PROPUESTA FISCAL DE PODEMOS: MANTIENE LA INJUSTA TRIBUTACION DUAL

<CARLOS LASARTE>

La fiscalidad es una cuestión de gran importancia. Permite generar los fondos que financian el Estado de Bienestar y los diversos servicios públicos (sanidad, educación, protección social, etc.). De todas formas, ha habido una época en la que parecía que no se podía hablar del tema. En las elecciones autonómicas de Madrid el PSOE ni menciono el tema. Si defendemos unos servicios públicos de calidad, dignos y que cubran a toda la población es necesario tener un buen y suficiente sistema fiscal. Es la otra cara de lo moneda de los servicios públicos. La situación del Estado Español es que la recaudación fiscal es muy inferior al resto de los países europeos: un 34% frente a un 41% de media, como porcentaje sobre el PIB. La brecha de recaudación es de un 7%. El actual gobierno creo una comisión de expertos para estudiar el contenido de una reforma fiscal que permita cubrir ese déficit de recaudación. En febrero de 2022 está anunciado que darán a conocer su informe. Anticipándose a este informe el Instituto de Estudios Económicos (neoliberal y relacionado con la patronal) y Podemos han publicado sus proyectos de reforma fiscal. Del neo liberal, por tener distinta concepción, no hay más que diferencias. Aquí analizaré el proyecto de Podemos.

En número, la mayoría de las propuestas son razonables. Pero hay un tema que es fundamental y que obliga a valorar negativamente su propuesta: mantiene la tributación dual en el Impuesto de Renta.

No debemos olvidar que por la política neoliberal desde los años 80 la evolución de la tributación ha sido muy regresiva. No han cesado de reducir la tributación de los impuestos directos (Renta, Sociedades, Patrimonio y Sucesiones) y de aumentar la de los impuestos indirectos (IVA).

El Impuesto de Renta actual se creó en 1978, en la Transición. Inicialmente gravaba la renta universal y lo hacía con un tipo marginal, máximo, del 65%. Por la evolución neoliberal de los impuestos el tipo marginal se ha reducido hasta el 47-48% en la mayoría de Comunidades Autónomas (es inferior en las comunidades gobernadas por el PP y la más baja es Madrid con un 43,50%). Otra influencia del neoliberalismo es que la tributación es distinta según cual sea el origen de la Renta. Esto se conoce con el nombre de tributación dual. Los rendimientos de trabajo, actividades económicas (autónomos), arrendamiento de locales se incluyen en la base general, con un tipo marginal del 47-48% (Euskadi 49%). También existe la base del ahorro: intereses de productos financieros, dividendos, arrendamiento de viviendas y ganancias patrimoniales por la transmisión o venta de productos financieros o inmuebles, con un tipo marginal 23% aplicado por la Agencia Tributaria. Este tipo ha subido al 26% tras la pandemia del Covid-19 (En Euskadi era del 25% y no se ha modificado tras la pandemia). La propuesta de UP propone ampliar el tipo marginal de la base general al 52% y el de la base de ahorro al 33%.

Dos de los principios básicos de justicia fiscal son:

  • A igual ingreso de renta el pago debe ser el
  • El pago debe estar relacionado con capacidad de

La tributación dual rompe con estos dos principios. Con el primero originando que con igual ingreso los pagos sean distintos. Con el segundo porque quienes más se aprovecha de esta dualidad son los sectores de altos ingresos. Son estos sectores los que más bienes tienen dándose la contradicción de que es a quienes menor tipo impositivo se aplica. Son precisamente estos sectores sociales altos quienes declaran un porcentaje significativo de base de ahorro. Por ello son estos sectores quienes se benefician de esta tributación dual. Para los sectores bajos y medios-bajos la base del ahorro es prácticamente inexistente.

El principal motivo de la aplicación de esta tributación dual es que el resto de los países aplican sistemas similares y que gravar más la base del ahorro ocasionaría la fuga de dinero hacia otros territorios donde la tributación del ahorro es inferior. No se utiliza ningún principio de justicia fiscal.

En los impuestos que gravan la riqueza: Patrimonio y Sucesiones hay algunas Comunidades Autonómicas que en la práctica han eliminado tales impuestos. La propuesta de Podemos es mantener tales impuestos impidiendo que las Comunidades Autónomas procedan a una reducción o eliminación de tales impuestos. También propone un cambio de tipos tributarios a pagar. Estas propuestas son razonables y coinciden con las nuestras.

Se proponen también otros impuestos de carácter medioambiental o que fomenten el consumo sano y responsable.

En el proyecto se cuantifican los ingresos que se conseguirán con tales medidas. Son de una cuantía importante para potenciar los servicios sociales, pero están lejos de cubrir el diferencial que tenemos con otros países europeos. Se reduce el diferencial pero todavía sigue existiendo.

Si Podemos hace este tipo de propuesta la del PSOE será todavía mas suave. Con las presiones que habrá desde el conglomerado neoliberal (economistas académicos, patronal, derecha, etc.) el resultado será muy inferior al que figura en la propuesta.

La propuesta de Podemos mantiene la tributación dual, no la elimina. Incrementa los tipos marginales, tanto en la base general como en la base del ahorro, pero mantiene la división de dos bases imponibles y dos tipos marginales distintos. Reduce la diferencia de tributación pero la sigue manteniendo. Esto es inaceptable. Por aplicación de los dos principios fiscales anterior citados, lo que se debe hacer con la tributación dual es eliminarla, no reducirla. Debe haber una única base que con una tributación progresiva. No se puede defender una tributación distinta del trabajo y del ahorro. El resto de propuestas concretas son razonables, pero este tema de la tributación dual es tan importante como para rechazar tal propuesta. Como con la reforma laboral intentan que consideremos bueno el “mal menor”.

