El 30 de septiembre, Putin aprobó la anexión por parte de Rusia de las regiones de Donetsk, Lugansk, Jerson y Zaporiyia, tras los referendos fantoches celebrados entre el 23 y el 27 de septiembre, repitiendo así el escenario que ya había sido probado en 2014 en Crimea y Donbass. Este golpe se produce en el contexto de una gran contraofensiva del ejército ucraniano en las regiones de Kharkiv y Donetsk, y tiene como objetivo justificar la “movilización parcial” anunciada el 21 de septiembre. Si bien este nuevo episodio de la “autodeterminación popular” debería por sí mismo iluminar retrospectivamente lo que sucedió en 2014, algunas voces de la izquierda todavía se levantan para acusar a Ucrania de haber provocado la escalada militar en curso. Este texto repasa los acontecimientos de 2014-2022 para responder a una serie de preguntas que siguen desgarrando a una parte de la izquierda radical y que obstaculizan su solidaridad con la resistencia popular ucraniana. Estas cuestiones se refieren al movimiento separatista y la guerra en el Donbass, los acuerdos de Minsk, la política del gobierno post-Maïdan, el avance de la extrema derecha y las perspectivas para la izquierda en Ucrania.
El capital transnacional ha mundializado la cadena de valorización y obtenido ganancias extraordinarias respecto al resto del capital al sacar provecho de una menor composición orgánica del capital y de los bajos costes de producción que ofrecen nuevas localizaciones productivas. Junto a ello, ha desplegado mecanismos de dilución de su responsabilidad fiscal, laboral, medioambiental y social. Desde luego no ha abandonado, sino al contrario, su agenda lobista con los gobiernos de todo signo, promocionando a unos y zancadilleando a otros, empleando diferentes maniobras –financieras, mediáticas, de lawfare, represivas, etcétera–. Con la concentración y globalización el capital transnacional ha aprovechado la enorme influencia de los grandes grupos empresariales, sobre todo energéticos, de comunicación y financieros, en aras de recuperar negocio y rentabilidad a costa de la explotación del trabajo, el socavamiento del entorno natural y la succión de valor de otras formas de producción subalternas o menos competitivas.
Las estrategias basadas en la relocalización 1/ de empresas y empleo de la fuerza de trabajo, el abaratamiento de costes laborales o la conformación de sofisticadas tramas fiscales para aflorar beneficios en las jurisdicciones fiscales más favorables (hasta un 36% de los beneficios de las empresas multinacionales se trasladan a guaridas fiscales –Zucman et al., 2022–) cobraron forma a través del desarrollo de grupos corporativos transnacionales jerarquizados –con empresas pantalla, sedes y matrices en localizaciones ventajosas, y una red de empresas filiales, subsidiarias y franquicias–. Estas tramas facilitan a las empresas matrices la externalización de los riesgos de mercado y de las actividades con menor rentabilidad. Externalizan a una amplia red de “pymes económicamente dependientes” (Albarracín y Alonso, 2008) mediante formas de control directo o indirecto basadas en marcas, patentes, fuentes de financiación, sistemas de aprovisionamiento, subcontratación de fases de producción no estratégicas o fórmulas de comercialización reservadas; o, en su caso, a una red de falsos autónomos 2/ que sustituyen a las plantillas habituales, frecuentemente recurriendo a sistemas de plataforma bajo control privado, mal llamadas de economía colaborativa.
Así, se esquivan compromisos de negociación colectiva, se aplican fórmulas de ingeniería contable y de planificación fiscal agresiva, o se establece una nueva relación con el mundo del trabajo, en el que las empresas principales pueden evitar su responsabilidad estando menos expuestas a las luchas colectivas y a la judicialización de los conflictos laborales.
Sin embargo, este proceso ha topado con sus límites y contradicciones ante un contexto de guerra comercial, dislocación del proceso de suministro global, crisis de extracción y suministro de energía y encarecimiento de materias primas esenciales para la industria, sin mencionar las consecuencias de conflictos laborales debido a la devaluación de las condiciones salariales y laborales en general, con especial conflictividad en el nuevo trabajo de plataforma, tanto en Europa como en el Sudeste Asiático (Trappmann et al., 2020).
