las instituciones y las relaciones de propiedad. Las grandes empresas, particularmente en Rusia y en los países con las mismas estructuras de producción, permanecieron durante un tiempo (con las pequeñas huertas) como amortiguadores de esta violencia, ofreciendo medios profundamente degradados de protección social en especies. En Rusia, durante la década de 1990, más de la mitad de los intercambios se basó en relaciones de trueque, mientras el nuevo capital que se acumulaba por la venta de materias primas al extranjero iba a colocarse en paraísos fiscales (hasta la crisis que afectó a la deuda estatal en 1996). Pero, globalmente, esta destrucción no creadora de progreso atomizó y dificultó las luchas de conjunto de las y los trabajadores8 .

¿Y del lado de las y los nuevos burgueses? Al centrarnos aquí solo en Europa9 , obviamente debemos distinguir entre las y los burgueses compradores –dispuestos a vender sus habilidades dentro de los viejos aparatos para facilitar las privatizaciones y el crédito occidentales– y las nuevas potencias capitalistas emergentes que aspiran a defender sus intereses en el campo de juego de los grandes. Pero China no quería ser (y no podía ser) la Rusia de Yeltsin, y Putin aprendió las lecciones de todo esto. La unificación monetaria y política del país solo se pudo lograr bajo Putin a principios de la década de 2000. Al hacerlo, también restableció el estatus externo de una Rusia gran potencia, apoyada en el legado de su complejo militar-industrial. Obviamente, es necesario analizar de una manera diferente los escenarios de una nueva periferización de la Europa del Este polarizada entre (y más o menos en la órbita de) Rusia y la UE.

Empresas divididas en partes

Me gustaría concluir sobre la cuestión central de las privatizaciones. Más que cualquier otra cosa, fueron un revelador de lo que eran los viejos sistemas (y su poder estatal), ciertamente no socialistas, pero que no permitían los despidos ni una acumulación de capital-dinero. El objetivo de la restauración capitalista trajo consigo la transformación de las relaciones estatales, monetarias y de propiedad, en el marco de un proceso (caótico, burocrático y largo) de mercantilización de los medios de producción. ¿Con qué capital monetario privatizar (comprar) empresas? Tal capital-dinero no existía a nivel nacional, excepto, como se ha dicho, en el caso de la Alemania unificada y, podemos añadir, de Hong Kong y de las inversiones extranjeras… chinas. Por tanto, en general, las opciones de las y los nuevos dirigentes se dividieron en la fase inicial de la transformación capitalista esencialmente en dos grupos: una minoría (principalmente Hungría y repúblicas bálticas) optó por la venta al (real) capital extranjero desde el comienzo del proceso. Por su parte, la mayoría llevó a cabo privatizaciones masivas sin moneda: transformación jurídica de empresas parceladas que se podían comprar con cupones distribuidos a trabajadores y trabajadoras y a la población, y, dependiendo del país, dejando abiertas varias opciones: esta propiedad es legítimamente vuestra (en mayor o menor medida), decían las y los reformadores a los colectivos de empresa o municipales. Pero si preferís dejar vuestra parte al Estado o venderlas al capital extranjero, podéis hacerlo. La esperanza de que el Estado gestionara estas acciones de una manera social, o de que el capitalista extranjero trajera salarios reales y tecnologías modernas, hizo que la resistencia a estas trampas fuera aún más difícil. El libro negro de estas privatizaciones aún está por escribir.

Catherine Samary es especialista en los Balcanes, militante de la Cuarta Internacional y del NPA.