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p style=”text-align: justify;”>CARLOS LASARTE, economista, Antikapitalistak

Mostrar el hilo

Nos encontramos en medio de una grave crisis política en Navarra. Por más que los medios se empeñen en hablar de tamayazo, la ciudadanía navarra sobre todo, es consciente del grave alcance de los acuerdos secretos entre el Ministro de Presidencia del PSOE y el Sr. J. Esparza, líder de la coalición UPN-PP-Cds.

La votación de la propuesta de Reforma de las Reformas urgentes previas de Zapatero y Rajoy, demostró la compleja red de apoyos tejida durante meses, por UP. su Ministra de Trabajo y el PSOE para llevar adelante su aprobación, contentar a la CEOE y a los organismos europeos que controlan el envío de fondos económicos condicionados a medidas restrictivas de gasto público y prestaciones laborales.

Dentro de los partidos políticos proclives a aceptar esta reforma laboral, se encontraba Navarra Suma (UPN-PP-Cs.) cuyos dos congresistas pertenecen a UPN (dentro de la coalición Navarra Suma), concretamente el Sr. Sayas y el Sr. García Adanero. La opción por la que se decantarían finalmente, se desconocía hasta pocos días antes de la votación, de forma que podían ir por el voto negativo, opción definida por el PP. o por el voto a favor, opción de Cs. Era de esperar que UPN. mantuviera la negociación abierta hasta el final en busca de opciones de negociación, al igual que otros partidos políticos, y acabó optando finalmente por el apoyo a la propuesta.

Muchos desconocíamos que simultáneamente a la votación en el Congreso, transcurría el Pleno del Ayuntamiento de Pamplona, y que la portavoz municipal del PSN. Sra. M. Esporrín manifestaba a la prensa la existencia de un acuerdo de ámbito municipal con UPN, mediante el cual retiraban la Moción de censura al alcalde Sr. Maya por sus declaraciones xenófobas y aprobaban sus presupuestos con una serie de cambios por valor de 27 millones, a cambio del voto favorable al proyecto de reforma laboral en el Congreso de los Diputados. El fiasco en la votación con el cambio de voto, es ya conocido.

El acuerdo llevado, según parece ser por el Ministro Félix Bolaños, hombre de confianza del presidente Pedro Sánchez, contiene aspectos alarmantes en cuanto al proceso y los temas negociar. Supone una falta de respeto al ámbito y la soberanía de Navarra y a sus legítimos representantes y por lo que vamos sabiendo, conteniendo además importantes elementos,  relacionados con la convivencia, que son ocultados por sus protagonistas a la sociedad navarra. Tanto los dos congresistas como el Sr.J.Esparza, lo confirman, pero optan por seguir ocultándolo, convirtiendo el secreto en una importante fuente de especulaciones. Mientras la Presidenta Sra. Chivite, duerme el sueño de la marmota, y Podemos e  I-E se hacen los despistados por la resaca festiva, sería lógico preguntarse si estos acuerdos contienen decisiones incluso acordadas en el Parlamento Foral, como : la transferencia de Tráfico a la Policía Foral, financiación del Convenio, acuerdos presupuestarios, tema de presos, incluso sobre el bloqueo a los derechos lingüísticos del euskera o tal vez incluiría también…el veto a partidos políticos ”molestos”. 

Considerando también la enérgica respuesta del Sr. Sayas y del Sr. G. Adanero, conocidos por sus posturas de derecha un tanto extrema, cabría preguntarse qué otra línea roja se abría traspasado para ellos en el acuerdo. 

En resumen, toda una serie de hipótesis compatibles con la trayectoria política de un PSOE, habituado a dirigir su sucursal navarra desde Madrid, tras acuerdos secretos que luego  al concretarse, los tildamos de coincidencias puntuales, cuando en realidad siguen un hilo conductorel fuerte hilo, la dura cadena, de los intereses de un  Estado monárquico, de sus secretos y cloacas, orientadas a mantener un régimen de transición política inacabada, de forma pemanente, y a jugar al estado de las autonomías y el respeto democrático, con un Parlamento títere!

Jon Apalategi
Miembro de Antikapitalistak

2021: CRECIMIENTO ECONOMICO Y DE LA DESIGUALDAD

CARLOS LASARTE, Economista,
<Miembro de Antikapitalistak>

En algunos medios han recogido la evolución económica de 2021 con un gran optimismo. Los datos que facilitan son los siguientes: la economía española ha crecido un 5%, el empleo ha crecido en 840.700 puestos de trabajo, el paro se ha reducido en 615.900 personas.

Sin embargo, examinando con detalle los datos se observa que detrás de los números hay personas y que muchas de ellas están sufriendo gravemente las consecuencias de la crisis económica por el Covid-19.

En primer lugar, debemos de tener en cuenta que en 2020 como consecuencia de la pandemia originada por el covid-19 la economía registró un retroceso del 10,8%. Por ello un crecimiento del 5% significa que no hemos llegado ni a la mitad de crecimiento para volver a la situación anterior al Covid-19.

En segundo lugar, no es suficiente con trabajar sino que esos trabajos deben ser dignos y suficientes. Según un análisis realizado por Fernando Luengo el salario hora se ha reducido en un 1,3% mientras que la inflación se ha incrementado un 6%. Como consecuencia de todo ello el poder adquisitivo de los trabajadores se ha reducido un 7%.

En tercer lugar, esas grandes cifras ocultan la desigualdad y la situación de empobrecimiento creciente que se está dando en los sectores más débiles económicamente. Son varios los datos que indican un crecimiento de la desigualdad:

  • Cifran en un millón de personas el número de personas que se encuentran en situación de pobreza extrema. La Renta Mínima de Inserción (RMI) solo ha llegado al 9% de los posibles beneficiarios. Gran parte de esta cifra tan baja se debe a la excesiva burocracia que se exige para la concesión del IMV. Ante este hecho no se ha hecho ningún esfuerzo por parte del Gobierno para agilizar las concesiones. Además, algunas Comunidades Autónomas, con Madrid a la cabeza, han aprovechado esta ayuda del Gobierno Central para eliminar las ayudas similares que facilitaban hasta ahora. Al mismo tiempo se reduce el importe de la percepción.
  • En un reciente informe del Banco de España en mayo de 2020 los hogares con rentas más bajas disminuyeron un 27% sus ingresos mientras las familias con rentas más altas solo lo hicieron en un 6,8%.