Un movimiento sindical y una izquierda bizca
La relación salarial que configura la relación de los propietarios y gestores del capital con el mundo del trabajo se ha extendido, al tiempo que ha complejizado sus formas, manteniendo su sustancia –extrayendo valor del trabajo por encima del coste de la fuerza de trabajo–, no pocas veces modificando su nombre y su gramática. Lo hace aplicando un marco categorial que acentúa el peso del derecho mercantil y societario sobre el laboral, en claro desmedro de los derechos colectivos. Una parte del conflicto entre capital y trabajo, que antes empleaba el lenguaje de los convenios, derechos y salarios, muta sus términos y discurso para usar conceptos referidos al beneficio, los precios y los costes. Siendo el envés de un mismo proceso productivo, el sentido de su significado práctico atrapa a múltiples productores subalternos (autónomos, pequeño empresariado y gerencia de pymes, e incluso, en lo ideológico, a personal asalariado) dentro de la lógica y objetivos que les son propios al capital. Eso es lo que sucede en los conflictos de los autónomos en el transporte, de los pequeños agricultores o de las pymes –dirigidas por lo que antes sería un trabajador cualificado dentro de un departamento de una vieja corporación fordista– que reclaman subvenciones o menor carga fiscal. Se desplaza así el lenguaje propio del mundo del trabajo, que refiere a convenios, derechos colectivos, control del proceso de trabajo y de los objetivos de producción. Con ello, las palabras dejan de nombrar procesos, experiencias y lazos con sentido de utilidad social, cuidado del entorno y de respuesta a necesidades, para solo conjugar los verbos propios del dinero como capital, o de la producción y el trabajo como mercancías.
Han transcurrido varias décadas de retroceso del movimiento obrero, de fuerte involución ideológica y desmovilización sindical, solo ocasionalmente interrumpida. La acomodaticia dirección de los grandes sindicatos, combinada con una fuerte dispersión y fragmentación del sindicalismo combativo, así como el ascenso de prácticas microcorporativas –tanto en los sindicatos minoritarios como en los que apuestan por la concertación social–, han acentuado la incapacidad del movimiento obrero para ser un motor eficaz de promoción de nuevos derechos.
Así, no es de extrañar que se enfrente la cuestión social del trabajo con un bagaje de categorías, conceptos, aspiraciones y estrategias sumamente pobre que viene de experiencias periclitadas.
La crisis de 2008 resquebrajó esa extraña transacción que conciliaba una amplia creación de empleo con costes laborales bajos
La estrategia de los capitalistas se ha adaptado al nuevo contexto, atribuyendo al campo del trabajo términos que le son ajenos (emprendedores, colaboradores, negocio, etcétera). Lamentablemente, el movimiento obrero persiste en operar con referencias inadecuadas, al perder los conceptos que le son propios.
Tradicionalmente, el movimiento sindical perseguía reducir el paro y aumentar el empleo, variables que se resintieron desde la segunda mitad de los 70, especialmente con la reestructuración y ajustes de los años 80. Desde entonces, la ocupación no ha parado de crecer y las tasas de paro de reducirse. Con todo, el Estado español sigue casi triplicando (13,5%) las tasas de desempleo comparadas con la media de la OCDE (5,1% en marzo de 2021, datos del Banco de España). Hacer notar que más empleo no garantiza unas condiciones laborales y de vida mejores, siendo condición sine qua non la degradación de las condiciones de empleo o intensificación del trabajo para aumentar la tasa de explotación y de acumulación capitalista.
Fue en los años 90 cuando empezó a criticarse el ascenso de la precariedad. En aquel periodo, se asimilaba precariedad y temporalidad del empleo. Enseguida, no pocos, haciendo flaco favor a una perspectiva de clase, en vez de criticar a la minoría capitalista y a los gobiernos, responsabilizaron de la precariedad a las condiciones del empleo indefinido y del funcionariado, o idealizaron un sujeto abstracto llamado precariado. No obstante, desde mediados de los años 2000 las tasas de temporalidad, muy altas, también por encima de nuestro entorno internacional, empezaron a moderarse.
La crisis de 2008 resquebrajó esa extraña transacción que conciliaba una amplia creación de empleo con costes laborales bajos. Pronto el gobierno de Zapatero aceptó las presiones de la UE y del entorno empresarial más influyente. Aplicó fuertes recortes en servicios públicos esenciales y en los salarios indirectos. La rentabilidad de capital se resentía, y se decidió por el ajuste estructural. Tras los recortes en sanidad y educación pública le sucedió la reforma laboral de 2010, que reducía el coste del despido para facilitar la adaptación de las empresas a la crisis de sobreproducción y financiera. La temporalidad estadística se aliviaba, al tiempo que se mermaban las garantías de estabilidad de la condición salarial también entre la contratación indefinida.