Articulo en frances SolidaritéS. Traducción: Faustino Eguberri para viento sur

  • 1Hay edición accesible por internet en Marxist Internet Archive, 2010.
  • 2Cf. el dosier de la web Alencontre.org sobre este tema (http://alencon…), que utilizo en particular en mi artículo de Le Monde Diplomatique de marzo de 2020. La versión en castellano en https://mondip….
  • 3He analizado los comportamientos racionales y las contradicciones de la planificación soviética y de sus reformas, con o sin autogestión, en “Planificación, mercado y democracia”, Cuadernos del IIIF, 7/8, 1989, recordando a la vez los términos de los debates de los años 1920 y la cuestión de la racionalidad alternativa de una economía socialista.
  • 4Op. cit. He discutido este planteamiento en el caso diferente de la experiencia yugoslava en la que los márgenes de mercado fueron extendidos con el aumento de los derechos autogestionarios y nacionales.
  • 5Véase también los numerosos y ricos artículos de David Mandel, en particular sobre las luchas obreras en Rusia, Ucrania y Bielorrusia.
  • 6Esto reflejaba una ideología ecléctica, muy presente en los años 1970, en tensión con las escuelas neoliberales, combinando las tesis de la convergencia de los sistemas y las interpretaciones socialistas de los modelos teóricos neoclásicos. Cf. sobre este tema Johanna Bockman (2007).
  • 7Sobre la opacidad de 1989 y las formas tomadas por las privatizaciones: http://www.lcr….
  • 8Véanse los estudios mencionados sobre las luchas obreras en tiempos de la Perestroika y el final de la URSS, así como las especificidades eslovenas en http://csamary….
  • 9El caso cubano sigue siendo un caso aparte. Pero el escenario chino de restauración capitalista exige un análisis y periodizaciones específicas subrayando las principales diferencias con la URSS; en particular tres: 1) toma en consideración del PCCh del desastre de las privatizaciones rusas y el mantenimiento de un partido-Estado dirigente; 2) el peso y la especificidad de las reformas referidas a la agricultura china; 3) la ausencia de presiones externas del FMI y de la UE (Au Loong Yu, 2013).

La victoria de Boric. ¿Qué desafíos para qué gobierno?

<Redacción de A l’encontre>

Según los resultados del Servicio Electoral de Chile, después del recuento del 99,99% de los sufragios, Gabriel Boric Font obtuvo 4.620.671 votos, es decir, el 55,87%. José Antonio Kast Rist recibió 3.649.647 votos, es decir, el 44,13%. Hubo 70.272 votos nulos (0,84%) y 23.944 votos en blanco (0,29%). La participación fue excepcionalmente alta: 55,68%.

El sitio web chileno Resumen escribió en la noche del 19 de diciembre: «El presidente electo [Boric] se ha impuesto según las características de la política chilena, logrando atraer el apoyo de la antigua coalición de la Concertación [PDC, PS, PPD, PRSD] y de la izquierda, incluso del Partido Comunista, todo ello gracias a una caracterización de su política que remite constantemente a los consensos de los años 90. Prueba de ello es la formación de un equipo político con muchos nombres de esa corriente [Concertación], que muy probablemente tendrá representantes en el gabinete [Ver Entrevista a Stephany Griffith Jones]. Hay que decir que el proyecto Apruebo Dignidad se presentó como socialdemócrata. Pero, en realidad, tiende a desarrollar políticas socio liberales, es decir, un Estado que actúa como un poderoso regulador del mercado y protege las libertades civiles. Es muy poco probable que la entidad estatal reciba un poder de acción económico para actuar de forma concertada con la empresa privada o por sí misma, tal como ocurría en las propuestas socialdemócratas europeas. El vínculo con el bacheletismo [en referencia a los dos gobiernos de Michelle Bachelet, de marzo de 2006 a marzo de 2010 y de marzo de 2014 a marzo de 2018] es, por lo tanto, más profundo que el simple apoyo comunicativo [Bachelet se reunió con Boric y apoyó su candidatura]. Está previsto un intercambio con los partidarios de esta orientación.

