Argelia : ¡No a la mascarada de las elecciones legislativas del 12 de junio!

(Declaración de PST*)

¡Por la elección de una asamblea constituyente soberana!

Aunque nuestro partido ya había expresado públicamente sus críticas políticas y su rechazo a las elecciones legislativas que el poder de facto tiene la intención de imponernos el 12 de junio de 2021, la Dirección Nacional del partido acaba de decidir oficialmente la no participación del Partido Socialista de los Trabajadores (PST) en estas elecciones.

Para el PST, que ha participado en varias elecciones desde 1991 con el objetivo de utilizar la plataforma electoral, sin la construcción de una correlación de fuerzas previa dentro de la sociedad no está permitida ninguna ilusión en cuanto a la posibilidad de lograr por vía electoral el cambio democrático y social al que aspiran las masas populares.

En el contexto actual, estas elecciones generales llegan en un momento en que el Hirak popular, independientemente de sus deficiencias y limitaciones, ha vuelto desde el pasado 22 de febrero, planteando la cuestión de la elección entre el campo popular y el del poder y su hoja de ruta. El desafío a la legitimidad del poder se expresa una vez más en importantes manifestaciones populares en varias ciudades del país. Al igual que en las elecciones de 2002, que tuvieron lugar después del levantamiento popular de la «primavera negra» de 2001, nuestro partido no duda ni un segundo en rechazar la mascarada de las elecciones legislativas y participar como de costumbre en la construcción del campo de las luchas y movilizaciones políticas y sociales de nuestro pueblo.

Para el PST, más que las consultas anteriores, estas elecciones legislativas ya están descalificadas desde un punto de vista democrático por el alcance de la represión y las violaciones de las libertades. Los presuntos gestos de apaciguamiento limitados a «perdonar» a unas pocas docenas de detenidos políticos son rápidamente negados por nuevos arrestos y otros acosos policiales y judiciales a activistas, periodistas y manifestantes comunes. Peor aún, los casos de tortura y violación por parte de los servicios de seguridad son denunciados públicamente por personas que salen de los centros de detención. Las libertades democráticas básicas y los derechos de expresión, manifestación, opinión, organización, huelga, etc., se amordazan diariamente. Los medios públicos siguen cerrados a las críticas al régimen y sus estudios siguen siendo monopolizadas exclusivamente por sus representantes y por quienes ya le han expresado su lealtad. En cuanto a la ley electoral, respaldada por el mismo parlamento disuelto, que el propio gobierno describe como corrupto e ilegítimo, constituye otro obstáculo para unas elecciones honestas y democráticas. Por ejemplo, más que en leyes anteriores, el método de votación elegido deliberadamente tiene como objetivo la despolitización del voto a través de la elección entre candidatos en la misma lista y no entre programas políticos. Debido a esto, ¿no habría que poner en cuestión la supuesta paridad entre hombres y mujeres? En cuanto a la financiación pública de unas candidaturas en detrimento de otras, y que legaliza de facto una desigualdad de oportunidades, ¿no es sobre todo un subterfugio que permite financiar una posible futura mayoría parlamentaria?.

 

Para el PST, estas elecciones legislativas, como las elecciones presidenciales de diciembre de 2019 o el referéndum sobre la nueva Constitución de noviembre de 2020, son una maniobra dirigida a institucionalizar la continuidad del régimen. Lejos de limitarse a la renovación del nombramiento de varias figuras abiertamente partidarias de un quinto mandato para Bouteflika, esta continuidad del régimen se verifica principalmente en los terrenos económico y social. Son las mismas «reformas» económicas liberales que consisten en privatizar la economía y la riqueza nacional, especialmente los bancos públicos e incluso nuestro subsuelo, permitiendo que un puñado de oligarcas y multinacionales las monopolicen. Son las mismas políticas antisociales destinadas a reducir los salarios, eliminar los subsidios para las necesidades básicas, reducir las ayudas sociales, poner en cuestión la medicina gratuita, empujar a nuestros jóvenes y sectores enteros de nuestro pueblo al desempleo y la precariedad social. En resumen, las mismas opciones neoliberales que llevaron al desastre económico y social que estamos experimentando y que fueron las razones fundamentales para el rechazo del régimen y el levantamiento popular de Hirak de febrero de 2019.

Para el PST la recuperación de la soberanía popular requiere la elección de una asamblea constituyente soberana representativa de las aspiraciones democráticas y sociales de la mayoría de nuestro pueblo, constituida por las y los trabajadores, desempleados, mujeres, pequeños agricultores y todos los sectores más desfavorecidos. En esta perspectiva, el PST pide la imperativa convergencia entre el formidable movimiento popular que constituye el Hirak y las luchas sociales, en particular a través del establecimiento urgente de una autoorganización de base en todo el país, que permita el surgimiento de una alternativa democrática, antiliberal y antiimperialista.

