Jun 29, 2021 | INTERNAZIONALISMOA
(Henri Wilno)
El jueves 2 de junio, el Parlamento danés aprobó, por 70 votos contra 24, un proyecto de ley que permite al país «subcontratar» sus solicitudes de asilo: el gobierno danés ahora puede enviar a personas que han presentado una solicitud de asilo en Dinamarca a otro país, fuera de la Unión Europea, durante el tiempo del examen de su expediente.
El derecho de asilo tiene orígenes muy antiguos. Se ha introducido gradualmente en la legislación nacional e internacional. Es cierto que siempre ha habido cierta arbitrariedad en su aplicación: los refugiados del Imperio Ruso después de 1917 se beneficiaron enormemente de ella; por otro lado, las y los judíos alemanes perseguidos por el gobierno nazi vieron sus solicitudes de asilo en Francia y otros países rechazadas masivamente en la década de 1930.
Un derecho consagrado
El derecho de asilo fue proclamado solemnemente después de la Segunda Guerra Mundial. Así, en 1946, el artículo 14 de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece: «Ante la persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de asilo en otros países”. La Convención de Ginebra de 1951 dio a esta protección una traducción en el derecho internacional público. Sin embargo, la arbitrariedad no cesó completamente en la aceptación de solicitudes y aumentó a partir de la década de 1960. La mayoría de los países occidentales que habían acogido con bastante liberalidad a refugiados de países orientales durante la Guerra Fría comenzaron a tomar medidas que aumentaron la tasa de rechazo de las solicitudes.
Esta política restrictiva continuó hasta el punto de vaciar en gran medida el derecho de asilo de su eficacia. Sin embargo, el principio se mantuvo: el solicitante de asilo tiene derecho a un examen individual de su solicitud siempre que llegue a territorio «seguro», lo que los Estados están tratando cada vez más de prevenir (véanse los acuerdos de la Unión Europea con Turquía sobre refugiados sirios).
Un paso más hacia la barbarie
Hasta ahora solo un país occidental había roto abiertamente con este principio: Australia, donde el trato de las y los refugiados y solicitantes de asilo es una tarea confiada, con incentivos financieros, a terceros países (Papúa Nueva Guinea, Nauru en el Pacífico). Pero el 3 de junio, el Parlamento danés aprobó un proyecto de ley que prevé enviar a las y los solicitantes de asilo a un tercer país. Dinamarca ya ha concluido un memorando de entendimiento con el gobierno de Ruanda, que cubre la migración, el asilo, el retorno y la repatriación. De hecho, se trata de disuadir cualquier solicitud de asilo: ¿qué solicitante de asilo extranjero vendrá a Dinamarca sabiendo que será enviado a Ruanda u otro país (se evoca Túnez, Egipto, Eritrea)? El gobierno de Mette Frederiksen tiene un objetivo declarado: «Ni una persona refugiada». ¡Y pertenece al Partido Socialdemócrata!
Esta no es la primera manifestación de hostilidad hacia las personas refugiadas en el gobierno danés de «izquierda», pero es la más significativa. La implementación de tal política en otros países marcaría el final de un principio, ciertamente astillado, pero que todavía puede constituir un recurso. Un paso más hacia la barbarie
Hebdo L’Anticapitaliste – 574 (24/06/2021)
https://lanticapitaliste.org/actualite/international/droit-dasile-la-fin-dun-principe
Traducción: F.E. para Antikapitalistak
Jun 29, 2021 | INTERNAZIONALISMOA, PRINCIPAL (izquierda)
(Berouse Farahany)
Las y los iraníes fueron llamados a las urnas para elegir a su 13º Presidente de la República de entre los candidatos convenientemente filtrados por el «Consejo de Guardianes», algo que sucede en todas las elecciones, lo que elimina automáticamente la calidad «democrática» de todas estas elecciones.
Hasta ahora, el poder siempre dejaba en liza a un candidato del llamado campo «reformista», para dar una apariencia de verdaderas elecciones, y al mismo tiempo usarlo como chivo expiatorio, responsable de todos los males de la sociedad. Pero esta vez el bloqueo ha ido más allá de lo imaginable. El Líder Supremo, titular del verdadero poder, en la práctica y de acuerdo con la Constitución, decidió eliminar a cualquier candidato que no estuviera subordinado al círculo restringido del poder. Quería fortalecer los lazos a su alrededor, incluso eliminando a personas cercanas al presidente saliente Hassan Rouhani.
