Jun 24, 2021 | CABECERA
Este año 2021, vuelve la Universidad de verano de Anticapitalistas en su XI edición, del 26 al 28 de agosto.
Las respuestas nunca son fáciles. Son colectivas. Se elaboran despacio, pensando en colectivo, compartiendo espacios, anhelos, experiencias y luchas. Como en la Universidad de Verano Anticapitalista.
¡Aquí tenéis el formulario de inscripción y el programa completo! #XIUniAnticapi
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PROGRAMA UNIVERSIDAD ANTICAPITALISTA
Jun 24, 2021 | INTERNAZIONALISMOA, PRINCIPAL (izquierda)
Esquerda online (Corriente Resistencia del PSOL)
La movilización del sábado 19 de junio en Recife, mostró la fuerza del movimiento Fora Bolsonaro (Fuera Bolsonaro). A pesar de las fuertes lluvias, miles de personas volvieron a salir a las calles, en números mucho mayores que el 29 de mayo. Las estimaciones oscilan entre 10.000 y 15.000 personas en las calles. Lo cierto es que este sábado 19 de junio la manifestación fue el doble de grande que la anterior, ocupando el distrito de Boa Vista. ¡Las y los manifestantes están decididos a echar a Bolsonaro y exigir vida, pan, vacunas y educación!
La indignación despertada por la absurda represión contra las y los manifestantes después de la manifestación del 29 de mayo y la solidaridad con las dos personas que perdieron un ojo -Daniel y Jonatan- después de ser alcanzadas por balas de goma disparadas a quemarropa, contribuyeron a la amplitud de la movilización. ¡La revuelta y la solidaridad han salido a las calles!
Esta vez no hubo represión contra las y los manifestantes y la manifestación tuvo lugar en paz, habiendo podido quienes participaban en ella caminar desde el lugar de inicio hasta el final y subir por el puente Duarte Coelho, sin poner en peligro sus ojos y la vista. El sistema policial reunido por el gobierno del PSB (Partido Socialista Brasileño) ni siquiera se acercó a la mitad del número utilizado en mayo. El gobierno estatal (de Pernambuco) -que hasta ahora no ha revelado de dónde vino la orden- acompañó directamente la acción de la policía, incluida la presencia del Secretario de Seguridad que observó la manifestación.
Esto solo fue posible después del impacto nacional de la represión, resultado de la presión de movimientos sociales, parlamentarios y la acción de la prensa independiente, como la agencia Marco Zero, que difundió, desde todos los ángulos posibles, imágenes de la intervención policial. Pese a todo, abogadas y abogados populares voluntarios acompañaron a la manifestación para prepararse ante cualquier eventualidad.
La fuerza del movimiento fue tal que obligó a Bolsonaro a retirarse de un «Desfile de la Muerte» que estaba programado para este domingo 20 de junio en la capital de Pernambuco (Recife). Ha sido cancelado. El «desfile de la muerte» sería una falta total de respeto a todas las víctimas del Covid-19 y sus familias, como Doña Eulália, de 90 años, que estuvo presente en el acto con un cartel con la foto de su hija, una de las 500.000 víctimas del virus y el gobierno genocida.
Un grandioso 19J
[…] la manifestación contó con la participación de toda la izquierda y los movimientos sociales. Activistas de los partidos PSOL, PCB, PT, PCO y PSTU marcharon con sus banderas. El PSOL tenía una columna organizada, con pancartas y banderas. También estuvieron presentes parlamentarios de izquierda, además de las centrales sindicales CUT, CSP e Intersindical, y varios colectivos juveniles, antirracistas y de mujeres, como la Resistencia Feminista, MTST (Movimiento de las y los trabajadores sin techo), MST (Movimiento de las y los sin tierra), Mouvement des sans-toit de Recife), sindicatos de conductores de autobuses, maestros y funcionarios públicos.
Recife, Pernambuco y Brasil van por buen camino para acabar con el gobierno de Bolsonaro y frenar al fascismo: la máxima unidad política de la gente trabajadora y sus organizaciones.
2021/06/22
https://lanticapitaliste.org/actualite/international/19j-des-milliers-de-personnes-descendent-dans-la-rue-recife-contre
Traducción: F.E. para antikapitalistak
Jun 23, 2021 | INTERNAZIONALISMOA, PRINCIPAL (izquierda)
(Dan La Botz)
El presidente Biden ha elegido a su vicepresidenta, Kamala Harris, para tratar el tema de la inmigración. Prometió abordar las causas profundas de la migración proveniente del «Triángulo Norte», como la pobreza y la violencia en la región, (Guatemala, El Salvador y Honduras). Pero sorprendió y enfureció a los progresistas con su mensaje.
Hablando en Guatemala, Harris dijo: «Quiero ser clara para la gente de esta región que está planeando hacer este peligroso viaje a la frontera entre Estados Unidos y México: no vengan. No vengan”. Lo que hizo que la declaración fuera tan impactante fue que contradice tanto el derecho estadounidense como el internacional, que defiende el derecho de las y los inmigrantes a venir a la frontera de Estados Unidos para demandar asilo. Y a la gente progresista le parece que este discurso no parece más acogedor para las personas inmigrantes de lo que fue el presidente Donald Trump.
Críticas de la izquierda demócrata
En mayo, 180.000 personas inmigrantes indocumentadas entraron a los Estados Unidos, y casi todas fueron deportadas a México, aunque muchas de ellas vinieron de América Central, América del Sur, Europa y Asia. Aproximadamente 4.000 niñas y niños no acompañados tuvieron que ser aceptados y alojados en instituciones superpobladas. Todas huyen de la pandemia, de las bandas criminales y, en el caso de las mujeres, de la violencia doméstica.
La diputada de la Cámara de Representantes Rashida Tlaib describió el enfoque de Harris como «Quédate ahí y muere». Alexandria Ocasio-Cortez (AOC – otra representante elegida de la izquierda demócrata) respondió inmediatamente a Kamala Harris: «Es decepcionante. En primer lugar, demandar asilo en cualquier frontera de EE. UU. es un método de llegada 100% legal. En segundo lugar, Estados Unidos ha pasado décadas contribuyendo a cambios de régimen y a la desestabilización en América Latina. No podemos prender fuego a la casa de alguien y luego reprocharle que huya de ella”.
AOC se refiere, por supuesto, a las intervenciones políticas y militares de los Estados Unidos en los países de Centroamérica durante la presidencia de Ronald Reagan durante la década de 1980. Guerras reales que provocaron la muerte de cientos de miles de personas y finalmente han llevado a los gobiernos de derecha al poder en Guatemala, Honduras y El Salvador. Después de estos enfrentamientos e intervenciones, los gobiernos de estos países se han vuelto cada vez más corruptos, a la vez que las bandas criminales y violentas de narcotraficantes causan estragos. Estados Unidos ha obstaculizado reformas que pueden mejorar la vida de las personas. Cuando el pueblo hondureño eligió al presidente progresista Manuel Zelaya, el presidente Barack Obama y la secretaria de Estado Hillary Clinton apoyaron un golpe militar en 2009 que le derrocó.
