Ladislao Martínez, miembro de Izquierda Anticapitalista

En el artículo “Notas sobre el cementerio nuclear” que publiqué en el número 109 de la revista Viento Sur  se podía leer: “Tampoco es especialmente delirante que pudiera estar más próximo de lo que parece el gran pacto PSOE-PP propuesto por el gobierno para temas de energía (también existe un pacto propuesto para educación, que finalmente no se materializó, precisamos).  Recuérdese que los dos ministros implicados (Gabilondo y Sebastián) son de los más próximos a sector liberal del PSOE. Los temas que Sebastián colocó sobre la mesa para alcanzar el pacto fueron el cementerio nuclear, la salida a los stocks almacenados de carbón nacional, la contención de los costes del sector eléctrico (primas a las energías renovables) y la apuesta por un modelo innovador del sector energético (coche eléctrico, tecnologías renovables, …). Asuntos que interesan por igual a ambos partidos y que cuentan con la presión de un sector económico como el energético con un poder no mucho menor que el de los bancos (el PP votó a favor del plan de actuación bancario del Gobierno) alérgico a la incertidumbre y fuertemente interesado en “mantener un marco legal predecible”, léase que asegure beneficios, y volcado a la idea de mantener las centrales nucleares. Especialmente premonitorias pueden ser las palabras de Zapatero que se mostró dispuesto a abandonar sus ideas antinucleares si con ello “conseguía el valor añadido del apoyo del PP”. Recuérdese también que las Cortes de Castilla-León se han mostrado favorables a acoger en su territorio el cementerio nuclear … si se prolonga la vida de la central nuclear de Garoña. Lo que había sido demandado por Rajoy como condición para alcanzar el pacto. No es seguro que el pacto pueda alcanzarse, pero tampoco es insensato que, más allá de estridencias y teatralizaciones de desacuerdo, el acuerdo esté a punto de materializarse. Para un PP, que se relame ante un triunfo electoral que ve cercano, resolver con bajo coste un asunto espinoso que podría facilitar la pervivencia (  y quien sabe si el relanzamiento) de la energía nuclear no parece un mal negocio”.

La previsión que se indicaba ha resultado bastante aproximada. La suerte de la energía nuclear es una de las claves de esta propuesta de acuerdo. Al sector eléctrico se le ofrece una significativa concesión: Se asegura sin excesivos sobresaltos la ubicación del cementerio nuclear y se lanza un balón de oxígeno a la energía nuclear que muy probablemente se materializará en la prolongación de la vida de la central nuclear de Garoña. Unos días antes el presidente de Endesa (en manos de ENEL) se había mostrado partidario de alargar la vida de las centrales nucleares hasta los 60 años. Endesa es propietaria del 50% de Garoña. Para Rajoy, pactar con Zapatero tras forzarle a cambiar de posición en un tema tan emblemático como Garoña, le permite aparecer como una persona con sentido de Estado.

Tiene su ironía que después de que el gobierno Conservador-Liberal británico haya abandonado su programa de construcción de centrales nucleares, y que en Alemania se haya implantado una tasa sobre las centrales nucleares, el Gobierno del “antinuclear Zapatero esté girando drásticamente sus posiciones.

Menos claro parece el sentido de que el PP haya insistido en no subir el precio de la electricidad previsto para el 1 de julio. Las sucesivas subidas del precio de la electricidad están estrechamente relacionadas con la solución del llamado déficit tarifario.

Para entenderlo hay que remontarse al Decreto-Ley 6/2009 que paradójicamente se popularizó como el del bono social. Muy en primer lugar les aseguró a las grandes compañías eléctricas que pudieran sacar de sus balances hasta 10.000 millones de Euros del déficit acumulado durantes los últimos años y que no pudieron convertir en títulos que colocar en el sector financiero por las difíciles condiciones del momento. Al carecer, hasta ese momento, del aval del Estado varias subastas de títulos con cargo a este déficit habían quedado desiertas por falta de bancos interesados y porque los precios que ofrecían resultaban desmesurados. Con ello se alivió sobremanera la difícil situación financiera de las eléctricas. Porque el déficit lo saldan (anticipan) las compañías productoras que tienen derecho a recuperarlo en años posteriores. Las compañías reflejan el déficit en sus cuentas de resultados como si fuera un préstamo a la tarifa eléctrica. Pero cada vez les costaba más obtener créditos para cubrir este hueco y el precio a pagar era cada vez mayor. Una vez que el Gobierno avaló las emisiones renunció a un arma de intervención frente a un sector en el que ni existe planificación ni compañías públicas… y se cargó con un problema.