Y en medio de una indiferencia casi general y una abstención récord imposible de ocultar, se produjo el anuncio de la victoria de Ibrahim Raïssi, actual jefe del poder judicial.
Múltiples crisis en Irán
Este miembro de la «Comisión de la Muerte» responsable de las masacres de miles de prisioneros políticos en el verano de 1988 es considerado un criminal contra la humanidad por Amnistía Internacional. El anuncio de su elección no fue seguido por ningún desfile de sus partidarios y partidarias en las calles, ninguna escena de alegría ni siquiera alguna señal de entusiasmo.
Las razones de esta situación son muchas. Irán está pasando por múltiples crisis:
– Una crisis económica sin precedentes debida a la aplicación de políticas neoliberales, agravada por las sanciones estadounidenses. Se caracteriza por el desempleo masivo, el colapso de la moneda nacional, una caída vertiginosa de la producción (tres años consecutivos de recesión), una inflación de dos o incluso tres dígitos que afecta a ciertas necesidades básicas, el impago de salarios durante meses, una crisis bursátil, una corrupción sistémica y a gran escala, etc.
– Una crisis ecológica que se manifiesta principalmente en torno a la falta de agua (después de sequías sucesivas y debido a una política irracional de construcción de presas), repetidos incendios forestales, contaminación de ríos…
– Una verdadera crisis política y un divorcio casi total entre el poder iraní y el pueblo que se traduce en un boicot activo y declarado, no solo por facciones políticas o activistas y movimientos sociales, sino también de una masa de personas pertenecientes a diferentes estratos de la población trabajadora. Por primera vez en muchos años, se escucharon consignas a favor del boicot durante las manifestaciones de pensionistas y huelgas de trabajadoras y trabajadores, ¡a pesar de las amenazas del gobierno y del propio Guía!
Luchas sociales en ebullición
El régimen islámico está en una posición muy mala. Después de dos levantamientos populares en 2016 y 2018, brutalmente aplastados en sangre, en Irán se da una ebullición de luchas sociales. Se han registrado en un año 1915 movimientos, huelgas, bloqueos de sitios y otras acciones organizadas a nivel nacional por trabajadoras y trabajadoras industriales, en magisterio, personas jubiladas, personal del sector salud durante la pandemia del Covid-19. Y ya hace años Irán ha venido siendo sacudido por manifestaciones y huelgas de personas empleados, pensionistas y desempleadas.
Y estas luchas dan sus frutos. Las y los trabajadores han logrado obtener satisfacción de sus demandas en varias ocasiones. El movimiento más importante fue la larga lucha victoriosa de las y los trabajadores de la fábrica de azúcar Haft-Tapeh, que obtuvieron la cancelación de la privatización de su fábrica mediante huelgas sucesivas, aprovechando las divisiones dentro del gobierno sobre este tema, incluida la opinión favorable de Ibrahim Raïssi es consciente de la gravedad de la situación y de la base social muy estrecha del régimen. Quiere caminar sobre dos patas: por un lado un puño de hierro, por el otro unos gestos sociales para negociar con Occidente y salir de la crisis. Pero la tarea es imposible. La división entre el pueblo y el poder es abismal.
Jun 24, 2021 | INTERNAZIONALISMOA, PRINCIPAL (izquierda)
Esquerda online (Corriente Resistencia del PSOL)
La movilización del sábado 19 de junio en Recife, mostró la fuerza del movimiento Fora Bolsonaro (Fuera Bolsonaro). A pesar de las fuertes lluvias, miles de personas volvieron a salir a las calles, en números mucho mayores que el 29 de mayo. Las estimaciones oscilan entre 10.000 y 15.000 personas en las calles. Lo cierto es que este sábado 19 de junio la manifestación fue el doble de grande que la anterior, ocupando el distrito de Boa Vista. ¡Las y los manifestantes están decididos a echar a Bolsonaro y exigir vida, pan, vacunas y educación!