300 millones de dólares de ayuda
Harris optó por viajar a Guatemala porque el Presidente de Honduras es considerado relacionado con el narcotráfico por los fiscales federales de Estados Unidos, mientras que el Presidente de El Salvador es un autócrata que recientemente destituyó al Fiscal General del país y a cinco jueces de la Corte Suprema. Harris se ha pronunciado enérgicamente en contra de la corrupción en la región, pero su socio, Guatemala, está plagada de problemas similares. Human Rights Watch informa que «la violencia y la extorsión por parte de poderosas organizaciones criminales siguen siendo graves problemas en Guatemala», y poderosas personalidades políticas garantizan la impunidad. «La violencia relacionada con bandas mafiosas es un factor importante que empuja a las personas, incluyendo las y los niños no acompañados y los adultos jóvenes, a abandonar el país”. Y este mes, un consorcio de organizaciones de derechos humanos exigió que Guatemala detuviera la criminalización de activistas y de personal funcionario que defienden los derechos humanos.17:52
El plan de Harris para reducir la migración desde Centroamérica se basa en una mayor implicación de los Estados Unidos. Prometió 300 millones de dólares en ayuda a estos países, parte de los 4.000 millones de dólares prometidos por Biden en total, de los que 1.400 millones de dólares deben ser utilizados para reforzar la frontera. También anunció que un grupo de doce empresas y ONG estadounidenses y extranjeras habían prometido invertir en la región. Las compañías son Mastercard, Microsoft, Chobani, Nespresso, Bancolombia, Davivienda (otro banco colombiano) y Duolingo, mientras que las ONG son Acción, Harvard T.H. Escuela Chan de Salud Pública, Pro Mujer, Asociación de Tiendas para Refugiados y el Foro Económico Mundial. Hay una palabra pasada de moda para todo esto: imperialismo.
Hebdo L’Anticapitaliste – 573 (17/06/2021)
https://lanticapitaliste.org/actualite/international/la-vice-presidente-us-kamala-harris-met-en-colere-les-progressistes
Traducción: F.E. para Antikapitalistak
Jun 18, 2021 | EKOLOGISMOA, PRINCIPAL (izquierda)
Erakunde ekologista eta sindikalek Gobernuaren ereduaren aurrean trantsizio ekologikorako proposamen zehatzak aurkeztu dituzte
- Zazpi eragile politiko, sozial eta sindikalek txosten bat egin dute, behar den trantsizio ekologiko erreala gauzatuz sor litezkeen enpleguen kopurua eta neurri espezifikoak zehaztuz.
- Argindarraren tarifa berriari dagokionez, txostenak dio ez dela aurreztea sustatzen ari, ezta gizarteko sektore ahulenak babesten ere, eta Gobernuari energia berriztagarriaren aldeko apustua egiteko eskatu dio.
Antikapitalistas alderdiak, estatuko Ecologistas en Acción elkarteak eta ELA, ESK, IAC, LAB eta MATS sindikatuek txosten bateratu bat aurkeztu dute gaur goizean. Txosten horretan, egungo krisi ekosozialaren esparruan enpleguak bizi duen egoera aztertzen dute, egindako ikerketa guztia oinarri hartuta. Eta Espainiako Gobernuak egin zuen trantsizio ekologikoaz bestelako trantsizio baterako proposamen zehatzak egiten dituzte, iragan maiatzean Klima Aldaketari buruzko Espainiako lehen Legea onartu baitzuen. Dokumentuaren arabera, enplegua mantentzea ez da erronka ekologikoaren aurka jarri behar, eta enplegu batzuk desagertu arren, beharrezkoak diren beste batzuekin ordezkatu beharko direla azpimarratzen du. Halaber, baliabide gutxiago dituzten herritarrak diskriminatzen dituzten alternatiba ekofaxisten aurrean irtenbide ekosozialista eta demokratikoak gauzatzeko beharra azaltzen du azterlanak.
Horren harira, erakunde ezberdinetako bozeramaileek tarifazo elektrikoa kritikatu dute, eta gogorarazi dute oso garrantzitsua dela herritar guztiek energia eskuratzea bermatzea eta pobrezia energetikoari aurre egitea. «Tarifa, diseinatuta dagoen bezala, ez da aurreztea sustatzen ari, ezta gizarte-sektore ahulenak babesten ere», adierazi dute. Hala, energiaren arloan, hain zuzen ere, txostenak dio Ministerioaren 2030erako trantsizio ekologikorako Energia eta Klimaren Plan Nazional Integratua ez dela nahikoa zero isurketako ekonomia lortzeko. Plan horren aurrean, alderdi ekologistek nuklearrak eta termikoak ixtea proposatzen dute eta ez instalatutako potentzia elektrikoa handitzea. Berriztagarriekin ordezkatuz joatea, hala nola, eguzki energia termikoa edo biomasa, biltegiratze sistemak eraikitzea eta kontsumoa nabarmen murriztea sektore guztietan eta, bereziki, erregai fosilen mendekotasun handiena dutenetan, potentzia berriztagarri berri bat instalatzeaz gain. Enpleguei dagokienez, 500.000 eta 750.000 arteko enplegu zuzena sortuko lirateke, nuklearren desegitean sortutako 100.000 lanpostuak barne.
Txostenaren bigarren ardatz nagusia automobilgintza da, bereziki garrantzitsua Covidaren krisiaren eta sektorerako ibilgailuen salmentan izan dituen ondorioen ondoren, eta 2020an Bartzelonan Nissan bezalako lantegiak ixteko saiakeren ondoren. Eragileek beren txostenean proposatzen dute ibilgailu pribatuaren ekoizpenetik ibilgailu kolektiboen ekoizpenera pasatzea eta lan ordutegia murriztea, lana modu bidezkoagoan banatzeko. «Ibilgailuaren jabetzaren kultura batetik zerbitzu batera igarotzea da helburua, Gobernuak partekatutako ibilgailuen parke publiko baten alde egin dezan, lanpostu bakar bat ere ez galtzeko», azaldu dute. Azkenik, sektorearen eredu energetikoa, energia nuklearrean oinarritua, beste berriztagarri batean birmoldatzeak 110.800 lanpostu sortzea ekarriko luke.
