Lo llaman ayuda y no lo es: sobre la intervención al Estado español, el rescate al sistema financiero centroeuropeo y el préstamo a la banca española

Comisión de Economía de Izquierda Anticapitalista
Junio de 2012

Últimamente nos asomamos y asombramos con un juego mediático propio de trileros que va desde la negación de la evidencia hasta la filosofía del lenguaje mediante la manipulación del significado de las palabras, siguiendo esa vieja táctica del poder según la cual “si no se puede convencer al menos hay que tratar de confundirles”. Pero, a pesar de que la economía sea una dimensión de nuestras vidas a veces un tanto compleja, la experiencia de la gente habla cada vez más por sí sola y los cristales deformados de las gafas con las que nos hacen mirar la realidad cada vez resisten menos la prueba de los hechos. No obstante, conviene recordar algunos elementos (de los conocidos, porque en el terreno financiero hay otros tantos que se continúan ocultando) de lo que sucede para que la confusión no dure más de la cuenta, y tratar de esclarecer lo que sucede y echar abajo todo el ejercicio del gobierno de imponernos una neolengua para calificar esta intervención.

“Lo de ayer” fue un rescate

¿Qué es en realidad un rescate? Según un economista del Colectivo Novecento: “La expresión “rescate” hace referencia, ni más ni menos, al aumento del crédito exterior para sostener las finanzas de un país (es decir, la deuda aumenta) a condición de que su estado aumente su capacidad de pago a corto plazo de esa deuda por encima de cualquier otra consideración (es decir, con condiciones como contrapartida). Se pretende evitar un colapso financiero a través de la entrada de fondos exteriores y del desvío de recursos de otros fines (de ahí los recortes) para apuntalar las finanzas.”

Para el gobierno no ha habido rescate sino un crédito blando en buenas condiciones. Pero nada de esto se corresponde con la realidad, si la observamos con atención. No sólo lo que ha sido aprobado es un “rescate” con todas las letras, sino que entraña una intervención al Estado español con el objeto de darle oxígeno a las oligarquías financieras. En resumen, se trata de dar una patada hacia el próximo año al grave problema que los aqueja. Pero dentro de un año la situación será incluso peor. Y a costa de la ciudadanía.

No sólo no hay dudas de que esto haya sido un rescate, sino que conviene recordar que hace tiempo que el Estado español está siendo rescatado e intervenido, cuanto menos desde Mayo de 2010 cuando Zapatero sucumbió ante la presión de sus socios europeos e inició un giro radical en su política económica que le llevaría a imponer recortes en todas las funciones de bienestar social de nuestro Estado, a recortar las condiciones de trabajo (reforma laboral de Septiembre de 2010 y reforma de la negociación colectiva), a recortar las pensiones (julio de 2011) y congelarlas, a recortar los salarios de los funcionarios y a inaugurar un proceso interesado de bancarización y privatización de las Cajas de Ahorro que abarcan la mitad del sistema financiero español. Sin embargo, estas medidas no sirvieron para evitar presiones de los mercados todavía mayores y ante éstas el gobierno de Zapatero se vio obligado a recurrir a la ayuda del BCE a través de su programa de compras de deuda pública. Se trataba de evitar que los tipos de interés sobre la deuda española se disparasen hasta niveles que harían insostenible la financiación de la deuda del gobierno a través del mercado. A partir de agosto del 2011, la compra de deuda pública española e italiana por parte del Programa de Mercado de Valores (SMP en sus siglas en inglés) del BCE ha venido acompañada de condiciones adicionales de ajuste fiscal, más recortes en gasto público, reformas del mercado de trabajo más agresivas y más medidas liberalizadoras.