• ¡Libertad para todas las personas presas por delitos políticos y de opinión!

• ¡Por la eliminación de todos los obstáculos al ejercicio de las libertades democráticas!

• ¡Por el respeto de las libertades sindicales!

• ¡No a la continuidad del régimen liberal, antisocial y autoritario!

• ¡Por la elección de una Asamblea Constituyente soberana!

Argel, 5 de abril de 2021

* Esta declaración fue adoptada por la Dirección Nacional del Partido Socialista de los Trabajadores (PST), https://www.pst-algerie.org/non-a-la-mascarade-des-legislatives-du-12-juin-pour-lelection-dune-assemblee-constituante-souveraine/

Palestina: Un «alto el fuego» que no resuelve nada, una movilización que continúa

Julien Salingue>
Hebdo L’Anticapitaliste – 570 (27/05/2021)

Después de negociaciones procuradas por Egipto y Qatar, el 21 de mayo se ha establecido un alto el fuego entre Israel y la Franja de Gaza. Si bien obviamente podemos alegrarnos de que el pueblo de Gaza ya no esté bajo bombas, nada está resuelto, y podemos esperar que, en las próximas semanas, las y los palestinos continúen movilizándose por sus derechos nacionales y democráticos.

El fin de la operación de bombardeo en la Franja de Gaza suena como un fracaso para las autoridades israelíes. Si bien la secuencia fue particularmente violenta, con ataques de intensidad sin precedentes y daños materiales y humanos considerables, el hecho es que el Estado de Israel no sale victorioso de los enfrentamientos de las últimas semanas. Por el contrario, para mucha gente palestina, el alto el fuego es más indicativo de un temor israelí a que la situación degenere que de un control de la agenda.

Comunidad de destino

Si la atención de los medios de comunicación estaba centrada particularmente en Gaza, no debemos olvidar que fue en toda Palestina donde Israel tuvo que enfrentar —y todavía enfrenta— un desafío palestino a sus políticas de apartheid: la movilización simultánea en Gaza, Cisjordania, Jerusalén y el propio Israel, si bien obviamente no es la afirmación de una unidad política repentinamente recuperada, es la expresión de la conciencia de una comunidad de destino entre los diferentes sectores palestinos. Una mordaz advertencia dirigida a la potencia colonial que ha fragmentado constantemente a la población palestina en las últimas décadas, poniendo en práctica el viejo adagio «Divide y gobierna mejor».

Esta es una de las singularidades del levantamiento de las últimas semanas, que también tiene un rostro particularmente joven y apenas fue encuadrada por las fuerzas políticas tradicionales, ya sea Hamas, Fatah o la izquierda. En los primeros días, vimos incluso a la Autoridad Palestina en Ramala reprimir a las y los manifestantes en Cisjordania, antes de cambiar de línea y jugar la carta de la retórica de la «unidad nacional», por miedo a perder un poco más de terreno ante Hamas que aparece como defensor de todas y todos los palestinos, y no solo de los de Gaza.

¿Y ahora qué?

Muy listo sería quien fuera capaz de predecir lo que sucederá en los días y semanas venideros. Sin embargo, una cosa es cierta: la represión israelí continúa, incluida la Operación Ley y Orden en Israel con el objetivo de arrestar a 500 palestinas y palestinos movilizados[1] en las últimas semanas, mientras la movilización continúa en Jerusalén, particularmente alrededor de los barrios de Sheikh Jarrah y Silwan, y en Cisjordania. En toda Palestina se discute de política, de estructuración, se habla del futuro, y si apenas podemos aventurarnos a hacer predicciones, no hay duda de que la secuencia que se ha abierto en las últimas semanas está lejos de terminar y que nuestra solidaridad tendrá que expresarse.

Como explica el investigador Tareq Baconi: «Las y los palestinos deben encontrar una manera de mantener este levantamiento popular más allá de las estructuras de dirección que existen hoy en día. Esto no significa que no deba haber dirección para el movimiento. Lo que aprendimos de los levantamientos árabes de 2011 es que si no hay un liderazgo capaz de tomar decisiones políticas y estratégicas, el Estado profundo y el status quo ganan. Este liderazgo no se puede canalizar hacia las mismas instituciones corruptas que nos han llevado a donde estamos hoy. De esta movilización de base debe surgir un liderazgo más inclusivo. La forma que esto tomará aún no está clara, pero solo estamos en los primeros días”.