Txostenaren beste ardatz batzuk basoen kudeaketan oinarritzen dira; izan ere, baso masa da lurrean karbonoa atxikitzeko modurik eraginkorrenetako bat, eta hari eusteak ia 70.000 lan eskaintza sor ditzake. Edo hiri hondakinen kudeaketa, non sortutako enplegu bolumena 41.895 lanpostukoa izango litzatekeen. Turismoari dagokionez, iraunkortasunerako tasa turistikoak ezartzea proposatzen du lanak. Tasa horiek finalistak izan behar dute, baina luxuzko gehiegizko kontsumoak eta apalenak bereizi behar dituzte. Horrez gain, turismo jasangarria, hurbilekoa eta egonaldi luzekoa sustatzearen aldeko apustua egin behar da. «Apustu honek eredu jasangaitzak baino lanpostu gehiago sortuko ditu, garraio publikoak, birziklapenak eta energia berriztagarriek pertsonen lan gehiago eskatzen dutelako, kontrako alde zikinek baino», azaldu dute prentsaurrekoan.
Aurkeztutako neurri guztiek inbertsioak behar dituzte, eta horiek orain turismo azpiegituretara, garraioetara edo finantza pribatuetara bideratzen diren aurrekontu publikoen ehuneko handietatik atera behar dira. Era berean, txostenaren amaieran aipatzen da inbertsio horrekin batera zerga erreforma bat egin beharko dela, gizarteko sektore pribilegiatuei eragiten diena, bai justizia ekonomikoagatik, bai ingurumenagatik, eta baita sektore estrategikoak nazionalizatzeko plan bat ere. Hori guztia lan eremuak demokratizatzeko prozesuekin batera, langileei erabakitzeko ahalmen handiagoa emateko. «Horrek ez du esan nahi jarduera guztia Estatuaren esku utzi behar denik: sektore batzuek jabetza komuna izan behar dute, gizarte osoak baitu zilegitasuna eremu estrategikoei buruz erabakitzeko, hala nola energia hornidurari edo etxebizitza eskubideari buruz. Baina beste batzuk kooperatiba gisa eta eskala txikiko beste antolaketa mekanismo batzuen bidez antola daitezke».
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Organizaciones ecologistas y sindicales presentan propuestas concretas para la transición ecológica frente al modelo del Gobierno
- Las siete formaciones políticas, sociales y sindicales han elaborado un informe con medidas específicas y estimaciones del número de empleos que se podrían generar llevando a cabo la transición ecológica real que se necesita.
- Respecto a la nueva tarifa de la luz, el informe señala que no está fomentando el ahorro ni protegiendo a los sectores sociales más vulnerables e instan al Gobierno a que apueste por energía renovable.
El partido político Anticapitalistas, la asociación estatal Ecologistas en Acción y los sindicatos ELA, ESK, IAC, LAB y MATS han presentado esta mañana un informe conjunto en el que analizan la situación del empleo dentro del marco de la crisis ecosocial actual a partir de toda la investigación ya elaborada y plantean propuestas concretas para una transición ecológica distinta a la elaborada por el Gobierno central, que el pasado mayo aprobaba la primera Ley de Cambio Climático del Estado español. El documento señala que no hay que oponer la cuestión del mantenimiento del empleo al reto ecológico e insiste en que algunos empleos tendrán no tanto que eliminarse sino ser sustituidos por otros necesarios. Asimismo, el estudio explica la necesidad de llevar a cabo soluciones ecosocialistas y democráticas frente a alternativas ecofascistas que discriminen a la población con menos recursos.
En este sentido, los portavoces de las distintas organizaciones han criticado el tarifazo eléctrico y han recordado la importancia de asegurar el acceso a la energía de toda la población y enfrentar la pobreza energética. “La tarifa, tal y como está diseñada, no está fomentando el ahorro ni protegiendo a los sectores sociales más vulnerables” señala Juanjo Álvarez, coordinador del informe y militante de Anticapitalistas. Así, en materia de energía, precisamente, el informe indica que el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima del Ministerio para la transición ecológica para 2030 es insuficiente para lograr una economía de cero emisiones. Frente a este plan, las formaciones ecologistas proponen cerrar las nucleares y térmicas, no aumentar la potencia eléctrica instalada, sino ir sustituyéndola por renovables como la solar térmica o la biomasa, construir sistemas de almacenamiento y reducir de manera drástica el consumo en todos los sectores, y en especial, en los más dependientes de combustibles fósiles, además de instalar una nueva potencia renovable. En términos de empleos, esto significaría la creación de entre 500.000 y 750.000 empleos directos, incluyendo los 100.000 generados en el desmantelamiento de las nucleares.
Un segundo eje central en el informe es el de automoción, especialmente relevante tras la crisis del Covid y sus consecuencias en la venta de vehículos para el sector y el intento de cierre de fábricas como la de Nissan en Barcelona en 2020. Las organizaciones proponen en su informe pasar de la producción de vehículo privado a la producción de vehículos colectivos y reducir el horario laboral con objeto de distribuir el trabajo de forma más equitativa. “Se trata de transitar desde una cultura de la propiedad del vehículo a una del servicio donde el Gobierno apueste por un parque público de vehículos compartidos que permita no perder ni un solo puesto de trabajo” asegura Álvarez. Finalmente, la necesaria reconversión del modelo energético del sector, basado en energía nuclear, en otro renovable daría lugar a hasta 110.800 empleos.
Otros ejes del informe se centran en la gestión de los bosques, ya que la masa forestal es una de las maneras más eficaces de retener carbono en la tierra y su mantenimiento podría generar casi 70.000 ofertas de trabajo, o la gestión de residuos urbanos, donde el volumen de empleo generado se situaría en 41.895 puestos. En cuanto al turismo, el trabajo propone introducir tasas turísticas para la sostenibilidad que tengan carácter finalista pero que discriminen entre los consumos de lujo y más impactantes y los más modestos, además de apostar por el fomento del turismo sostenible, de cercanía y de larga estancia. “Esta apuesta generará más empleos que la insostenible, pues el transporte público, el reciclaje o las energías renovables requieren más trabajo humano que sus contrapartes sucias” ha explicado el portavoz en rueda de prensa.