La indignación despertada por la absurda represión contra las y los manifestantes después de la manifestación del 29 de mayo y la solidaridad con las dos personas que perdieron un ojo -Daniel y Jonatan- después de ser alcanzadas por balas de goma disparadas a quemarropa, contribuyeron a la amplitud de la movilización. ¡La revuelta y la solidaridad han salido a las calles!
Esta vez no hubo represión contra las y los manifestantes y la manifestación tuvo lugar en paz, habiendo podido quienes participaban en ella caminar desde el lugar de inicio hasta el final y subir por el puente Duarte Coelho, sin poner en peligro sus ojos y la vista. El sistema policial reunido por el gobierno del PSB (Partido Socialista Brasileño) ni siquiera se acercó a la mitad del número utilizado en mayo. El gobierno estatal (de Pernambuco) -que hasta ahora no ha revelado de dónde vino la orden- acompañó directamente la acción de la policía, incluida la presencia del Secretario de Seguridad que observó la manifestación.
Esto solo fue posible después del impacto nacional de la represión, resultado de la presión de movimientos sociales, parlamentarios y la acción de la prensa independiente, como la agencia Marco Zero, que difundió, desde todos los ángulos posibles, imágenes de la intervención policial. Pese a todo, abogadas y abogados populares voluntarios acompañaron a la manifestación para prepararse ante cualquier eventualidad.
La fuerza del movimiento fue tal que obligó a Bolsonaro a retirarse de un «Desfile de la Muerte» que estaba programado para este domingo 20 de junio en la capital de Pernambuco (Recife). Ha sido cancelado. El «desfile de la muerte» sería una falta total de respeto a todas las víctimas del Covid-19 y sus familias, como Doña Eulália, de 90 años, que estuvo presente en el acto con un cartel con la foto de su hija, una de las 500.000 víctimas del virus y el gobierno genocida.
Un grandioso 19J
[…] la manifestación contó con la participación de toda la izquierda y los movimientos sociales. Activistas de los partidos PSOL, PCB, PT, PCO y PSTU marcharon con sus banderas. El PSOL tenía una columna organizada, con pancartas y banderas. También estuvieron presentes parlamentarios de izquierda, además de las centrales sindicales CUT, CSP e Intersindical, y varios colectivos juveniles, antirracistas y de mujeres, como la Resistencia Feminista, MTST (Movimiento de las y los trabajadores sin techo), MST (Movimiento de las y los sin tierra), Mouvement des sans-toit de Recife), sindicatos de conductores de autobuses, maestros y funcionarios públicos.
Recife, Pernambuco y Brasil van por buen camino para acabar con el gobierno de Bolsonaro y frenar al fascismo: la máxima unidad política de la gente trabajadora y sus organizaciones.
2021/06/22
https://lanticapitaliste.org/actualite/international/19j-des-milliers-de-personnes-descendent-dans-la-rue-recife-contre
Traducción: F.E. para antikapitalistak
Jun 23, 2021 | INTERNAZIONALISMOA, PRINCIPAL (izquierda)
(Dan La Botz)
El presidente Biden ha elegido a su vicepresidenta, Kamala Harris, para tratar el tema de la inmigración. Prometió abordar las causas profundas de la migración proveniente del «Triángulo Norte», como la pobreza y la violencia en la región, (Guatemala, El Salvador y Honduras). Pero sorprendió y enfureció a los progresistas con su mensaje.
Hablando en Guatemala, Harris dijo: «Quiero ser clara para la gente de esta región que está planeando hacer este peligroso viaje a la frontera entre Estados Unidos y México: no vengan. No vengan”. Lo que hizo que la declaración fuera tan impactante fue que contradice tanto el derecho estadounidense como el internacional, que defiende el derecho de las y los inmigrantes a venir a la frontera de Estados Unidos para demandar asilo. Y a la gente progresista le parece que este discurso no parece más acogedor para las personas inmigrantes de lo que fue el presidente Donald Trump.