Durante todo este tiempo la dependencia de la banca española de la financiación del BCE ha ido aumentando vertiginosamente, conforme las entidades españolas iban perdiendo acceso a los mercados privados de financiación mayorista debido a las preocupaciones del mercado sobre la exposición de las Cajas al sector inmobiliario y al estigma aparejado a ser entidades expuestas al riesgo soberano español. El acceso de las entidades españolas a la financiación del BCE, al contrario que la disponibilidad del BCE a comprar deuda pública española a través del SMP, ha sido un recurso que ha estado siempre disponible para la banca española (al igual que las entidades de cualquier otro país de la zona euro) siempre y cuando tuviesen bastante colateral elegible que depositar en el BCE a cambio de la financiación recibida. Si el BCE nunca ha puesto en duda su papel de prestamista de última instancia para los bancos solventes con problemas de liquidez, siempre se ha opuesto a asumir el papel de prestamista de última instancia para los Estados (prohibido en sus propios estatutos) al considerar que esto equivale a subordinar los objetivos de la política monetaria (objetivos como la estabilidad de precios) a la monetización de los déficits publicos. Es por esto por lo que el BCE lanzó el programa SMP de compras de deuda pública en el 2010 a regañadientes, y lo trato siempre de condicionar a la imposición de una mayor disciplina fiscal y reformas estructurales por parte de los gobiernos cuya deuda se beneficiaba de estas intervenciones (es decir, la intervención es una contrapartida inexcusable). El SMP fue siempre considerado por el BCE una medida excepcional y temporal, limitado a las compras en el mercado secundario y ligado a una estricta condicionalidad en materia de políticas neoliberales. Esta autocontención del SMP obtuvo un fuerte respaldo del gobierno alemán que se niega a que la política monetaria común de la zona euro se use para subvencionar la “indisciplina fiscal” de los países “periféricos”, que al contrario que Alemania, “no hacen sus deberes en materia de responsabilidad fiscal”.

Las condiciones del rescate español

Los principales beneficiados y auténticos rescatados de esta operación de crédito son los acreedores, sobre todo centroeuropeos, que ven garantizado la devolución de las deudas ingentes de los bancos españoles. Pero si adoptamos la perspectiva no de los acreedores, sino de la economía en su conjunto y la mayoría social del Estado español, lo apropiado sería caracterizar esta operación como un secuestro, fundamentalmente por las condiciones que vienen aparejadas a esta financiación.

Cierto es que hay que diferenciar entre tipos de rescate. No es lo mismo hacerlo a un Estado en bancarrota que no puede devolver su deuda –dándole más tiempo, realizando una quita parcial condicionada, o dando un nuevo préstamo-, que rescatar a la banca incapaz de devolver la suya. En el caso español o italiano, si fuera el primer caso, sencillamente el rescate sería impracticable, porque en la actualidad no habría recursos suficientes para poder enfrentarlo. Pero en este caso se trata de cubrir un problema del sistema financiero privado, eso sí, a cargo de la mayoría social. No han sido exactamente iguales los modelos de intervención de Grecia, Portugal (en el caso italiano la intervención no adopta todavía forma de rescate, pero sí de imposición tácita de un gobierno tecnócrata, encabezado por Monti) y el caso irlandés, realmente el más parejo a nuestro caso, si no fuera por la mayor magnitud del montante concedido a una economía tan grande como la española. Tampoco es lo mismo que el dinero provenga de un tipo de fondo u otro, o que supervise y vigile unos organismos u otros. ¿Cuál es el caso del rescate en este caso?

Nos encontramos con un crédito concedido al Estado indirectamente a traves de su agente, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que se suministrará por tramos, por un montante de hasta 100.000 millones de euros, el equivalente al 10% del PIB español, a un tipo de interés entre el 3-4% (según las informaciones que tenemos hasta el momento). El Estado español, a través del FROB, debe hacerse cargo de devolver la deuda y los intereses. El pago de los intereses contribuiría directamente al déficit del Estado, correría a cargo de los Presupuestos Generales del Estado e implicaría nuevos ajustes fiscales en otras partidas para compensar este gasto adicional y poder cumplir con los objetivos de déficit comprometidos con Bruselas. Si el objetivo de déficit se mantiene, y los gastos aumentan (con el pago de intereses del rescate), resulta evidente que harán recortes no previstos. Decir que no hay condicionalidad macro, por tanto, no es más que una burda mentira.

El Estado español, a través del FROB, utilizaría la financiación proveniente de uno de los dos mecanismos y fondos de financiación europeos (EFSF, Fondo Europeo de Estabilidad Financiera o ESM, Mecanismo de Estabilidad Financiera) para aumentar su participación en el capital de las entidades incapaces de generar (ya sea a través del mercado, mediante la retención de beneficios o mediante la integración en entidades mejor capitalizadas) los niveles de capital exigidos por el regulador y por los Reales Decretos de febrero y mayo de 2012.