En el citado RDL se establece (no por casualidad en el artículo 1.1) que no existirá déficit de tarifa a partir de 2013 y que este déficit deberá reducirse en los próximos años de forma escalonada. En 2009, debería haber sido menor de 3.500 millones de Euros, en 2010 no podrá pasar de 3.000 millones y luego descenderá de forma continua hasta su desaparición. Pero los problemas no han tardado en aparecer. La bajada de la demanda de electricidad en 2009 y los errores en las previsiones de producción  han representado un severo varapalo para las expectativas del Gobierno y de las compañías eléctricas tradicionales. Todas las alarmas saltaron cuando la Comisión Nacional de la Energía (CNE) publicó las cifras oficiales del déficit de tarifa del año 2009: 4.615 millones de euros. Más de 1.000 millones por encima de lo establecido para ese año. El mal dato hace muy difícil cumplir lo previsto para 2010, máxime cuando se  tendrá que producir aproximadamente el 10 %   de la electricidad con carbón nacional en el segundo semestre, lo que representa un significativo sobrecoste para el sistema.

Pero aparecen nuevos problemas no previstos como consecuencia indirecta de la llamada crisis fiscal. La idea de que el Estado avalara la titulación del déficit tarifario era abaratarlo. Los futuros tenedores de títulos en principio deberían estar dispuestos a cobrar menos dinero por estos activos si contaban con la seguridad que ofrecía el Estado. Pero ¿qué ocurrirá como consecuencia de la crisis de la deuda soberana?. Es muy posible que los títulos que no se colocaron en los dos últimos años por entender que la rentabilidad que pedían los bancos era excesiva y que podrían colocarse ahora a un precio significativamente menor, deban venderse efectivamente a un precio mayor. Como hablamos de 10.000 millones de euros un 1%  de sobrecoste representa la friolera de 100 millones/año. Todavía no se realizado la colocación en títulos de estos activos pese a que ha trascurrido un año del RDL.

Cabe, por tanto, pensar que la no subida del precio de la electricidad será meramente coyuntural y anticipará subidas, sobre todo para el sector doméstico, que serán importantes en un plazo cercano.

Porque desde el lado de los usuarios también hay conflicto de intereses ya que no todos pagamos igual por la electricidad.  De un lado están  los grandes consumidores industriales, que en general reciben la electricidad a alta tensión, y el resto (pequeña y mediana empresa industrial, sector servicios y hogares) que la reciben a baja tensión. Desde los años 90, en que la electricidad era considerada un servicio público y los precios de la misma eran determinados administrativamente para todos los usuarios, el sector eléctrico ha funcionado como un mecanismo de reasignación de rentas. Los pequeños usuarios siempre hemos pagado por la electricidad mucho más de lo que valía, permitiendo que los grandes sectores industriales pagaran por ella mucho menos. Especialmente significativo es el caso de la tarifa G-4, de la que se beneficiaron los sectores industriales muy intensivos en el consumo de electricidad  y que ha sido siempre muy inferior  (entre 5 y 10 veces menor) que la que pagamos, por ejemplo, los usuarios domésticos.

En la actualidad hay mucha cháchara sobre la transparencia en la asignación de costes, la aditividad de los mismos y la no discriminación. Pero la transferencia de rentas permanece inalterada. Seguimos pagando más unos para que otros se beneficien. La transferencia se produce a través de las llamadas tarifas de acceso, que son determinadas administrativamente y que repercuten de manera desigual los llamados costes de acceso: primas a las energías renovables, precios del transporte, de la distribución, otros costes menores, y….la anualidad correspondiente para pagar el déficit de años anteriores. Aunque se habla muy poco de esto, se trata de unos 1.500 millones de Euros al año.

El posible acuerdo arroja también una sombra de duda sobre el futuro de las energías renovables de origen solar (fotovoltaica y termoeléctrica singularmente). Tras la fuerte campaña  realizada por el sector eléctrico tradicional contra las “desmedidas primas a las renovables” se ha creado un caldo de cultivo apropiado para limitar sus objetivos futuros.  Lo paradójico es que en el precio excesivo de la electricidad (y por tanto en los parejos y desmesurados beneficios del sector) influye mucho más el deficiente funcionamiento del mercado marginalista que las primas a las energías renovables. Cada vez más expertos se atreven a hablar de ello.  Por aclararlo en un año hidráulico medio las centrales nucleares y los grandes embalses pueden producir unos 80  terawatioshora (TWH) de una producción total de 260-270 TWH. Esta energía que tiene unos costes relativamente bajos: tanto las centrales hidráulicas  como las nucleares ya están amortizadas y los costes de combustible son menores de los de las centrales de gas que suelen fijar el precio marginal…  pero cobran por ella lo mismo que estas últimas. Por ello sus márgenes de beneficio son ingentes…y simultáneos al crecimiento del déficit.

Deberíamos, por tanto, concluir que, lejos de abandonar unos objetivos de energías renovables que son más bien discretos en un país con elevados niveles de emisiones de gases de efecto invernadero, brutal dependencia energética del exterior y buen potencial de recursos  y tecnológico para el desarrollo de energías renovables, lo que procede es abandonar el absurdo mercado marginalista que funciona en la actualidad.