Críticas de la izquierda demócrata
En mayo, 180.000 personas inmigrantes indocumentadas entraron a los Estados Unidos, y casi todas fueron deportadas a México, aunque muchas de ellas vinieron de América Central, América del Sur, Europa y Asia. Aproximadamente 4.000 niñas y niños no acompañados tuvieron que ser aceptados y alojados en instituciones superpobladas. Todas huyen de la pandemia, de las bandas criminales y, en el caso de las mujeres, de la violencia doméstica.
La diputada de la Cámara de Representantes Rashida Tlaib describió el enfoque de Harris como «Quédate ahí y muere». Alexandria Ocasio-Cortez (AOC – otra representante elegida de la izquierda demócrata) respondió inmediatamente a Kamala Harris: «Es decepcionante. En primer lugar, demandar asilo en cualquier frontera de EE. UU. es un método de llegada 100% legal. En segundo lugar, Estados Unidos ha pasado décadas contribuyendo a cambios de régimen y a la desestabilización en América Latina. No podemos prender fuego a la casa de alguien y luego reprocharle que huya de ella”.
AOC se refiere, por supuesto, a las intervenciones políticas y militares de los Estados Unidos en los países de Centroamérica durante la presidencia de Ronald Reagan durante la década de 1980. Guerras reales que provocaron la muerte de cientos de miles de personas y finalmente han llevado a los gobiernos de derecha al poder en Guatemala, Honduras y El Salvador. Después de estos enfrentamientos e intervenciones, los gobiernos de estos países se han vuelto cada vez más corruptos, a la vez que las bandas criminales y violentas de narcotraficantes causan estragos. Estados Unidos ha obstaculizado reformas que pueden mejorar la vida de las personas. Cuando el pueblo hondureño eligió al presidente progresista Manuel Zelaya, el presidente Barack Obama y la secretaria de Estado Hillary Clinton apoyaron un golpe militar en 2009 que le derrocó.
300 millones de dólares de ayuda
Harris optó por viajar a Guatemala porque el Presidente de Honduras es considerado relacionado con el narcotráfico por los fiscales federales de Estados Unidos, mientras que el Presidente de El Salvador es un autócrata que recientemente destituyó al Fiscal General del país y a cinco jueces de la Corte Suprema. Harris se ha pronunciado enérgicamente en contra de la corrupción en la región, pero su socio, Guatemala, está plagada de problemas similares. Human Rights Watch informa que «la violencia y la extorsión por parte de poderosas organizaciones criminales siguen siendo graves problemas en Guatemala», y poderosas personalidades políticas garantizan la impunidad. «La violencia relacionada con bandas mafiosas es un factor importante que empuja a las personas, incluyendo las y los niños no acompañados y los adultos jóvenes, a abandonar el país”. Y este mes, un consorcio de organizaciones de derechos humanos exigió que Guatemala detuviera la criminalización de activistas y de personal funcionario que defienden los derechos humanos.17:52
El plan de Harris para reducir la migración desde Centroamérica se basa en una mayor implicación de los Estados Unidos. Prometió 300 millones de dólares en ayuda a estos países, parte de los 4.000 millones de dólares prometidos por Biden en total, de los que 1.400 millones de dólares deben ser utilizados para reforzar la frontera. También anunció que un grupo de doce empresas y ONG estadounidenses y extranjeras habían prometido invertir en la región. Las compañías son Mastercard, Microsoft, Chobani, Nespresso, Bancolombia, Davivienda (otro banco colombiano) y Duolingo, mientras que las ONG son Acción, Harvard T.H. Escuela Chan de Salud Pública, Pro Mujer, Asociación de Tiendas para Refugiados y el Foro Económico Mundial. Hay una palabra pasada de moda para todo esto: imperialismo.
Hebdo L’Anticapitaliste – 573 (17/06/2021)
https://lanticapitaliste.org/actualite/international/la-vice-presidente-us-kamala-harris-met-en-colere-les-progressistes
Traducción: F.E. para Antikapitalistak
Jun 12, 2021 | INTERNAZIONALISMOA, PRINCIPAL (izquierda)
Declaración del Partido Socialista de los Trabajadores (Argelia).
¡La represión y las elecciones legislativas no son una solución!