De todo ello la conclusión que se obtiene es que no se ha cumplido eso de “no se va a dejar atrás a nadie”. Lo repitieron al inicio de la pandemia y en la práctica está lejos de cumplirse. La desigualdad sigue creciendo. Lo que se recupera en los momentos de bonanza económica no llega a compensar lo que se pierde en los tiempos de recesión. De esta forma la pobreza y la desigualdad sigue creciendo. El actual sistema capitalista es incapaz incluso de reducir la desigualdad. Si queremos eliminarla debemos cambiar de sistema: una sociedad ecosocialista y feminista.

 

 

 

La gran renuncia

IXONE REKALDE
<Miembro de Antikapitalistak>

Se ha perdido la oportunidad de derogar las reformas laborales de Rajoy y Zapatero y asistimos a la gran renuncia por parte de esa izquierda española que venía a asaltar los cielos y se ha quedado en mera sumisión de las élites económicas.

Pues ya tenemos Reforma Laboral, después de una votación in extremis y muy esperpéntica, dejando al descubierto el circo de trileros que es la política institucional española.

Sale la Reforma Laboral que no es tal, con los votos favorables de entre otros, C’s, y el aval de la CEOE, FAES, Aznar y el de Botin.

Aprobar esta Reforma Laboral supone el aval definitivo que le viene a dar esa izquierda española que venía a asaltar los cielos.

Y tal y como nos temíamos, es la confirmación de la Gran Renuncia a derogar las reformas laborales del 2010 y 2012. Hasta aquí ha llegado la izquierda española institucional. No se vislumbra en absoluto la intención de seguir dando pasos adelante, ni siquiera en derogaciones parciales de algunos artículos lesivos, tal y como prometían en su día sus líderes (ya derogaron el artículo 52.d que regulaba el absentismo laboral), sobre todo, porque la Reforma Laboral aprobada no ha sido nada más que un pacto de necesidad a tres.

  1. La palabra dada de Diaz, toda esa hemeroteca, la obligaba a liderar una Reforma Laboral por encima de Calviño, y además de la mano del mal llamado diálogo social. Es un proyecto personalista de la ministra donde ha fiado todo su capital político. Porque hoy su proyecto no tiene una base militante y esta reforma, «la más importante de la legislatura», es su capital político. Con carnet del PCE, es pasmosa su aceptación del marco neoliberal de la UE.
  2. Una CEOE que sólo le interesa recibir cuanto antes los fondos europeos NextGeneration, y que para eso debía atender a la solicitud de Bruselas de una legislación laboral que atajara la temporalidad de los contratos en España, que ciertamente es un escándalo. La CEOE algo tenía que ceder, y ahí tenemos la ultraactividad ilimitada. Pero nada más. Ha conseguido mantener el despido barato y ha evitado cualquier intento de mejora en el parlamento ejerciendo un derecho a veto.
  3. Y unos sindicatos cuya estructura burocrática es monstruosa que hay que alimentar, y que están muy desprestigiados, lo que ser sujetos de este pacto los volvía a poner en el centro de la actualidad política.

¿Y ahora dónde estamos?

Estamos con una patronal satisfecha porque la esencia de las Reformas laborales anteriores no se altera. Estamos ante un PSOE satisfecho también porque nunca tuvo la mínima intención de enfrentarse a Bruselas, el IBEX y la CEOE. Son la otra pata de este régimen corrupto y no se esconden. Y estamos ante la ruptura por primera vez del bloque de investidura para regocijo del PSOE que anhelaba precisamente una estrategia de geometría variable para sacar la legislatura adelante.

Nada queda ya del 15M en el mundo de Unidas Podemos. No se cuestiona nada el régimen del 78, y se han dejado en la estacada reivindicaciones hasta ayer de primer orden, como las derogaciones de los artículos 155 o 135 de la Constitución. Estamos ante un desprestigio absoluto de la izquierda parlamentaria que no ha sido capaz de imponer tan siquiera las derogaciones de las Reformas de Rajoy y Zapatero, algo que llevaban en su programa, y excusa necesaria para integrarse en un gobierno socioliberal. ¿Se acuerdan que nos decían que al PSOE lo iban a doblegar desde dentro del gobierno?

La izquierda independentista institucional ha estado en la posición que tenía que estar, muy condicionado asimismo por la presión que les han hecho los sindicatos de sus propias naciones. Suscribiría cada palabra de Oskar Matute en el debate de la tramitación parlamentaria, pero me llena de dudas esa insistencia de tender la mano, de decir una y otra vez que esto no acaba aquí y que mañana tendrán que recomponer el bloque de investidura. Parece además que desde una posición de subordinación y en espera en efecto que el gobierno de coalición tome esa mano. ¿Recomponer el bloque para qué? ¿Recomponerlo a cambio de qué? Si tal y como dice la propia ministra Diaz y corroboran los socios de investidura, esta ley era central y la más importante de la legislatura, ¿la deriva neoliberal de la misma no les hace ponerse alerta y en una posición de confrontación? Es un gobierno que lejos de inquietar a las élites busca el consenso con ellas. ¿Quién está aquí necesitado de escaños para sacar las leyes adelante? Nosotras siempre hemos apostado por un apoyo externo y una oposición responsable y firme de izquierdas. Lo que no es admisible es un escenario de paz social ni para las élites vascas ni para las españolas.
Distrito único.