Además, las fuerzas que apoyan a Boric se verán enfrentadas a un Congreso muy dividido en ambas Cámaras (Senado, Cámara de Diputados), que dará toda su importancia a la negociación y al acercamiento con sectores de la derecha más afines al liberalismo. Frente a esto, un posible movimiento social y popular podría salir pronto a la calle, convocado por una crisis social y económica que no podrá ser superada en el futuro inmediato. En este sentido, será fundamental una agenda social que responda a las demandas más urgentes del pueblo chileno: garantía de derechos sociales y asistencia económica.

El proceso de la Convención Constituyente se encuentra reforzado por el nuevo gobierno [que tomará posesión en marzo] y seguramente verá acelerado su proceso, ya que en septiembre se espera que tenga lugar el llamado plebiscito de salida para registrar y aprobar la nueva constitución. El gobierno de Boric será un factor importante a favor del proceso constituyente, por lo que la administración de Boric tendrá que dedicarle una gran atención al proceso constituyente y a su finalización, tanto en la forma como en el fondo. En efecto, el resultado de la Convención Constituyente determinará el marco en el que se desarrollará el proyecto progresista del Gobierno desde marzo de 2022 hasta marzo de 2026.

Por último, surge una pregunta: ¿Será capaz Gabriel Boric de aprovechar el cambio constitucional para convocar nuevas elecciones y consolidar inmediatamente el cambio de régimen político? Eso permitiría desbloquear la situación [de la correlación de fuerzas políticas] en el Congreso y así lograr las transformaciones necesarias y un nuevo camino para Chile. Ese reto sigue siendo una gran incógnita.
***
En la manifestación  multitudinaria que tuvo lugar en la Avenida de la Alameda, en el centro de Santiago, según The Clinic (20 de diciembre), Boric «pronunció un discurso de tono muy similar al que había pronunciado tres días antes, desde el Parque Almagro, en el cierre de su campaña, el jueves 16 de diciembre. Como en esa ocasión, atacó sin pelos en la lengua a las AFP [administraciones privadas de fondos de pensiones de capitalización individual]: «No queremos que las AFP sigan haciendo negocio con nuestras jubilaciones. Las AFP, que hoy ganan cantidades disparatadas de dinero a costa del trabajo de los chilenos y chilenas, son parte del problema. Y vamos a defender un sistema público autónomo, sin objetivo lucrativo, sin AFP», dijo.

Otra de las similitudes entre ambos discursos es que Boric no hizo ninguna mención a favor del indulto para las personas detenidas en el marco de la rebelión social [de octubre de 2019], aunque el público de la Alameda se pronunció con fuerza a favor de ellos: «No estamos todos, faltan los presos.» El presidente Boric se limitó a mencionar que ya había hablado con las familias de los presos».

Sin embargo, Giorgio Jackson, un estrecho colaborador de Boric, más allá de las diferencias, subrayó que el gobierno de Gabriel Boric retiraría todos los cargos en virtud de la Ley de Seguridad del Estado contra los detenidos durante el levantamiento de octubre. Una duda persiste: ¿el indulto a los presos será el resultado de un examen «caso por caso» -con todas las «excepciones» posibles -dadas las acusaciones montadas por ciertos cuerpos policiales- o habrá acaso una decisión de amnistía general?

20-12-2021

Chili. La victoire de Boric. Quels défis pour quel gouvernement?

China vs EEUU: Escalada de tensiones

<Eduardo Lucita>

El reconocimiento oficial de Taiwán de que hay tropas norteamericanas en su territorio hizo subir la tensión con China. Nuevos movimientos al interior de las superpotencias explican peligrosas movidas internacionales que vuelven a sacudir el tablero mundial.
La confirmación, en una entrevista en CNN, por la presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, de la presencia militar estadounidense en territorio isleño “…para ampliar la capacidad de defensa y entrenar a las tropas taiwanesas” fue receptada como una provocación por China que llamó a EEUU a no intervenir en Taiwán. “Aquellos que olvidan su herencia, traicionan a su patria y dividen el país nunca terminarán con un buen resultado. Buscar y apoyar la independencia de Taiwán está destinado a ser un callejón sin salida» “…no pueden cambiar el hecho irrefutable que Taiwán es parte de China”, agregó Wang Wenbin,  vocero del ministro de Relaciones Exteriores de la República Popular.
La relación entre China y Taiwán atraviesa así el peor momento de las últimas cuatro décadas.