Instaurando un clima de terror mediante la represión de las manifestaciones pacíficas del Hirak y el amordazamiento de toda libertad de expresión, el poder fáctico espera imponer la continuidad del régimen liberal autoritario y antisocial, en particular por la imposición de las elecciones legislativas del próximo 12 de junio. Así, desde el comienzo de la llamada campaña electoral, se han registrado más de mil detenciones de jóvenes activistas del Hirak, activistas políticos, periodistas y abogados en las últimas tres semanas. Esta escalada, para la que se han movilizado cientos de miles de agentes de las fuerzas represivas, se produce a raíz de las huelgas que han afectado a los sectores de la salud, postal, Eniem, Ministerio de Comercio, Administración Tributaria desde principios de abril, así como a las grandes huelgas nacionales de las y los trabajadores de protección civil y todos los organismos educativos nacionales, cuyas manifestaciones callejeras han sido reprimidas violentamente.
Además, se ha orquestado una campaña de intimidación a través de arrestos y detenciones de líderes políticos (RCD, MDS, FFS) y procedimientos legales (UCP, PST) para amordazar a los partidos políticos de oposición, especialmente aquellos que conforman el Pacto por una Alternativa Democrática -PAD – desde junio de 2019, que exigen una transición democrática a través del establecimiento de un proceso popular constituyente. Además, las asociaciones culturales y sociales, como SOS Bab El Oued y RAJ, son reprimidas y amenazadas con la disolución.
¡El PST, es una voz democrática, antiliberal y antiimperialista!
En este contexto de represión sin precedentes desde hace casi treinta años, y con el pretexto de la demora en la celebración de nuestro congreso y la renovación de nuestros órganos nacionales, el Ministro del Interior ha iniciado procedimientos provisionales ante el Consejo de Estado para suspender temporalmente el PST y cerrar sus locales. No obstante, las extraordinarias situaciones políticas y sanitarias que nuestro país ha experimentado en los últimos años, por un lado, y, por otro, la promulgación de la nueva constitución que establece el régimen declarativo, derogando efectivamente disposiciones legales anteriores, deberían ser tenidas en cuenta por la administración. Al ignorar los procedimientos organizativos para el cumplimiento de la ley que el PST ha utilizado, incluida la celebración de un congreso extraordinario y la renovación de sus órganos nacionales dentro del insuficiente plazo de 15 días que se le ha concedido, el Ministro del Interior abusa de su poder y contradice voluntariamente el párrafo 2 del artículo 67 de la Ley 12-04 sobre partidos políticos. Esperamos que el Consejo de Estado tenga en cuenta los argumentos y documentos indiscutibles presentados por nuestro partido.
Pero, como todo el mundo sabe, estos no son de ninguna manera problemas organizativos o legales. En realidad, se nos quiere hacer pagar por nuestras posiciones políticas, incluido nuestro rechazo a las elecciones generales del 12 de junio de 2021 y nuestro compromiso con el Hirak y con las luchas democráticas y sociales. En efecto, el PST está comprometido no solo en la lucha contra el autoritarismo y por las libertades democráticas y sindicales, sino también en la lucha anticapitalista, contra las políticas económicas liberales y contra la dominación imperialista sobre nuestro país. El PST molesta por su compromiso político contra oligarcas y patronal privados que, si bien se aprovechan de las facilidades financieras públicas y las exenciones fiscales recurrentes, no proporcionan una contraparte significativa y establecen relaciones laborales esclavistas. Como debe saber el Ministro del Interior, prohíben las libertades sindicales, despiden abusivamente a las y los trabajadores, imponen salarios miserables, no declaran a menudo a los trabajadores a la seguridad social y a menudo no pagan sus impuestos. El PST molesta al denunciar los injustos acuerdos firmados con la UE y la sumisión de nuestro país a multinacionales que saquean nuestra riqueza y que ahora pueden contar con la intervención del ejército nacional fuera de nuestras fronteras. El PST molesta por su larga lucha de casi medio siglo por los derechos democráticos y sociales de las y los trabajadores y desempleados, contra la opresión de las mujeres y la juventud, por las reclamaciones identitarias y el reconocimiento del Tamazight, junto con los campesinos pobres y todas las personas desfavorecidas.