En un país autonómico y supuestamente plurinacional la negociación y la decisión se toma en distrito único. Los grandes sindicatos españoles, con la gran patrona española y sin debate parlamentario donde se supone reside la soberanía popular, el parlamento español. No importa la correlación de fuerzas de los grupos parlamentarios en Euskadi y Nafarroa. Tampoco importan las mayorías sindicales en nuestras comunidades. La sensación de la ciudadanía vasca y del conjunto de la clase trabajadora es de imposición de una legislación española nociva para nuestros intereses de clase.
Desde posiciones republicanas confederalistas interpelamos a nuestros compañeros militantes de formaciones independentistas que la apuesta por una república confederal es viable. Pero la realidad hoy es que la la izquierda institucional española genera mucha desconfianza en los sectores soberanistas. Va a ser muy difícil en mucho tiempo revertir esta desconfianza.

¿Y ahora qué?

Ahora nada cambia en cuanto a que tenemos que seguir organizándonos para derogar las reformas laborales. Y hoy tenemos una reforma más que derogar. Pero volvamos a dejar claro que no se trata de derogar las precarizantes reformas anteriores. Se trata de rehacer un nuevo contrato social desde cero, donde pongamos los derechos de la clase trabajadora en el centro de este contrato.
Las fuerzas que se dicen de izquierda, las que se sitúan a la izquierda del PSOE y UP, en el Estado y en Euskal Herria, deberían volver a medir qué alianzas tejen, qué presupuestos pactan, y qué gobiernos sostienen.

Se ha perdido la oportunidad de derogar las reformas laborales de Rajoy y Zapatero y asistimos a la gran renuncia por parte de esa izquierda española que venía a asaltar los cielos y se ha quedado en mera sumisión de las élites económicas. Pero la clase trabajadora seguiremos luchando, hoy como ayer.

Organicémonos por un nuevo contrato social. Recuperemos la confianza en la lucha obrera. A lo largo de la historia los avances sociales, las conquistas y reconquistas de derechos, han venido antes de la movilización ciudadana que de gobiernos y parlamentos, y ni qué decir del falso diálogo social.

Repsol en Perú: crímenes ecológicos en la “reconstrucción” del capitalismo español

( Publicado en El Salto)
 
Si la “reconstrucción” del capitalismo español se articula sobre la noción de diligencia debida y no se confrontan los intereses de las grandes empresas y fondos de inversión, seguirán sucediéndose casos como los de Repsol en Perú, El Corte Inglés y Mango en Bangladesh, Inditex en Marruecos o ACS en Guatemala.
 
Pedro Ramiro
Juan Hernández Zubizar
Erika González
 
27 ENE 2022 

Transición energética sin tocar a las eléctricas, movilidad sostenible sin tocar a las automovilísticas, rehabilitación de viviendas sin tocar a las constructoras, regulación de alquileres sin tocar al capital financiero, alimentación saludable sin tocar a las industrias cárnicas, nueva estrategia de acción exterior sin tocar a “nuestras empresas”. Los grandes empresarios respiran tranquilos, la patronal respalda al gobierno, las fuerzas de seguridad reprimen en ciudades y fronteras, la transición ecológica se queda en un greenwashing de saldo, las corporaciones y fondos de inversión transnacionales reactivan sus negocios y se disponen a recibir los dividendos de otro ciclo corto de crecimiento y acumulación.

Las propuestas para la “recuperación económica” nos teletransportan tres décadas atrás: más ladrillo, más turistas, más internacionalización empresarial. El Estado operando como garante del rescate permanente de las grandes compañías y bancos. Las multinacionales abanderando la “transformación y resiliencia” de la economía española para embolsarse los fondos europeos y huir hacia adelante. La especialización clásica del Spanish model tratando de resurgir con una mano de barniz verde y digital.

No hay capa de pintura, aun así, que pueda tapar la forma de operar habitual de las compañías que lideran la España-marca. Sus impactos socioecológicos nos retrotraen también a hace veinte años. En realidad, nunca han dejado de estar ahí: vertidos de hidrocarburos, contaminación de aguas y tierras, desplazamiento forzado de comunidades locales y pueblos indígenas, criminalización y hostigamiento de líderes sociales… El derrame de Repsol en Perú es el penúltimo ejemplo de que la responsabilidad social corporativa y la diligencia debida son conceptos que están muy bien para rellenar cientos de papers y seminarios, además de para dar color a las memorias anuales de las grandes empresas, pero no valen de nada para cambiar mínimamente su modus operandi.

De Colombia a Perú

En 2006 hicimos una investigación sobre los impactos de Repsol en Colombia. Para ello, las organizaciones sociales de Arauca, el departamento fronterizo con Venezuela en el que la petrolera tenía sus mayores campos, nos alojaron durante un mes en su sede en Saravena. Allí se refugiaban decenas de líderes sociales amenazados y desplazados de sus comunidades por la arremetida de la ofensiva entre paramilitares, ejército y grupos insurgentes. La semana pasada, la explosión de un coche bomba destruyó la sede.

Hace 16 años, buena parte de los dirigentes políticos y comunitarios más significados de la región habían sido judicializados por el Estado colombiano y estaban en la cárcel. Varios líderes sociales fueron asesinados por la brigada del ejército encargada de custodiar las instalaciones petroleras. Bajo el mandato del presidente Álvaro Uribe, coincidiendo con la entrada de Repsol en Arauca, el departamento registró los índices de violencia política más altos de todo el país. En ese contexto, asociada con la estatal Ecopetrol y con la transnacional estadounidense Oxy, operaba la multinacional de matriz española. En ese contexto sigue operando a día de hoy.

