Pensar el pasado para ir más allá del presente

Enzo Traverso

Entrevista a Enzo Traverso.

Ante las reacciones desordenadas que ha provocado la indigna redada parisina del 28 de abril de 2021, hemos pedido al historiador Enzo Traverso repensar con nosotros la temporada de conflictos entre historia, memoria, política y justicia. Entre estos términos, la gran convidada de piedra es de hecho la historia, es decir, la labor de comprensión de los acontecimientos del pasado. ¿De qué manera la detención de un puñado de hombres y mujeres de cabello cano puede ayudar a Italia a “ajustar cuentas con su historia” –si no con el propio siglo XX–, como se ha escrito?

Por un lado, tratan a estos antiguos militantes políticos como criminales comunes según los dictados de una ideología presentista de lo más tosco e ignorante. Por otro lado, convocan (impropiamente) toda la panoplia de estudios sobre la memoria (memory studies) para imponer un relato de traumatismo, basado en el paradigma de la víctima. ¿Sobre qué base se puede plantear la idea de que existe en la sociedad italiana una herida abierta en relación con la década de 1970? Como en Francia con respecto a la ocupación de Argelia, parece más bien que se trata de una utilización política explícita de la historia, que no tiene nada que ver con los verdaderos procesos sociales de elaboración de la memoria.

Esta entrevista la ha realizado Andrea Brazzoduro para la revista Zapruder con motivo de la detención, el pasado 28 de abril, de siete antiguos y antiguas militantes de la izquierda revolucionaria italiana refugiadas en Francia desde hace más de 40 años.

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Hombres y mujeres de cabello cano, de 60 a 78 años de edad, con las manos esposadas, ingresan en celdas de seguridad antiterrorista. “Sombras rojas” es el nombre elegido para la redada que comportó, el 28 de abril de 2021, la detención de siete antiguos y antiguas militantes de la izquierda revolucionaria italiana, refugiadas en Francia desde hace años, acusadas por la justicia italiana de una serie de crímenes que van de la asociación subversiva al asesinato, cometidos, según la acusación, entre 1972 y 1982. ¿Se trata de “clausurar el siglo XX”, como escribe el diario la Repubblica?

El siglo XX está cerrado desde 1989, fecha de la caída del muro de Berlín y del final de la guerra fría. Desde entonces, el mundo ha cambiado, y junto con él, también Italia, que ya no es la que era hace 32 años. En varios aspectos, se trata de algo bastante peor: lo que los medios suelen llamar la segunda y la tercera república nos hacen lamentar la primera, fundada por hombres y mujeres que habían combatido el fascismo y creado un país nuevo. Sin embargo, la herencia del siglo XX sigue siendo aplastante y numerosos males estructurales siguen afligiendo a nuestro país. Basta pensar en la mafia, en la cuestión del Sur, en el racismo y en la corrupción. Algunos se han agravado, si pensamos en el paro juvenil y en el racismo poscolonial, mucho más fuerte desde que el país se ha convertido en tierra de inmigración.

En la segunda mitad del siglo XX, Italia accedió al mundo occidental más rico; en el transcurso de los últimos 30 años, se ha alejado de él: experimenta un declive demográfico constante, pero no quiere integrar a la inmigración y ni siquiera concede la ciudadanía a sus descendientes de segunda generación, que han nacido y viven en Italia; sus elites envejecen, pero la juventud está excluida, y la península conoce una impresionante diáspora intelectual, parecida a la de los países del Sur; las élites económicas se han enriquecido enormemente sin generar desarrollo. El diario la Repubblica es uno de los espejos más fieles de la situación, dado que ahora es el presidente de Fiat quien anuncia públicamente el nombramiento de los directores de este periódico. “Clausurar el siglo XX” significa afrontar este nudo de problemas, mientras que para la Repubblica, esto pasa más bien por la extradición de Marina Petrella, de Giorgio Pietrostefani y de algunas otras personas refugiadas.

En el ámbito de la política institucional, como en la prensa italiana, las reacciones han sido, como era de prever, unánimes: “El deber de asumir el pasado” (Ezio Mauro [periodista exdirector del diario La Stampay de la Repubblica]) “tras las heridas particularmente dolorosas” (Marta Cartabia [ministra italiana de Justicia]), etc. Tú trabajas desde hace muchos años sobre las relaciones entre historia, memoria, justicia y política (véase en particular tu utilísimo libro El pasado, instrucciones de uso. Historia, memoria, política). ¿Qué piensas de este lenguaje y de este uso de la memoria? ¿Existe realmente una herida que suturar?

Para las gentes de mi generación que han vivido aquellos años, no cabe ninguna duda de que se trata de heridas dolorosas que todavía no se han curado. Las personas exiliadas en Francia son las primeras en reconocerlo. El problema radica en saber cómo ajustar cuentas con la historia. Mario Calabresi, hijo del comisario de policía asesinado en 1972, ha declarado que la noticia de la detención de Giorgio Pietrostefani no le ha causado ningún sentimiento de alivio, de satisfacción, de reparación o de justicia, sino tan solo de pena y de vergüenza. En Italia, los medios y la cultura oficiales –eso que Althusser llamaba “los aparatos ideológicos del Estado”– no han sabido y, sobre todo, no han querido elaborar la memoria de los años de plomo. No han hecho más que acompañar las sucesivas olas de leyes especiales y de detenciones, tratando como monstruos a los enemigos del Estado.

Los arrepentidos han desempeñado sin duda su papel en este dispositivo. Los exterroristas, así como algunos historiadores, entre ellos Giovanni De Luna, figuran probablemente entre los pocos que han hecho una contribución real al conocimiento, la comprensión y, por consiguiente, a la construcción de una memoria crítica de aquellos años. Los exbrigadistas han reconocido sus delitos, a veces sus crímenes, han reflexionado sobre sus errores, se han interrogado y han intentado comprender y explicar las razones de sus decisiones. La entrevista de Rossana Rossanda y Carla Mosca a Mario Moretti (1994) es mucho más útil, a este respecto, que todos los artículos publicados por la Repubblica e Il Corriere della Sera durante medio siglo.

No son arrepentidos –una categoría jurídica monstruosa que ha tenido efectos catastróficos en la vida política y judicial italiana–, pero pasaron página hace décadas. No he leído el artículo de Ezio Mauro, pero quien posea un mínimo de honestidad intelectual debería reconocer que el deber de asumir el pasado significa algo muy distinto de una represión diferida, más de dos generaciones después de los hechos.

Estos días conmemoramos el aniversario de la Comuna de París. Tengo la impresión de que los medios y el mundo político, en Italia, continúan, 50 años después, exorcizando el terrorismo, como la cultura francesa lo hizo con la Comuna en la década de 1870. La Comuna no fue una revolución ni el producto de una crisis social y política, fue una epidemia, la propagación de un virus contagioso al que había que vencer con los métodos más drásticos. La gente comunera no tenía proyecto político, eran bestias feroces, locos sanguinarios, enemigos de la civilización, pirómanos excitados por el alcohol. La represión fue brutal, pero diez años después la Tercera República decretó una amnistía y quienes se habían exiliado o habían sido deportados pudieron volver. La Comuna incluso fue reivindicada como experiencia fundacional de la República. Me parece que en Italia el terrorismo y la violencia política de la década de 1970 siguen contemplándose con la misma mirada miope y vengativa que hace 50 años. Los terroristas son monstruos que deben pagar su deuda a la justicia. Si este es el mensaje que desean transmitir a quienes no han vivido aquellos años, a mi juicio es la peor manera de asumir el pasado.

Otro capítulo de tu ensayo sobre la historia, la memoria y la política está consagrado a la relación entre verdad y justicia. La “judicialización del pasado” (Henry Rousso) es un fenómeno inversamente proporcional al hundimiento de las expectativas, al estribillo del “fin de las ideologías”, que es el dintel teórico en que se fundamenta el realismo capitalista del que habla Mark Fisher. ¿Es esta la clave para interpretar la redada parisina?

