¿Cómo nos afecta el CETA en Euskadi?

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Los tratados de libre comercio (CETA, TTIP, TISA, TPP), conocidos también como tratados de nueva generación, traen graves consecuencias en muchos aspectos de nuestra vida diaria: nuestros alimentos, nuestros productos locales, nuestros servicios públicos, nuestros derechos laborales y sobre todo tiene un gran impacto y unas nefastas consecuencias en la democracia y en nuestra soberanía como pueblos.

Recientemente, el 30 de octubre, Europa y Canadá han firmado el CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement). Un tratado que la Unión Europea ha definido como el acuerdo más ambicioso alcanzado.  En este sentido,  CETA ha marcado los estándares que la Comisión Europea quiere que acepten los otros tratados aún pendientes (TTIP, TISA)

CETA se lleva negociando en secreto desde 2009. Y ha superado la primera fase el pasado 30 de octubre, con la firma entre Europa y Canadá. Sin embargo, aún quedan otras dos fases antes del acuerdo definitivo: el 5 de diciembre en el Europarlamento donde si se aprueba, posiblemente con los votos a favor de la gran coalición, se empezará a aplicar de manera provisional y la última fase, será a través de la ratificación de los diferentes estados miembros en la UE.

Pero ¿en qué consiste el CETA? ¿Qué estándares son los que la UE quiere integrar en los otros tratados? ¿Cómo afectará la aplicación de este acuerdo en Euskadi?

Los partidarios del CETA aseguran que el acuerdo va a aumentar el comercio entre Canadá y la Unión Europea en un 20 por ciento y que va a impulsar a la economía en 12.000 millones de euros al año, como consecuencia de la eliminación del 99% de las tarifas arancelarias.

Sin embargo, los beneficios de este tratado no están claros todavía. Varios economistas estiman que después de 7 años de la implementación del tratado, el desarrollo económico incrementará únicamente un 0,09% anual.

En este contexto de pérdida de soberanía y democracia, de pérdida de derechos laborales, de daños medioambientales irreparables y de privatizaciones generalizadas de servicios públicos,  Euskadi no se va a quedar indiferente.

Con la entrada de este tratado vamos a ver rebajadas las condiciones laborales derivadas de la “equiparación” con el mercado canadiense. La voluntad de las negociaciones ha sido aproximar las legislaciones europeas y canadienses utilizando como referente los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Sin embargo, esta homogeneización solo puede ir en sentido contrario a la protección de los derechos de las personas trabajadoras ya que Canadá no ha ratificado dos de los ocho convenios fundamentales (el derecho de sindicación y de negociación colectiva y el 138, sobre la edad mínima de admisión al empleo).

Además de la rebaja en derechos laborales nos enfrentamos también al peligro de  privatizaciones en los servicios públicos. A través de las denominadas “listas negativas”, los estados deberán elegir una lista limitada de servicios que no quieren que sean privatizados. Todos los demás, incluyendo los futuros, están abiertos a una posible privatización que difícilmente se volverán a gestionar de manera pública por su alto coste. De esta forma, se abrirán las licitaciones de contratos de la  gestión de cualquier servicio público a empresas tanto europeas como canadienses y la clave para acceder a los servicios públicos será la reducción de costes y no la calidad en el servicio.

Pero no solo los servicios públicos se verán afectados. También se ve en peligro la propiedad intelectual. Las patentes están protegidas por el estado y con este tratado su periodo de protección aumentará. Las patentes de Monsanto son sagradas, las de Bayer también.  Esto implica que las empresas farmacéuticas, por ejemplo,  tendrán más tiempo para poder hacer negocio con los medicamentos perjudicando directamente en los bolsillos de las personas y sobre todo de aquellas más vulnerables.

Sin embargo, para los productores locales, la propiedad intelectual ya no importa. Mientras que las patentes están protegidas por el Estado,  las denominaciones de origen protegidas, reconocidas por la Organización Mundial de Comercio, pueden ser libremente ignoradas.