Nuevas relaciones

Terminada en 1949 la guerra civil, con el triunfo de las fuerzas comunistas lideradas por Mao Tse Tung, Chiang Kai Sek, cabeza del derrotado sector nacionalista, se instaló en la isla y desde allí fue construyendo un poder autónomo, con la obvia colaboración de las potencias occidentales. Ya en los años ’70 del siglo pasado, con la visita de Richard Nixon a Pekín, las relaciones sino-estadounidenses ingresaron en un nuevo período. Desde entonces la relación de EEUU con la isla se cobijó en el concepto de “ambigüedad estratégica” –no mantiene una representación diplomática formal y sí múltiples relaciones extraoficiales- en paralelo acordó con Deng Xiao Ping el status de “Una China, dos sistemas” que hasta ahora ha reglado las relaciones con Taiwán (también con Hong Kong y Macao) que siempre ha sido rechazado por las autoridades de la isla.
Con este acuerdo de dos sistemas una sola nación se bloqueaba una eventual declaración de independencia de la isla, al mismo tiempo que se contenía una avanzada china sobre lo que  considera “una provincia rebelde”. Esta política de “doble disuasión”, al decir del profesor de Harvard, Joseph S. Nye, comenzó a debilitarse por las acciones de la administración estadounidense para frenar el avance chino y las respuestas de la república popular. Hace pocos días el presidente Joe Biden declaró que “tiene el compromiso” de defender militarmente a Taiwán, en tanto que su par, Xi Jinping, no se quedó atrás: “la reunificación puede conseguirse y se conseguirá”.

Movidas al por mayor

Esta nueva escalada de las tensiones tiene como marco la transición del poder mundial –ascenso de la república Popular / declinación de EEUU- y plantea serios desafíos para la arquitectura liberal que regía hasta ahora el orden internacional.
El endurecimiento de las posiciones internaciones de EEUU coincide con un debilitamiento de la administración Biden -esta misma semana ha tenido una dura derrota electoral ( sus tasas de aprobación son ya similares a las de Donald Trum) y en un año deberá enfrentar elecciones de medio camino- que hace peligrar su agenda de gobierno en materia de infraestructura (1.2 billones de dólares), y en política social y medio ambiente plasmada en su programa Reconstruir Mejor (1.75 billones, incluidos 555.000 millones para reducir emisión de gases de efecto invernadero). En cuanto a China la reunificación con Taiwan no es solo una reivindicación histórica sino también estratégica en su disputa de poder. En la isla está instalada la mayor fábrica mundial de fundición de semiconductores (TSMC) cuya provisión es fundamental para que la República Popular logre la primacía tecnológica sobre EEUU.