Pensar que hoy se pueda responder, en el plano jurídico, al asesinato de Aldo Moro y de su escolta, así como al del comisario Calabresi, encarcelando a las últimas personas exiliadas, es sobre todo expresión de la ceguera y de la incomprensión a las que me refería. Pero esta ceguera y esta incomprensión no son, evidentemente, un signo de ingenuidad, ya que han estado perseguidas durante décadas. Resulta anacrónico pensar que en 2021 podemos responder judicialmente a hechos políticos que tuvieron lugar en la década de 1970. Si aceptamos el principio de su imprescriptibilidad, asimilando por consiguiente aquellos hechos a crímenes contra la humanidad, entramos en un entramado de contradicciones muy difícil de desentrañar. ¿Pietrostefani y Petrella son equiparables a Eichmann? En 1946, Palmiro Togliatti, ministro de Gracia y Justicia del primer gobierno republicano y secretario del Partido Comunista Italiano (PCI), promulgó una amnistía para personas que se habían declarado culpables de los peores crímenes fascistas durante la guerra civil de los años 1943 a 1945. ¿Cómo justificar el encarnizamiento persecutorio, décadas después, con los y las protagonistas de los años de plomo que se refugiaron en Francia?

Desde la Antigüedad –pensemos en las guerras del Peloponeso–, la amnistía siempre ha puesto fin a las guerras civiles y a las crisis políticas marcadas por la violencia. La ley de amnistía promulgada por Togliatti en 1946 se inscribía en una tendencia general y tenía equivalentes en toda Europa. Colaboracionistas y exfascistas ocupaban jefaturas de policía, comisarías y oficinas gubernamentales en todo el continente hasta la década de 1970. En Italia, como ha subrayado el historiador Paul Ginsborg, a comienzos de la década de 1960, todos los delegados territoriales del gobierno habían sido altos cargos del régimen fascista. En España, durante la transición democrática que tuvo lugar 40 años después del final de la guerra civil, la amnistía benefició tanto a antifascistas en el exilio como a responsables del régimen franquista.

El final del siglo XX vio nacer en Sudáfrica una nueva mirada, diferente, para tratar de hacer frente al pasado y curar sus heridas. Finiquitada la apartheid, este país creó unas comisiones de la verdad y la justicia que descartan las investigaciones judiciales y las condenas penales a cambio del establecimiento de la verdad. El ejemplo sudafricano ha sido emulado por numerosos países, especialmente en América Latina, desde Perú hasta Colombia. Estas experiencias históricas no son iguales, está claro, pero el principio sí es fecundo para salir de una crisis y asumir el pasado.

En Italia, este principio jamás se ha debatido. La paradoja italiana es que las únicas personas que han contado sus experiencias son exbrigadistas y exmiembros de organizaciones armadas, no sus enemigos. El Estado no ha hecho nada, o casi nada, por dilucidar las tentativas de golpe de Estado, las infiltraciones neofascistas, las desviaciones de los servicios secretos, la práctica de la estrategia de la tensión, la violencia neofascista que se benefició de protección por parte de los aparatos de Estado y que causó muchas más víctimas que el terrorismo de izquierda. Nadie ha reclamado jamás al Estado que explique los cientos de muertes (militantes, jóvenes, estudiantes, trabajadoras y trabajadores) que hubo aquellos años a manos de la policía. Quienes reivindican el deber de asumir el pasado deberían plantearse estas cuestiones.

De todos modos, esta patología italiana tiene una explicación. El Estado es inflexible contra sus enemigos, pero muy acomodaticio o complaciente con la violencia ejercida por sus propios agentes y representantes. Hay que ocultar los intentos de golpe de Estado y la colusión del aparato de Estado con los grupos neofascistas que ponen bombas en los trenes; la persecución de las y los terroristas de izquierda, por el contrario, refuerza la solidez de las instituciones. Esto no solo ocurre en Italia. Numerosos estudios han mostrado cómo, en la República Federal de Alemania, las penas infligidas a miembros de la Rote Armee Fraktion (RAF) sobrepasan de lejos las que se pronunciaron entre 1949 y 1979 contra exnazis.

Cuando hablamos de memoria, siempre simplificamos: la memoria es compleja, heterogénea, dividida. Hay la memoria de exterroristas y la de sus víctimas (y la posmemoria de sus descendientes); hay la memoria colectiva de los movimientos sociales, hoy dormida o extinguida; hay la memoria cultural que configura la esfera pública; y hay también la memoria de las instituciones, la memoria del Estado, que en todo este asunto es probablemente la más reticente. Esto explica también por qué quienes se refugiaron en Francia, hace algunas décadas, no han querido entregarse a una justicia que no ocultaba su voluntad perseguidora y ofrecía muy pocas garantías de imparcialidad. Una justicia que no parecía creíble, como demostró Carlo Ginzburg en un célebre ensayo sobre el proceso Sofri. Basta pensar en el papel desempeñado por los arrepentidos en numerosos procesos. No creo que se pueda decir simplemente que las personas que se refugiaron escaparon de la justicia.

En las últimas líneas de la introducción de otro de tus ensayos fundamentales (2007), mencionas brevemente tu experiencia de “militante revolucionario” en la segunda mitad del siglo XX, cuando el mundo parecía atravesar una nueva guerra civil. ¿No falta el contexto en el relato entonado a coro tras el anuncio de las detenciones? ¿Contra quién y por qué luchaban estos hombres y mujeres?

Sí, falta el contexto: estamos hablando de hechos que se remontan a más de 40 años atrás, o sea, dos generaciones, pero que todavía no se han historificado. Aún no se han depositado en un pasado común, esclarecido, explicado y sobre todo al que se pueda atribuir un sentido. Las personas refugiadas reconstruyeron su existencia en medio de grandes dificultades; han reflexionado sobre su experiencia; siguen mirando a los ojos a su conciencia. Las víctimas y sus familias se han quedado con su dolor. Pero la historificación –la elaboración del pasado para hacerlo entrar en la historia– significa precisamente ir más allá de los sentimientos. Es la condición para que esos mismos sentimientos puedan ser acogidos en un espacio colectivo, en una conciencia histórica, en la conciencia de que ha concluido un ciclo. Tengo la impresión de que en Italia la justicia ha sido un obstáculo frente a esta elaboración del duelo, a un proceso de reconstrucción del pasado que permita finalmente tener una conciencia histórica del mismo.

La violencia política de los años setenta del siglo pasado formaba parte de una temporada política que concluyó con una derrota de la izquierda, del movimiento obrero, de los movimientos alternativos. Nunca se ha elaborado esa derrota. Ese pasado ha sido rechazado. Algunos decenios más tarde, el congreso en que el PCI decidió cambiar de nombre no aparece como su Bad Godesberg, sino más bien como una ceremonia de exorcismo. Podríamos hablar perfectamente, en términos psicoanalíticos, de rechazo. Los años de plomo quedaron engullidos en este rechazo y han ingresado en un pasado diabolizado, pero aun así confuso (con archivos incompletos o inexplorados), y no en nuestra conciencia histórica.

Sin embargo, no quiero eludir la cuestión personal, aunque totalmente secundaria. Me acuerdo bien de la década de 1970, que fue la de mi juventud. Participé en mi primera manifestación en 1973, cuando tenía 16 años. Nunca me ha tentado el terrorismo y siempre he criticado la opción por la lucha armada, no por principio, sino porque me parecía estratégica y tácticamente equivocada. A partir de 1979, gran parte de mi actividad política ha consistido en participar en asambleas y manifestaciones contra la represión. No me gustaba el eslogan de “ni con las Brigadas Rojas, ni con el Estado”, pues establecía una ecuación entre dos entidades incomparables que no podían combatirse con los mismos métodos.

Retrospectivamente, creo que es evidente no solo que la adopción de la lucha armada fue nefasta y suicida, sino también que contribuyó, en gran medida, a sofocar los movimientos de protesta y a eternizar una conflictividad política difusa. Las Brigadas Rojas habían nacido en un periodo de lucha como componente del movimiento obrero, un grupo que se consideraba vanguardia y practicaba la acción ejemplar o la propaganda por el acto para radicalizar el conflicto social. Desde hacía por lo menos un siglo habían aparecido ya tendencias similares en varios países, especialmente en el seno del anarquismo. Un historiador como Mike Davis ha elaborado un repertorio impresionante al respecto.

En Italia, estas prácticas habían pasado por la criba de la memoria de la Resistencia y de la cultura comunista, de ahí que –y esto no es un detalle– las Brigadas Rojas (al igual que la RAF) no detonaban bombas, sino que seleccionaban sus objetivos. Poco a poco, para escapar de la represión policial, y por tanto por razones prácticas que solo se teorizaron después, las Brigadas Rojas se transformaron en una organización clandestina, separada de los movimientos, que libraba por su cuenta la guerra contra el Estado. Así se vio arrastrada a una espiral cuya salida no podía ser sino su aniquilación por el Estado. Una parte de la izquierda radical se hizo ilusiones de que podía cabalgar o utilizar el terrorismo: las Brigadas Rojas desarticularían el Estado, había que estar preparados para los levantamientos que seguirían. Estos cálculos estaban equivocados y el precio de estos errores ha sido muy alto. Pero esta es una sabiduría retrospectiva.

