La noche del martes 18 y durante toda la madrugada del miércoles 19 de octubre, un grupo de personas migrantes ha permanecido en la azotea del CIE (Centro de Internamiento para Extranjeros) situado en el madrileño distrito de Aluche en señal de protesta por su reclusión. Las muestras de apoyos desde sectores activistas llegaron tan rápidamente como el despliegue policial asociado y la petición, desde cargos públicos y otras voces reconocidas, para que el “motín se resolviese pacíficamente y respetando los Derechos Humanos” de quienes protestaban. Bienvenidas sean esas solicitudes. Pero no bastan. No podemos dejar que el acontecimiento esconda el problema de fondo.
Los CIEs son cárceles donde no rige paz alguna y donde los derechos más fundamentales son violados desde su mera existencia y funcionamiento. Las personas migrantes son recluidas en estos centros debido a su situación irregular de estancia. Lo que en condiciones normales supondría una simple falta administrativa, se convierte en la antesala para despojar de cualquier derecho a tener derechos y una privación de libertad durante un máximo de 60 días a la espera de una repatriación que, en la mayoría de los casos, nunca llega. El objetivo no es otro que quebrar al colectivo migrante, despojándole de cualquier derecho e inyectándole miedo para así moldear una mano de obra barata y dócil que permita alimentar las tasas de explotación crecientes que necesita una Europa sumida en una crisis de rentabilidad sistémica.
Contra todo ello se han rebelado quienes protestaban en Aluche y gritaban “¡Libertad!”. Y frente a ello, no basta con pedir que no sean repatriados ni que se evite cualquier represión adicional contra las y los reclusos en forma de represalia. Los CIEs son Guantánamos europeos. Verdaderas cárceles de la vergüenza. Agujeros negros de la humanidad. Cuando una falta administrativa abre la puerta a una violación sistemática de los derechos más fundamentales, el problema es de la administración y de las leyes que lo permiten. Rebelarse contra ello no es un motín, sino un acto de dignidad y justicia elemental. No hay migrantes de primera y de segunda categoría. El hambre y la miseria matan tanto como las bombas y las balas. Buscar un futuro mejor no es un delito. Migrar es un derecho y ningún ser humano es ilegal.
Desde Anticapitalistas enviamos nuestro apoyo militante a quienes legítimamente protestaban en Aluche contra su reclusión, exigimos el cierre inmediato de todos los CIEs existentes en el Estado español y el desmantelamiento de los mecanismos represivos que conforman la actual Europa Fortaleza.