Las denominaciones de origen son un importante factor de desarrollo local y regional, cuidar el medio rural y de dar a conocer localidades, comarcas y regiones enteras. Han  permitido mejorar la competitividad de nuestro campo y nuestra industria agroalimentaria gracias a la producción de alimentos de calidad, reconocibles y valorados en los mercados nacionales e internacionales.

Con el CETA en vigor todos estos productos podrían producirse en Canadá o en cualquier país de la UE con total libertad y sin ningún tipo de restricción ni estándar de calidad. Por ejemplo, comercializar txakoli de Bizkaia o de Gipuzkoa producido en Ontario.

Todo esto es lo que nos llegará en cuanto entre vigor el CETA, incluso cuando entre en vigor de manera provisional. Pero en Euskadi, ya hemos empezado a tener las primeras consecuencias de este acuerdo aun sin haber estado firmado.

En mayo de 2015, la petrolera Repsol finalizó la compra de la petrolera canadiense Talisman Energy, dedicada a la extracción de petróleo y gas natural, mediante el fracking o las arenas bituminosas. El procesamiento de las arenas bituminosas requiere instalaciones especiales y Petronor (Muskiz), es una de las cinco refinerías de Europa que dispone de este equipamiento. El proceso de conversión a petróleo consume grandes cantidades tanto de gas natural como de agua y los subproductos altamente contaminantes del proceso acaban almacenados en grandes balsas al aire libre. Por si fuera poco, los combustibles derivados de estas arenas bituminosas emiten muchos más gases de efecto invernadero que los sintetizados a partir de petróleos convencionales. Aun así,  Petronor ya ha empezado a importar estas arenas aceiteras de Canadá anteponiendo los beneficios monetarios a corto plazo y excluyendo los costes medioambientales y de salud que supondrá para las personas del entorno.

Aunque lo realmente grave y preocupante del CETA, y de estos tratados de libre comercio, es la pérdida de soberanía y democracia que conlleva la creación de regulación de tribunales de arbitraje privados (ICS).

A través de los tribunales internacionales de arbitraje, caracterizados por ser privados, secretos y discrecionales, se pasa a  dirimir las querellas entre las empresas transnacionales y los Estados. A nivel mundial, el arbitraje de inversiones lo componen solo un pequeño número de personas y bufetes que tienen una “puerta giratoria” hacia las corporaciones y una clara tendencia a interpretar la ley en favor de los inversores. El mecanismo de ICS puede impedir que los Gobiernos actúen en favor del interés público,  de forma directa, cuando una gran empresa demanda a un Estado, o indirecta, al desincentivar que se adopten determinadas leyes por miedo a provocar una demanda millonaria y endeudar más a los estados demandados.

Nos encontramos ante un tratado claramente favorecedor a las grandes corporaciones transnacionales y al sistema capitalista en general, donde priman los beneficios económicos al margen de mejoras en las condiciones sociales o medioambientales.

Todos estos tratados de nueva generación (CETA, TTIP, TPP y TISA) supondrán una bajada de estándares laborales, medioambientales,  creación de nuevos negocios privados alrededor de servicios públicos y tribunales de arbitraje internacionales donde lo que prima es el interés económico y corto-placista.

A pesar de que CETA haya sido firmado en una primera instancia entre Europa y Canadá, aún queda camino para poder frenar su implementación.  Es necesario continuar con las movilizaciones en Europa y Canadá en contra de este tipo tratados y mantener la presión social para paralizar el CETA, como lo hicimos para frenar (de momento) el TTIP. Es tiempo de decir BASTA a este sistema globalizado depredador y salvaje. Es tiempo de impulsar y articular, entre todos y todas, alternativas reales y viables que sirvan para continuar con el diseño de otras maneras de entender la economía y el comercio internacional. Son tiempos de las personas y de los pueblos, de quienes nos olvidamos de que el Derecho Internacional de los Derechos Humanos es el resultado de miles de organizaciones y de millones de mujeres y hombres de todo el mundo. Es tiempo de impulsar y fomentar el “Tratado Internacional de los Pueblos”, porque las empresas transnacionales no necesitan más derechos, sino más controles.

Neskutz Rodriguez Ormazabal

Apoderada en las juntas generales de Bizkaia

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