Es importante aclarar que cuando hablamos de capital nos estamos refiriendo a los recursos o fondos propios de las entidades (accionariado, reservas y provisiones) y todos aquellos valores, como las famosas paticipaciones preferentes convertibles en acciones y los valores Convertibles Contingentes (CoCos) que a efectos regulatorios computan también como recursos propios de la entidad. A cargo de estos fondos propios corren todas las posibles pérdidas de la entidad antes de que éstas puedan suponer un impago de la deuda (los recursos ajenos que ha tomado en empréstito la entidad) a los acreedores de la entidad. Es decir, el capital es el colchón de recursos financieros de los que dispone la entidad para garantizarle a sus acreedores la devolución de la deuda y el pago de los intereses sobre ésta en caso de perdidas. Solo cuando la entidad ha satisfecho todos los pagos a sus acreedores es cuando puede repartir el excedente a los que participan en su capital. En el caso de los accionistas que participan en el capital de la entidad (y la controlan) este reparto constituirían los dividendos.

Es fundamental comprender estas definiciones para poder entender los tres tipos de instrumentos a través de los cuales el FROB (el Estado) entra en el capital de las entidades intervenidas (preferentes convertibles, acciones ordinarias y CoCos) y sus diferentes implicaciones para las arcas públicas y el control público de las entidades intervenidas. Las preferentes (FROB I) y los CoCos (FROB III) computan como capital pero, a diferencia de las acciones, no le otorgan el control al FROB sobre la gestión de la entidad. El FROB emite deuda sobre la que tiene que pagar intereses para recaudar los fondos con los que después entra en el capital de las entidades, y el pago de estos intereses implica un gasto para las arcas públicas. Sin embargo, el dinero que invierte el FROB en preferentes y CoCos no computa como un gasto público, ya que se supone que le tiene que ser devuelto y que el FROB además obtiene pagos a modo de intereses (8-10% en el caso de los CoCos y 7,5% en el caso de las preferentes) de la entidad intervenida con los que puede compensar el gasto en intereses sobre la deuda que emite el FROB. El problema surge cuando las necesidades de provisiones contra pérdidas por parte de la entidad intervenida hace del todo improbable que ésta le pueda devolver el dinero invertido en preferentes o CoCos y mucho menos continuar pagándole intereses al FROB. En estas situaciones es cuando el FROB convierte el dinero que ha invertido en preferentes o CoCos en acciones ordinarias (FROB II) que le otorgan el control sobre la gestión de la entidad, como ha pasado con BFA-BANKIA. Pero esta conversión también implica que el dinero invertido en acciones ya no le tiene que ser devuelto al FROB. A efectos contables y estadísticos, si la participación del FROB en el accionariado de la entidad es considerado como una inversión realizada en condiciones de mercado y de acuerdo con el “valor económico” de la entidad, de la cual el Estado espera obtener un rendimiento futuro, entonces esta inversión en acciones por parte del FROB es clasificada como una transacción financiera y no computa como parte del déficit del Estado en los presupuestos generales. Pero si se considera que dicha “inversión” en realidad no es tal porque su verdadero objetivo desde el principio es cubrir las perdidas de la entidad, entonces esta “inversión” en acciones por parte del FROB es clasificada como un gasto o una transferencia de capital del Estado a la entidad en cuyo capital participa. En este caso sí computa como parte del déficit del Estado. Quien decide al final es Eurostat, la agencia estadistica de la UE encargada de computar con parámetros cómunes para todos los países de la UE los déficits fiscales de los gobiernos para controlar que cumplen con los techos de déficit del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Si cuando el FROB decida finalmente a que precio convertir en acciones ordinarias de BFA-BANKIA sus participaciones preferentes en esta entidad, valoradas en 4.500 millones, Eurostat decide que va a clasificar esta transacción como una transferencia de capital y un gasto a cargo de los presupuestos del Estado, esto puede suponerle un problema mayúsculo al gobierno de Rajoy ya que inmediatamente pondría en entredicho su habilidad de alcanzar el objetivo de déficit del 3% del PIB comprometido con Bruselas.

La historia de las intervenciones del FROB en el proceso de reestructuración de la banca española es la historia de como el FROB ha ido teniendo que convertir gradualmente sus participaciones en el capital de las entidades a través de preferentes en acciones puras y duras conforme se deterioraban las perspectivas de las entidades y el FROB reconocía que las entidades participadas seguramente no iban ni a poder recomprarle las preferentes ni a pagarle los intereses sobre ellas. Una de las posibilidades abiertas tras el anuncio del “rescate”es que el gobierno intente utilizar los 100.000 millones del EFSF/ESM para recapitalizar las entidades todo lo que pueda mediante CoCos (que pagarían el famoso 8,5% que citaba Almunia en la prensa) pero, como se ha visto, la conversion de muchas de estas participaciones en acciones, con impacto directo sobre el déficit del Estado, parece bastante probable.