Con la llegada del PP, con Rajoy, estas medidas se profundizaron, con nuevos recortes y, especialmente, con una nueva reforma laboral en 2012 que dinamitaba la estructura de la negociación colectiva y profundizaba el abaratamiento, la descausalización del despido y las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo, entre otras medidas. La priorización del convenio de empresa frente al de sector, o la pulverización del derecho a la ultraactividad de los convenios comportaron las agresiones más relevantes, junto con fuertes reducciones en las indemnizaciones por despido colectivo y en los salarios de tramitación.
Las consecuencias fueron muy graves, al acabar con derechos y garantías colectivas. Esto supuso una pérdida de influencia de los sindicatos que apuestan por la concertación. En torno a un 45% de la clase trabajadora se quedaba sin cobertura convencional (datos 2021 de trabajadores afectados por convenios colectivos y población asalariada, EPA).
La reforma de finales de 2021 del gobierno de coalición (Albarracín, 2022a), en un principio, amagó con restaurar la arquitectura de la negociación colectiva sectorial, recuperar la ultraactividad y atajar la temporalidad. Eso es lo que, principalmente, se pactó. En cambio, tras las presiones e injerencias del PSOE, las exigencias consentidas de la Comisión Europea y la estrategia adaptativa y conciliadora de la ministra de Trabajo, la cosa quedó en una recuperación parcial de la negociación salarial sectorial, una reforma ambigua de la ultraactividad, que solo la respeta allí donde ya estaba consolidada, incluyendo un sistema de mediación y arbitraje para el resto de convenios, y una reforma del sistema de contratación temporal, que, aunque mejora los tipos de contrato, deja ángulos ciegos y vías de fuga para que la precariedad adopte formas nuevas, con un despido que sigue siendo libre, fácil y barato.
Puede que la reforma mejore las estadísticas de temporalidad. La media de duración del empleo está aumentando en algunos días (57,3 días por contrato de media, en febrero de 2022, según el SEPE). Aunque, al no mejorar las garantías para el empleo indefinido, al no establecer un control, motivación o indemnización disuasoria ante el despido y al normalizar los ERTE como fórmula de adaptación unilateral de las condiciones de trabajo (jornada y salario) –sin impedir un ERE a posteriori–, en términos globales netos no mejora las condiciones de estabilidad del empleo.
La precariedad (Albarracín, 2022b) comporta un fenómeno mucho más complejo y amplio que la temporalidad en el empleo (García, 2022: 311). Refiere a qué modo de vida y expectativas provee a quienes están empleados, a la continuidad y estabilidad en el empleo, el nivel de los salarios, la regulación colectiva de las condiciones de trabajo y las garantías ante la eventualidad del despido. A este respecto, la reforma causa mejoras menores a las que le acompañan varios talones de Aquiles.
Primero, los empleos de menos de tres meses no requieren justificación. Aunque, como hemos apuntado, la media de los empleos temporales aumenta su duración, no superan en media los dos meses, y hasta un 29,1% finaliza antes del primer mes.
Segundo, los empleados temporales que conviertan sus contratos a indefinidos tendrán un pequeño incremento en la indemnización por despido (lo que suponga pasar de una indemnización de 12 días por año trabajado a 20 –despido objetivo– o 33 si se hace contrato indefinido, para contratos de pocos meses…).
Ahora bien, los empleos indefinidos van a tener un mayor número de despidos y mayor rotación en los primeros años, debido a que en ese periodo el coste del despido es todavía bajo. Con datos del primer trimestre de 2022 (EPA-INE), el 19,2% de los empleos indefinidos no supera los tres años, el 16,7% tiene una duración entre 3 y 6 años, y el 64,2% dura más de 6 años, apuntando un deterioro de la continuidad del empleo indefinido, al no encontrar peores registros de continuidad en el empleo desde 2011. Notemos que conviene dar más tiempo para evaluar este aspecto de la reforma. Pero, previsiblemente, los contratos temporales de muy corta duración pasarán a ser de corta duración y los indefinidos tendrán una mayor tasa de despidos o rotación en los tres primeros meses tras su celebración.