Yo era trotskista, es decir, formaba parte de un movimiento que criticaba la lucha armada. La practicaba en otras partes, como por ejemplo en América Latina, con resultados a menudo desastrosos, pero este es otro debate. El trotskismo era muy minoritario en Italia, donde fue intelectualmente insignificante en comparación con la creatividad teórica del obrerismo y políticamente marginal con respecto a los movimientos que experimentaban prácticas novedosas, como Lotta Continua. El trotskismo, sin embargo, tenía una conciencia histórica más profunda, que te ponía en guardia frente a determinados riesgos, como una especie de vacuna. Pero constatar esto no supone reivindicar méritos.

En aquellos años, la adhesión a un grupo político, sobre todo entre la gente muy joven, no solo era el resultado de una opción ideológica, sino que dependía de mil circunstancias, a menudo disparatadas (las emociones y las formas de socialización desempeñan un papel muy importante en política) y a veces puramente accidentales. No tengo ningún reparo en admitir que en circunstancias diferentes, pero perfectamente posibles, yo me habría visto no solo con un casco en una manifestación, sino también con un arma en la mochila. Así que no puedo sentirme ajeno a esta historia y pienso que, con un mínimo de honestidad intelectual, decenas de miles de personas de mi generación deberían hacer lo mismo.

Has vivido en Francia durante muchos años antes de volver a emigrar, esta vez a Estados Unidos. La redada del 28 de abril, ¿tiene que ver más con las próximas elecciones presidenciales francesas o forma parte de la lógica interna de la política italiana?

Creo que las personas italianas refugiadas en Francia son objeto de un mercadeo político harto mezquino. Mario Draghi quiere legitimarse como hombre de Estado y demostrar que en pocas semanas ha logrado lo que los gobiernos italianos llevaban reclamando desde hace años. En la perspectiva de su futura elección a la presidencia de la República, la maniobra es astuta. Emmanuel Macron desea confirmar de nuevo el giro autoritario que le lleva ahora, con vistas a una eventual reelección, a mostrarse más represivo que la derecha e incluso la extrema derecha.

Cero indulgencia con las y los terroristas, ni siquiera quienes han dejado de serlo desde hace más de 40 años, que nunca se han escondido, que respetan las leyes del país en que viven legalmente desde hace décadas, donde han echado raíces y donde han gozado de hospitalidad. Nadie, ni siquiera Marine Le Pen, le ha pedido que extradite a las personas refugiadas italianas. Probablemente ha pensado que con esta medida añade credibilidad a su combate contra el islamoizquierdismo. Al igual que la gran mayoría de políticos que nos gobiernan, a Macron le preocupan los sondeos de opinión, y para nada el deseo de afrontar el pasado. Para ganar elecciones, estaría dispuesto a todas las políticas de la memoria.

22/05/2021

https://www.contretemps.eu/italie-histoire-memoire-politique-justice/

Traducción: viento sur

Bibliografía

Davis, Mike (2007), Les héros de l’enfer (con prefacio de Daniel Bensaïd), Textuel, París

Fisher, Mark (2017), Realismo capitalista. ¿No hay alternativa?, Caja Negra, Buenos Aires

Ginsborg, Paul (2006 [1989]), Storia d’Italia dal dopoguerra a oggi, Einaudi, Turín

Ginzburg, Carlo (1993), El juez y el historiador, Muchnik, Barcelona

Moretti, Mario; Mosca, Carla; Rossanda, Rossana (1994), Brigate rosse una storia italiana, Anabasi, Milán

Rousso, Henry (1998), La hantise du passé. Entretien avec Philippe Petit, Textuel, París

Traverso, Enzo (2009), A sangre y fuego: de la guerra civil europea, Prometeos Libros, Buenos Aires

Traverso, Enzo (2007), El pasado, instrucciones de uso. Historia, memoria, política, Marcial Pons, Madrid

 

Las sentencias destapan que Tubacex infló las pérdidas para llevar a cabo los despidos

La pericial de ELA, la única propuesta por los sindicatos, ha sido determinante en el resultado de las sentencias que declaran nulos los despidos presentados por la dirección. La empresa ahora dispone de cinco días para reincorporar a los 129 trabajadores y trabajadoras. En caso de que la empresa no adopte dichas medidas, ELA estudiará continuar con la huelga.

Las sentencias de TTI y Acería Alava del TSJPV que declaran nulos los despidos de 129 trabajadores y trabajadoras de Tubacex demuestran que la empresa actuó fraudulentamente; tal como se recoge en el cuerpo de las dos sentencias:

“los datos contables que aporta la empresa no reflejan con veracidad el estado económico de la mercantil (…) lo cierto es que se produce un aumento ficticio de la situación negativa, que no puede tomarse en cuenta para ponderar adecuadamente la situación económica de la empresa en el ejercicio 2020”.

“Las referencias a posibles pérdidas futuras, a medio o largo plazo, tampoco permiten calificar el despido de justificado. En esta materia nos movemos ante meras hipótesis, que no se han planteado, ni mucho menos, con la debida robustez argumentaria y probatoria”

Lo que vienen a decir las sentencias es que Tubacex ha inflado las pérdidas para llevar a cabo los despidos, cuestión de extrema gravedad que vamos a analizar al detalle por si la empresa incurre en algún otro tipo de responsabilidad.

En definitiva, la pericial practicada desmonta todos los argumentos de la empresa, y demuestra que no existen ni causas económicas, ni productivas, ni organizativas, tal como recogen expresamente las sentencias.

El objetivo de Tubacex ha sido claramente aprovecharse de la situación creada por la crisis sanitaria para precarizar las condiciones de trabajo de las plantillas. Cuestión que, desgraciadamente, no es aislada, siendo práctica habitual sobre todo entre las grandes empresas que se ha llenado los bolsillos antes del Covid.

Queremos felicitar a la plantilla de Tubacex, que lleva en huelga desde el 11 de febrero, ya que sin duda ha sido el elemento revulsivo para que hoy tengamos estas sentencias encima de la mesa. La empresa ahora dispone de cinco días para reincorporar a los 129 trabajadores y trabajadoras. Exigimos el cumplimiento inmediato del fallo de las sentencias, que dicen:

“Condena a la empresa demandada a reponer a los trabajadores/as afectados en el trabajo efectivo en su empresa, en las mismas condiciones en que venían desempeñando sus servicios antes del despido colectivo”. En caso de que la empresa no adopte dichas medidas, ELA estudiará continuar con la huelga.

Hoy es más necesaria que nunca la derogación íntegra de las reformas laborales que dan carta blanca a las empresas y facilitan los despidos. Emplazamos a los partidos políticos que se han pronunciado en contra de las reformas laborales a pasar de las palabras a los hechos.

Por ELA Sindikatua

El Superior de Justicia anula los despidos de Tubacex

Las salas que han juzgado los despidos de las plantas alavesas de Tubacex declaran en dos sentencias la nulidad de los 128 despidos

(Lucas Irigoyen) – -Tomado de CronicaVasca

Tubacex anuncia una situación insostenible que repercutirá en el empleo / EP
Tubacex anuncia una situación insostenible que repercutirá en el empleo / EP

Tras 146 días de huelga y después de que el 22 de junio el Superior de Justicia del País Vasco dejara vistos para sentencia los 128 despidos de Tubacex en sus plantas de Llodio Amurrio, las dos salas del Tribunal que han analizado el ERE han señalado en dos sentencias que los despidos son nulos. El TSJPV enjuició por separado el ERE que afectó a 26 trabajadores en la firma Aceralava, y el ERE de 102 despidos de TTI. El primer pleito se ha analizado en la sala del magistrado Juan Carlos Iturri, mientras que la vista de TTI se ha desarrollado en sala de presidenta de lo Social, Garbiñe Biurrun. Ambos, han aplicado el criterio de nulidad para los despidos en tiempos de covid al considerar que, como defendían los sindicatos, la crisis era coyuntural y no estructural. 

La decisión supone un serio revés para la empresa que se vería obligada a readmitir a los trabajadores y pagarles las cantidades que les correspondieran desde el despido. Tubacex podría presentar recurso contra las sentencias y acudir al Tribunal Supremo, pero eso no impediría la ejecución de la determinación dada a conocer esta mañana.