27/05/2021

https://lanticapitaliste.org/actualite/international/palestine-un-cessez-le-feu-qui-ne-regle-rien-une-mobilisation-qui-continue

Traducción: F.E. para Anticapitalistak

[1]      https://vientosur.info/mas-alla-de-hamas-y-la-ap-un-desafio-como-mantener-este-levantamiento-popular-mas-alla-de-las-estructuras-de-liderazgo-actuales/

El levantamiento popular está derrumbando el régimen neoliberal y militarista de Duque

(Movimiento Ecosocialista de Colombia)

«El neoliberalismo no muere sin matar, pero cuanto más mata más muere. Lo que está pasando en Colombia no es un problema colombiano, es un problema nuestr,o de las y los demócratas del mundo.»       Boaventura Dos Santos.                              

El 28 de Abril de 2021 marcó una nueva etapa en la historia de la movilización y el ejercicio de la protesta social en Colombia. El paro nacional convocado por las centrales obreras terminó convirtiéndose en un gran levantamiento popular. Ese mismo día las ciudades capitales presenciaron movilizaciones de trabajadores, de informales, estudiantes, organizaciones barriales, de mujeres, comunidades indígenas y afros; una expresión social diversa y plural de un pueblo desesperado y acorralado por la implementación durante décadas de las políticas neoliberales y que durante la pandemia fue abandonado a su propia suerte. Este levantamiento popular tiene una línea de continuidad con las movilizaciones urbanas del 21 de noviembre del 2019, pero, en esta ocasión, se sumaron las ciudades intermedias y las zonas rurales. Hubo protestas callejeras en 600 municipios y el número de manifestantes alcanzó aproximadamente los cinco millones de personas.

Esta protesta masiva ya ha logrado resultados. La caída de la reforma tributaria, la salida del Ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla y de su equipo económico, el abandono del cargo de la Canciller Claudia Blum, el empantanamiento de las reformas de la salud, pensiones y laboral en el Congreso que hacen parte del «Paquetazo» del gobierno de Duque exigido por las calificadoras de riesgo y el FMI.

Estos resultados han sido obtenidos a pesar del despliegue policial y militar sin precedentes en el país autorizado por el gobierno en contra de la movilización social. Los 50 asesinatos, 400 desaparecidos, los centenares de heridos y decenas de mujeres abusadas sexualmente que en el caso de Alisson Meléndez de 17 años de edad, violentada en una Unidad de Respuesta lnmediata-URI- en Popayán, que la llevó a la decisión trágica de suicidarse, han sido la consecuencia de un tratamiento de guerra civil que el ESMAD, la policía, el ejército y civiles armados le han dado a la protesta ciudadana. En el caso de Cali la represión incluyó la utilización de armas largas, granadas y gases sobre los cuerpos de los manifestantes y los barrios o unidades residenciales circunvecinas e incluso ametrallamiento desde helicópteros militares como ocurrió en Siloé. En las afueras de Buga, en la carretera Panamericana, también fueron utilizadas unidades militares aéreo transportadas y los barrios cercanos aún se encuentran rodeados por el ESMAD y atacados con gases y armas explosivas. En Popayán la respuesta militarista al levantamiento de indignación popular causado por los abusos de la policía ya ha costado un estudiante muerto, desaparecidos y heridos. En Yumbo ha ocurrido algo similar. Estos «teatros de operaciones» militares fueron autorizados de manera personal y directa por el presidente lván Duque, el comandante general de las Fuerzas armadas Eduardo Zapateiro, el director general de la policía Jorge Luis Vargas a lo que debe sumarse la responsabilidad por omisión de los alcaldes locales quienes entregaron el control del «orden público» de las ciudades sin siquiera discutirlo. Todos ellos son responsables de genocidio, de terrorismo en contra de los pueblos y deben ser juzgados como tales ante la Corte Penal Internacional y los organismos internacionales creados para el efecto.

Esta barbarie militarista confirma que estamos asistiendo al colapso del llamado «Estado de Derecho» y confirma que existe una separación abismal entre las instituciones de una democracia representativa precaria y las exigencias sociales de la mayoría de los colombianos.

La aplicación sistemática y programada del terrorismo de Estado evidencia igualmente la crisis del capitalismo periférico en el país asociada con la peor crisis económica en la historia del capitalismo, agravada por  la  pandemia  del  Covid-19. Hemos llegado al punto del callejón sin salida de un Estado y unas elites incapaces de resolver las necesidades más elementales de la población, ahora, en el mediano y en el largo plazo.