En el caso de Repsol, pudimos comprobar la coincidencia espacial y temporal de los intereses de la multinacional española con la arremetida de los paramilitares, el ejército y la policía contra las organizaciones sociales de la región

Casi nunca se han podido demostrar los nexos de las transnacionales extractivas con los grupos armados al margen de la ley ni con las fuerzas públicas de seguridad. Solo las disputas por el control territorial permitieron aflorar estas relaciones en otros casos, como los de BP o Drummond. Lo que sí pudimos comprobar, en el caso de Repsol, fue la coincidencia espacial y temporal de los intereses de la multinacional española con la arremetida de los paramilitares, el ejército y la policía contra las organizaciones sociales de la región. De manera análoga a lo que ocurría —y sigue ocurriendo— en el resto del país, los grupos armados legales o ilegales limpiaban la zona de opositores antes de que las compañías extractivas comenzaran con sus operaciones.

En los años 2006, 2008 y 2010, en tres audiencias celebradas sucesivamente en Viena, Lima y Madrid, Repsol fue denunciada ante el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP). Además de por sus impactos en Colombia, la transnacional fue acusada de operar en 17 resguardos indígenas en Bolivia, de contaminar el territorio mapuche en Argentina y el huaorani en Ecuador, de extender el proyecto gasífero de Camisea sobre cuatro áreas protegidas en Perú. En América Latina, los impactos ambientales de Repsol y las demás corporaciones minero-energéticas van desde las secuelas que han dejado los megaproyectos hidroeléctricos hasta los efectos del extractivismo en áreas de gran biodiversidad. En muchos de estos ecosistemas habitan diferentes pueblos indígenas que se ven afectados por la apropiación de sus medios de producción ancestral, la destrucción de zonas de elevado valor social y espiritual, la discriminación racial y cultural, el desplazamiento forzado de sus territorios.

Todos estos casos, puede leerse en la sentencia final del TPP, “deben ser considerados no aisladamente en su significación individual, sino como expresión de un muy amplio espectro de violaciones y responsabilidades que, por el carácter sistemático de las prácticas correspondientes, configuran una situación que ilustra con claridad el verdadero papel tanto de las transnacionales europeas, como de la UE y sus Estados miembros”.

De las desinversiones al apoyo estatal

Tras la expropiación hace diez años de YPF, cuya adquisición a finales de los 90 llegó a convertir a Repsol en la mayor transnacional petrolera de América Latina, la multinacional española logró remontar el vuelo gracias a la combinación de una serie de factores: reducción de plantilla, fomento de la subcontratación, devaluación salarial y revisión a la baja de las condiciones laborales, desinversiones y ventas de activos, aumento de la presencia en paraísos fiscales, reordenación de negocios a nivel global. Lo mismo que hicieron en la pasada década, al fin y al cabo, el resto de las grandes empresas que lideran el capitalismo español.

Según su plan estratégico, Repsol pretende pasar de desarrollar operaciones en 26 países en 2020 a concentrarse en 14 un lustro después. La compañía se está adaptando a la transición energética —que, como suele decir Andreu Escrivà, se confunde interesadamente con la transición ecológica— y ha consolidado su entrada en el mercado eléctrico español. Para las grandes del Ibex-35, las desinversiones han sido fundamentales para sortear un contexto político-económico poco favorable para sus intereses; dicho de otro modo, les han servido para hacer caja, reducir deuda y rebajar costes. En buena parte de los países donde tuvieron fuertes conflictos sociales o ambientales, las multinacionales españolas terminaron por vender sus filiales. A finales del año pasado, Repsol vendió todos sus activos en Ecuador.

Después del crash de 2008, Repsol y otras 14 compañías españolas se aseguraron compras de deuda por un valor de más de 10.000 millones de euros

Pero no habría habido ninguna “recuperación” sin el apoyo de las instituciones estatales. El Estado, que siempre se ha constituido como el soporte político-económico fundamental para la expansión global de las grandes corporaciones, se ha vuelto ahora todavía más esencial para impedir las quiebras empresariales y hacer rentables las inversiones que demanda la nueva ola de “capitalismo verde”. Después del crash de 2008, la recuperación de los beneficios empresariales se articuló en base a tres pilares: la reactivación del ciclo inmobiliario-financiero, la potenciación de la llegada de turistas internacionales y el aprovechamiento de los réditos de la internacionalización acometida en las dos décadas anteriores. Sin olvidar que también fueron esenciales las inyecciones de liquidez por parte del Banco Central Europeo: Repsol y otras 14 compañías españolas se aseguraron compras de deuda por un valor de más de 10.000 millones de euros.

Durante la pandemia, y en el marco de la “reconstrucción” que se viene, el instrumento central para el sostenimiento de los dividendos empresariales ha sido el Estado. Avales del ICO a créditos bancarios, compras de pagarés empresariales, entrada en el accionariado de empresas estratégicas a través de la SEPI, más adquisiciones de deuda por parte del BCE, subvención de costes laborales con los ERTE, activación de nuevos nichos de negocio con el programa Next Generation. Repsol pretende movilizar 6.000 millones de euros, sobre todo con la burbuja del hidrógeno, gracias a los fondos europeos.

El Estado ha asumido un riesgo superior a 13.000 millones de euros por los negocios privados de empresas como Repsol, Abengoa, Elecnor y Técnicas Reunidas; y bancos como Santander y BBVA

Los créditos bancarios concedidos a Repsol para las obras de ampliación de la refinería La Pampilla, origen del vertido de estos días en Perú, han sido asegurados por la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (CESCE). Esta entidad público-privada, que cuenta con participación mayoritaria del Estado español en su accionariado, se dedica a responder por los riesgos de la expansión internacional de los negocios de las grandes empresas españolas. A través de los distintos tipos de seguros que han contratado las grandes corporaciones con CESCE, el Estado ha asumido un riesgo superior a 13.000 millones de euros por los negocios privados de empresas como Repsol, Abengoa, Elecnor y Técnicas Reunidas; y bancos como Santander y BBVA.