Criterio alterno del Tribunal

La sentencia ahonda el doble criterio que viene aplicando el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco a la hora de analizar los juicios en tiempos de Covid. Así, a finales de abril el mismo Tribunal avaló la legalidad del proceso de despido colectivo de Aernnova, pero una semana después rechazó el ERE de PCB, filial de ITP Aero. Lo cierto es que los dos jueces que han presidido las vistas sobre Tubacex ya tienen precedentes de sentencias en las que han dado la razón a los trabajadores, tumbando los ERE por considerar que no tiene cabida los despidos en tiempos de Covid. Biurrun, presidenta de la Sala de lo Social, fue la ponente de la primera interpretación sobre los despidos ligados a la crisis por la pandemia. En concreto, declaró nulo el despido de un trabajador de una pyme del sector aeronáutico por considerar que los problemas de la empresa estaban ligados a la coyuntura del Covid. El juez Juan Carlos Iturri, por su parte, fue el que declaró nulo el ERE de PCB, filial del  grupo ITP Aero, aferrándose también a que los problemas de la empresa eran coyunturales, derivados de los efectos de la pandemia en el mercado de los aviones y no una crisis estructural. En ambos casos, además, el despido se declaró nulo, no improcedente, lo que supone la obligación de la empresa a readmitir a los trabajadores.

Los representantes de los trabajadores, que recurrieron ambos procesos de despido colectivo defienden que  en el caso de Tubacex la crisis  es «coyuntural y temporal», derivada de la pandemia de Covid-19 y que por lo tanto, deben tomarse medidas coyunturales y no despidos. Y recuerdan que en 2018 se firmó un convenio en el que se apostaba por la subida de salarios, sin hablar de situación de crisis.

La dirección ha argumentado que los problemas en la empresa se venían gestando desde hace años y la pandemia no hizo más que empeorarla. La paralización de los mercados generó pérdidas a la compañía dirigida por Jesús Esmorís de más de 25 millones de euros, que llevó a la empresa a plantear los despidos que han afectado a 600 personas en todo el grupo, el 20% de su plantilla repartida en sus plantas de Álava, Estados Unidos, Noruega, Canadá, India, Tailandia, Austria, Italia, Dubai, Arabia Saudí, y Singapur. Estos despidos sólo han tenido contestación en las plantas vascas. De hecho, ELA, que preside el comité, está dirigiendo este largo conflicto como una bandera sindical contra los despidos en tiempos de pandemia.

La empresa ofreció a los trabajadores el mantenimiento del empleo actual durante tres años a condición de que se desconvocara la huelga, pero los trabajadores han puesto siempre sobre la mesa la necesidad de dar marcha atrás en los despidos algo a lo que la dirección se  ha negado siempre con rotundidad. Ayer rechazó de nuevo dar marcha atrás en el ERE, antes de arrancar el juicio, al declinar el ofrecimiento de conciliación por parte de la jueza, para sustituir el ERE por un ERTE con el compromiso de no realizar despidos en dos años. A partir de ahora toda la decisión queda en manos de los tribunales.

Riesgo para la continuidad de las plantas

Tras el rechazo de los sindicatos a desconvocar la huelga, que arrancó el 15 de febrero, la dirección advirtió con claridad de que los paros han provocado ya una «pérdida importante de clientes» y costes y penalizaciones «irreparables» que, «sumado a la débil situación del mercado amenaza seriamente la continuidad de las plantas» alavesas. En este sentido señaló que hay encargos perdidos que serán de difícil recuperación y que en esta situación de paros se hace complicado afrontar la recepción de nuevos encargos ya que teniendo en cuenta que no pueden garantizar los plazos de entrega.

En estas circunstancias la situación de las plantas vascas están en un riesgo claro, teniendo en cuenta que Tubacex tiene otras plantas en el grupo que pueden hacerse cargo de los pedidos que hasta ahora se hacían en Álava. En este sentido, reconocieron durante la vista que hay pedidos que se están trasladando a otras plantas porque así se lo están demandado los clientes. Algo que pone a las plantas vascas en grave riesgo de quedarse sin carga de trabajo.

Lo cierto es que la empresa, que ahora está en una situación límite, sí reconoció en un escrito ante la CNMV que espera una clara recuperación de los pedidos en un futuro de la mano del  sector del petróleo y el gas.

ANTIKAPITALISTAK EUSKAL HERRIAren V. KONGRESUA. PRENTSA OHARRA

Joan den asteburuan, Antikapitalistak Euskal Herriak V. biltzarra egin zuen Bilbon. Antikapitalistak-ko 4 lurraldeetako militanteok zuzendaritza berria aukeratu dugu eta hurrengo aldirako ildo politikoak finkatu ditugu. Ildo politiko horien bidez, Euskal Herriko ezker iraultzailearen erreferente izan nahi dugu, gure herrialdean espazio apurtzaileak sortzen errazteko eta kapitalaren erasoak eta eskuin muturraren gorakada geldiarazteko.

Erakundearentzat funtsezkoa da bizi dugun krisi sanitario eta ekonomikoari irtenbide soziala ematea. Erabaki politikoen erdigunean pertsonak eta langileria jarriko dituen erantzuna, baliabide publikoak gehien behar dutenei bideratuz eta gehien daukanak, burgesiak, krisiaren ondorioak ordainaraziz.

Antikapitalistak Euskal Herrian subjektu politiko berri bat eraikitzearen aldeko apustua egiten du, zabala eta eskuindarren eta sozial-liberalen nagusitasun neoliberalari, bai EAEn eta bai Nafarroan, zuzenean eta tinko, aurre egingo diona.

Gure apustua ausarta, gaztea, feminista, eko-sozialista eta antifaxistada, egungo sistemarekin argi eta garbi hausten duena, Euskal Herrian subiranotasun nazionalaren ereduaren alde eginez, benetako demokraziak euskal herritarren benetako arazoei erantzuna emango diena.

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NOTA DE PRENSA V CONGRESO ANTIKAPITALISTAK EUSKAL HERRIA

El pasado fin de semana, Antikapitalistak Euskal Herria celebró su V congreso en Bilbo. Las y los militantes de Antikapitalistak de los 4 territorios nos hemos dotado de una nueva dirección y hemos trazado las líneas políticas para el próximo periodo, donde pretendemos ser un referente de la izquierda revolucionaria en Euskal Herria para facilitar la creación de espacios rupturistas en nuestro país y para frenar los ataques del capital y el auge de la extrema derecha.
Para la organización es fundamental dar una salida de carácter social a la crisis sanitaria y económica que estamos viviendo. Una respuesta que ponga en el centro de las decisiones políticas a las personas y a la clase trabajadora, destinando los recursos públicos a quienes más lo necesiten y haciendo que quien más tiene, la burguesía, pague las consecuencias de la crisis.
Antikapitalistak apuesta por la construcción de un nuevo sujeto político en Euskal Herria, amplio y que confronte, de manera directa y sin ambages, con la hegemonía neoliberal de las derechas y de los social-liberales tanto en la CAV como Nafarroa.
Una apuesta valiente, joven, feminista, eco-socialista y antifascista que de forma clara rompa con el sistema actual, apostando en Euskal Herria por un modelo de soberanía nacional donde la democracia real dé respuesta a los problemas reales de la ciudadanía vasca.

Turquía :El equilibrio violento de Erdogan

El equilibrio violento de Erdogan: asesinato y represión de la oposición, negociaciones con Occidente

(Uraz Aydin)

Su nombre era Deniz Poyraz. Esta joven militante kurda de 27 años fue asesinado en las instalaciones del HDP (Partido Democrático Popular, izquierda pro kurda) en Izmir el 18 de junio por un activista de extrema derecha. El asesino, Onur Gencer, logró entrar en el edificio, frente al cual se encuentra un puesto de control policial permanente, sin ser interceptado. Más tarde se supo que una reunión de unas 40 personas programada para el momento del asesinato había sido cancelada en el último minuto. Así, el asesino, del que encontramos fotos con uniforme de faena y fusiles automáticos en el norte de Siria, donde habría trabajado como trabajador sanitario, y que había explorado repetidamente el edificio, probablemente tenía la intención de llevar a cabo una masacre con probablemente dos cómplices, que lograron escapar. También parece que Poyraz fue torturada antes de su asesinato.