Todas las medidas presentadas requieren inversiones que se deben extraer de los enormes porcentajes de los presupuestos públicos que ahora se dedican a infraestructuras turísticas, transporte o finanzas privadas. Asimismo, el informe termina aludiendo a que dicha inversión tendrá que acompañarse de una reforma fiscal que grave a los sectores sociales privilegiados, tanto por justicia económica como ambiental, y de un plan de nacionalización de sectores estratégicos. Todo ello junto a procesos de democratización de los entornos laborales que otorguen mayor capacidad de decisión a los propios trabajadores y trabajadoras. “Esto no quiere decir que toda la actividad deba pasar a manos del estado: algunos sectores deben ser propiedad común porque sólo el conjunto de la sociedad está legitimado para decidir sobre ámbitos estratégicos como el abastecimiento de energía o la garantía de vivienda, pero otros pueden ser articulados en forma de cooperativa y de otros mecanismos de organización colectiva a
EMPLEO Y TRANSICION ECOSOCIAL
Jun 17, 2021 | EKOLOGISMOA, PRINCIPAL (izquierda)
Semanario L’Anticapitaliste – 573 (17/06/2021)
«¡Nuestros derechos están ardiendo! «: este es el título del informe publicado por Amnistía Internacional con motivo de la reunión del G7 celebrada en Cornwall. ¿Qué está en cuestión? La ausencia total de una política concreta contra el calentamiento global por parte de los países más ricos del mundo. Una sola cifra resume todo el problema: los países del G20 son responsables del 80% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Amnistía Internacional lo ha explicado: «Los planes climáticos poco ambiciosos presentados por estos países representan una violación de los derechos humanos de miles de millones de personas. No se trata de fracasos administrativos, sino un ataque catastrófico y masivo a los derechos humanos. ”
Las bellas palabras de los miembros del G7 no despiertan casi ninguna ilusión ya que no se traducen en ningún acto concreto para revertir realmente la tendencia: «No se ha puesto en marcha ningún plan creíble para eliminar significativamente la producción y el uso de todos los combustibles fósiles para 2030. Todos los miembros del G7 se han comprometido a lograr la neutralidad de carbono para 2050, pero ninguno de ellos ha propuesto una estrategia adecuada de reducción de emisiones para 2030, el año en el que las emisiones globales tendrán que reducirse a la mitad para escapar a lo peor en lo que concierne a la crisis climática. ”
Peor aún, no solo no se toman medidas serias, sino que los países ricos también continúan subvencionando masivamente el sector de los combustibles fósiles, incluida una importante ayuda económica para hacer frente a las consecuencias de la pandemia, pero sin ninguna compensación ecológica.
Por último, pero no menos importante, los países ricos no solo ponen en peligro la vida de los miles de millones más pobres de los seres humanos, sino que tienen la desfachatez de negarse a acudir en ayuda de los países más pobres: «Hasta ahora, al menos tres cuartas partes del financiamiento internacional para cuestiones climáticas no se ha concedido en forma de subsidios, sino de préstamos. Esto significa que los países de bajos ingresos deben utilizar sus propios recursos para cubrir los costos relacionados con el clima que les imponen otros, lo que supone un desprecio de las obligaciones en materia de asistencia internacional. ”
El capitalismo contamina, el capitalismo mata y las desigualdades frente a las consecuencias del calentamiento global no son más «naturales» que el calentamiento mismo. Son el resultado de opciones políticas, y es urgente imponer, a través de nuestras movilizaciones, medidas que vayan radicalmente en sentido contrario a la tendencia actual, antes de que sea demasiado tarde.
Jun 16, 2021 | LANGILERIA, PRINCIPAL (izquierda)
PETRONOR, UTE BILBOKO ARGIAK, NOVALTIA, PCB eta TUBACEXeko Langileen ordezkariak gara, denok pairatu izan ditugu edo gaur egun pairatzen hari gara gure lanpostuak prekarizatu, edota zuzenean suntsitzen dituzten lan gatazkak. Gaur egun tamalez argi ikusten da nola herri onetako enpresa handiek, ez ohiko pandemia egoera haitzakitzat hartuz aukera ikusi duten euskal langilegoaren lan eskubideak urratzeko. Hau gaur egungo lan legediaren ondorio zuzena da, gogoan izan behar dugu egun indarrean daudela bere garaian Zapaterok eta Rajoyk ezarritako lan erreformak, horrela adibidez egun enpresa batek posible du 30 egunen barruan multzokako kaleratze bat tramitatzea, lan erakundeen oniritzirik gabe, hau da, inolako mugarik gabe erakundeen partetik. Honek enpresei aukera ematen die nahi dutena egiteko, nahi duten unean, nahiz eta azken urteotan irabazi galantak izan dituzten, horregatik aukera honen derogazioa eskatzen dugularik.
Enpresa hauetako zuzendaritzek legedia bere alde izateaz gain, gure klase politikoaren sustengua ere badute, zeinek ez du bere asmoen artean egun indarrean dauden lan erreformen derogazioa.
Aldi berean, klase politikoak bultzatzen duen politikek eta gizarte ereduak enpresa eta kapitalaren baldintzak lehenesten ditu langileen bizi eta lan baldintzen haurretik. Kalitatezko lanak gizarte justu eta ekitatibo bat sortzeko orduan duen paperari garrantzia ukatuz. Berebiziko garrantzia du kalitatezkoak eta duina den enpleguaren aldarrikatzeak, bizitza erdi bidean jartzen duten lan baldintzen aldarrikapenak.
Honen ondorioz alderdi politikoei ondorengoa eskatzen diegu: beraien konpromezua 2010, 2011 eta 2012an burututako lan erreformen baliogabetzea, eta enpresa handien zuzendaritzei, benetako eta fede oneko negoziazioen beharrizana, eta ez dezatela patronalaren interesen alde eraiki den eta langileriaren aurka eraiki den lan esparru hau beraien alde erabili.
Horrexegatik sektore eta tamaina desberdinetako bost enpresen ordezkariek, zeinek bakoitzak lan suntsipen eta prekarizazio prozesu baten momentu desberdinetan gauden, datorren ekainaren 18an Bilbon manifestatzeko deialdia egiten dugu.
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Somos los y las representantes de las plantillas de PETRONOR, UTE BILBOKO ARGIAK, NOVALTIA, PCB y TUBACEX.
Todxs hemos vivido o vivimos actualmente situaciones que han hecho que nuestros empleos se hayan precarizado o directamente, que se hayan destruido puestos de trabajo. Lamentablemente, nos ha tocado ver cómo las grandes empresas de este país aprovechan la situación coyuntural derivada de la pandemia para empeorar los derechos laborales de la clase trabajadora. Esto es evidente que es así como consecuencia de la actual legislación laboral: recordemos que están vigentes las reformas laborales de Zapatero y Rajoy. Así, por ejemplo, hoy en día una empresa puede ejecutar un despido colectivo en 30 días sin control de la autoridad laboral, es decir, sin el control público. Existe una barra libre para las empresas, muchas de ellas con beneficios multimillonarios los últimos años, que exigimos que se elimine ya.
Las direcciones de cada una de estas compañías tienen a su favor no solo a la legislación laboral actual, sino también a la clase política que se niega a apoyar a la clase trabajadora y a derogar de una vez por todas las reformas laborales que están vigentes a día de hoy.
Asimismo, se promueven políticas que anteponen el negocio a las personas, que no valoran la calidad de los empleos como parte de la red que teje una sociedad -cohesionada y justa. Es de vital importancia reivindicar un empleo digno y de calidad, que ponga la vida en el centro.
Por todo ello, exigimos a todos los partidos políticos que se comprometan a derogar todas las reformas laborales de los años 2010, 2011 y 2012. Y a las direcciones de estas empresas a entablar negociaciones serias y no aprovecharse de todo este entramado, tejido al antojo de las patronales, de cara a dejar indefensa a la clase trabajadora.