¡Defendamos nuestras libertades y derechos democráticos y sociales!
El cuestionamiento de las libertades democráticas y del multipartidismo en nuestro país es una deriva grave. Está en la dirección opuesta a las aspiraciones democráticas expresadas durante más de dos años por el Hirak popular y los millones de argelinas y argelinos que iniciaron el proceso revolucionario del 22 de febrero de 2019. Nos recuerda una vez más que el régimen, así como la «burguesía argelina» dominada por el imperialismo, no pueden llevar a cabo tareas nacionales democráticas ni convivir con las pocas libertades y derechos democráticos formales. Porque para imponer sus desastrosas políticas liberales a nivel económico y social, y monopolizar lo que queda como propiedad colectiva de nuestro pueblo en beneficio de una minoría de oligarcas, jefes privados y multinacionales, necesitan un estado autoritario y liberticida. Esta deriva también nos recuerda, una vez más, que son las y los de abajo, especialmente la gente trabajadora, la juventud y las mujeres, las y los que inventaron e inspiraron nuestro formidable Hirak, y que sufren represión y opresión hoy, quienes naturalmente tienen interés en defender las libertades y los derechos democráticos para continuar la lucha por la construcción de la indispensable correlación de fuerzas que permita el tan esperado cambio democrático que implica la elección de una asamblea constituyente soberana que sea verdaderamente representativa de las aspiraciones democráticas y sociales de nuestro pueblo.
El PST considera que la legitimidad de su lucha, que es naturalmente parte de la continuidad de la lucha del pueblo argelino por la independencia, la soberanía y la emancipación social, no puede estar sujeta a la concesión de aprobación o autorización administrativa. Pero nuestro partido luchará como siempre para defender nuestros logros democráticos, arrancados con grandes luchas, incluido el multipartidismo y el derecho de las y los ciudadanos a fundar libremente asociaciones y partidos políticos mediante una simple declaración y sin ningún obstáculo burocrático o interferencia política por parte de la administración y las autoridades públicas. Estas libertades democráticas y sindicales siguen siendo, más que nunca, indispensables para las y los trabajadores, desempleados, jóvenes, las mujeres y todas las personas oprimidas.
El TSP saluda y da las gracias a todas las organizaciones y personalidades, a nivel nacional e internacional, así como a las y los ciudadanos que continúan expresando su solidaridad con nuestro partido.
Argel, 7 de junio de 2021
https://lanticapitaliste.org/actualite/international/la-repression-et-les-legislatives-ne-sont-pas-une-solution
Traducción: F.E. para Anticapitalistak
Jun 4, 2021 | INTERNAZIONALISMOA, PRINCIPAL (izquierda)
(JOHNATAN FUENTES)
Tomado de Jacobin America Latina
La disyuntiva es clara: autoritarismo neoliberal o asamblea popular constituyente.
Tras los resultados electorales del 11 de abril, en los que Pedro Castillo obtuvo el primer lugar, y de cara al balotaje contra Keiko Fujimori este 6 de junio, Perú Libre decidió iniciar su campaña en las regiones del Oriente peruano. Según los últimos sondeos electorales, allí Castillo lleva una diferencia leve (entre 2 y 3 puntos a su favor), en contraste con los mítines multitudinarios que logra congregar en las regiones del Sur Andino y los distritos populares de Lima.
Una campaña atronadora
Varias incógnitas atravesaban el ambiente político sobre el devenir del proyecto de izquierda antineoliberal (o izquierda popular, como lo denomina su militancia) que representan Castillo y Perú Libre. ¿Habrá una capitulación, como sucedió con Ollanta Humala en 2011? ¿Mantendrá lo central de su programa original? ¿Qué política de alianzas planteará para encarar la segunda vuelta?
Durante el mes de abril, Castillo optó por realizar mítines en las distintas regiones del país. Tal opción respondió a un repliegue táctico ante el ataque sistemático que recibió su candidatura por parte de los grandes medios de comunicación. Pero, además, su experiencia como sindicalista magisterial le permitió moverse como pez en el agua en esa perspectiva basista, encarando la campaña a partir del encuentro cara a cara con el electorado y un discurso que supo recoger los reclamos de los sectores populares postergados y con expectativas de transformaciones profundas.