Dos pesos, dos medidas

La actitud benevolente de los policías que detuvieron al asesino en el acto, y su prisión preventiva en espera de juicio en 24 horas, sin buscar profundizar la investigación sobre sus probables vínculos políticos y de otro tipo, fueron duramente criticados por parte de la opinión pública. En comparación, por ejemplo, con la represión de estudiantes, mujeres o en particular LGBTI + cuyos diversos actos organizados con motivo del Orgullo fueron muy violentamente reprimidos por la policía. Si el presidente Erdogan esperó dos días antes de condenar este asesinato, el verdadero impacto fue la aceptación por parte de la Corte Constitucional de la acusación encaminada a prohibir el HDP, tres días después del ataque. A finales de marzo, el expediente considerado insuficiente había sido remitido al fiscal que solicitó la disolución del partido (como otros seis partidos pro kurdos desde 1992) por «actividades terroristas». La acusación también pide la inelegibilidad contra 450 líderes y activistas, hombres y mujeres, del partido.

Intentos de un nuevo posicionamiento internacional

Mientras que las revelaciones del padrino mafioso en fuga Sedat Peker a través de sus videos en YouTube y sus tweets revelan el nivel de complicidad del aparato estatal con el crimen organizado -desde el narcotráfico internacional hasta el lavado de dinero, Erdogan, debilitado internamente, sobre todo por la efectos de una crisis económica que no ha dejado de profundizarse durante tres años, está intentando resituarse a nivel internacional junto al clan occidental, tras un período de tensiones multilaterales. En efecto, la política exterior de Ankara elaborada sin ninguna perspectiva y basada en un orgullo desmesurado (como su líder) esperaba poder seguir un rumbo «independiente» negociando por separado con potencias rivales.Esta perspectiva ha permitido efectivamente en cierta medida una consolidación a nivel interno, con el objetivo de frenar el proceso de erosión de la base islamo-nacionalista del AKP. Sin embargo, Ankara vio cómo se reducía su margen de maniobra «independiente», especialmente después de la derrota de Trump y la llegada de Biden, acompañadas de crecientes tensiones con Moscú (en temas como Libia, Nagorno-Karabaj y Ucrania, a pesar de la importante cooperación militar y energética) y Europa (especialmente con Macron).

Benevolencia occidental16:47

 
 

El presidente Erdogan se planteaba así aprovechar la cumbre de la OTAN y la de la Unión Europea para convencer a los Estados occidentales de su nuevo giro, a la vez que intentaba mantener ante su base electoral su postura de hombre fuerte que no se doblega. Así su reunión con Biden se presentó como una oportunidad para exigir responsabilidad por el reconocimiento de Washington del genocidio armenio. Erdogan salió de dicha reunión con el compromiso de subcontratar el tema de la seguridad del aeropuerto de Kabul después de la retirada de Estados Unidos, sin siquiera abordar el tema del genocidio. Si Turquía no estaba en el centro de las discusiones en la cumbre europea, parece que el clan occidental, para quien es fundamental tener a Ankara a su lado por su posición geopolítica, especialmente con respecto a las personas migrantes, está preparado para no forzar demasiado a Erdogan en la cuestión democrática siempre que este último haga un acto de lealtad y se muestre “cooperativo”. Esto está lejos de sorprender a las fuerzas de izquierda en Turquía, que son muy conscientes de que la caída del dictador será obra de las y los explotados y oprimidos.

2/07/2021

Semanal L’Anticapitaliste – 575 (01/07/2021)

https://lanticapitaliste.org/actualite/international/le-violent-equilibre-derdogan

Traducción: F.E. para antikapitalistak.org

VUELVEN A DEJAR LAS PENSIONES MINIMAS EN LA ESTACADA

Reunida la Coordinadora del Movimiento Pensionista de Euskal Herria en Gasteiz el día 1 de julio ha acordado el siguiente comunicado

Crítica a los acuerdos de la Mesa de Dialogo Social
VUELVEN A DEJAR LAS PENSIONES MINIMAS EN LA ESTACADA
Puntos del acuerdo:
1. Las pensiones se revalorizarán en función del incremento del IPC; reivindicación
conseguida desde el inicio de las movilizaciones del Movimiento de Pensionistas, que ahora parece se hará ley.
2. Se deroga el Factor de Sostenibilidad de la reforma del 2013 y será sustituido por el Factor de Equidad Intergeneracional que deberá estar listo para el 15 de noviembre de 2021 y entrará en vigor en cualquier caso de la mano del Gobierno en 2027.
3. Se incentivará la prolongación de la vida laboral mediante el pago de un cheque máximo de 12.000 euros a cargo de la SS o el incremento anual del 4% de la pensión. Para que la CEOE apoye la propuesta acuerdan que la SS asumirá el 75% de la cotización empresarial de la persona trabajadora, con más de 62 años, en los procesos de Incapacidad Temporal.
4. Incremento de los coeficientes reductores de la jubilación anticipada para quienes se jubilen con 1,2,3, 23 o 24 meses de antelación, pudiendo llegar hasta una reducción del 21% de la pensión, mientras se rebaja para el resto; estos coeficientes se aplicarán para las pensiones más altas sobre la pensión neta y no sobre la base reguladora, esta medida se pospone la entrada en vigor hasta 2024 y se fija un periodo transitorio de 10 años para su completa aplicación.
5. Jubilación forzosa fijada en convenio se amplía hasta los 68 años; la medida no afectará a las personas despedidas en 2021; se podrá seguir aplicando la edad ordinaria de jubilación en determinadas circunstancias como la sustitución del trabajador mediante contrato indefinido a tiempo completo y en sectores con escasa presencia de mujeres si se contrata a una mujer siempre que el trabajador tenga derecho al 100% de la pensión.
6. Aunque en el acuerdo no se habla del aumento a 35 años de cotización necesarios para acceder al 100% de la pensión; se acuerda que para la segunda fase de la reforma 31 de diciembre de 2022 se realizará una “adecuación a las nuevas carreras profesionales”.
7. Se plantea equiparar la pensión de viudedad para las parejas de hecho y la extensión del derecho a cotización por todos los programas de formación y la mejora de los convenios especiales de cuidadores familiares.
8. Se modificará la Ley de la SS para realizar una trasferencia anual de los PGE a la SS del 2% del PIB; aunque según el acuerdo, el Estado se compromete a garantizar el equilibrio financiero del SPP vía PGE cuando los recursos explicitados en el art. 109 de la LGSS no sean suficientes, con esta medida del 2% del PIB sólo se cubre la mitad del incremento adicional que se prevé necesitará el sistema para 2050.
CONCLUSIÓN
Lógicamente consideramos positivo revalorizar las pensiones según el IPC medio anual; (pero no se garantiza aun definitivamente, pues se revisará cada 5 años) conquista conseguida desde el inicio de las movilizaciones de Pensionistas. Así mismo nos parece positivo sustituir los préstamos por trasferencias y los puntos que hacen referencia a las parejas de hecho, la extensión del derecho a la cotización y la mejora de los convenios especiales de personas cuidadoras familiares.
Pero las amenazas contra el servicio publico de pensiones (SPP) se mantienen
* La privatización del SPP a través de planes privados de empresa se mantiene y se empezará a concretar a partir de ahora para ser incluida en la segunda parte de la reforma.
* Se olvidan de la propia recomendación segunda del PT en la que se plantea la posibilidad de recuperar el poder adquisitivo de las pensiones realizado en los últimos años.14:44

* Se deroga formalmente el Factor de Sostenibilidad, pero se acepta por parte de los firmantes del acuerdo que será sustituido por otro Factor, el Índice de Equidad Intergeneracional, inspirado en la reforma de 2011 que tendrá (mucho nos tememos), el mismo efecto negativo respecto a las nuevas pensiones, las cuales se reducirán de forma continuada y acumulativa, porque se basa en los mismos principios.