Por estas razones la representación de las plantillas de cinco empresas de diferentes tamaños, en distintos momentos de un mismo proceso de precarización y destrucción de puestos de trabajo, nos unimos para manifestarnos el próximo viernes 18 en Bilbao.
Por Petronor, Bilboko Argiak, Novaltia, PCB y Tubacex
Jun 12, 2021 | INTERNAZIONALISMOA, PRINCIPAL (izquierda)
Declaración del Partido Socialista de los Trabajadores (Argelia).
¡La represión y las elecciones legislativas no son una solución!
Instaurando un clima de terror mediante la represión de las manifestaciones pacíficas del Hirak y el amordazamiento de toda libertad de expresión, el poder fáctico espera imponer la continuidad del régimen liberal autoritario y antisocial, en particular por la imposición de las elecciones legislativas del próximo 12 de junio. Así, desde el comienzo de la llamada campaña electoral, se han registrado más de mil detenciones de jóvenes activistas del Hirak, activistas políticos, periodistas y abogados en las últimas tres semanas. Esta escalada, para la que se han movilizado cientos de miles de agentes de las fuerzas represivas, se produce a raíz de las huelgas que han afectado a los sectores de la salud, postal, Eniem, Ministerio de Comercio, Administración Tributaria desde principios de abril, así como a las grandes huelgas nacionales de las y los trabajadores de protección civil y todos los organismos educativos nacionales, cuyas manifestaciones callejeras han sido reprimidas violentamente.
Además, se ha orquestado una campaña de intimidación a través de arrestos y detenciones de líderes políticos (RCD, MDS, FFS) y procedimientos legales (UCP, PST) para amordazar a los partidos políticos de oposición, especialmente aquellos que conforman el Pacto por una Alternativa Democrática -PAD – desde junio de 2019, que exigen una transición democrática a través del establecimiento de un proceso popular constituyente. Además, las asociaciones culturales y sociales, como SOS Bab El Oued y RAJ, son reprimidas y amenazadas con la disolución.
¡El PST, es una voz democrática, antiliberal y antiimperialista!
En este contexto de represión sin precedentes desde hace casi treinta años, y con el pretexto de la demora en la celebración de nuestro congreso y la renovación de nuestros órganos nacionales, el Ministro del Interior ha iniciado procedimientos provisionales ante el Consejo de Estado para suspender temporalmente el PST y cerrar sus locales. No obstante, las extraordinarias situaciones políticas y sanitarias que nuestro país ha experimentado en los últimos años, por un lado, y, por otro, la promulgación de la nueva constitución que establece el régimen declarativo, derogando efectivamente disposiciones legales anteriores, deberían ser tenidas en cuenta por la administración. Al ignorar los procedimientos organizativos para el cumplimiento de la ley que el PST ha utilizado, incluida la celebración de un congreso extraordinario y la renovación de sus órganos nacionales dentro del insuficiente plazo de 15 días que se le ha concedido, el Ministro del Interior abusa de su poder y contradice voluntariamente el párrafo 2 del artículo 67 de la Ley 12-04 sobre partidos políticos. Esperamos que el Consejo de Estado tenga en cuenta los argumentos y documentos indiscutibles presentados por nuestro partido.
Pero, como todo el mundo sabe, estos no son de ninguna manera problemas organizativos o legales. En realidad, se nos quiere hacer pagar por nuestras posiciones políticas, incluido nuestro rechazo a las elecciones generales del 12 de junio de 2021 y nuestro compromiso con el Hirak y con las luchas democráticas y sociales. En efecto, el PST está comprometido no solo en la lucha contra el autoritarismo y por las libertades democráticas y sindicales, sino también en la lucha anticapitalista, contra las políticas económicas liberales y contra la dominación imperialista sobre nuestro país. El PST molesta por su compromiso político contra oligarcas y patronal privados que, si bien se aprovechan de las facilidades financieras públicas y las exenciones fiscales recurrentes, no proporcionan una contraparte significativa y establecen relaciones laborales esclavistas. Como debe saber el Ministro del Interior, prohíben las libertades sindicales, despiden abusivamente a las y los trabajadores, imponen salarios miserables, no declaran a menudo a los trabajadores a la seguridad social y a menudo no pagan sus impuestos. El PST molesta al denunciar los injustos acuerdos firmados con la UE y la sumisión de nuestro país a multinacionales que saquean nuestra riqueza y que ahora pueden contar con la intervención del ejército nacional fuera de nuestras fronteras. El PST molesta por su larga lucha de casi medio siglo por los derechos democráticos y sociales de las y los trabajadores y desempleados, contra la opresión de las mujeres y la juventud, por las reclamaciones identitarias y el reconocimiento del Tamazight, junto con los campesinos pobres y todas las personas desfavorecidas.
¡Defendamos nuestras libertades y derechos democráticos y sociales!
El cuestionamiento de las libertades democráticas y del multipartidismo en nuestro país es una deriva grave. Está en la dirección opuesta a las aspiraciones democráticas expresadas durante más de dos años por el Hirak popular y los millones de argelinas y argelinos que iniciaron el proceso revolucionario del 22 de febrero de 2019. Nos recuerda una vez más que el régimen, así como la «burguesía argelina» dominada por el imperialismo, no pueden llevar a cabo tareas nacionales democráticas ni convivir con las pocas libertades y derechos democráticos formales. Porque para imponer sus desastrosas políticas liberales a nivel económico y social, y monopolizar lo que queda como propiedad colectiva de nuestro pueblo en beneficio de una minoría de oligarcas, jefes privados y multinacionales, necesitan un estado autoritario y liberticida. Esta deriva también nos recuerda, una vez más, que son las y los de abajo, especialmente la gente trabajadora, la juventud y las mujeres, las y los que inventaron e inspiraron nuestro formidable Hirak, y que sufren represión y opresión hoy, quienes naturalmente tienen interés en defender las libertades y los derechos democráticos para continuar la lucha por la construcción de la indispensable correlación de fuerzas que permita el tan esperado cambio democrático que implica la elección de una asamblea constituyente soberana que sea verdaderamente representativa de las aspiraciones democráticas y sociales de nuestro pueblo.
El PST considera que la legitimidad de su lucha, que es naturalmente parte de la continuidad de la lucha del pueblo argelino por la independencia, la soberanía y la emancipación social, no puede estar sujeta a la concesión de aprobación o autorización administrativa. Pero nuestro partido luchará como siempre para defender nuestros logros democráticos, arrancados con grandes luchas, incluido el multipartidismo y el derecho de las y los ciudadanos a fundar libremente asociaciones y partidos políticos mediante una simple declaración y sin ningún obstáculo burocrático o interferencia política por parte de la administración y las autoridades públicas. Estas libertades democráticas y sindicales siguen siendo, más que nunca, indispensables para las y los trabajadores, desempleados, jóvenes, las mujeres y todas las personas oprimidas.