Cada vez que las multinacionales españolas han estado en el centro de conflictos que pudieran poner en peligro sus ganancias, el Estado ha acudido al rescate. Cuando en 2012 el gobierno de Cristina Fernández decidió nacionalizar su filial argentina, tanto el ejecutivo de Rajoy como la oposición liderada por Rubalcaba, junto con los grandes medios de comunicación, salieron al unísono a defender a Repsol. Hasta ahora, sin embargo, en la mayoría de los medios, partidos y sindicatos españoles solo ha habido silencio e indiferencia ante los graves impactos sobre el medio ambiente y las vulneraciones de los derechos de las comunidades locales afectadas por Repsol. La embajada de España en Perú ha lamentado los efectos del vertido provocado por “una compañía española”.

De la RSC a la diligencia debida

“No creo que seamos colonizadores ni conquistadores ni nada parecido. Yo creo que España, cuando llegó a aquel continente, lo liberó de un poder brutal, salvaje, caníbal”, decía Toni Cantó refiriéndose a América Latina para calentar el último 12 de octubre. La recuperación del discurso de la colonia y la escalada verbal de aquellos días se entiende básicamente en clave interna, para consumo propio en la guerra particular de la derecha por ver quién es más trumpista. De hecho, este discurso neofascista impulsado por la internacional reaccionaria resulta contrario a los intereses de las multinacionales españolas, que llevan años tratando de huir de la imagen de colonizadores que saquean el continente. La defensa de los negocios de la Marca España no suele pasar por una visión imperialista: desde hace cuatro décadas, todos los gobiernos españoles han impulsado la expansión de las grandes empresas con el mantra del crecimiento, el empleo, el desarrollo sostenible y la “responsabilidad social”.

Lo que ocurre es que, con razón, se ha extendido por todo el continente la percepción de que las grandes corporaciones son las máximas responsables de la desregulación del mercado laboral, el expolio de los bienes naturales, la privatización de los servicios públicos, el desplazamiento de los pueblos indígenas o el deterioro de los ecosistemas de la región. No es solo que las mayorías sociales no accedan por el mito del “efecto goteo” a los dividendos del proceso de expansión de estas compañías, es que una y otra vez se ven directamente afectadas por los impactos socioecológicos de sus negocios.

Repsol opera en Colombia a través de filiales y subcontratas, así puede desligarse de cualquier compromiso con las poblaciones afectadas por sus actividades en el contexto del conflicto armado

La deslocalización de las operaciones de las grandes empresas por todo el mundo es tan importante para rebajar costes laborales como para desdibujar los contornos de sus responsabilidades legales. Repsol opera en Colombia a través de filiales y subcontratas, así puede desligarse de cualquier compromiso con las poblaciones afectadas por sus actividades en el contexto del conflicto armado. Repsol echa la culpa del derrame a las instituciones públicas de Perú por no dar la alerta a tiempo. Y mientras dice en su web que “aseguramos la gestión proactiva del riesgo en todo el ciclo de las actividades con objeto de prevenir daños en las personas y en los bienes, minimizando el impacto sobre el entorno”, la compañía ha externalizado en pésimas condiciones las tareas de limpieza del vertido, ya que ni siquiera dispone de equipos propios especializados para hacerlo.

Hace décadas que se vienen demandando normas internacionales para juzgar a las empresas transnacionales. Pero todas las propuestas, desde los años 70 hasta hoy, se han ido obstaculizando con una mezcla de argumentos técnicos y pragmáticos. Primero vino el auge de la responsabilidad social corporativa y los códigos de conducta, que entronizaron el soft law y los mecanismos de autorregulación. Después llegó el bloqueo de cualquier norma que pudiera resultar mínimamente vinculante y la colonización de la voluntariedad en el seno de Naciones Unidas. Luego, la reforma de las legislaciones nacionales que pudieran contemplar grietas por donde colarse para controlar a las transnacionales, como sucedió en España con la modificación de la jurisdicción universal.

Más tarde, se impidió el avance del instrumento internacional jurídicamente vinculante en la ONU con la justificación del “consenso” y se promovió la diligencia debida, con la unilateralidad como elemento central de las propuestas pseudonormativas que se están barajando en la actualidad. En todo este bloqueo de la posibilidad de instaurar mecanismos efectivos para controlar a las transnacionales ha sido fundamental el rol jugado por la Organización Internacional de Empleadores y la Cámara de Comercio Internacional, que actúan como los agentes principales del boicot normativo al respeto de los derechos humanos.

Un primer paso, sería que Repsol cumpliera las normas internacionales sobre derechos humanos y medio ambiente, tal y como ocurre con los acuerdos de comercio e inversión

Y en esas estamos: todavía tendremos que esperar que, porque una directiva europea obligue formalmente a las grandes compañías a tener planes de riesgos para evitar los impactos de sus operaciones, estas vayan a cambiar su forma de actuar. Este tipo de planes de diligencia debida, por sí solos, no son un pequeño avance, ni un primer paso, ni sirven para la defensa de los derechos humanos. Otra cosa bien diferente es que fueran incluidos como un elemento adicional dentro de una ley marco que contemplase mecanismos efectivos de evaluación, seguimiento, control y sanción. Un primer paso, para empezar, sería que Repsol cumpliera directamente las normas internacionales sobre derechos humanos y medio ambiente, tal y como ocurre con los acuerdos de comercio e inversión.

De los crímenes ecológicos al fin de la impunidad

Repsol ha provocado un desastre ecológico en Perú. Repsol es responsable de un crimen ecológico internacional. Repsol, tanto sus directivos como la propia empresa, debería ser juzgada en tribunales nacionales e internacionales.

La presencia de las grandes empresas españolas en América Latina no puede entenderse sin el apoyo permanente del Estado español: una gran alianza público-privada que blinda los negocios de multinacionales como Repsol, pero se pone de perfil a la hora de exigirles responsabilidades. La exigencia de obligaciones extraterritoriales a las grandes compañías no encalla por un problema de técnica jurídica, sino de voluntad política.