El 80% de las necesidades adicionales de capital de la banca española está concentrado en seis entidades bancarias surgidas de las viejas Cajas de Ahorro, entre las que está la ya nacionalizada BFA-Bankia, y el Banco de Valencia. Entre las seis entidades ligadas a las Cajas también destacan otras entidades ya controladas por el FROB como Catalunya Caixa y Nova Caixa Galicia. El objetivo de que el Estado pase a controlar todas estas entidades a través del FROB, por supuesto, no es crear una futura banca pública que anteponga objetivos sociales y públicos a maximizar la rentabilidad. Sino sanear los balances de estas entidades con fondos públicos y arriesgando capital público para venderlas luego a la banca comercial privada para que sus accionistas se beneficien de su rentabilidad futura. Ejemplos recientes de este proceso son las ventas por parte del FROB de la CAM por un euro a Banco Sabadell o la venta de Unnim, por el mismo, importe al BBVA. Es cierto que en el caso de estos dos procesos de venta, el FROB obligó al FGD – Fondo de Garantía de Depósitos- (financiado con las contribuciones de los bancos) a devolverle el valor del capital que el FROB había invertido inicialmente en las acciones de la CAM y Unnim y a asumir las pérdidas que implica la transferencia posterior por valor de un euro de estas entidades a Sabadell y BBVA. Pero el hecho es que el pago de intereses sobre la deuda que el FROB había tenido que emitir para recaudar los fondos necesarios para comprar las acciones de CAM y Unnim sigue suponiendo un coste a fondo perdido para el Estado que además ha cedido el control de una entidad previamente nacionalizada para beneficio de otra privada. La contribución del Fondo de Garantía de Depósitos a los gastos de reestructuración de las entidades ya subastadas, además, ha dejado prácticamente sin fondos al FGD para cumplir con su otra función esencial: la de garantizar los depósitos minoristas.

A día de hoy no está claro, de los dos mecanismos de financiación existentes en la Unión Europea, si va a ser el EFSF o el ESM el que aporte los 100.000 millones. El ESM tiene prioridad a la hora de recuperar el préstamo sobre los demás acreedores en caso de impago (el EFSF no). Con lo cual en teoría si es el ESM, que comienza su funcionamiento el próximo mes, es el que finalmente financiará el rescate, podría presionar aun más al alza los tipos de interés sobre los bonos españoles. Esto es precisamente lo que se empezó a ver ya el primer día laborable después del anuncio del rescate cuando los intereses de la deuda española se volvieron a disparar. Los inversores huían de la deuda española por temor a quedar subordinados en el orden de pago al futuro acreedor gigante del ESM en caso de que aumentase la posibilidad de impago de la deuda como ya ha sucedido en Grecia.

Conviene poner de relieve, como vemos, que no es cierto que no haya otras condiciones. Las hay: no sólo en términos de lo que se le va a exigir a la banca (¡¡incluidos los bancos nacionalizados, que recordemos que no son privados, sino públicos!!), sino también en términos fiscales. El propio documento del Eurogrupo el día del rescate lo dejaba claro: “revisaremos de cerca y regularmente los progresos en estas áreas [area fiscal], en paralelo con la asistencia financiera”.

Entonces…. ¿sí hay condicionalidad? ¿Y los hombres de negro?.

No acaban ahí las condiciones. El margen del gobierno para contradecir a Bruselas desaparece: el crédito se va a liberar (como en los casos de Grecia, Portugal…) por tramos. Eso quiere decir que la liberación de los siguientes tramos se hará únicamente si se garantiza la continuidad de la política actual del gobierno. Y Bruselas hace unos días dijo ya cuales deben ser las siguientes medidas: aumento del IVA, acelerar la reforma de las pensiones, recortar más salarios al funcionariado, rebajar la protección del desempleo y endurecer la reforma laboral. No se debe dejar pasar la presencia del FMI en el acuerdo. En suma, sí hay hombres de negro. La Troika (BCE, Comisión y FMI) ya están aquí, vigilándonos. Y si no se acata, no hay más crédito. Puro chantaje.

