(Henri Wilno)
El jueves 2 de junio, el Parlamento danés aprobó, por 70 votos contra 24, un proyecto de ley que permite al país “subcontratar” sus solicitudes de asilo: el gobierno danés ahora puede enviar a personas que han presentado una solicitud de asilo en Dinamarca a otro país, fuera de la Unión Europea, durante el tiempo del examen de su expediente.
El derecho de asilo tiene orígenes muy antiguos. Se ha introducido gradualmente en la legislación nacional e internacional. Es cierto que siempre ha habido cierta arbitrariedad en su aplicación: los refugiados del Imperio Ruso después de 1917 se beneficiaron enormemente de ella; por otro lado, las y los judíos alemanes perseguidos por el gobierno nazi vieron sus solicitudes de asilo en Francia y otros países rechazadas masivamente en la década de 1930.
Un derecho consagrado
El derecho de asilo fue proclamado solemnemente después de la Segunda Guerra Mundial. Así, en 1946, el artículo 14 de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece: “Ante la persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de asilo en otros países”. La Convención de Ginebra de 1951 dio a esta protección una traducción en el derecho internacional público. Sin embargo, la arbitrariedad no cesó completamente en la aceptación de solicitudes y aumentó a partir de la década de 1960. La mayoría de los países occidentales que habían acogido con bastante liberalidad a refugiados de países orientales durante la Guerra Fría comenzaron a tomar medidas que aumentaron la tasa de rechazo de las solicitudes.
Esta política restrictiva continuó hasta el punto de vaciar en gran medida el derecho de asilo de su eficacia. Sin embargo, el principio se mantuvo: el solicitante de asilo tiene derecho a un examen individual de su solicitud siempre que llegue a territorio “seguro”, lo que los Estados están tratando cada vez más de prevenir (véanse los acuerdos de la Unión Europea con Turquía sobre refugiados sirios).
Un paso más hacia la barbarie
Hasta ahora solo un país occidental había roto abiertamente con este principio: Australia, donde el trato de las y los refugiados y solicitantes de asilo es una tarea confiada, con incentivos financieros, a terceros países (Papúa Nueva Guinea, Nauru en el Pacífico). Pero el 3 de junio, el Parlamento danés aprobó un proyecto de ley que prevé enviar a las y los solicitantes de asilo a un tercer país. Dinamarca ya ha concluido un memorando de entendimiento con el gobierno de Ruanda, que cubre la migración, el asilo, el retorno y la repatriación. De hecho, se trata de disuadir cualquier solicitud de asilo: ¿qué solicitante de asilo extranjero vendrá a Dinamarca sabiendo que será enviado a Ruanda u otro país (se evoca Túnez, Egipto, Eritrea)? El gobierno de Mette Frederiksen tiene un objetivo declarado: “Ni una persona refugiada”. ¡Y pertenece al Partido Socialdemócrata!
Esta no es la primera manifestación de hostilidad hacia las personas refugiadas en el gobierno danés de “izquierda”, pero es la más significativa. La implementación de tal política en otros países marcaría el final de un principio, ciertamente astillado, pero que todavía puede constituir un recurso. Un paso más hacia la barbarie
Hebdo L’Anticapitaliste – 574 (24/06/2021)
https://lanticapitaliste.org/actualite/international/droit-dasile-la-fin-dun-principe
Traducción: F.E. para Antikapitalistak