El TSP saluda y da las gracias a todas las organizaciones y personalidades, a nivel nacional e internacional, así como a las y los ciudadanos que continúan expresando su solidaridad con nuestro partido.
Argel, 7 de junio de 2021
https://lanticapitaliste.org/actualite/international/la-repression-et-les-legislatives-ne-sont-pas-une-solution
Traducción: F.E. para Anticapitalistak
Jun 12, 2021 | ANTIFAXISMO, PRINCIPAL (izquierda)
(Dan La Botz)
Hebdo L’Anticapitaliste – 572 (10/06/2021)
Hace cien años, una multitud de personas blancas atacaba el barrio negro de Greenwood en Tulsa, Oklahoma. En dos días, mataron a cientos de personas, quemaron edificios hasta convertirlos en cenizas y dejaron a 10.000 personas sin hogar.
Todo comenzó cuando Dick Rowland, un joven negro de 19 años que limpiaba zapatos para ganarse la vida, fue acusado de tratar de violar a una operadora de ascensores de 17 años con la que había tropezado. Rowland fue encarcelado y el periódico Tulsa Tribune publicó artículos sensacionalistas y agitadores, que alentaron a cientos de hombres blancos a reunirse frente a la prisión con la intención de linchar al joven negro. En respuesta, unos 75 hombres negros armados se situaron delante de la prisión para evitar su linchamiento. Tras un primer disparo, se produjo un tiroteo que causó doce muertos, diez blancos y dos negros. En esto, estalló el motín.
Motín blanco
El sheriff de Tulsa nombró ayudantes a cientos de hombres blancos a los que se les dijo que se fueran a casa y «cogieran un arma y luego un negro». Una multitud blanca de mil hombres cruzó el distrito negro, incluida la zona llamada Black Wall Street, considerada la comunidad negra más rica de Estados Unidos, saqueando casas y luego quemándolas, mientras disparaba y mataba a unas 300 personas residentes negras. Cuando la multitud blanca demostró ser incapaz de imponerse a la gente negra armada que luchaba en legítima defensa, aviones privados lanzaron bombas incendiarias sobre el vecindario y se llamó a la Guardia Nacional. Cuando el humo se disipó, Greenwood, un área que cubría 40 manzanas, había sido completamente destruida. Unas 1.000 personas negras se establecieron en tiendas de campaña fuera de su antiguo barrio y tuvieron que vivir allí. Las compañías de seguros compensaron a las y los blancos, pero rechazaron todas las reclamaciones negras. Los tribunales no acusaron a ningún hombre blanco, pero 57 personas negras fueron acusadas de causar los disturbios.
¿Por qué este motín blanco y esta masacre? La acusación de que un hombre negro había mirado, tocado o hecho amistad con una mujer blanca a menudo era un pretexto para linchamientos o ataques de blancos contra barrios negros. Pero la verdadera razón de la masacre de Tulsa y otros eventos similares fue la creciente visibilidad, la mejora de la situación y la autoafirmación de la gente negra en Estados Unidos. El auge económico que siguió a la Primera Guerra Mundial había llevado a muchas personas negras a abandonar las plantaciones del sur y dirigirse al norte, durante lo que se llamó la Primera Gran Migración (1917-1930). La mayoría obtuvieron salarios más altos que en el Sur y algunas crearon pequeñas empresas. Los soldados negros que regresaban de la guerra habían aprendido a usar armas de fuego y estaban listos para defenderse. Tulsa también fue un caso especial porque se había descubierto petróleo en el Estado, en parte bajo tierras de propiedad negra, lo que había permitido el surgimiento de un grupo de personas negras ricas, de ahí el famoso Black Wall Street de la ciudad.
Hacia el movimiento de derechos civiles
Los ataques a Greenwood y otros barrios y ciudades negras en todo Estados Unidos tenían la intención de imponer segregación y privación del derecho a votar a lo Jim Crow (leyes estatales y locales racistas) en el Norte y el Sur, para evitar que las personas negras acumularan riqueza y sembrar miedo en los corazones de la clase obrera negra.
Mantener a la clase obrera negra «en su sitio» (en lo más bajo de la sociedad) requirió violencia. Entre 1900 y 1917, 1.100 hombres negros fueron linchados. Igualmente grave fue lo que los historiadores afroamericanos John Hope Franklin y Alfred A. Moss Jr. llamaron una «pandemia de disturbios raciales» que comenzó en 1895 y continuó durante la década de 1920. Los disturbios raciales blancos no solo llevaron en algunos casos a la autodefensa armada negra, sino que también llevaron a que W. E. B. Du Bois y otros líderes negros, con aliados blancos, se reunieran en Canadá en 1905 para fundar el Movimiento Niágara, que más tarde se convirtió en la Asociación Nacional para el Avance de las Personas de Color (NAACP), la primera organización nacional de derechos civiles del país. Dirigida por personas liberales negras y blancas acomodadas, la NAACP utilizó los tribunales para tratar de evitar linchamientos y disturbios blancos, pero aún pasarán cincuenta años antes de que el movimiento de derechos civiles (que alcanzó su punto máximo entre 1954 y finales de la década de 1960) y la desobediencia civil comenzaran a hacer que cambiaran las cosas. El racismo sigue siendo endémico en Estados Unidos, y la lucha continúa hoy con el movimiento Black Lives Matter, que ha llevado a millones de personas a las calles contra la violencia policial.
Jun 4, 2021 | INTERNAZIONALISMOA, PRINCIPAL (izquierda)
(JOHNATAN FUENTES)
Tomado de Jacobin America Latina
La disyuntiva es clara: autoritarismo neoliberal o asamblea popular constituyente.
Tras los resultados electorales del 11 de abril, en los que Pedro Castillo obtuvo el primer lugar, y de cara al balotaje contra Keiko Fujimori este 6 de junio, Perú Libre decidió iniciar su campaña en las regiones del Oriente peruano. Según los últimos sondeos electorales, allí Castillo lleva una diferencia leve (entre 2 y 3 puntos a su favor), en contraste con los mítines multitudinarios que logra congregar en las regiones del Sur Andino y los distritos populares de Lima.
Una campaña atronadora
Varias incógnitas atravesaban el ambiente político sobre el devenir del proyecto de izquierda antineoliberal (o izquierda popular, como lo denomina su militancia) que representan Castillo y Perú Libre. ¿Habrá una capitulación, como sucedió con Ollanta Humala en 2011? ¿Mantendrá lo central de su programa original? ¿Qué política de alianzas planteará para encarar la segunda vuelta?
Durante el mes de abril, Castillo optó por realizar mítines en las distintas regiones del país. Tal opción respondió a un repliegue táctico ante el ataque sistemático que recibió su candidatura por parte de los grandes medios de comunicación. Pero, además, su experiencia como sindicalista magisterial le permitió moverse como pez en el agua en esa perspectiva basista, encarando la campaña a partir del encuentro cara a cara con el electorado y un discurso que supo recoger los reclamos de los sectores populares postergados y con expectativas de transformaciones profundas.