El 5 de mayo se firmó el acuerdo político en Lima entre Perú Libre y Juntos por el Perú / Nuevo Perú, representados por Pedro Castillo y Verónika Mendoza, respectivamente. Este acuerdo de 4 puntos tiene la virtud de no desdibujar las propuestas de cambio económico (nacionalizaciones de los recursos naturales) y político (Asamblea Popular Constituyente), a la vez que amplía tenuemente el proyecto, sobre todo en cuestiones de diversificación productiva y derechos para todos y todas.
De cierta forma, con esta decisión política Nuevo Perú enmienda la coalición frustrada con Perú Libre de hace dos años, decisión que le acarreó importantes costos políticos (motivando la renuncia de las exparlamentarias Marisa Glave, Tania Pariona e Indira Huilca, quienes se oponían a la alianza). El hecho político más relevante surgido a consecuencia de esta unidad de las izquierdas fue la ampliación del equipo técnico de Perú Libre a referentes de Nuevo Perú y a personalidades de la ciencia y otros sectores del campo popular.
Aun así, las tensiones siguen vigentes en la izquierda antineoliberal peruana (y, más en general, en aquellas fuerzas que se enmarcan en los debates del ciclo progresista latinoamericano). Los clivajes internos son muchos: conservadurismo social y feminismo, extractivismo redistributivo y posextractivismo, democracia participativa y democracia liberal… Estos debates, sin embargo, aunque álgidos, por lo general estuvieron siempre presentes en la fase inicial de los procesos de cambio más avanzados en nuestro continente. A ello debe agregarse que Pedro Castillo también buscó otras alianzas, incluyendo a personajes derechistas como Miguel del Castillo (rápidamente excluido de la campaña) o a Ricardo Belmont, empresario y periodista, que continúa dando apoyo de forma oficiosa a su candidatura presidencial.
El plan de gobierno Perú al Bicentenario Sin Corrupción, de 100 días, elaborado en conjunto con los aliados de izquierda, resguarda los aspectos centrales del programa original y plantea medidas específicas para reactivar la economía popular y afrontar la crisis sanitaria que aún flagela al pueblo peruano. Kurt Burneo, economista y artífice programático de la capitulación de Ollanta Humala hace 10 años, señaló su oposición al nuevo plan de gobierno, poniendo así punto final a la tentativa de integrarse al equipo técnico de Castillo.
En síntesis, podría decirse que el proyecto de «economía popular con mercado» de Perú Libre se ha sostenido, aunque recurriendo a ajustes necesarios, a algunas precisiones y priorizando los temas principales con la mira puesta en arribar a una Asamblea Popular Constituyente que redacte una nueva Constitución para el país.
Las dos tácticas de la derecha peruana
Un sector de la derecha optó por intentar doblegar a Castillo haciendo énfasis en sus tensiones con Vladimir Cerrón, dirigente principal de Perú Libre. Cerrón es un cuadro político con un perfil más ideologizado y de izquierda, afin a los gobiernos progresistas desde una perspectiva campista. El objetivo bajo esta táctica de la derecha liberal era lograr que Castillo renuncie a sus banderas de cambio de modelo económico y Asamblea Popular Constituyente.
El excandidato presidencial Hernando de Soto sostuvo una reunión con Castillo a fines de abril, en Máncora, que tuvo como agenda los cuestionamientos de de Soto al programa original de Perú Libre. Hernando es un propagandista neoliberal muy conocido por su pragmatismo y por sus acercamientos a personajes como Muamar Gadaffi o Antauro Humala con fines de cooptación política. Pero sus intenciones fueron frustradas al punto tal que a los tres días de ocurrida la reunión anunció su voto a Keiko Fujimori.
La segunda táctica de la derecha consistió en la confrontación directa. Con marcados tintes macartistas, recurrió a fake news, falsas estigmatizaciones, movilizaciones reaccionarias y diversos métodos espurios para dirimir la contienda electoral e incluso generar las condiciones para un fraude o acciones golpistas en el caso de que Castillo triunfe en el balotaje. En las principales calles de Lima se difundieron carteles muy costosos en alusión al comunismo y el socialismo, asociándolos a pobreza y miseria. También hubo propaganda vinculando a Perú Libre con el Movadef o el extinto PCP–SL, que durante las décadas del 80 y 90 recurrieron a métodos terroristas y deleznables en el marco de su guerra subversiva.