Militarismo y Libre comercio

EEUU está dejando atrás la “centralidad atlántica” que articuló desde la salida de la 2da. Guerra Mundial y la va reemplazando por la nueva centralidad Asia-Pacífico. La recientemente anunciada asociación estratégica entre EEUU, Reino Unido y Australia denominada con el acrónimo (en inglés) AUKUS,  presentada como una defensa de los intereses de los tres países en la región indopacífica, comentada en una nota anterior en esta misma columna, es esencialmente una alianza militar. Al mismo tiempo que reanudó el Diálogo Cuadripartito sobre Seguridad (EEUU, Japón, India y Australia).
Si el retiro de Afganistán fue una movida defensiva, estas son claramente ofensivas y apuntan a limitar los movimientos de China (avances militares y nucleares) y a garantizar la “libre navegación” en el área. Tanto el retiro de tropas como  la asociación estratégica se llevaron a cabo sin informar a sus aliados europeos. Por su parte China respondió por medio de una solicitud para adherirse al acuerdo comercial Trans-Pacífico (CPTPP por sus siglas en inglés). Si el pedido se concreta fortalecería su liderazgo global, ya que se trata de un acuerdo comercial de alcances mundiales, mientras que EEUU se retiró del mismo bajo el aislacionismo de la administración Trump. Esto se complementa con su ya concretado ingreso a la Asociación Económica Integral Regional (RCEP) y también con su proyecto de “Una franja una ruta (BRI)”. Mientras que EEUU impulsó en el G7, para competir con la llamada nueva ruta de la seda, el Bukld Better Word (B3W).
La transición del poder mundial enmarcada por la rivalidad estratégica entre EEUU y China, combina alianzas militares y acuerdos comerciales. EEUU se aferra al militarismo mientras abandona el multilateralismo comercial, en tanto que China se potencia sobre los acuerdos de libre comercio mientras fortalece su poder militar y nuclear.
La escalada de la tensión internacional a propósito del caso Taiwán revela que un escenario de guerra no es del todo descartable en medio de la transición.
5/11/2021

Las elecciones y los votos en el Congreso ponen en dificultades a progresistas y socialistas

(Dan La Botz)

El Partido Demócrata y, en particular, las y los legisladores progresistas, incluidos algunos miembros de Socialistas Demócratas de América (DSA), están a la defensiva después de las elecciones de este mes y las votaciones del Congreso sobre los proyectos apoyados por el presidente Biden.

Los republicanos hicieron campaña en las últimas elecciones sobre los temas del empleo, los impuestos y contra la enseñanza del racismo en las escuelas. Y atacaron a todos los demócratas, llamándolos gastadores progresistas, socialistas y laxos en materia de criminalidad. La derrota más importante del Partido Demócrata tuvo lugar en Virginia, donde Biden ganó las elecciones presidenciales diez puntos por delante. El republicano Glen Youngkin derrotó al demócrata Terry McAuliffe en las elecciones a gobernador. Y en Nueva Jersey, donde los votos finales aún no se han contado, parece que el gobernador liberal demócrata Phil Murphy ganó las elecciones solo con un puñado de votos por delante de su rival republicano. Estas dos elecciones sugieren que a las y los demócratas les resultará difícil mantener su mayoría en el Congreso en las elecciones de mitad de período del próximo año. Y podrían ser un buen augurio para el posible regreso de Donald Trump a la presidencia en 2024.

Varias derrotas electorales

Al mismo tiempo, varios candidatos progresistas fueron derrotados en diferentes elecciones y las propuestas legislativas progresistas fueron rechazadas en varias ciudades. India Walton, miembro de DSA, que ganó las primarias demócratas para alcalde de Buffalo, en el Estado de Nueva York, perdió en gran medida la carrera por la alcaldía ante un demócrata moderado Byron Brown, porque todo el establishment republicano y demócrata se volvió contra ella. En Seattle, dos miembros progresistas del ayuntamiento fueron derrotados porque estaban a favor de reducir el presupuesto policial o porque habían tomado posiciones firmes contra el racismo. Y en la misma ciudad, Nicole Thomas-Kennedy, que afirmó la necesidad de poner fin a la criminalización de la pobreza y la discapacidad con el fin de poner en marcha políticas para reducir la necesidad de una fuerza policial, perdió la elección al cargo de fiscal de la ciudad en beneficio de un candidato que promueve la ley y el orden. En Minneapolis, la ciudad donde, en mayo de 2020, la policía asesinó a George Floyd, desencadenando enormes manifestaciones contra el racismo, las y los votantes votaron no en un referéndum sobre la reforma del departamento de policía. La mayoría de las ciudades han rechazado los recortes en los presupuestos policiales y otras reformas.