* Se acepta incrementar los coeficientes reductores de la jubilación anticipada, o la aplicación de dichos coeficientes sobre la pensión neta y no sobre la base reguladora para reducir las pensiones y ni se menciona la exigencia de las PNL que demandaban la derogación de dichos coeficientes con 40 años cotizados.
* Sigue sin resolverse el problema de garantías para la financiación de las pensiones; la separación de las fuentes de financiación puede ser un mero movimiento contable. Si bien el Estado garantizará las pensiones públicas, las transferencias realizadas en 2021 (13.929 Mill.euros) y las que se propone ne realizar los años siguientes para transferir gastos actuales del sistema son insuficientes.
* La incertidumbre sobre la estabilidad financiera del sistema se mantiene en la medida que no se derogue la reforma laboral, se haga una apuesta decidida por el empleo de calidad y se reconozca la deuda del Estado con la SS. Esta incertidumbre seguirá siendo instrumentada para impulsar nuevas reformas que reduzcan las pensiones públicas.
* El incremento de los años de cotización necesarios para alcanzar el 100% sigue vigente y simplemente se pospone un año y se cambia de nombre.
* Es inconcebible que no haya mención alguna al incremento sustancial de las pensiones mínimas; estas pensiones deberían haber sido incrementadas al menos con el
porcentaje de incremento del SMI, ser equiparadas al SMI y alcanzar el nivel de suficiencia fijado por la Carta Social Europea para el SMI, comenzando por una pensión mínima de 1080 euros.
 * Es inaceptable que no se dé ningún paso para erradicar la brecha de género en pensiones consolidando un derecho subjetivo de las mujeres a una pensión digna y suficiente y mejorando la pensión de viudedad.
 * El acuerdo alcanzado ratifica los recortes de las pensiones de la reforma de 2011; cambia de nombre el Factor de Sostenibilidad, pero mantiene su esencia; deja la puerta abierta a la privatización del SPP y a nuevos recortes y no garantiza la financiación suficiente para el SPP; la mayor parte de nuestras reivindicaciones siguen pendientes.
* Nada se dice de la asunción por parte del Estado de la deuda de la SS acumulada por los préstamos concedidos que deberían haber sido transferencias
El Movimiento de Pensionistas hemos conseguido dejar sin efecto la reforma de 2013 y tenemos que seguir en la calle para conseguir nuevas victorias. La Movilización es nuestra mejor garantía y no aceptamos el papel de convidados de piedra en la reforma que se está realizando.
GOBIERNE QUIEN GOBIERNE LAS PENSIONES PUBLICAS SE DEFIENDEN
Movimiento Pensionista de Euskal Herria

Gasteiz a 1 de julio de 2021

Francia : Entrevista con Philippe Poutou

Entrevista con Philippe Poutou, candidato del NPA en las presidenciales: «Hacemos campaña para recordarle a la gente que estamos aquí y que no dejaremos que otra gente decidan en nuestro lugar”.

Julien Salingue

Así que aquí estás de nuevo como candidato presidencial. En 2012 y 2017 eras un trabajador de Ford en Blanquefort, que luchaba contra el cierre de la empresa. Desafortunadamente, la empresa se cerró luego. ¿Cuál es vuestra situación hoy, la tuya y la de tus colegas de Ford?

Ha pasado más de un año desde que me despidieron con todos mis compañeros y compañeras, desde que cerró toda la fábrica y esto, por tanto, afecta a toda la plantilla. Muchas y muchos compañeros han encontrado trabajo, pero trabajos ocasionales, en situaciones más difíciles que antes, por supuesto. Yo me encuentro casi al final de la licencia de reclasificación sin ninguna perspectiva de empleo. Además, el propio gabinete de reclasificación no vio realmente cómo encontrar una solución para mí, entre mi nombre y mi cargo, ya que ahora soy una persona electa; volveremos a eso. Como ocurre con mucha gente, ésta es una situación preocupante. La situación laboral, como sabemos, es muy mala y cuando encontramos un trabajo es en condiciones precarias, difíciles, mucho más que las condiciones que podemos vivir en una gran fábrica como Ford. He tenido la suerte de tener un permiso de reclasificación, lo que es una válvula de seguridad antes del paro, pero se me acaba pronto, y este verano me encontraré en el paro seguro.

Además, la lucha contra Ford continúa, los atacamos en los tribunales laborales, esto acaba de comenzar y será largo. Rechazamos los despidos, explicamos que los despidos son ilegítimos y nos defendemos ante el juez judicial y en casación. Tendremos respuestas en septiembre. Después del cierre de la fábrica es difícil movilizarse y sabemos que las decisiones de los tribunales son siempre un tema de correlación de fuerzas, pero por principio llevaremos la batalla hasta el final: queremos cuestionar el derecho a despedir, y por lo tanto en realidad el derecho a la propiedad, al que oponemos el derecho al empleo, que debe ser lo primero. De modo que la lucha contra Ford y los despidos continúa.

Desde las últimas elecciones presidenciales hay otro lugar en el que has empezado a dar batallas, con tus camaradas de Burdeos, ya que sois tres electos en el concejo municipal de Burdeos. ¿Cómo te va ? ¿Qué significa ser un electo anticapitalista en la vida diaria?

Seguro que es difícil. Todo empezó con algo sorprendente, ya que fue a raíz de la lucha de Ford como se inició una campaña municipal, en un contexto de movilización contra la reforma de las jubilaciones y también del movimiento de los chalecos amarillos, aunque fuera el final. Y logramos hacer esta lista con militantes sindicales, chalecos amarillos, militantes del NPA, de La Francia Insumisa, con una postura muy radical, ya que no solo fue contra la derecha de Burdeos, en el poder durante 73 años, sino también sin ningún compromiso con la izquierda de Burdeos (PS, PC, ecologistas), criticándoles claramente. Realizamos una campaña de protesta, dinámica, radical, anticapitalista, que demostró que el problema era una elección de campo social: un Burdeos popular contra un Burdeos burgués.

Y obtuvimos lo que merecíamos: pasamos a la segunda vuelta y tuvimos tres personas electas. Entonces aquí estamos, somos conscientes de que hemos forzado el paso pero estamos ahí, para traer la ira, las críticas a un sistema que destruye la vida de las personas, que empobrece, que precariza. Sabemos que no todo depende de las comunidades locales, pero hay cosas que decir, que hacer, y eso es lo que estamos tratando de hacer: ser un altavoz, llevar la voz de las clases trabajadoras al interior del Ayuntamiento, estamos fortaleciendo vínculos con asociaciones y sindicatos, y estamos tratando de ser útiles en todas las batallas que se están librando, por ejemplo en estos momentos en materia de vivienda. Fue un poco complicado con la crisis de salud, pero estamos tratando de coordinarnos, de fo16:24

 
 

rtalecer los marcos colectivos, de hacer asambleas.

En estas instituciones, está claro que el desprecio de las personas de izquierda no es mejor que el desprecio de las personas de derecha. Están desconectados de todo, no vivimos en el mismo mundo, no les importa el sufrimiento social. Así que cuando hacemos oír estas ideas, no les gusta, no escuchan, son despectivas. Después, somos muy conscientes de que si podemos ser útiles, el objetivo clave es la movilización de la gente, la movilización en los barrios obreros, que realmente podrá hacer cambiar las cosas, y nos gustaría promover eso.

En la izquierda radical, entre las y los activistas anticapitalistas y revolucionarios, hay quienes dicen que puede valer la pena presentarse a las elecciones locales, para intentar tener algunas y algunos representantes electos, pero que la elección presidencial es diferente y que no debemos participar. Entonces es cierto que no es natural para nosotros, ni mucho menos, pero luego nos dijimos que teníamos que ir proponiendo tu candidatura … ¿Qué les dirías a quienes piensan que no sirve?

Sí, este debate existe, incluso dentro de nuestro partido. De hecho es un debate que tenemos cada vez, y ahora lo hemos vuelto a tener, quizás un poco más, seguramente porque la situación interna de nuestro partido y la externa, sobre todo, es difícil. Hay una correlación de fuerzas que se está deteriorando para nuestro campo social, derrotas en las luchas, un gobierno muy duro … Surge entonces la cuestión de ir a las elecciones presidenciales, sobre todo cuando sabemos y repetimos que no es a través de las elecciones como cambiaremos las cosas sino mediante las luchas sociales.