Si teníamos dudas del alcance de nuestra soberanía popular, o incluso la nacional, ya no las hay: somos un protectorado europeo. No obstante, es posible que el gobierno alemán actual no quiera ahogar al gobierno español por su proximidad ideológica, pero sólo con la consideración de que las agresiones sean llevadas con la dosis adecuada que permita su admisión por la población española, cosa que en cualquier escenario va a ser más difícil.

De todas formas, faltan detalles por concretar que solo conoceremos cuando se publique el Memorándum of Understanding (MoU) que contendrá las condiciones ligadas al préstamo. Está claro que la condicionalidad va a referirse solo a la reestructuración financiera, aunque esto no quiere decir que lo que haga el gobierno en lo que respecta a sus políticas fiscales y reformas no vaya a influir en la predisposición del Eurogrupo a financiar la recapitalizacion bancaria española. En ese terreno, en estos momentos el debate se centra en qué condiciones adicionales se le debería imponer a España para permitirles alcanzar el objetivo del 3% de déficit en el 2014 en vez del 2013.

En ningún caso deberíamos subestimar la enorme transcendencia que puede llegar a tener la condicionalidad ligada al sector financiero. Por ejemplo: ¿Será una de las condiciones que sectores importantes de la banca española nacionalizada sean vendidos a entidades extranjeras una vez finalizado el proceso de reestructuración y saneamiento? ¿Pedirán que el mercado minorista bancario español se abra más a la entrada de entidades extranjeras (alemanas, chinas, rusas, turcas, brasileñas, de oriente medio, etc…)? ¿Vetarán cualquier intento de mantener una banca pública a largo plazo en base a las entidades nacionalizadas? ¿Obstaculizarán cualquier intento de aplicar medidas como la dación en pago, moratorias en las ejecuciones hipotecarias o desahucios, en imponerles quitas a los tenedores de deuda senior (a la irlandesa) o decidir cuánto debería contribuir la banca privada a salvar el sistema financiero (por, ejemplo limitando las contribuciones del Fondo de Garantía de Depósitos, que financian los bancos, a las recapitalizaciones y a lo Esquemas de Protección de Activos (EPAs)? ¿Exigirán medidas para diluir en favor de nuevos accionistas, como los bancos comerciales o los fondos de inversión, el control indirecto que todavía ejercen muchas Cajas de Ahorro sobre los bancos surgidos de ellas a los que han transferido la mayor parte de su negocio bancario? Precisamente el último informe del FMI sobre las Cajas de Ahorro denota una obsesión con este tema dado que se teme que “los políticos” y “otros agentes sociales” sigan influyendo indirectamente en las decisiones de los bancos surgidos de la Cajas en detrimento de los nuevos accionistas privados externos, que son los auténticos expertos en priorizar criterios de rentabilidad y beneficio sobre objetivos sociales o públicos.

¿Y hasta qué punto este rescate puede ser útil para resolver los agujeros bancarios?

Según el propio Banco de España, la exposición problemática de las instituciones financieras españolas a la actividad inmobiliaria ascendía a 184.000 millones de euros al término de 2011. Este agujero de insolvencia se está enfrentando con una política de provisiones, que conduzcan a un ajuste del valor de dichos activos, hasta ahora extraordinariamente sobrevalorados.

El interrogante en torno a si será suficiente esta medida está por ver. Hay diferentes estimaciones.

Según reconocidos analistas internacionales, el techo de los 100.000 millones para recapitalizaciones debería de ser suficiente para cumplir las necesidades de provisiones y capital adicional de la banca, en previsión de posibles futuras pérdidas impuestas por las reformas financieras de febrero y mayo de 2012. Recordemos que estas dos reformas del PP exigían a la banca recaudar 82.000 millones en provisiones y capital adicional durante el 2012 para poder cubrir posibles pérdidas futuras relacionadas con activos inmobiliarios (tanto los problemáticos como los sanos) ligados a préstamos a promotores. Estos 82.000 millones se sumaban a los 54.000 millones que los bancos ya habían provisionado a fecha de finales de 2011 sumando un total de 137.000 millones de provisiones y capital para cubrir una cartera de préstamos a promotores equivalente a 307.000 millones (entre los que 184.000 millones están clasificados como activos problemáticos). Este nivel de provisiones, según estas fuentes, es ultraconservador ya que cubriría el 50% de las pérdidas provenientes de los créditos a promotores en el supuesto de que el 90% de estos préstamos sufriesen pérdidas, algo bastante improbable incluso en un escenario muy adverso. Pero el objetivo de estas exigencias es precisamente recuperar la confianza del mercado en los balances de las entidades españolas exagerando al alza el nivel de provisionamiento de éstas.