No todas las candidaturas demócratas han perdido. La mayoría de las principales ciudades están gobernadas por demócratas (al igual que la mayoría de los Estados están dirigidos por republicanos), y las y los progresistas (la izquierda del Partido Demócrata) han tenido unos buenos resultados en varios de ellos. En Boston, Michelle Wu, descrita como «una protegida progresista de la senadora Elizabeth Warren», ganó la carrera por la alcaldía, convirtiéndose en la primera mujer racializada en ocupar este cargo. En Pittsburgh, el progresista Ed Ganey ganó la carrera por la alcaldía, al igual que Justin Bibb en Cleveland.

Programas sociales rechazados

Las divisiones dentro del Partido Demócrata han aumentado. Al mismo tiempo que se celebraban las elecciones, Biden estaba tratando de aprobar sus dos programas de 2 billones de dólares en el Congreso, a saber, el proyecto de ley de infraestructuras y la legislación social progresista del proyecto de ley «Build Back Better/Reconstruir mejor». Se suponía que los dos proyectos de ley se aprobarían juntos en el Congreso, con la esperanza de que el apoyo bipartidista a las infraestructuras ayudara a aprobar el proyecto de ley de programas sociales. Pero después de que los funcionarios electos demócratas conservadores paralizaran el proceso y redujeran significativamente los presupuestos sociales, los dos proyectos se separaron[1].

Joe Biden y la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, convencieron a los aproximadamente cien miembros del Caucus Progresista (que reúne a la izquierda del Partido Demócrata) para que se unieran a los moderados para aprobar el proyecto de ley de infraestructuras. En total, solo los seis miembros de la Cámara de Representantes de Izquierda Democrática conocidos como «Squab» – Alexandria Ocasio-Cortez, Ilhan Omar, Cori Bush, Jamaal Bowman, Ayanna Pressley y Rashida Tlaib – votaron en contra del texto. Estas y estos electos, muchos de los cuales son socialistas, no confían en que los demócratas moderados apoyen los programas sociales de «Reconstruir mejor». Dado que el Senado ya aprobó el proyecto de ley de infraestructuras el 5 de noviembre, la Cámara de Representantes votó a favor, con la excepción de estos seis demócratas y, por razones totalmente diferentes, 13 republicanos.

En este contexto, los republicanos están entusiasmados, y la izquierda está a la defensiva en el Congreso, en los Estados y las ciudades.

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p style=»text-align: justify;»>[1]     https://www.antikapitalistak.org/los-proyectos-de-ley-de-bide/ ndt

Sudango estatu-kolpearen atzean dagoena

Lo que hay detrás del golpe de Estado en Sudán

(Paul Martial)

Abdel Fattah al-Burhane jeneralak amaiera eman dio Omar al-Bashir boteretik kendu zuen 2018ko iraultzaren ondoriozko trantsizio-prozesuari. Estatu-kolpe honekin batera, manifestarien, oposizioko ekintzaileen eta gizarte zibileko ekintzaileen aurkako errepresio bortitza gertatu zen. Ehun zauritu baino gehiago eta dozena bat heriotza zenbatu ziren urriaren 31n.

Jeneralek ez dute trantsizio demokratikorik nahi Sudanen. Gehiegi dute galtzeko. Izan ere, goi hierarkia militarrak bereganatu ditu herrialdeko aberastasun eta negozio gehienak. Uniformedunei ez zitzaien gustatzen gobernu zibilaren interferentzia beren arazoetan. Bankuen administrazio-kontseiluak desegin egin dira. Ingaz izenaz ezagutzen zen Al-Bashirren Erregimena Desegiteko Sudango Batzordea funtsen bidegabeko erabilpen garrantzitsua argitara ematen hasia zen.

Bere aldetik, Mohamed Hamdan Dogolo, Hemidt bezala ezaguna, Sudango gizon indartsuetako bat, bere egitura paramilitarra, Laguntza Azkarreko Indarrak, armadan sartzearen aurka agertu zen, botere zibilak proposatuta. 60.000 gizonekin, milizia hau pertsonen salerosketagatik, urrezko meategien kontrolagatik edo Yemengo lan mertzenarioagatik kobratutako komisioekin finantzatzen da, Saudi Arabiaren kontura.