El estallido social desbordó las formas clásicas de la movilización popular, posibilitó expresiones de solidaridad como en el caso de la presencia de la «Minga» indígena en Cali y puso al bloqueo en las ciudades y su defensa (las barricadas) como puntos claves de un verdadero paro nacional.

Quienes han liderado los bloqueos, la llamada «primera línea» está constituida por jóvenes marginados por el neoliberalismo, carentes de salud, educación y trabajo que llegan a la protesta por indignación, unidos por la desesperanza. No creen en las instituciones convencionales, tampoco en los partidos políticos, bien sean de izquierda o de derecha. Se organizan «desde abajo» en procesos lentos de coordinación dadas las exigencias de la resistencia callejera auto convocándose; rechazan los liderazgos personales, proclaman la «horizontalidad» en la toma de decisiones y han ganado una gran legitimidad social en los barrios en dónde operan y facilitan la realización de asambleas populares. Estos bloqueos urbanos tal y como lo afirmó en declaraciones públicas el arzobispo de Cali Darío Monsalve » constituyen casi la única manera que tienen los act ivistas del paro de hacerse oír …» y surgieron adicionalmente como respuesta al asedio de las Fuerzas Armadas sobre las ciudades.

El hecho de que desde el inicio de las jornadas de protesta ya contabilizamos más de dos semanas y que los bloqueos vienen siendo utilizados por el gobierno, los empresarios y comerciantes locales para presentarlos ante la población como los, responsables de la carestía de artículos de primera necesidad y de combustibles, a pesar de que han sido habilitados «corredores humanitarios» por parte de los manifestantes, ha abierto, la discusión sobre la oportunidad de mantenerlos.  Al respecto, consideramos que cualquier decisión sobre este asunto debe estar precedida de garantías de no judicialización, ni de criminalización para la totalidad de quienes lideran los bloqueos, supervisadas por organismos de derechos humanos y en lo posible con veeduría internacional y con compromisos explícitos del gobierno nacional y los mandatarios locales sobre sus demandas. Lo que ha venido ocurriendo en Cali después del fracaso de la mesa negociadora que se intentó con la alcaldía es contrario a lo que requerimos para encontrar salidas a la actual situación. Los líderes barriales que asistieron a la convocatoria fueron detectados y actualmente son detenidos por la policía en sus casas para judicializarlos.

En lo que se refiere a la decisión política de terminar con los bloqueos consideramos que ésta debe corresponder a quienes han venido organizándolos como forma de resistencia legítima, es decir, a los miembros de las primeras líneas y de apoyo logístico cercano. Quienes han liderado los enfrentamientos callejeros, y han colocado los muertos, los heridos y los desaparecidos son los que tienen la autoridad moral para tomar esta decisión. Lo mismo debe decirse sobre los bloqueos a carreteras impulsados por transportadores y campesinos.

Las gigantescas marchas que hemos presenciado en lbagué, Neiva y Bogotá en los últimos días y las organizaciones sociales que se han sumado como los transportadores en todo el país y los campesinos cocaleros en suroccidente confirman que este levantamiento popular se encuentra en ascenso, razón por la cual consideramos que el factor decisivo es la apertura de alternativas políticas «desde abajo» a la crisis del capitalismo periférico en el país. Está mostrando que la auto organización y la democracia directa que se expresa en múltiples formas de resistencia caminan hacia la consolidación de una «institucionalidad paralela» que desborda los estrechos límites de la democracia representativa. Este levantamiento desbordó la representatividad tradicional de las organizaciones sindicales y el Comando Nacional de Paro, confirmando que su estrecho accionar reivindicativo las deja por fuera de las exigencias del amplio espectro popular. El 1 de mayo lo evidenció de manera dramática. Mientras en las refriegas callejeras la brutalidad policial ya contabilizaba muertos y desaparecidos las centrales sindicales convocaron a una celebración del día de los trabajadores con «desfile virtual». La desconfianza de los líderes barriales y populares con las negociaciones que intenta desarrollar el comité de paro parten de esta realidad.