De acuerdo al último informe de junio del FMI la mayor parte de las estimaciones de los analistas privados de las necesidades de capital adicional están entre los 60.000-90.000 millones y las pruebas de esfuerzo del FMI publicadas en los últimos días estiman las necesidades adicionales en 37.000 millones. Estas estimaciones por supuesto están basadas en distintos supuestos y con distintos objetivos de capitalizacion en mente (el objetivo de las estimaciones del FMI, por ejemplo, es que los bancos alcancen un ratio de capital principal del 7% despues de sufrir un shock macroeconómico muy adverso) pero abarcan a la cartera global de los bancos y no solo los préstamos a promotores.

Según la prensa, las consultoras Wyman y Berger, contratadas por el gobierno para valorar de manera independiente las carteras de las entidades españolas, podrían anunciar el próximo 18 de Junio que las necesidades de capital adicional rondan los 60.000-70.000 millones de euros, de los cuales 40.000 millones serían solo para las nacionalizadas Bankia, Catalunya Caixa y Nova Caixa Galicia.

En cualquier caso, todo depende como se valoren los activos tóxicos en balance. Y el marco de previsiones escogido. El RBS (Real Banco de Escocia) dice que el riesgo en activos derivados del ladrillo, de la banca española, en nuestro país, alcanza los 1,7 billones de euros. Otros analistas, hablan de una horquilla de entre 100.000 y 300.000 millones. Este no es el único problema. previsiblemente España no cumplirá los objetivos de déficit para este año, los mercados seguirán presionando, la recesión se profundizara en 2013, y a medio plazo podremos estar enfrentándonos a un “full rescate”, comparado a la situación de Grecia. En este escenario, no inmediato pero si en la frontera de un año, el Estado español podría necesitar hasta 500.000 millones en tres años. Posiblemente se condicionaría a medidas tales como una reducción mayor de sueldos de funcionarios, despidos de los interinos o al menos una parte -hay 700.000 en las administraciones publicas-, recortes en los subsidios de desempleo, copago sanitario y mayor reducción en las pensiones, siguiendo el modelo de Grecia.

Las previsiones están repletas de incertidumbres, ante la falta de información y confianza en la que se proporciona, pero el hecho que sí conocemos es que la devolución y el coste de este inmenso crédito va a correr a cargo de la ciudadanía, suponiendo mayores recortes en gasto público para asegurar el pago de la deuda y, a pesar de ello, con la depresión a la que estas medidas conducen la nueva situación puede acabar convirtiendo en insostenible el pago de la deuda pública española.

¿Quién paga los platos rotos?: consecuencias del rescate

Una vez más el Estado sale al rescate de la banca, haciendo con ella lo que no hace con la ciudadanía y la clase trabajadora: garantizar sus intereses. El Estado se sigue endeudando para apuntalar los intereses del capital financiero, para lo cual (ya sea con los mercados o con la UE) se verá obligado a seguir recortando partidas del gasto público que le permitan afrontar el pago de dicha deuda sin que el déficit se incremente: esto es, una socialización de pérdidas pura y dura.

Debe observarse que nos están vendiendo la solución como un milagro que repartirá el maná crediticio y reactivará nuestra economía. No será así. No habrá más crédito, pues la economía española, debido a que los fundamentales (la rentabilidad económica) siguen maltrechos y no hay donde invertir, sólo se tapará los agujeros de sus balances, engrosando las provisiones exigidas.

Nos encontramos ante un nuevo golpe de las finanzas contra la democracia y las necesidades de la sociedad. Con esta intervención se produce una mayor pérdida de soberanía económica, popular y nacional. Además, tal y como la experiencia de los años 80 en América Latina nos dice, se aumentará la dependencia y reforzará la espiral viciosa de la recesión y del aumento de la deuda, en un contexto que conducirá a una oligopolización y a un modelo de economía que intensificará las conductas de adquisición rentista, donde el capital español, con la salvedad de BSCH, BBVA y La Caixa, que están simplemente “regular”, también saldrá perdiendo porque otros capitales comprarán lo que haya de interés entre nuestros recursos.