Llegaron incluso a utilizar políticamente la reciente masacre perpetrada en el Vraem, por la que en un principio se responsabilizó a los remanentes de Sendero Luminoso en esa zona (el Militarizado Partido Comunista Peruano) que rechazan a Abimael Guzmán y su proyecto derrotado y han devenido en un grupo mercenario inserto en el mundo del narcotráfico.
A resumidas cuentas, la campaña macartista de la derecha no tiene reparo alguno en revivir las heridas del conflicto armado interno. En este proceso electoral han demostrado hasta dónde puede llegar su propaganda de odio. Sin exagerar, recuerda a la impunidad de los terroristas de Estado.
El peligro de la ultraderecha naranja
Keiko Fujimori, hija del autócrata Alberto Fujimori, es la heredera del proyecto neoliberal autoritario que intenta por tercera vez acceder al poder. Según la investigación fiscal, el partido de Keiko, Fuerza Popular, es catalogado como organización criminal por recibir ilícitamente fondos para su campaña presidencial en anteriores procesos electorales, entre otras acusaciones graves (como lavado de activos). Keiko no ha tenido pudor alguno en convocar a los veteranos fujimoristas que acompañaron a su padre en el poder. Tal es el caso de Francisco Tudela, que votó por la ley de amnistía a la organización paramilitar Grupo Colina.
Su plan de gobierno no fue reformulado, y ha optado por reciclar a exfuncionarios de los diferentes gobiernos neoliberales durante los últimos 20 años en su intento por superar la dispersión derechista que se hizo evidente en la primera vuelta. Los excandidatos presidenciales Hernando de Soto, Rafael López y Cesar Acuña han declarado abiertamente su apoyo a la candidatura de Fuerza Popular en el balotaje.
En el plano internacional ha recibido apoyo del golpista y fascista venezolano Leopoldo López, quien arribó al Perú hace unos días para impartir conferencias con marcado tenor antichavista en el marco de la cruzada macartista contra Castillo. En una táctica que no por repetida resulta menos eficiente, el chavismo es señalado como la fuente de todos los males, procurando deslegitimar por asociación todo intento popular que apunte a superar el capitalismo neoliberal.
Keiko y su bancada parlamentaria fueron protagonistas de la crisis política que arreció el país en los últimos años mediante destituciones presidenciales (vacancia) en clave reaccionaria mientras el pueblo sufría los embates de la crisis sanitaria y económica gatillada por la pandemia. Fuerza Popular es una organización criminal y ultraderechista que cuenta con apoyo mediático, internacional, militar y político, suficiente para poner en peligro seriamente las libertades democráticas de las clases populares, las mujeres y las disidencias sexuales.
Un desenlace abierto
La derrota del fujimorismo no está asegurada. Las encuestas de intención de voto suelen ser muy inexactas, porque en el Perú existe un sector importante del electorado que decide el ultimo día su voto.
Lo que sí es claro es que la segunda vuelta de este 6 de junio marcará un antes y un después en la historia republicana del Perú. Los proyectos enfrentados son antagónicos entre sí, y los resultados electorales no resolverán la crisis multidimensional que afrontamos. Sin embargo, determinarán contextos totalmente distintos para desplegar la lucha que nos encamine hacia una ruptura con el capitalismo neoliberal.
Bregar por una Asamblea Constituyente paritaria, popular y plurinacional no solo tiene como objetivo la redacción de una nueva Constitución. Además, nos pone en la senda del desarrollo de la organización popular dispuesta a cambios más profundos que los planteados por Perú Libre.
Para acercarnos un paso más al horizonte anticapitalista, ecosocialista y feminista que necesitamos, la victoria de Pedro Castillo en las urnas el próximo 6 de junio y el respaldo militante y crítico de un posible gobierno popular ante los previsibles asedios reaccionarios en su contra son tareas impostergables.