Gainera, armadan kezka zegoen justizia nazionalak edo Nazioarteko Zigor Gortekoak esku hartuko ote zuen Sudango eskualde ezberdinetan, batez ere Darfurren, gerra krimenak egin dituzten goi-mailako ofizialen aurka.

Azkenik, 2020an Mini Minawi eta Djibril Ibrahim matxinada armatuaren bi buruzagiekin bakea sinatzeak haien eta armadaren arteko aliantza ahalbidetu zuen. Horrela ari dira orain bere miliziak errepresioan parte hartzen.

Desengainua sortu duen gobernu zibila

Beren kolpea justifikatzeko, jeneralak herriaren benetako nahigabean oinarritzen saiatzen dira. Hain zuzen ere, Abdallah Hamdok lehen ministroak, NDFren eskakizunen pean, austeritate-politika bat gauzatu zuen zorraren atzerapenak ordaintzeko eta, horrela, «Herrialde Pobre Oso Zorpetuen aldeko Ekimen Hobetuaz» (PPME) gozatu ahal izateko.

Hartutako neurriek, hala nola energiarako laguntzak indargabetzeak edo aurrekontu-gastua murrizteak, areagotu egin dute sudandar gehienen prekarietatea, eta higatu egin dute lehen ministroaren eta haren taldearen ospea.

Egoera ekonomiko hori nabarmen okertu zen Port Sudan herrialdeko hornikuntza-iturri nagusiaren blokeoarekin, Mohammed el-Amin Tirik Beja tribuko buruak antolatuta. Askok uste dute armadako liderrek instrumentalizatu dutela. Egia da ez dela kasualitatea izan Amin Tirik jeneralei babesa eman izana.

Ironia da tribu honek, beste askok bezala, estatu-kolpea eman duten pertsona berberek antolatutako marjinazioa jasan duela hamarkadetan.

Beraz, Abdel Fattah al-Burhane jeneralak bere posizioa sendotzea lortu du Hemidtekin aliatuta eta Mini Minawi eta Djibril Ibrahim buruzagi errebeldeei irabazita. Gobernu zibiletik irtetea ez da ustekabea. Duela zenbait hilabete, gobernu-egituretan ordezkaritza hobea eskatzen aritu ziren.

Mendebaldeko hipokrisia eta herri-mobilizazioa

Mendebaldeko herrialdeetako buruzagiek kolpea gaitzetsi zuten, baina neurri batean kolpearen arduradunak ere izan dira, NDFren politika babesten dutelako. Horrek sudandar gehienen baldintza ekonomikoak degradatu besterik ez du egin, eta Abdel Fattah al-Burhanek boterea hartzea bultzatu du. Aipatzekoa da Egiptoren, Arabiar Emirerri Batuen eta Saudi Arabiaren laguntzaz baliatu dela, horiek baitira Estatu Batuen aliatu leialak eskualdean.

Kolpearen porrota herritarren erresistentziatik etorriko da batez ere. Greba orokorra masiboki jarraitzen da eta, errepresioa gorabehera, manifestazioetan parte hartzea indartsua da, joan den larunbatean % 100eko gobernu zibila exijitzeko kalera atera ziren ehunka mila sudandarrek erakusten duten bezala.

2021/11/3

https://lanticapitaliste.org/actualite/international/les-dessous-du-coup-detat-au-soudan

Itzulpena: R.B. antikapitalistak.org web gunerako.

Paul Martial

El general Abdel Fattah al-Burhane acaba de poner fin al proceso de transición resultante de la revolución de 2018 que derrocó a Omar al-Bashir. Este golpe de Estado va acompañado de una feroz represión contra manifestantes, activistas de la oposición y de la sociedad civil. Ya se contaban más de cien heridos y una docena de muertes a 31 de octubre.