El levantamiento popular demuestra igualmente la incapacidad de un congreso y unos partidos políticos atrapados por la corrupción y los compromisos con los negocios de los grandes capitalistas, al igual que unos organismos de control y unas altas cortes que han jugado el papel de cómplices ante la barbarie militarista que actualmente presenciamos. Por ello, ha abierto una crisis institucional que puede terminar en la renuncia del Presidente Duque. El desarrollo de los acontecimientos y las correlaciones de fuerza que se establezcan en el futuro inmediato determinarán si es posible concretar esa posibilidad que implica un golpe certero al Régimen Político neoliberal y militarista. Estamos de acuerdo en que es necesario plantearla desde ya tal y como lo vienen proponiendo, cada vez con más fuerza, organizaciones políticas y sociales. Desconocer esa posibilidad argumentando que  produciría  un  «vacío institucional», que en secuencia estaríamos ante el arribo al Palacio de Nariñ o de la vicepresidenta o del Presidente del Congreso que supuestamente son peores que Duque, o que una vez producida la  renuncia  se  abriría  el  camino  del  golpe  militar, razones  por las  cuales es necesario «defender a Duque del uribismo» que lo colocó en  el  poder  no  sólo lo exime de responsabilidades políticas, frente al asesinato colectivo contra  el pueblo inerme, como jefe  de las  fuerzas  armadas,  sino  que,   parte   del criterio  equivocado  de que la profundización de la crisis institucional  que abriría  el  derrocamiento popular  de un gobierno reaccionario como  el de  Duque, algo  inédito  en la  historia  del país,  sólo podría resolverse en el marco de la misma institucionalidad que se desploma.

Por el contrario, consideramos que un triunfo popular de esas características abriría grandes posibilidades al accionar político autónomo de la población y el camino a la convocatoria de una Asamblea Constituyente y Popular. Sería la mejor manera de aislar y derrotar a la reacción política y a los golpistas, en momentos en que se cuenta con una inmensa solidaridad popular a nivel internacional.

Los líderes sociales y populares también han enfatizado en las siguientes reivindicaciones económicas y sociales que acompañamos y que pueden conformar una plataforma mínima y de urgencia ante el empobrecimiento al que han sido sometidos millones de colombiano(a)s a causa de las políticas neoliberales que continúan imponiéndose por el Gobierno de Duque:

  • Judicialización y sanción a los responsables de los asesinatos y las desapariciones ocurridas durante la militarización de la protesta Castigo a los responsables de violaciones sexuales a mujeres. Desmonte del ESMAD y transformación de la policía en un organismo de carácter civil dependiente del Ministerio de Gobierno. Detener el asesinato y las masacres de líderes sociales. Propiciar un acuerdo humanitario desde ya con todos los grupos armados en la perspectiva de encontrar una salida al conflicto que debe concluir en mesas de negociación diferenciadas conforme a las características de cada grupo.
  • Renta Básica de Emergencia para informales y Para conseguir este objetivo es necesario suspender el pago de la deuda pública que en la actualidad representa el 63% del Producto Interno Bruto y realizar una reforma tributaria democrática y redistributiva que establezca un impuesto al patrimonio a los ricos y super ricos, no descontable del impuesto a la renta; impuesto a los dividendos empresariales y a las herencias, así como la eliminación de las exenciones tributarias a las grandes empresas y al sector financiero.
  • Cumplimiento de los acuerdos de paz particularmente en lo referente a la sustitución voluntaria de cultivos y en la implementación de proyectos colectivos que mejoren el nivel de vida de las comunidades campesinas y étnicas, basados en la soberanía alimentaria.
  • Programa  de generación   de empleo para jóvenes, ampliación  de la cobertura  y financiación de la matrícula a los estudiantes de las universidades públicas.

 

¡Fuera el gobierno genocida de lván Duque!

 Por una salida alternativa a la actual crisis … Asamblea Constituyente y Popular

Israel/Palestina y los llamamientos a la calma y a volver a la situación anterior

<F.E.>

Desde el inicio de los lanzamientos de cohetes por parte de militantes de Hamas desde Gaza que han producido 7 muertes en Israel y la “respuesta” israelí en forma de bombardeos masivos de aviación y artillería que han causado a fecha de 15 de mayo 126 personas muertas, de ellas 31 niños y niñas, 950 heridas y 10.000 desplazadas, han comenzado a oírse llamamientos a la calma, a la vuelta a la situación anterior al pasado 10 de mayo, por parte de la llamada “comunidad internacional”. Antes de esta fecha la “comunidad internacional” no decía ni pío ni sobre el intento de desalojo de gente palestina en el barrio de Sheikh Jarrah, ni sobre la represión masiva en la ciudad vieja de Jerusalén, ni en la explanada de Al Aqsa ni el la Puerta de Damasco de la misma ciudad. Tampoco se oyen protestas por la muerte de gente palestina que se manifestaba en Cisjordania en contra de la barbarie sionista en Gaza. Por citar solo algunos acontecimientos recientes.

Veamos, además, algunas cifras que ilustran esta «calma» a la que alguna gente se refiere:

Entre el 1 de enero de 2019 y el 10 de mayo de 2021, 167 palestinos fueron asesinados por las fuerzas armadas israelíes (en comparación con 12 israelíes muertos).