El 5 de mayo se firmó el acuerdo político en Lima entre Perú Libre y Juntos por el Perú / Nuevo Perú, representados por Pedro Castillo y Verónika Mendoza, respectivamente. Este acuerdo de 4 puntos tiene la virtud de no desdibujar las propuestas de cambio económico (nacionalizaciones de los recursos naturales) y político (Asamblea Popular Constituyente), a la vez que amplía tenuemente el proyecto, sobre todo en cuestiones de diversificación productiva y derechos para todos y todas.
De cierta forma, con esta decisión política Nuevo Perú enmienda la coalición frustrada con Perú Libre de hace dos años, decisión que le acarreó importantes costos políticos (motivando la renuncia de las exparlamentarias Marisa Glave, Tania Pariona e Indira Huilca, quienes se oponían a la alianza). El hecho político más relevante surgido a consecuencia de esta unidad de las izquierdas fue la ampliación del equipo técnico de Perú Libre a referentes de Nuevo Perú y a personalidades de la ciencia y otros sectores del campo popular.
Aun así, las tensiones siguen vigentes en la izquierda antineoliberal peruana (y, más en general, en aquellas fuerzas que se enmarcan en los debates del ciclo progresista latinoamericano). Los clivajes internos son muchos: conservadurismo social y feminismo, extractivismo redistributivo y posextractivismo, democracia participativa y democracia liberal… Estos debates, sin embargo, aunque álgidos, por lo general estuvieron siempre presentes en la fase inicial de los procesos de cambio más avanzados en nuestro continente. A ello debe agregarse que Pedro Castillo también buscó otras alianzas, incluyendo a personajes derechistas como Miguel del Castillo (rápidamente excluido de la campaña) o a Ricardo Belmont, empresario y periodista, que continúa dando apoyo de forma oficiosa a su candidatura presidencial.
El plan de gobierno Perú al Bicentenario Sin Corrupción, de 100 días, elaborado en conjunto con los aliados de izquierda, resguarda los aspectos centrales del programa original y plantea medidas específicas para reactivar la economía popular y afrontar la crisis sanitaria que aún flagela al pueblo peruano. Kurt Burneo, economista y artífice programático de la capitulación de Ollanta Humala hace 10 años, señaló su oposición al nuevo plan de gobierno, poniendo así punto final a la tentativa de integrarse al equipo técnico de Castillo.
En síntesis, podría decirse que el proyecto de «economía popular con mercado» de Perú Libre se ha sostenido, aunque recurriendo a ajustes necesarios, a algunas precisiones y priorizando los temas principales con la mira puesta en arribar a una Asamblea Popular Constituyente que redacte una nueva Constitución para el país.
Las dos tácticas de la derecha peruana
Un sector de la derecha optó por intentar doblegar a Castillo haciendo énfasis en sus tensiones con Vladimir Cerrón, dirigente principal de Perú Libre. Cerrón es un cuadro político con un perfil más ideologizado y de izquierda, afin a los gobiernos progresistas desde una perspectiva campista. El objetivo bajo esta táctica de la derecha liberal era lograr que Castillo renuncie a sus banderas de cambio de modelo económico y Asamblea Popular Constituyente.
El excandidato presidencial Hernando de Soto sostuvo una reunión con Castillo a fines de abril, en Máncora, que tuvo como agenda los cuestionamientos de de Soto al programa original de Perú Libre. Hernando es un propagandista neoliberal muy conocido por su pragmatismo y por sus acercamientos a personajes como Muamar Gadaffi o Antauro Humala con fines de cooptación política. Pero sus intenciones fueron frustradas al punto tal que a los tres días de ocurrida la reunión anunció su voto a Keiko Fujimori.
La segunda táctica de la derecha consistió en la confrontación directa. Con marcados tintes macartistas, recurrió a fake news, falsas estigmatizaciones, movilizaciones reaccionarias y diversos métodos espurios para dirimir la contienda electoral e incluso generar las condiciones para un fraude o acciones golpistas en el caso de que Castillo triunfe en el balotaje. En las principales calles de Lima se difundieron carteles muy costosos en alusión al comunismo y el socialismo, asociándolos a pobreza y miseria. También hubo propaganda vinculando a Perú Libre con el Movadef o el extinto PCP–SL, que durante las décadas del 80 y 90 recurrieron a métodos terroristas y deleznables en el marco de su guerra subversiva.
Llegaron incluso a utilizar políticamente la reciente masacre perpetrada en el Vraem, por la que en un principio se responsabilizó a los remanentes de Sendero Luminoso en esa zona (el Militarizado Partido Comunista Peruano) que rechazan a Abimael Guzmán y su proyecto derrotado y han devenido en un grupo mercenario inserto en el mundo del narcotráfico.
A resumidas cuentas, la campaña macartista de la derecha no tiene reparo alguno en revivir las heridas del conflicto armado interno. En este proceso electoral han demostrado hasta dónde puede llegar su propaganda de odio. Sin exagerar, recuerda a la impunidad de los terroristas de Estado.
El peligro de la ultraderecha naranja
Keiko Fujimori, hija del autócrata Alberto Fujimori, es la heredera del proyecto neoliberal autoritario que intenta por tercera vez acceder al poder. Según la investigación fiscal, el partido de Keiko, Fuerza Popular, es catalogado como organización criminal por recibir ilícitamente fondos para su campaña presidencial en anteriores procesos electorales, entre otras acusaciones graves (como lavado de activos). Keiko no ha tenido pudor alguno en convocar a los veteranos fujimoristas que acompañaron a su padre en el poder. Tal es el caso de Francisco Tudela, que votó por la ley de amnistía a la organización paramilitar Grupo Colina.
Su plan de gobierno no fue reformulado, y ha optado por reciclar a exfuncionarios de los diferentes gobiernos neoliberales durante los últimos 20 años en su intento por superar la dispersión derechista que se hizo evidente en la primera vuelta. Los excandidatos presidenciales Hernando de Soto, Rafael López y Cesar Acuña han declarado abiertamente su apoyo a la candidatura de Fuerza Popular en el balotaje.
En el plano internacional ha recibido apoyo del golpista y fascista venezolano Leopoldo López, quien arribó al Perú hace unos días para impartir conferencias con marcado tenor antichavista en el marco de la cruzada macartista contra Castillo. En una táctica que no por repetida resulta menos eficiente, el chavismo es señalado como la fuente de todos los males, procurando deslegitimar por asociación todo intento popular que apunte a superar el capitalismo neoliberal.
Keiko y su bancada parlamentaria fueron protagonistas de la crisis política que arreció el país en los últimos años mediante destituciones presidenciales (vacancia) en clave reaccionaria mientras el pueblo sufría los embates de la crisis sanitaria y económica gatillada por la pandemia. Fuerza Popular es una organización criminal y ultraderechista que cuenta con apoyo mediático, internacional, militar y político, suficiente para poner en peligro seriamente las libertades democráticas de las clases populares, las mujeres y las disidencias sexuales.
