mediante un comunicado publicado en la BBC británica. La mañana del día siguiente, los Artesanos de la Paz, un grupo de activistas de la sociedad civil de Iparralde que han actuado como mediadores para la entrega de armas por parte de ETA, daba a conocer la localización de los zulos donde ésta guardaba su arsenal, alrededor de 120 armas de fuego, tres toneladas de explivos y miles de detonadores y munición. El miembro y portavoz de este grupo de “mediadores sociales”, Jean Nöel Etcheverry, entregó al coordinador de la Comisión Internacional de Verificación, Ram Manikkalingam, “la información relativa a la localización de armas, municiones y explosivos de ETA”, una información que de inmediato fue puesta a disposición de las autoridades francesas. 172 de estos activistas ejercieron como observadores en los lugares donde se encontraban los zulos, esperando con chalecos amarillos e identificados como Artesanos de la Paz a que la gendarmería francesa acudiera a los lugares señalizados para recoger el armamento.
A las tres de la tarde de este histórico 8 de abril de 2017, se realizaba un acto en la Plaza Sant André de Baiona donde los Artesanos de la Paz formalizaron ante la sociedad vasca que ETA era una organización desarmada. En una plaza abarrotada de personas de todas las edades llegadas de diferentes puntos de Euskal Herria, se pudo escuchar un llamamiento claro a cerrar definitivamente el ciclo de confrontación violenta que ha padecido Euskal Herria durante las últimas décadas mediante cuestiones como la puesta en marcha de medidas efectivas para tratar la situación de los presos, y generando fórmulas para garantizar el derecho de todas las víctimas a ser reparadas.
El camino hacia el desarme de ETA ha sido largo y sinuoso ante la negativa del Gobierno Español a hacerlo efectivo. En ningún contexto de violencia política a lo largo de la historia, una organización armada que quería desarmarse se había encontrado con unas autoridades que no tomaran la responsabilidad que les correspondía. El desarme de ETA ha sido posible gracias al trabajo comprometido realizado por este grupo de personas de la sociedad de Iparralde, pero también por el establecimiento de dos circuitos de interlocución entre ETA y las autoridades galas durante los dos últimos años, tal y como informa el periódico Gara. En estos momentos, diversas fuentes indican que la organización ya desarmada estaría reflexionando acerca de cómo encarar su disolución.
En estos momentos, la modificación de la política penitenciaria es uno de los elementos clave para avanzar hacia el cierre definitivo del conflicto vasco en las claves conocidas hasta día de hoy. Alrededor de 350 presas/os condenados por su vinculación con ETA y por delitos de terrorismo se encuentran dispersados por centros penitenciarios a lo largo de los Estados Español y Francés. De entre ellos, una docena padece enfermedades graves. Ante esta situación, desde la tribuna colocada en la plaza San André de Baiona se indicó la necesidad de movimientos por parte de los gobiernos de Madrid y París para garantizar los derechos de las personas reclusas, aplicar los principios universales del derecho penitenciario y terminar con la excepcionalidad, y por lo tanto, haciendo que las presas/os vuelvan a cárceles vascas y que puedan gozar de los beneficios penitenciarios que establece la ley, una vía reconocida por el propio EPPK (Colectivo de Presos Políticos Vascos).
Por otro lado, tal y como pusieron de manifiesto los convocantes del acto de Baiona, es momento también de abordar una reparación integral de las víctmas del conflicto vasco que permita superar el desequilibrio ocurrido entre ellas en función del agente victimario, y con ello avanzar todavía más hacia una convivencia y una normalización política que va poco a poco afianzándose en Euskal Herria.