Pero además, vamos a asistir, si no lo paramos, a un agravamiento de la política económica de ajuste, por el lado de los gastos y de los ingresos. Por el lado de los ingresos aumentarán impuestos como el IVA y quizá desaparezca la desgravación fiscal por compra vivienda, no porque el gobierno esté en contra de esta medida patrimonialista, sino porque necesita ingresos fiscales. El incremento brusco del IVA, también en bienes de primera necesidad, tendrá graves consecuencias sobre el consumo. Pero lo que vendrá a ser más grave será, en un contexto de desempleo a niveles históricos, el recorte de las prestaciones de desempleo o el ajuste de las pensiones (sea alargando la vida laboral, acelerando las medidas de la última reforma, o recortando incluso las pensiones ahora en vigor). Si se toca aquí la previsible rebelión popular y quizá electoral nos conduzca a medidas de involución democrática por parte del poder para conservarlo.

Volviendo al capítulo de vivienda, la histeria por provisionar y recapitalizar al máximo y aprisa contra posibles futuras pérdidas a la banca juega a favor de una aceleración de los desahucios y ejecuciones hipotecarias. Los bancos van a querer quitarse cuanto antes de encima hipotecas morosas (mediante más ejecuciones y menos renegociaciones de los términos del préstamo) para evitar tener que provisionar contra ellas a costa de sus beneficios. En este sentido, el saneamiento de la banca tal como está planteado va en contra de los intereses de las familias hipotecadas con dificultades crecientes para pagar sus hipotecas. Si se quisiese, por ejemplo, plantear una moratoria en todas las ejecuciones hipotecarias (como se hizo en Irlanda o se debate en EE.UU) esto va también directamente en contra de la lógica intrínseca del proceso de saneamiento bancario tal y como está planteado.

Lo que se podría plantear, como alternativa menor, sería la creación de un mecanismo de liquidez mediante el cual el Estado puede continuar pagando las hipotecas morosas al igual que ha creado un mecanismo como el Fondo de Financiación de Pago a Proveedores (FFPP) para financiar los pagos atrasados de las administraciones a miles de empresas proveedoras indirectamente a través del BCE. Esto permitiría a las familias quedarse en su casa hipotecada y reduciría la presión de las provisiones por lo menos sobre los bancos nacionalizados (Bankia, Cataluya Caixa, Nova Caixa Galicia) donde estas provisiones salen de las arcas públicas y donde también están concentradas la mayor parte de las necesidades de provisiones y capital del sistema bancario.

Lo que es muy previsible es que las medidas adicionales de ajuste neoliberal erosionen fuertemente la credibilidad y el respaldo al gobierno. La encuesta de demoscopia que publicaba recientemente El País es demoledora: refleja una pérdida de legitimidad del gobierno enorme, que no es además capitalizada por la oposición. Es una verdadera quiebra de legitimidad del “régimen” (que, además, y si las cosas van a peor, podría preparar un posible gobierno de “unidad nacional”). El 78% de la población desconfía en Rajoy (incluso los votantes del PP); todos los ministros suspenden y el 70% de la población piensa que una intervención de la economía por parte de la UE es nefasta.

Siempre hay alternativas

En estas condiciones ha llegado el momento de exigir la dimisión del gobierno y reclamar elecciones anticipadas, porque en ningún lugar estaban previstas estas medidas, porque ha incumplido sus promesas, y por su responsabilidad, junto con la del anterior gobierno, de meternos en esta nefasta situación.

Desde nuestro punto de vista, esto pone al orden día una serie de medidas sobre las que venimos insistiendo. Estas suponen confrontar con las políticas de la UE, desarrollar una auditoría ciudadana sobre las deudas que conduzca a establecer las condiciones del impago de todas las deudas ilegítimas y odiosas, la nacionalización de la banca bajo control social, una reforma fiscal progresiva, el control del movimiento de capitales para evitar más fugas y el establecimiento de nuevos criterios de gestión y objetivos de funcionamiento financiero para la nueva entidad pública. Las previsiones para los próximos años pasan por asumir que es necesario que se adelgace el capital ficticio acumulado en todas estas décadas de endeudamiento y especulación, a cargo de los acreedores y accionariado, y hacer que el sistema financiero este gobernado por los y las trabajadoras a favor de las necesidades sociales.