Pero precisamente, en una correlación de fuerzas degradada, en una situación en la que nos sentimos debilitados, para luchar contra cualquier resignación tenemos que decirnos que tenemos todos los motivos para estar ahí, que hay un lugar que debemos ocupar. Por supuesto que decimos las cosas en la calle, pero debemos utilizar todos los terrenos, incluso el campo electoral, para extender la ira, desafiar al sistema, defender una perspectiva opuesta al abatimiento que puede ganar nuestro campo social. Las elecciones presidenciales son una pelea entre otras, pero es una pelea, una batalla política en la que podemos y debemos participar. Es importante recordar que la gente está luchando y que tiene razón al hacerlo, criticar radicalmente el funcionamiento de esta sociedad, y también que es fundamental que las personas se ocupen de sus propios asuntos, que los tomen en sus manos, que no hay que dejar que otras gentes decidan en nuestro lugar haciéndonos creer que no podríamos, nosotros y nosotras, hacer funcionar la sociedad

La campaña aún no ha comenzado, por lo que, por supuesto, tendremos la oportunidad de volver a discutir sobre el programa, lo que queremos defender en esta elección presidencial. Pero quizás ya puedas, en pocas palabras, dar algunos elementos de lo que puede ser una campaña revolucionaria anticapitalista, en el contexto que conocemos, el de una crisis multidimensional del capitalismo: ecológica, económica, social, política, sanitaria. …

Es difícil en pocas palabras seguro … Primero está la crisis social, de la que acabamos de hablar con los despidos, el desempleo, la pobreza. También hay una crisis democrática muy fuerte, instituciones desacreditadas, lo acabamos de ver con la abstención de las regionales. Esta abstención es legítima en un sistema cada vez más antidemocrático, en el la gente ya no se siente representada. Y además está la deriva autoritaria del gobierno, cada vez más represión de la protesta, de los movimientos sociales, de los barrios obreros, está claro que las libertades colectivas e individuales están cada vez más cuestionadas.

Hay por tanto esta urgencia democrática, pero en realidad hay urgencias a todos los niveles, y por supuesto estamos pensando en la urgencia ambiental, con un planeta a la deriva, grandes proyectos, completamente dementes, que atacan el medio ambiente. También vemos el auge de las ideas reaccionarias, racis16:24

 
 

tas, contra las mujeres, las personas LGBTI… De hecho, todo esto está ligado, y finalmente lo que vemos es la destrucción de lo colectivo, de toda forma de solidaridad. Es una forma de violencia cotidiana en toda la sociedad, violencia a todos los niveles, un sistema cada vez más brutal porque cada vez está más en crisis. Y por supuesto también queremos promover el internacionalismo, reafirmar que somos solidarios con los pueblos, que estamos luchando contra el imperialismo y el neocolonialismo de Francia, que rechazamos las fronteras, que debemos acoger a las personas migrantes, que nuestro campo social es internacional. Esta es también la mejor manera de hacer frente a las ideas racistas, de hacer frente a la extrema derecha y de desafiar este sistema de arriba a abajo.

Semanal L’Anticapitaliste – 575 (01/07/2021)

https://lanticapitaliste.org/opinions/politique/philippe-poutou-faire-campagne-pour-rappeler-quon-est-la-et-quon-ne-laissera-pas

Traducción: F.E. para antikapitalistak.org

Derecho de asilo: ¿el fin de un principio?

(Henri Wilno)

El jueves 2 de junio, el Parlamento danés aprobó, por 70 votos contra 24, un proyecto de ley que permite al país «subcontratar» sus solicitudes de asilo: el gobierno danés ahora puede enviar a personas que han presentado una solicitud de asilo en Dinamarca a otro país, fuera de la Unión Europea, durante el tiempo del examen de su expediente.

El derecho de asilo tiene orígenes muy antiguos. Se ha introducido gradualmente en la legislación nacional e internacional. Es cierto que siempre ha habido cierta arbitrariedad en su aplicación: los refugiados del Imperio Ruso después de 1917 se beneficiaron enormemente de ella; por otro lado, las y los judíos alemanes perseguidos por el gobierno nazi vieron sus solicitudes de asilo en Francia y otros países rechazadas masivamente en la década de 1930.

Un derecho consagrado

El derecho de asilo fue proclamado solemnemente después de la Segunda Guerra Mundial. Así, en 1946, el artículo 14 de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece: «Ante la persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de asilo en otros países”. La Convención de Ginebra de 1951 dio a esta protección una traducción en el derecho internacional público. Sin embargo, la arbitrariedad no cesó completamente en la aceptación de solicitudes y aumentó a partir de la década de 1960. La mayoría de los países occidentales que habían acogido con bastante liberalidad a refugiados de países orientales durante la Guerra Fría comenzaron a tomar medidas que aumentaron la tasa de rechazo de las solicitudes.

Esta política restrictiva continuó hasta el punto de vaciar en gran medida el derecho de asilo de su eficacia. Sin embargo, el principio se mantuvo: el solicitante de asilo tiene derecho a un examen individual de su solicitud siempre que llegue a territorio «seguro», lo que los Estados están tratando cada vez más de prevenir (véanse los acuerdos de la Unión Europea con Turquía sobre refugiados sirios).

Un paso más hacia la barbarie

Hasta ahora solo un país occidental había roto abiertamente con este principio: Australia, donde el trato de las y los refugiados y solicitantes de asilo es una tarea confiada, con incentivos financieros, a terceros países (Papúa Nueva Guinea, Nauru en el Pacífico). Pero el 3 de junio, el Parlamento danés aprobó un proyecto de ley que prevé enviar a las y los solicitantes de asilo a un tercer país. Dinamarca ya ha concluido un memorando de entendimiento con el gobierno de Ruanda, que cubre la migración, el asilo, el retorno y la repatriación. De hecho, se trata de disuadir cualquier solicitud de asilo: ¿qué solicitante de asilo extranjero vendrá a Dinamarca sabiendo que será enviado a Ruanda u otro país (se evoca Túnez, Egipto, Eritrea)? El gobierno de Mette Frederiksen tiene un objetivo declarado: «Ni una persona refugiada». ¡Y pertenece al Partido Socialdemócrata!

Esta no es la primera manifestación de hostilidad hacia las personas refugiadas en el gobierno danés de «izquierda», pero es la más significativa. La implementación de tal política en otros países marcaría el final de un principio, ciertamente astillado, pero que todavía puede constituir un recurso. Un paso más hacia la barbarie

Hebdo L’Anticapitaliste – 574 (24/06/2021)

https://lanticapitaliste.org/actualite/international/droit-dasile-la-fin-dun-principe

Traducción: F.E. para Antikapitalistak

Ebrahim Raïssi: un criminal contra la humanidad «decretado» Presidente de la República en Irán

(Berouse Farahany)

Las y los iraníes fueron llamados a las urnas para elegir a su 13º Presidente de la República de entre los candidatos convenientemente filtrados por el «Consejo de Guardianes», algo que sucede en todas las elecciones, lo que elimina automáticamente la calidad «democrática» de todas estas elecciones.

Hasta ahora, el poder siempre dejaba en liza a un candidato del llamado campo «reformista», para dar una apariencia de verdaderas elecciones, y al mismo tiempo usarlo como chivo expiatorio, responsable de todos los males de la sociedad. Pero esta vez el bloqueo ha ido más allá de lo imaginable. El Líder Supremo, titular del verdadero poder, en la práctica y de acuerdo con la Constitución, decidió eliminar a cualquier candidato que no estuviera subordinado al círculo restringido del poder. Quería fortalecer los lazos a su alrededor, incluso eliminando a personas cercanas al presidente saliente Hassan Rouhani.

Y en medio de una indiferencia casi general y una abstención récord imposible de ocultar, se produjo el anuncio de la victoria de Ibrahim Raïssi, actual jefe del poder judicial.

Múltiples crisis en Irán

Este miembro de la «Comisión de la Muerte» responsable de las masacres de miles de prisioneros políticos en el verano de 1988 es considerado un criminal contra la humanidad por Amnistía Internacional. El anuncio de su elección no fue seguido por ningún desfile de sus partidarios y partidarias en las calles, ninguna escena de alegría ni siquiera alguna señal de entusiasmo.

Las razones de esta situación son muchas. Irán está pasando por múltiples crisis:

– Una crisis económica sin precedentes debida a la aplicación de políticas neoliberales, agravada por las sanciones estadounidenses. Se caracteriza por el desempleo masivo, el colapso de la moneda nacional, una caída vertiginosa de la producción (tres años consecutivos de recesión), una inflación de dos o incluso tres dígitos que afecta a ciertas necesidades básicas, el impago de salarios durante meses, una crisis bursátil, una corrupción sistémica y a gran escala, etc.

– Una crisis ecológica que se manifiesta principalmente en torno a la falta de agua (después de sequías sucesivas y debido a una política irracional de construcción de presas), repetidos incendios forestales, contaminación de ríos…

– Una verdadera crisis política y un divorcio casi total entre el poder iraní y el pueblo que se traduce en un boicot activo y declarado, no solo por facciones políticas o activistas y movimientos sociales, sino también de una masa de personas pertenecientes a diferentes estratos de la población trabajadora. Por primera vez en muchos años, se escucharon consignas a favor del boicot durante las manifestaciones de pensionistas y huelgas de trabajadoras y trabajadores, ¡a pesar de las amenazas del gobierno y del propio Guía!