Entre el 1 de enero de 2019 y el 10 de mayo de 2021, 330 hogares palestinos fueron destruidos por Israel, poniendo a casi 1200 personas en la calle, el 50% de las cuales eran niños.

Entre el 1 de enero de 2019 y el 10 de mayo de 2021, más de 11.500 palestinos fueron arrestados por Israel, incluidos más de 1.500 menores.

Entre el 1 de enero de 2019 y el 1 de enero de 2021, el número de colonos judíos en Cisjordania aumentó de alrededor de 438.000 a alrededor de 475.000 (un aumento del 8,5%). Al incluir a los colonos de «Jerusalén Oriental» (unos 230.000), se cruzó la marca de 700.000.

Entre el 1 de enero de 2019 y el 1 de abril de 2021, colonos llevaron a cabo más de 1200 ataques contra palestinos y/o sus propiedades (tiendas, campos, etc.). Eso es más de uno por día en promedio.

Lo que ilustran estas cifras, que podrían multiplicarse, es la situación que viven lsa y los palestinos a diario, compuesta de violencia, expulsiones, arrestos, desposeimiento.

Y más allá de las cifras, también podríamos hablar de los controles diarios de puntos de control para cualquiera que quiera / deba moverse, las humillaciones infligidas en estos puestos de control, la omnipresencia del ejército israelí, con la intención de recordarnos quién es el amo.

Controles diarios que materializan la total falta de libertad de movimientos, dejados a la buena voluntad de las autoridades israelíes que pueden cambiar arbitrariamente las reglas todos los días y decretar que nadie se mueva.

Por no hablar del bloqueo de la Franja de Gaza, que ha durado más de 15 años, con dos millones de personas encerradas en 365 km2 de territorio, más de la mitad de las cuales viven por debajo del umbral de pobreza y el 80% dependen de la ayuda alimentaria.

Por no mencionar la discriminación institucionalizada contra las y los palestinos en Israel y las y los palestinos en Jerusalén, de la que varias ONG, entre ellas Human Rights Watch, ahora hablan de un «crimen de apartheid», al igual que la gente palestina en Cisjordania y Gaza.

Por no hablar de los millones de personas refugiadas palestinas a las que Israel les prohíbe regresar a sus tierras, mientras que, al mismo tiempo, se pide regularmente a judíos y judías de todo el mundo que se establezcan en Israel, Jerusalén y Cisjordania.

Esto es lo que llaman «calma».

Esto en realidad se llama opresión colonial.

Y es contra esta opresión que las y los palestinos se rebelan, para recordar al mundo que tienen derechos y que no tienen la intención de renunciar a ellos.

Merecen nuestro pleno apoyo, mientras que los defensores de la «calma» colonial no merecen nada más que nuestro desprecio.
14/05/2021

En Sheikh Jarrah, una nueva generación palestina se niega a renunciar a sus derechos»

(Faris Amer)

Desde hace varios días, Jerusalén es escenario de un nuevo episodio de violenta represión israelí contra las y los palestinos que se movilizan para defender sus derechos básicos: en este caso, el de seguir viviendo en su tierra. Obviamente, Antikapitalistak se solidariza con la gente palestina movilizada contra la empresa colonial israelí. Publicamos un texto del activista palestino Faris Amer, publicado originalmente en el sitio web de Mondoweiss.

Cuatro familias palestinas protestan implacablemente contra su inminente desalojo forzoso de sus hogares en el barrio Sheikh Jarrah de Jerusalén Oriental, casas en las que han vivido durante décadas. Si la Corte Suprema de Israel falla a favor de los colonos israelíes, y si la solicitud que las familias han presentado ante la Corte Suprema es rechazada, la propiedad de las casas se confiará a una organización de colonas y colonos. Se espera que otras ocho familias en el vecindario sufran el mismo destino a lo largo de este año. Las protestas de las familias desencadenaron una vasta campaña para salvar el vecindario.

Una parte integral de la identidad histórica de Jerusalén

Debido a su ubicación estratégica y céntrica en Jerusalén, el barrio Sheikh Jarrah no es un nuevo objetivo de las actividades de las organizaciones de colonos. En 2009, la policía israelí desarraigó a dos familias del barrio. Un total de 53 personas, incluidos 20 niños y niñas, fueron desalojadas de sus hogares, mientras que sus pertenencias fueron cargadas en un camión y luego arrojadas a la calle cerca de la sede de UNRWA.

