Declaración del Buró de la Cuarta Internacional

La publicación de la sentencia del Tribunal Supremo el pasado lunes 14, tras el juicio a varios líderes independentistas, ha desencadenado una oleada de protestas en Catalunya y, en menor medida, en otros territorios del Estado español e incluso en algunas ciudades europeas. La condena de 12 líderes sociales y políticos independentistas, 9 de ellos con penas de cárcel de entre 9 y 13 años, es percibida como un castigo colectivo a todo un pueblo que osó enfrentarse al régimen político de la transición postfranquista y al sistema institucional de la Constitución de 1978. Es una condena injusta e ilegítima tras un largo proceso judicial cargado de irregularidades y en el que los magistrados han forzado en sentido regresivo la legislación vigente (en una lógica que los anglosajones llaman Lawfare, guerra judicial). Si ya el “procés independentista” se explica en buena medida como una radicalización de franjas muy amplias de la población catalana cuando el intento de reforma del Estatut d’Autonomia de 2006 fue totalmente desfigurado por el gobierno del PSOE en las Cortes españolas y, posteriormente, llevado a los tribunales por la derecha reaccionaria representada por el PP (algo percibido, mucho más allá de las corrientes nacionalistas tradicionales, como una auténtica humillación colectiva y una imposición antidemocrática), es impredecible qué impacto tendrá la reciente sentencia a largo plazo y qué escenarios puede abrir en el futuro.

Pensemos que, después de dos años de prisión preventiva, esta sentencia condena en conjunto a 104 años de cárcel a los presos y presas, proclamándoles culpables de sedición y de malversación de fondos públicos. La dureza de la pena (globalmente superior en años de cárcel a la que recayó sobre los individuos juzgados y condenados por su participación directa en el golpe militar del 23 de febrero de 1981) así como la naturaleza política del juicio han generado un clima de profunda indignación popular en Catalunya. El contenido clave de la sentencia es que han sido condenados por un alzamiento público y tumultuario por los hechos transcurridos en los meses de septiembre y octubre de 2017. Ello supone una criminalización del derecho a la protesta colectiva y al ejercicio de derechos fundamentales, como los de expresión, reunión, asociación y manifestación. Es la desobediencia civil y colectiva la que ha sido condenada con esta sentencia, que a partir de ahora sentará precedente para ser aplicada de forma extensiva a cualquier forma de protesta o resistencia pacífica frente a las decisiones, leyes y sentencias que puedan provenir de los poderes del Estado.

Nuevo salto en la involución política

La regresión antidemocrática de la monarquía postfranquista española no es algo nuevo. La LOAPA (una ley destinada a frenar la descentralización del Estado tras el “fallido” golpe de Estado de 1981), el terrorismo de Estado practicado por los gobiernos del PSOE de los años 80 contra ETA, la “ley mordaza” aprobada por Rajoy para contener las luchas de l@s indignad@s tras el 15M (y que limita severamente la libertad de manifestación, reunión, huelga e información) y la represión salvaje del referéndum del 1 de octubre de 2017 en Catalunya han jalonado un endurecimiento represivo del Estado español. Si bien esta dinámica se está dando ya a nivel internacional como efecto de la crisis de hegemonía del neoliberalismo y el endurecimiento autoritario que lo acompaña, no es menos cierto que la naturaleza de la transición postfranquista, que renunció a juzgar los crímenes de los exponentes del régimen anterior y a depurar los aparatos del Estado procedentes de la dictadura, refuerza dichas dinámicas. No obstante, esta sentencia constituye un verdadero punto de inflexión, una amenaza muy grave para los movimientos sociales y la izquierda y un precedente muy peligroso para el futuro de la democracia en el conjunto del Estado español.

Dinámica de movilización y auto-organización

Tras años de movilizaciones independentistas masivas y con un amplio apoyo de la población catalana (más del 80% en las encuestas) a la reivindicación del derecho de autodeterminación (también llamado “derecho a decidir”), la sentencia ha conducido a unas dinámicas de movilización más militantes y contundentes (con un repertorio de desobediencia civil y de cortes de rutas de comunicación que tuvo como momento estelar la ocupación del aeropuerto de Barcelona el día 14, mimetizando los métodos de lucha de los activistas de Hong Kong) y todavía muy mayoritariamente pacíficas. La huelga general del pasado viernes 18, que confluyó con las llamadas “marchas por la libertad” ha sido la movilización más masiva hasta el momento, concluyendo en una manifestación con más de medio millón de participantes.

¡Alto a la represión y solidaridad con el pueblo catalán!

No obstante, se han registrado importantes choques minoritarios con las fuerzas represivas, algo inédito hasta el momento. Choques que las fuerzas represivas han aprovechado para ir generalizando una represión cada vez más dura e indiscriminada, en particular contra la juventud, con la participación activa también de la policía catalana. En un contexto preelectoral, los incidentes han abierto una amplia campaña de criminalización del independentismo, y la disidencia en general, que denunciamos abiertamente. No sólo se están utilizando métodos represivos extraordinarios que por el momento han conducido a 194 detenciones (16% de menores de edad), al encarcelamiento preventivo de 28 manifestantes (la fiscalía general ha dado orden de prisión provisional a los juzgados para todos los detenidos en medio de los disturbios), 576 heridos (de los cuales 4 han perdido la vista de un ojo por disparos de material antidisturbios); sino que también se han registrado numerosas agresiones contra los medios de comunicación por parte de la policía. Es más, también se constatan agresiones contra manifestantes por parte de grupúsculos de extrema derecha (a veces con clara connivencia de las fuerzas represivas), tanto en Catalunya como en otros territorios donde ha habido movilizaciones de solidaridad.

Ante las movilizaciones en Catalunya el gobierno español no tiene más política que la amenaza de reforzar la represión y, presionado por la derecha y la extrema derecha a tres semanas de unas nuevas elecciones generales, dice no renunciar a ningún escenario represivo, incluida la aplicación de la Ley de Seguridad Nacional (que le permitiría pasar a controlar directamente la policía catalana), el artículo 155 de la Constitución (que supondría la abolición de la autonomía catalana) o incluso un Estado de excepción.

Llamamos a la solidaridad con las fuerzas que en Catalunya y el conjunto del Estado español están luchando por los derechos y libertades contra la escalada represiva y reiteramos nuestro apoyo a una salida democrática al conflicto político en curso, que no puede reducirse a un problema de orden público.

¡Libertad presos y presas políticas! ¡Amnistía!

¡Liberación de todos los detenidos y encarcelados!

¡Por el derecho de autodeterminación del pueblo catalán!

¡Alto a la represión policial y fascista!