Luchas sociales en ebullición

El régimen islámico está en una posición muy mala. Después de dos levantamientos populares en 2016 y 2018, brutalmente aplastados en sangre, en Irán se da una ebullición de luchas sociales. Se han registrado en un año 1915 movimientos, huelgas, bloqueos de sitios y otras acciones organizadas a nivel nacional por trabajadoras y trabajadoras industriales, en magisterio, personas jubiladas, personal del sector salud durante la pandemia del Covid-19. Y ya hace años Irán ha venido siendo sacudido por manifestaciones y huelgas de personas empleados, pensionistas y desempleadas.

Y estas luchas dan sus frutos. Las y los trabajadores han logrado obtener satisfacción de sus demandas en varias ocasiones. El movimiento más importante fue la larga lucha victoriosa de las y los trabajadores de la fábrica de azúcar Haft-Tapeh, que obtuvieron la cancelación de la privatización de su fábrica mediante huelgas sucesivas, aprovechando las divisiones dentro del gobierno sobre este tema, incluida la opinión favorable de Ibrahim Raïssi es consciente de la gravedad de la situación y de la base social muy estrecha del régimen. Quiere caminar sobre dos patas: por un lado un puño de hierro, por el otro unos gestos sociales para negociar con Occidente y salir de la crisis. Pero la tarea es imposible. La división entre el pueblo y el poder es abismal.

Hebdo L’Anticapitaliste – 574 (24/06/2021)

https://lanticapitaliste.org/actualite/international/ebrahim-raissi-un-criminel-contre-lhumanite-decrete-president-de-la

Traducción: F.E. para Antikapitalistak

EL NAVARRISMO ÉPICO

(Jon Apalategi Lasa)

Llevamos varios meses recibiendo desde diversas fuentes, opiniones y publicaciones que ensalzan diversos sucesos y batallas históricas ocurridas en Navarra.

Una programada campaña de “Nafarroa Berriz Altza”se abre paso reclamando soberanía para Navarra, mediante la activación de la “rebeldía popular mostrada ante la conquista de Navarra”. La misma incluye rueda de prensa, charlas comarcales, cartelería y camisetas y una importante convocatoria de movilizaciones. Se anuncia su continuación mediante más actos e iniciativas como son: resignificación de esculturas, petición de nuevos monumentos y cambio de nombre a la calle 2 de mayo.

Se rescatan batallas épicas que van desde la batalla de Orreaga –Roncesvalles, al levantamiento “popular “contra la invasión y conquista castellano-aragonesa. A la par, la publicación por Navarralde de un nuevo libro, sobre el quinto centenario de la conquista. Además de todo ello es llamativo, el que, un conocido editor, salga en defensa del alzamiento carlista del general Zumalacárregui.

Conociendo a los promotores de tales iniciativas, como activos miembros de la izquierda soberanista, no es difícil asociar tales iniciativas con una estrategia de reivindicación soberanista para Navarra.

Las recientes revisiones de nuestra historia, por parte de historiadores navarros, confrontan con rigurosidad con la historiografía oficial española que hemos sufrido tantos años. Cuestionan las falsas versiones de la Reconquista y de la conformación del Estado Español, como proceso lógico, social y cuasi libertador. Pero existe el riesgo de su utilización interesada y manipulada.

Sin ser historiador, es fácil observar que, en el desarrollo de tales hechos históricos, además de factores de identidad étnica-cultural, actuaron intereses económicos, de clase y de poder.

La creciente estabilidad y estructuración del reino de Iruña, junto a la exaltación cristiana, hizo que a partir de Sancho Garcés (925-970) la monarquía navarra iniciara una época de campañas miliares contra los territorios del emirato cordobés, afín de acabar con ellos y ampliar su poder hacia el sur, apoderándose de sus fértiles tierras. Una política de adjudicación de tierras a los nobles y monasterios, haría que la estructura de la nobleza medieval se reforzara, mientras los siervos, eran desplazados a los nuevos territorios para su explotación.

Una monarquía hereditaria, ajena a la plebe, combinaría mediante políticas matrimoniales diversas ampliaciones territoriales, que en el futuro constituirían los reinos de Castilla, Navarra y Aragón. Pero con ello vinieron las disputas por la hegemonía territorial, volviendo a utilizar campañas guerreras de agresión, incendio y destrucción de villas y poblados.

La implicación política de los reyes de Navarra se extendió a la muerte de Sancho III, el Noble, entran a gobernar navarra nobles de Normandía (Evreux) y tenemos a Carlos II de Navarra (Evreux,1332-Pamplona 1387), conspirando durante todo su mandato en la política francesa, enviando a miles de navarros a Normandía, afín de recuperar, en alianza con los ingleses, territorios arrebatados por su suegro, rey de Francia, e incluso conspirar por su trono. Los costes de sus expediciones guerreras junto a la grave crisis económica y demográfica, originada por las malas cosechas y la Peste Negra (murió en torno al 30% de la población), dejarán arruinada a Navarra, Castilla y a Aragón. La nobleza responderá exigiendo a los reyes más concesiones territoriales, aumento de impuestos y sobreexplotación a los campesinos (malos usos). Las revueltas sociales se extendieron conformando levantamientos del campesinado contra la nobleza, ataques a las juderías y guerras dinásticas y de poder de la nobleza hacia la monarquía y el clero.

Navarra, será atacada por Castilla, aliado del rey francés, perdiendo una veintena de plazas para conseguir la paz del Tratado de Briones (1379).

Surgen las divisiones nobiliarias dinásticas de agromonteses y beamonteses originándose una guerra civil (1447). Su expansión mediante los llamados “parientes mayores” llevará a que la misma se extienda por territorio vasco y cántabro. En la misma se fue imponiendo el bando Beaumontés, con posesiones en Pamplona, Sangüesa y Ultrapuertos y apoyos del Príncipe Carlos de Viana, Juan de Beaumont (gran Prior de la Orden de Jerusalén, con extensas extensiones de tierras) Juan de Ezpeleta, el bando Oiñacino, la Corona de Castilla y la Corona de Aragón, que llevaría a la conquista total del reino en 1512, tras la confluencia de Castilla con Aragón (1469) en la monarquía hispánica. La Iglesia se sumó extendiendo Bulas de excomunión.

Progresivamente, fueron unificando las leyes, moneda e instituciones de los diferentes reinos de la peninsula, hasta la progresiva conformación de lo que se considera el Estado Moderno de España. Esta se caracterizó por su modelo autoritario (en lo social y religioso) anexionista,expansionista territorialmente y uniformador (castellanizante y centralista) anexionando totalmente a Navarra (1515).

Las estrategias dinásticas de las monarquías europeas convertirían a Carlos de Habsburgo (Flandes1.500) un arrogante niño, rey de España. Rodeado de borgoñeses, que sólo sabían exigir más dinero, acumuló en su figura un inmenso imperio en Europa. Los reyes de Francia, interesados en hacerle frente, acudieron a la Guerra de las Comunidades de Castilla, y de paso, apoyaron a Enrique II de Navarra a recuperar el trono, lo que lograron con facilidad. Llegando a Logroño, comenzaron a retirarse ante el poderoso ejército español perdiendo la batalla de Noain, para finalmente abandonar a los legitimistas navarros a cambio de concesiones territoriales, en la Baja Navarra.

Resumiendo, considero que es importante evidenciar que los hechos históricos clave, como las conquistas y batallas medievales, son consecuencia de una fuerte acumulación de intereses político-estratégicos de las estructuras de poder, en este caso las monarquías autoritarias, nobleza y clero, en su intento de acumular bienes y aumentar sus beneficios, a costa de la explotación y miseria de la gran mayoría de la población convertida en simples siervos. Su manipulación política, como conflicto de soberanías nacionales, o rebeldías populares ante agresiones extranjeras, carecen de rigor y del punto de vista del materialismo histórico. Es más que cuestionable por lo tanto como base para la estrategia política partidista de buscar la soberanía política “navarrista” en la conformación de un futuro Estado de Euskal Herría, sino que la misma tiene que fundamentarse en la realidad actual, junto con un proyecto político a desarrollar en adelante.

Fdo. Jon Apalategi Lasa. Miembro de Antikapitalistak.

Iruña.