A su vez, están aumentando los empleos a tiempo parcial procedentes de contratación temporal, pero también de primera contratación, y empleos provenientes de los ERTE. Esto permite optimizar el coste laboral ganando productividad por hora, con la consiguiente merma de ingresos salariales, especialmente de mujeres y otras personas que realmente desearían trabajar más horas para cobrar más (el 51,1% quisiera más jornada; esto es, se trata de empleo parcial involuntario –4º T 2021, EPA-INE–, porcentaje que se incrementa desde 2007, que estaba en el 31,4%). Esto es compatible con la tendencia mundial general, en la que la clase y familias trabajadoras aumentan el número medio de horas de trabajo, pero de una manera dual, combinando un modelo de un empleo a tiempo completo con cada vez más horas y otros a tiempo parcial con horarios flexibles focalizados en la disponibilidad y en la intensificación del trabajo (Roberts, 2022b).
Por último, aunque desde proporciones de partida muy bajas (2,2% de la población asalariada –1er T 2022 EPA-INE–), también se está recurriendo al empleo fijo-discontinuo para reemplazar parte del trabajo temporal estacional de una duración mayor a tres meses (De la Fuente y Bernat, 2022: 220), que no necesitan justificar su temporalidad. Como decimos, para presionar a que los salarios crezcan por debajo de la inflación y no se acumule demasiada antigüedad ante una posible indemnización por despido, en los primeros años de duración rotará más proporción de contratos indefinidos, presionando al aumento del rendimiento de cada puesto (ver tabla en página siguiente).
En resumidas cuentas, si de lo que se trata es de mejorar las condiciones de vida, el indicador no es la temporalidad, sino la estabilidad y las condiciones para poder organizar un proyecto de vida basado en la continuidad, así como las garantías de derechos en las condiciones de empleo y del despido. Para eso, resulta fundamental regular el despido colectivo e individual, con su causalización y aprobación por la Inspección de Trabajo, con indemnizaciones disuasorias. Y si de lo que se trata es de evitar las discriminaciones, complementariamente, hay que regular el momento de selección de nuevo personal con una preselección por parte de los servicios públicos de empleo, estableciendo criterios objetivos de entrada, en la promoción y en el acceso a la formación. Para cerrar el círculo con dos reivindicaciones esenciales: la reducción del tiempo de trabajo sin reducción de los salarios reales, directos o indirectos.
Claves para mejorar la correlación de fuerzas del sindicalismo ante el capital
Las reformas laborales expresan una correlación de fuerzas entre capital y trabajo labradas con anterioridad, en la que desempeña un papel decisivo la lucha de clases en los ámbitos social, sindical y político.
De los tres ámbitos, en lo social, tras la desactivación del movimiento 15-M, o su asimilación por la dinámica partidario-electoral e institucional, en la que prevalece una orientación subalterna o cooptada por el gobernismo neoliberal compasivo, encontramos una parálisis importante.
En el campo de lo sindical, se observa una tendencia decreciente al conflicto, a pesar de la explosividad de casos puntuales, que no han contrarrestado el protagonismo de la concertación a través del diálogo social abierto por el gobierno de coalición, encargado de aislar reclamaciones de calado y una conflictividad amplia más eficaz y consistente. Las excepciones son los avances y buenas resistencias que han tenido lugar en el País Vasco o Cádiz, por ejemplo. Cabe preguntarse si el retroceso de los salarios reales y la ampliación del periodo de cómputo de las pensiones pueden propiciar el conflicto general en algún momento.
La izquierda gobernista ha primado una estrategia modernizadora, con una alianza con la burguesía alejada de la derecha extrema, intercalando reformas de mínimos compasivos y, a lo sumo, avances parciales en derechos civiles, sin cuestionar la gestión neoliberal del PSOE. Vale decir, en el campo de la representación política solo ha interpuesto un dique menor al neoliberalismo, siendo incapaz de mejorar las condiciones de vida, las expectativas y las perspectivas de la mayoría.
La izquierda gobernista ha primado una estrategia modernizadora, con una alianza con la burguesía alejada de la derecha extrema
Conviene tener presente que la correlación de fuerzas favorable se gana antes en la sociedad, en los espacios sociales, productivos y culturales-ideológicos. Las elecciones son un simple reflejo de lo anterior. Sin embargo, se ha preferido considerar la fuerza social con la que se cuenta como un factor externo dado, al que adaptarse, y no como algo a construir. Si se pensaba que los derechos ganados iban a cambiarlo, estos resultan testimoniales a la luz de la experiencia de las clases trabajadoras, más aún en un contexto repleto de adversidades a las que no quiere hacerse frente de raíz.
No entraremos aquí en cómo construir subjetividad antagonista organizada. Por el contrario, fijaremos la atención en el campo propio del movimiento obrero: las dinámicas de reproducción de la vida y de la producción en general.