Una propuesta técnicamente viable para avanzar en esta línea son los Principios de Madrid–Buenos Aires, que tipifican los crímenes económicos y medioambientales de persecución universal, y que ahora deberían aplicarse a la multinacional española. Estos principios incluyen la explotación ilícita de bienes naturales que afecten gravemente a la salud, a la vida o a la convivencia pacífica de las personas con el entorno natural, así como la destrucción irreversible de ecosistemas. En base a los mismos, casos como el de Repsol entrarían dentro de la categoría de ecocidio y podrían ser juzgados aquí.

Las actuales expresiones normativas fundamentadas en la diligencia debida, sin embargo, dejan en la impunidad el crimen ecológico internacional cometido por Repsol. De ahí que siga siendo imprescindible, como dice la resolución aprobada en 2014 por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que se instauren normas universales de carácter vinculante para plantear controles y sanciones a las empresas transnacionales más allá de dónde sitúen su domicilio fiscal. En la misma línea que lo que exigió Salvador Allende ante la asamblea general de Naciones Unidas en 1972, si cabe aún con más fuerza ante la aceleración de la expansión del poder corporativo en estos cincuenta años, es necesario un tratado internacional para controlar crímenes como los cometidos por Repsol, que incluya una corte mundial para sancionar la impunidad corporativa.

En el ámbito estatal, la propuesta de ley sobre empresas y derechos humanos que el gobierno español prevé presentar este año —así ha sido incluida en el Plan Anual Normativo— debe sustituir la centralidad de la diligencia debida por propuestas claras y precisas que aborden el control de las prácticas internacionales de las empresas transnacionales. La exigibilidad y la justiciabilidad tienen que desplazar a la unilateralidad, pieza esencial de la diligencia debida. Ha de reafirmarse la primacía de las normas de derechos humanos sobre las reglas de comercio e inversión, a la vez que los derechos sociales, laborales y ambientales deben dejar de ser considerados por Estados y empresas como “desventajas competitivas”.

La futura ley tendría que incluir también el cumplimiento directo por parte de las empresas transnacionales de las obligaciones internacionales de derechos humanos y medioambientales; la triple imputación —penal, civil y administrativa— de las personas físicas y jurídicas que tomaron la decisión incriminada; la responsabilidad solidaria de las multinacionales por las actividades de sus filiales, proveedoras y subcontratistas; los mecanismos efectivos para la reparación de los daños sufridos por las víctimas y un centro de empresas que sustituya las auditorías privadas por la investigación público-social. Si quiere proteger a las víctimas de las viola­ciones de derechos humanos cometidas por las empresas transnacionales, el Estado español debe codificar sus obligaciones extraterritoriales al respecto.

En los últimos veinte años, la voluntariedad y la unilateralidad empresariales han sido funcionales para dejar en el limbo las responsabilidades de las grandes corporaciones en el cumplimento de las normas de derechos humanos y medioambientales. Durante todo este tiempo, las organizaciones sociales y las plataformas de personas y comunidades afectadas han presentado múltiples propuestas en numerosos foros internacionales para poner fin a la impunidad corporativa que pueden servir de ejemplo para establecer los criterios fundamentales de esa nueva ley española. Si la “reconstrucción” del capitalismo español se articula sobre la noción de diligencia debida y no se confrontan los intereses de las grandes empresas y fondos de inversión, seguirán sucediéndose casos como los de Repsol en Perú, El Corte Inglés y Mango en Bangladesh, Inditex en Marruecos, BBVA en Colombia, Elecnor y Enagás en México, ACS en Guatemala… ¿Seguirán quedando impunes estas graves vulneraciones de derechos? ¿La ley española permitirá que la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición se impongan ante tanta impunidad? Todo lo que no sea avanzar por esta senda será entrar, con Repsol, en el túnel del tiempo.

EL ANARQUISTA JUSTICIERO

OPINION   

  <<Mauricio Rodríguez-Gastaminza>>

         A galopar

              a galopar

              hasta enterrarlos en el mar

              (Rafael Alberti)

Bombardeo de Bilbao ( Robert Capa )

    Bilbao, 4 de enero de 1937, son las doce del mediodía y por las calles se nota un importante trajín de gente de todo tipo, sobre todo mujeres y niños. No se ven apenas hombres jóvenes, sólo milicianos muy maduros y adolescentes, apilando sacos terreros en la entrada de los edificios más importantes. En la Plaza del Arenal es día de mercado, y es hora punta. La gente recorre los puestos buscando algo decente que llevar a casa para alimentar a sus familias, sus caras reflejan el miedo y la falta de sueño y sus cuerpos son el vivo retrato de la desnutrición. De repente suena un toque de corneta que avisa de la proximidad de aviones fascistas. Todo el mundo se pone a cubierto como puede, unos se refugian debajo de los puentes, otros en los sótanos de las viviendas, los más experimentados en túneles cercanos, y los más desesperados entran en las iglesias cercanas, pensando, que como los sublevados son católicos sus bombas las van a respetar. Desde el monte Archanda y desde el Pagasarri las pocas baterías antiaéreas allí instaladas abren fuego, pero los Junkers alemanes vuelan a gran altura y la aviación republicana apenas tiene cazas para hacerles frente. Lo que si tienen es coraje, orgullo y la autoridad moral de representar la legalidad democrática, pero es poca munición para vencer a la barbarie.

Tres toques de corneta alertan ahora que los aviones ya están sobrevolando la ciudad y que el bombardeo es inminente. Todo el mundo cobijado espera con el corazón encogido y el oído alerta a que las bombas no elijan su refugio para impactar y las madres, en la oscuridad, palpan a sus hijos para asegurarse de que están todos. Cuando terminan de caer las bombas, con un saldo de ocho muertos, las gentes van saliendo poco a poco a la calle, con la mirada fija en el cielo y el terror en sus semblantes.