Un desenlace abierto
La derrota del fujimorismo no está asegurada. Las encuestas de intención de voto suelen ser muy inexactas, porque en el Perú existe un sector importante del electorado que decide el ultimo día su voto.
Lo que sí es claro es que la segunda vuelta de este 6 de junio marcará un antes y un después en la historia republicana del Perú. Los proyectos enfrentados son antagónicos entre sí, y los resultados electorales no resolverán la crisis multidimensional que afrontamos. Sin embargo, determinarán contextos totalmente distintos para desplegar la lucha que nos encamine hacia una ruptura con el capitalismo neoliberal.
Bregar por una Asamblea Constituyente paritaria, popular y plurinacional no solo tiene como objetivo la redacción de una nueva Constitución. Además, nos pone en la senda del desarrollo de la organización popular dispuesta a cambios más profundos que los planteados por Perú Libre.
Para acercarnos un paso más al horizonte anticapitalista, ecosocialista y feminista que necesitamos, la victoria de Pedro Castillo en las urnas el próximo 6 de junio y el respaldo militante y crítico de un posible gobierno popular ante los previsibles asedios reaccionarios en su contra son tareas impostergables.
Jun 1, 2021 | INTERNAZIONALISMOA, PRINCIPAL (izquierda)
(Declaración de PST*)
¡Por la elección de una asamblea constituyente soberana!
Aunque nuestro partido ya había expresado públicamente sus críticas políticas y su rechazo a las elecciones legislativas que el poder de facto tiene la intención de imponernos el 12 de junio de 2021, la Dirección Nacional del partido acaba de decidir oficialmente la no participación del Partido Socialista de los Trabajadores (PST) en estas elecciones.
Para el PST, que ha participado en varias elecciones desde 1991 con el objetivo de utilizar la plataforma electoral, sin la construcción de una correlación de fuerzas previa dentro de la sociedad no está permitida ninguna ilusión en cuanto a la posibilidad de lograr por vía electoral el cambio democrático y social al que aspiran las masas populares.
En el contexto actual, estas elecciones generales llegan en un momento en que el Hirak popular, independientemente de sus deficiencias y limitaciones, ha vuelto desde el pasado 22 de febrero, planteando la cuestión de la elección entre el campo popular y el del poder y su hoja de ruta. El desafío a la legitimidad del poder se expresa una vez más en importantes manifestaciones populares en varias ciudades del país. Al igual que en las elecciones de 2002, que tuvieron lugar después del levantamiento popular de la «primavera negra» de 2001, nuestro partido no duda ni un segundo en rechazar la mascarada de las elecciones legislativas y participar como de costumbre en la construcción del campo de las luchas y movilizaciones políticas y sociales de nuestro pueblo.
Para el PST, más que las consultas anteriores, estas elecciones legislativas ya están descalificadas desde un punto de vista democrático por el alcance de la represión y las violaciones de las libertades. Los presuntos gestos de apaciguamiento limitados a «perdonar» a unas pocas docenas de detenidos políticos son rápidamente negados por nuevos arrestos y otros acosos policiales y judiciales a activistas, periodistas y manifestantes comunes. Peor aún, los casos de tortura y violación por parte de los servicios de seguridad son denunciados públicamente por personas que salen de los centros de detención. Las libertades democráticas básicas y los derechos de expresión, manifestación, opinión, organización, huelga, etc., se amordazan diariamente. Los medios públicos siguen cerrados a las críticas al régimen y sus estudios siguen siendo monopolizadas exclusivamente por sus representantes y por quienes ya le han expresado su lealtad. En cuanto a la ley electoral, respaldada por el mismo parlamento disuelto, que el propio gobierno describe como corrupto e ilegítimo, constituye otro obstáculo para unas elecciones honestas y democráticas. Por ejemplo, más que en leyes anteriores, el método de votación elegido deliberadamente tiene como objetivo la despolitización del voto a través de la elección entre candidatos en la misma lista y no entre programas políticos. Debido a esto, ¿no habría que poner en cuestión la supuesta paridad entre hombres y mujeres? En cuanto a la financiación pública de unas candidaturas en detrimento de otras, y que legaliza de facto una desigualdad de oportunidades, ¿no es sobre todo un subterfugio que permite financiar una posible futura mayoría parlamentaria?.
Para el PST, estas elecciones legislativas, como las elecciones presidenciales de diciembre de 2019 o el referéndum sobre la nueva Constitución de noviembre de 2020, son una maniobra dirigida a institucionalizar la continuidad del régimen. Lejos de limitarse a la renovación del nombramiento de varias figuras abiertamente partidarias de un quinto mandato para Bouteflika, esta continuidad del régimen se verifica principalmente en los terrenos económico y social. Son las mismas «reformas» económicas liberales que consisten en privatizar la economía y la riqueza nacional, especialmente los bancos públicos e incluso nuestro subsuelo, permitiendo que un puñado de oligarcas y multinacionales las monopolicen. Son las mismas políticas antisociales destinadas a reducir los salarios, eliminar los subsidios para las necesidades básicas, reducir las ayudas sociales, poner en cuestión la medicina gratuita, empujar a nuestros jóvenes y sectores enteros de nuestro pueblo al desempleo y la precariedad social. En resumen, las mismas opciones neoliberales que llevaron al desastre económico y social que estamos experimentando y que fueron las razones fundamentales para el rechazo del régimen y el levantamiento popular de Hirak de febrero de 2019.
Para el PST la recuperación de la soberanía popular requiere la elección de una asamblea constituyente soberana representativa de las aspiraciones democráticas y sociales de la mayoría de nuestro pueblo, constituida por las y los trabajadores, desempleados, mujeres, pequeños agricultores y todos los sectores más desfavorecidos. En esta perspectiva, el PST pide la imperativa convergencia entre el formidable movimiento popular que constituye el Hirak y las luchas sociales, en particular a través del establecimiento urgente de una autoorganización de base en todo el país, que permita el surgimiento de una alternativa democrática, antiliberal y antiimperialista.
• ¡Libertad para todas las personas presas por delitos políticos y de opinión!
• ¡Por la eliminación de todos los obstáculos al ejercicio de las libertades democráticas!
• ¡Por el respeto de las libertades sindicales!
• ¡No a la continuidad del régimen liberal, antisocial y autoritario!
• ¡Por la elección de una Asamblea Constituyente soberana!
Argel, 5 de abril de 2021
* Esta declaración fue adoptada por la Dirección Nacional del Partido Socialista de los Trabajadores (PST), https://www.pst-algerie.org/non-a-la-mascarade-des-legislatives-du-12-juin-pour-lelection-dune-assemblee-constituante-souveraine/
