Comunicado de Anticapitalistas

Con el Pacto de Unidad se inicia la construcción de un proceso emancipador sin parangón en Bolivia. Hacia el 2006 el Pacto de Unidad reunió las aspiraciones populares en clave constituyente de amplios sectores trabajadores e indígenas organizados al amparo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), la Confederación Sindical de Mujeres Campesina Originarias “Bartolina Sisa”,  la Confederación Sindicalista de Comunidades Interculturales (CSCIB), la Central Obrera Boliviana (COB) y el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ). El liderazgo de Evo Morales entre los sectores populares e indígenas, permitiría ganar las primeras elecciones a través del Movimiento al Socialismo, Instrumento Popular al Servicio de los Pueblos (MAS-IPSP). En ese contexto y amparados al Pacto de Unidad, se impulsó la refundación del Estado Plurinacional de Bolivia y la creación de la actual Constitución Política del Estado en 2009, de abierto carácter indigenista y decolonizador.

Con la fundación del Estado Plurinacional, fue necesario democratizar el aparato del Estado en el marco de la plurinacionalidad en un país cuya población es mayoritariamente indígena. Arropado por amplias fuerzas sociales y para avanzar en esta reconstrucción indígena popular del aparato del Estado, la táctica del gobierno con las élites económicas y las fuerzas armadas bolivianas fue la de pactar en clave de “no agresión” a los intereses estratégicos de la clase dominante, evitando llevar hasta el final la expropiación de poder económico y material de las élites. Por otro lado, el gobierno del MAS asumió una política basada en “estatizar” los movimientos populares, debilitando a los que presionaban al gobierno por la izquierda y sin acometer una política revolucionaria que destruyese los viejos poderes estatales. Política que a la larga ha debilitado a las bases sociales que sostenían el gobierno y que ha permitido a la reacción fascista recomponer su bloque político.

A pesar de ello, se logró una redistribución de la riqueza que benefició a las clases populares y se avanzó en la democratización de los recursos. Con la nacionalización del sector hidrocarburos (2006) y a partir de un impuesto directo a éstos, se propició un aumento de fondos públicos que fueron descentralizados a los territorios. Solo en los primeros años del proceso de cambio, la pobreza extrema fue reducida del 65% (2002) al 45% (2011), con especial énfasis en las zonas rurales indígenas y campesinas. Otro incuestionable logro de este proceso de transformación, ha sido la puesta en valor del carácter plurinacional de identidades indígenas e indígenas originarias y han sido asumidas como parte de la identidad del propio Estado, lo cual ha sido acompañado un proceso de decolonización y deconstrucción de las estructuras sociales jerárquicas y racistas heredadas de la colonización española. Así la Wipala, bandera que representa los pueblos originarios del Abya Yala, se convirtió así en un símbolo del nuevo Estado.

El Pacto de Unidad derivó en una ruptura hacia finales del 2011 y desde entonces la relación entre el Gobierno y los movimientos indígenas populares y sindicales ha tenido fluctuaciones según la agenda política-económica. Una de las principales tensiones ha sido la incapacidad del nuevo Estado de responder a las demandas de los pueblos indígenas frente al modelo económico extractivista, lo cual generó divisiones internas en organizaciones como CONAMAQ y CIDOB. Con el pasar de los años, distintas coyunturas han cristalizado las diferencias existentes entre el Gobierno, el MAS y las organizaciones indígenas, debilitando el proyecto inicial y desgastado el liderazgo de Morales, al tiempo que se ha carecido de liderazgos renovados que hicieran frente a los retos y contradicciones del proceso.

Las ausencias y contradicciones propias del proceso han sido una fuente de rédito político para los sectores oligarcas y conservadores de Bolivia, que han sabido canalizar el descontento de ciertos sectores populares, principalmente urbanos, y en octubre de 2019 han encontrado la oportunidad ideal para el restablecimiento del status quo anterior.

El pasado 20 de octubre tuvieron lugar elecciones generales que colocaban a Evo Morales como ganador en primera vuelta pero con una estrecha ventaja sobre su principal opositor, Carlos Mesa, de Comunidad Ciudadana, tendencia del centro liberal, apoyada por la oligarquía de Santa Cruz y otros sectores reaccionarios y conservadores del país. Aceptando lo establecido y recomendado por la auditoría de la Organización de Estados Americanos (OEA), el día 10 de noviembre de 2019 el Gobierno de Morales anunció la repetición de elecciones, garantizando la sustitución del Tribunal Supremo Electoral, todo con la finalidad de desatascar el conflicto político y detener la violencia social desatada entre grupos opositores, el MAS y la población que apoya a Evo.

A pesar de ello, unas horas después, las Fuerzas Armadas se pronunciaron “sugiriendo” a Morales su renuncia al mandato presidencial lo cual permitiría, según ellos, la “pacificación y el mantenimiento de la estabilidad por el bien de Bolivia”.  A partir de ese momento, se extendió por todo el país un levantamiento militar y se ha iniciado una persecución contra militantes, dirigentes y cargos del MAS e incluso se ha llegado a temer por la integridad física de Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera, quienes desde el día 12 de noviembre están exiliados en México.

La violencia social y política, derivada de la polarización en las calles, ha ido en aumento y el apoyo de las fuerzas armadas y policiales, acompañada de una campaña de mensajes racistas desde la derecha, están sumando a la persecución de masistas y denostando los logros simbólicos y la dialéctica indígena en la base de la plurinacionalidad. Todo ello ha hecho de este Golpe de Estado una reedición cívico militar, con dosis de racismo, de este recurso al servicio de las clases dominantes y que nunca ha abandonado la región latinoamericana. Es mucho lo que el pueblo boliviano puede reclamar sobre las políticas del Gobierno de Evo Morales y la degradación del proyecto inicial, pero es inaceptable que, frente a esta situación, se habiliten respuestas golpistas que propicien la toma del poder político a la ultraderecha fundamentalista, fiel representante de los intereses de la clase dominante.

El gesto de Mesa y Fernando Camacho, presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, caras visibles del golpe de Estado, al ingresar al Palacio Quemado con una bandera boliviana, una biblia y un rosario frente a los que se arrodillaron con la promesa de “devolver” el cristianismo a Bolivia, así como la quema de Wipalas en las calles, no pueden entenderse más que como una expresión del fascismo y racismo que caracteriza esta ofensiva que niega y vilipendia la diversidad indígena. La legitimidad del proceso boliviano es incuestionable a pesar de las  contradicciones y errores de su gobierno.

Ante esta situación, desde Anticapitalistas nos solidarizamos con el pueblo boliviano. Nuestra solidaridad está con todas las organizaciones de base indígenas e indígenas originarias y campesinas, con la clase obrera, con las organizaciones de mujeres y feministas, con los sindicatos, el movimiento estudiantil y las organizaciones de barrio en todo el país. Nuestra solidaridad con la lucha social e indígena, la resistencia y el poder popular frente a la ofensiva racista y el fundamentalismo religioso que amenaza la esencia plurinacional e intercultural del proceso y a las clases populares, en especial a las mujeres. Rechazamos cualquier avance reaccionario, rechazamos el Golpe de Estado de la derecha oportunista.

¡No al golpe de Estado!
¡Por una salida democrática! 
¡Por los derechos de los pueblos indígenas originarios y del pueblo trabajador!
¡Por los derechos de las mujeres!