    En las sedes de los sindicatos, CNT y UGT, se empiezan a arremolinar los milicianos con el gesto contraído por la rabia y la frustración. Las oficinas anarquistas están en plena ebullición, milicianos y milicianas con pañuelo rojo y negro al cuello, fusíl al hombro y los comisarios pistola al cinto, están hablando de venganza y de ir a la cárcel cercana a ejecutar a todos los fascistas allí detenidos.

De entre todos los allí reunidos destaca un hombre joven y fornido, de mediana estatura, que pistola al cinto, da cortos pasos en círculos como un león enjaulado. No habla con nadie, hasta que se le acerca un camarada que le susurra unas palabras al oído. La cara del joven miliciano

cambia de repente de color, primero se pone lívida de estupor y luego torna a roja de cólera.

¿Qué le había dicho su compañero al miliciano de la CNT/FAI?

    El padre del anarquista era maestro del pequeño pueblo alavés de Gordoa, una pequeña escuela unitaria con apenas una docena de niños y niñas. El aula estaba en la planta baja, y en el primer piso vivían, el maestro, su mujer y los siete hijos que compartían. Este maestro era amigo y contertulio de los maestros de los pueblos vecinos de Galarreta y Zalduendo. Les unía su profesión y, sobre todo, su laicismo y sus convicciones republicanas.

    El 9 de agosto de 1936, las tropas requetés de la vecina Navarra, al mando del general Mola, entran a sangre y fuego en la comarca y comienzan a detener a sindicalistas, políticos republicanos y nacionalistas y cualquier sospechoso de simpatizar con la legalidad vigente. Los tres maestros citados son señalados por el cura de Salvatierra como rojos peligrosos y son detenidos por los sublevados. Los meten en un camión, junto a otras personas denunciadas, y les conducen a la vecina Sierra de Urbasa, donde en plena noche les fusilan, sin ningún tipo de juicio previo, y posteriormente los arrojan a una profunda sima cerca de allí, llamada Otxoportillo.

    Lo que su compañero de armas le había susurrado al oído era, que sabía de buena tinta que el cura de Salvatierra llevaba unos días detenido en la vecina cárcel de Larrinaga.

    Mientras tanto desde las sedes de los sindicatos se habían formado dos columnas de milicianos y milicianas que, indignados y con ganas de revancha, se dirigían a la prisión. El anarquista de esta historia, al que llamaremos Manuel, reclutó allí mismo a unos cuantos compañeros armados y también enfiló hacia la cárcel, pero Manuel iba hacia allí con un claro y único objetivo.

   La columna de la UGT cogió la calle Iturribide y la cenetista la calle Zabalbide, las dos convergieron casi al mismo tiempo en las puertas de la prisión, donde los guardias que la custodiaban apenas opusieron resistencia, tal era la superioridad de la masa armada. Los milicianos entraron en tromba y ejecutaron allí mismo a 220 fascistas detenidos.

    Entretanto, ¿Dónde estaba nuestro joven anarquista? Entre el tumulto, los disparos y la lógica confusión, había localizado la celda donde se encontraba el cura. Indicó a sus compañeros que esperasen fuera y abrió la puerta de la celda. Se encontró al clérigo de espaldas a la puerta, de rodillas y hablando en latín, como si rezase. Se había dado cuenta de la situación y estaba temblando como una hoja, esperando lo peor. Manuel se dirigió a él, le agarró de la parte posterior de la sotana y le soltó estas palabras, como un latigazo:

    – ¿Sabes quién te va a matar?, el hijo del maestro de Gordoa- acercó el cañón de su pistola a su nuca y le descerrajó dos tiros. Salió de la celda, reunió a sus compañeros y se marchó.

    A veces sólo unos milímetros pueden cambiar totalmente el desenlace de una historia. Le había disparado a pocos centímetros de la cabeza, pero no le mató, le dejó gravemente herido y ciego para siempre.

    El 19 de junio de ése mismo año, 1937, Bilbao cae en poder de los rebeldes fascistas, se producen detenciones en masa, torturas y fusilamientos indiscriminados. Manuel es detenido. La policía política trae al cura ciego para que le identifique como su agresor, pero el clérigo dice que no le pudo ver la cara y tampoco se la puede ver ahora. Además, para más confusión, el maestro asesinado tenía tres hijos varones. El hermano mayor estaba en el frente de Catalunya como suboficial del ejército republicano y el pequeño con apenas 18 años con su madre viuda y sus cuatro hermanas. Pero eso la policía no podía saberlo. Manuel es torturado salvajemente durante días, pero no logran sacarle una confesión. No se sabe muy bien porqué, pero ante la duda sobre su culpabilidad, es trasladado al penal de Santoña, donde permanece encarcelado durante varios años.

    Mientras tanto, el resto de su familia, su madre viuda y sus seis hijos restantes se trasladan al cercano pueblo de Salvatierra, ya que les expulsan de la casa-escuela, donde también vivía el cura ciego junto a su hermana, que tenía una pequeña mercería en los bajos de la casa.

    La historia a veces tiene ironías desconcertantes. La familia de Manuel alquiló una vivienda justo frente a la casa del cura y de su hermana. Casi todos los días se tropezaban con el cura, que del brazo de su hermana daba un paseo vespertino. Todos, menos el clérigo, se miraban de reojo cuando se cruzaban, unos con miedo, los vencidos, la hermana con odio en la mirada y el rostro altivo, y el cura sin expresión.

    Cuando Manuel salió de Santoña, se trasladó a vivir a Salvatierra con su familia, se casó con una chica de un pueblo cercano y posteriormente se afincaron en Bilbao. Tuvo un hijo y murió en noviembre de 1976, rodeado de su familia.

     Como me lo contaron os lo he contado.

      A mi abuelo y a mi tío, “in memorian”.