La cuestión de Sheikh Jarrah es parte integral de la cuestión de Jerusalén, una ciudad dividida por la guerra que acompañó la creación de Israel en 1948. Su parte occidental fue conquistada por Israel, mientras que la parte oriental quedó bajo control jordano. Después de la guerra de 1967, Israel ocupó el resto de la ciudad. Han sido 53 años de ocupación. Israel continúa cambiando constantemente el rostro de Jerusalén, siempre en detrimento de la existencia de las y los palestinos. Israel anexionó unilateralmente la parte oriental ocupada. Israel, hasta la fecha, ha expropiado a la gente palestina de casi un tercio de la tierra de Jerusalén Oriental y ha construido allí 11 barrios reservados para personas judías. Las autoridades israelíes revocaron el estatus de residente permanente de al menos 14.701 palestinas y palestinos en Jerusalén Oriental, facilitaron el asentamiento de más de 200,000 de sus habitantes civiles en Jerusalén Oriental y cortaron la ciudad de la Cisjordania ocupada, a la que históricamente estaba muy estrechamente vinculada, a través de asentamientos y un muro de hormigón de ocho metros de altura. Todo esto se hizo en violación del derecho internacional.

De naturaleza colonial, la judaización de las tierras situadas entre el Jordán y el Mediterráneo se nutrió de la limpieza étnica de las y los palestinos. La expulsión de familias palestinas de Dheikh Jarrah es un ejemplo de ello. Jerusalén es de hecho rehén de los proyectos israelíes para judaizar el territorio.

La campaña por Sheikh Jarrah está creciendo

Una nueva generación de jóvenes palestinas y palestinos está liderando la lucha por Sheikh Jarrah. Es joven, intransigente y, gracias a las redes sociales, está más conectada que nunca. Está harta de los ancianos líderes palestinos, pero nunca ha tenido la oportunidad de votar. Muna y Mohammed El Kurd, cuyas familias están entre las personas en riesgo de expulsión, fueron dos de las muchas fuerzas impulsoras que han defendido eficazmente su causa a través de los medios tradicionales y las redes sociales. «Nuestras casas en Sheikh Jarrah son vuestras casas. Estad seguros y seguras de que si Sheikh Jarrah es controlado [por colonos y colonas israelíes], el resto de Jerusalén le seguirá», dijo Muna en una entrevista. Su hermano, Mohammed, explica: «Quiero poder mirar hacia atrás y decir: «Si nos arrojaron a la calle, fue con nuestra dignidad».

 

La Jerusalén palestina habla alto y claro. La semana pasada, miles de palestinos y palestinas, en su mayoría jóvenes, se manifestaron en el barrio y en el resto de Jerusalén, incluida la mezquita de al-Aqsa. Estas protestas se enfrentaron a una creciente represión, ya que la policía israelí usó granadas ensordecedoras, cañones de agua y «agua pestilente». Las y los manifestantes fueron maltratados y docenas de ellos fueron arrestados.

En esta etapa crítica, las y los jóvenes activistas y simpatizantes están aprovechando el poder de las redes sociales. Lo utilizan para generar solidaridad internacional y organizarse internamente. La mayoría de la gente palestina no puede entrar en Jerusalén, lo que refuerza el valor de las redes sociales para conectarles a través de muros y fronteras y crear redes de apoyo entre si. Las y los activistas también utilizan medios creativos para cubrir eventos que tienen lugar en las redes sociales. Por ejemplo, la gente que se manifiesta sale en vivo en Instagram vinculada con influencers de la plataforma, lo que multiplica el número de espectadores. La censura del contenido palestino por parte de las plataformas de redes sociales y la colusión con las instituciones israelíes parece que solo han motivado a las y los activistas a inundar Internet con más imágenes y testimonios.

El status quo que prevalece en Israel/Palestina, resultado de décadas de políticas sionistas, no es sostenible ni aceptable. Las y los jóvenes palestinos están creciendo y convirtiéndose automáticamente en blanco del apartheid israelí, como se concluyó en un reciente informe de 200 páginas de Human Rights Watch. Como cualquier otro pueblo, el pueblo palestino rechaza categóricamente tal destino. Tampoco puede ser aceptado por la comunidad internacional.

Fuente: mondoweiss.

https://lanticapitaliste.org/actualite/international/sheikh-jarrah-une-nouvelle-generation-palestinienne-refuse-dabandonner-ses

Traducción: F.E. para Antikapitalistak.

¿Será Biden otro Roosevelt?

(Dan La Botz)
Hebdo L’Anticapitaliste – 567 (06/05/2021)

Tal vez la pregunta más frecuentemente discutida en los Estados Unidos últimamente es: ¿el presidente Joseph Biden será otro Franklin D. Roosevelt?