Los generales no quieren una transición democrática en Sudán. Tienen demasiado que perder. En efecto, la alta jerarquía militar se ha apoderado de la mayor parte de la riqueza y los negocios del país. A los uniformados no les gustaba la interferencia del gobierno civil en sus asuntos. Los consejos de administración de los bancos ya se han disuelto. La Comisión Sudanesa para el desmantelamiento del régimen de Ingaz (nombre del régimen de al-Bashir) estaba empezando a sacar a la luz la importante malversación de fondos.

Por su parte, Mohamed Hamdan Dogolo, conocido como Hemidt, uno de los hombres fuertes de Sudán, se opuso a la integración en el ejército de su estructura paramilitar, las Fuerzas de Apoyo Rápido, propuesta por el poder civil. Con 60.000 hombres, esta milicia se financia con comisiones cobradas por la trata de personas, el control de minas de oro o el trabajo mercenario en Yemen a cuenta de Arabia Saudita.

Además, en el ejército había la preocupación de que la justicia, nacional o de la Corte Penal Internacional, interveniera contra oficiales superiores que han cometido crímenes de guerra en diferentes regiones de Sudán, especialmente Darfur.

Finalmente, la firma de la paz en 2020 con los dos líderes de la rebelión armada, Mini Minawi y Djibril Ibrahim, permitió una alianza entre ellos y el ejército. Así es como sus milicias están participando ahora en la represión.

Un gobierno civil que ha decepcionado

Para justificar su golpe, los generales intentan surfear sobre el muy real descontento popular. En efecto, el primer ministro Abdallah Hamdok, bajo las exigencias del FMI, llevó a cabo una política de austeridad para pagar los atrasos de la deuda y así podar disfrutar de la «Iniciativa Mejorada en favor de los Países Pobres Muy Endeudados» (PPME).

Las medidas adoptadas, como la abolición de las ayudas a la energía o la reducción del gasto presupuestario, han acentuado la precariedad de la mayoría de las y los sudaneses y erosionado la popularidad del Primer Ministro y su equipo.

Esta situación económica se deterioró considerablemente con el bloqueo durante un mes de Port Sudan, la principal fuente de suministro del país, organizado por Mohammed el-Amin Tirik, líder de la tribu Béja. Muchos consideran que ha sido instrumentalizado por líderes del ejército. Ciertamente no es coincidencia que Amin Tirik haya dado su apoyo a los generales.

La ironía es que esta tribu ha sufrido durante décadas, como muchas otras, la marginación orquestada por las mismas personas que han dado el golpe.

Por lo tanto, el general Abdel Fattah al-Burhane ha logrado fortalecer su posición al aliarse con Hemidt y ganar a los líderes rebeldes Mini Minawi y Djibril Ibrahim. Su salida del gobierno civil no es una sorpresa. Desde hace varios meses habían estado exigiendo una mejor representación en las estructuras gubernamentales.

Hipocresía occidental y movilización popular

Si los dirigentes de los países occidentales condenaron el golpe, son en parte responsables de él al apoyar la política del FMI. Esto no ha hecho sino degradar las condiciones económicas de la mayoría de las y los sudaneses y ha favorecido la toma del poder por Abdel Fattah al-Burhane. Cabe señalar que se ha beneficiado del apoyo de Egipto, los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, aliados leales de los Estados Unidos en la región.

La derrota del golpe vendrá sobre todo de la resistencia de la población. La huelga general se sigue masivamente y, a pesar de la represión, la participación en las manifestaciones es fuerte, como lo demuestran las y los cientos de miles de sudaneses que salieron a las calles el sábado pasado para exigir un gobierno 100% civil.

3/11/2021

https://lanticapitaliste.org/actualite/international/les-dessous-du-coup-detat-au-soudan

Traducción: F.E. para antikapitalistak.org