La presidencia de Roosevelt (FDR), de 1933 a 1945, transformó a los Estados Unidos con su New Deal, un conjunto de programas de protección social que reescribió el contrato social de la nación. Durante la Gran Depresión de la década de 1930, marcada por el colapso de los bancos y de la actividad, la quiebra de las pequeñas empresas y el 25% de desempleo, Roosevelt creó programas de empleo masivos, amplió las ayudas gubernamentales y, lo que es más importante, creó un sistema público de pensiones y aprobó la ley nacional de relaciones laborales que otorga a los sindicatos el derecho a organizar a las y los trabajadores. Roosevelt también construyó la «Coalición del Nuevo Pacto/New Deal Coalition», que incluía a sindicatos, personas afroamericanas y empresas que producían bienes de consumo; una coalición que se convirtió en los cimientos del Partido Demócrata durante 75 años.

El precedente Johnson

Hoy, mucha gente se pregunta, cuando Estados Unidos enfrenta otra crisis (la pandemia de coronavirus y la depresión económica que la acompaña), ¿hará Biden transformaciones similares? Biden no sería el primero en ir en esta dirección. En la década de 1960, el presidente Lyndon B. Johnson (LBJ) también hizo grandes transformaciones con las leyes de derechos civiles y derecho a voto que liberaron a las y los negros del sur y lanzó su «guerra contra la pobreza» y la «Gran Sociedad» con programas de educación y salud, en particular el Medicare para las y los ancianos y Medicaid para la gente pobre.

FDR y LBJ actuaron ambos en respuesta a una enorme presión social. La agitación obrera de la década de 1930 con oleadas de huelgas marcadas por piquetes masivos de huelga, ocupaciones de fábricas y enfrentamientos con la policía y la Guardia Nacional llevó a FDR a actuar. LBJ actuó bajo la presión del movimiento negro de derechos civiles con sus boicots, sentadas y manifestaciones masivas. Hoy en día, Biden no está bajo ninguna presión de los movimientos sociales, sino que ha tenido que enfrentarse de entrada al problema único de la pandemia de coronavirus. ¿Se puede adoptar una legislación social progresiva sin agitación popular y obrera?

«Reconstruyendo América»

¿Qué está tratando de hacer Biden? Está tratando de que el Congreso apruebe una legislación que costará 6 billones de dólares, pagados mediante el aumento de impuestos a las personas ricas y a las empresas, y anuncia muchos nuevos programas para la economía, la justicia racial y el medio ambiente. Justifica su paquete argumentando que Estados Unidos debe seguir siendo competitivo con otras naciones, China sobre todo. En otras palabras, el giro progresista de la política interna está motivado por el deseo de reconstruir Estados Unidos para restaurar la hegemonía mundial del imperialismo estadounidense.

Hasta ahora solo se ha aprobado el plan de rescate de 1,9 billones de dólares para hacer frente al Covid. Quedan otros dos planes por adoptar: el plan de empleo de 2,3 billones de dólares y el plan de apoyo a las familias de 1,85 billones de dólares. Con un Senado dividido entre 50 demócratas y 50 republicanos, será difícil conseguir que pasen en el Congreso, especialmente con reglas obsoletas que generalmente requieren 60 votos para aprobar un proyecto de ley.

En la izquierda

 
El debate gira en torno a la reconstrucción de las infraestructuras nacionales. Las y los republicanos definen las infraestructuras como carreteras, puentes, ferrocarriles y tal vez Internet de banda ancha, mientras que Biden y las y los demócratas sostienen que se deben incluir artículos como el cuidado de las y los niños, el seguro de salud ampliado y dos años de educación universitaria gratuita. El plan de Biden para abordar el cambio climático mediante el desarrollo de fuentes de energía renovables está siendo cuestionado por personal político republicano y compañías petroleras, pero también es criticado por grupos medioambientalistas que argumentan que no es lo suficientemente ambicioso. La demócrata progresista Alexandria Ocasio-Cortez dice que este plan debería ser cuatro veces más importante.

Las y los Socialistas Demócratas de América (DSA) respaldaron al senador Bernie Sanders en las primarias demócratas, pero Biden en realidad ha retomado elementos del programa de Sanders, que también era el programa del DSA. Las y los miembros de DSA pueden pensar que han logrado que se muevan las y los demócratas. Deben recordar que lo mismo sucedió en la década de 1930, cuando Roosevelt adoptó pragmáticamente gran parte del programa del Partido Socialista Estadounidense. Lo que finalmente condujo al retroceso de ese partido y a que mucha gente socialista pasara a ser demócrata.

Traducción: F.E. para antikapitalistak