Las posibilidades de avance sindical obedecen, en lo interno, a una lógica multifactorial. Fundamentalmente dependen de las direcciones sindicales y de su orientación. También de su estrategia ante reivindicaciones y conflictos para trascender el hecho conflictivo concreto dando una respuesta más amplia, extensiva y sociopolítica. También estriba en la política de afiliación, así como en la suma de representantes sindicales acompañando los procesos de organización con experiencias de solidaridad y logros colectivos, o el avance en la formación sindical y política de sus nuevos miembros. Se suele tratar, o profundizar menos, en las formas de implantación y organización a lo largo de la cadena de valor capitalista y sus nuevas formas empresariales, siendo en este proceso histórico un factor decisivo.
Como apuntamos al comienzo, el capital ha adoptado nuevas formas en su despliegue, tanto para valorizar su producción en el mercado como para reducir la fuerza estructural del movimiento obrero, fragmentándolo, debilitándolo y aislándolo. Esto afecta, principalmente, a la lógica de organización, solidaridad y representación del mundo del trabajo.
Por un lado, las corporaciones transnacionales toman la forma de empresa-red para abarcar los segmentos claves de su cadena de valor, diseñada de manera jerárquica, con centros y periferias, desarrollando empresas matrices, filiales, redes de subcontratas o franquicias. De manera conjunta, a la gestión de las plantillas, también jerarquizadas internamente o por su tipo de contratación, se le añade una legión periférica de autónomos económicamente dependientes.
En estas estructuras, los trabajadores cooperan bajo el dominio del capital, en general sin conocerse entre sí. Colaboran para poner la producción en marcha, pero con dificultades para estrechar lazos de solidaridad, para negociar, parar la producción o imaginar su orientación distinta.
Otras unidades de agrupación territorial de empresas y trabajadores son lo que en su día Alfred Marshall (1890) llamó distritos industriales. Se trataría de localizaciones concretas de trabajadores, mayormente empleados por pequeñas y medianas empresas, especializados en determinados tipos de actividad. Estos pueden ser del sector primario, del sector del transporte y de la logística, del sector industrial (polígonos industriales), del sector comercial (centros y calles comerciales, o de servicios (polígonos de oficinas, zonas de ocio y destinos turísticos). Empleados en empresas formalmente independientes, están vinculados a procesos productivos ligados entre sí. Frecuentemente pueden tener servicios comunes o intereses colectivos propios de su localización o proceso de producción.
En este sentido, las lógicas de representación legal y las dinámicas de organización sindical no concuerdan con las formas empresariales, y, por tanto, no están en buenas condiciones de abarcar la cadena de valor (para parar, variar su orientación o negociar sobre sus condiciones).
En primer lugar, las posibilidades de representación y obtención de recursos y delegados están sujetas a un marco legal en el que la pequeña empresa, aparte del paternalismo que la envuelve, levanta numerosos obstáculos a las plantillas. Para tener representación, si una asamblea de un centro de trabajo (en términos administrativos) así lo determina, se requiere entre 6-10 trabajadores o trabajadoras, o, al menos, 10 si lo promueve un sindicato sectorial representativo, participando en las elecciones solo quienes cuenten, al menos, con un mes de antigüedad.
Las lógicas de representación legal y las dinámicas de organización sindical no concuerdan con las formas empresariales
En segundo lugar, los sindicatos mayoritarios se organizan por ramas de actividad. Estas federaciones de rama, aunque con honrosas excepciones, no suelen aplicar una coordinación de clase adecuada para llevar una estrategia común de ramas vinculadas, sino que se limitan a operar en los centros de trabajo donde tienen fácil representación, sin enlazar los intereses comunes de las y los trabajadores de la empresa principal con los de las subsidiarias, de las y los indefinidos con los temporales, o del funcionariado con el personal interino o el personal laboral público. A su vez, los sindicatos minoritarios, aun sin ser necesariamente corporativos, acaban operando en empresas aisladas o, fragmentariamente, en sectores delimitados, sin poder conseguir cuotas de representación suficiente para que sus criterios tengan influencia o para que sus luchas trasciendan conflictos particulares.
En tercer lugar, aunque existan los comités de empresa europeos, estos apenas tienen competencias más allá del intercambio de información. No logran coordinar la acción sindical en el seno de las empresas transnacionales. Las oficinas de atención al trabajador, y las y los delegados sectoriales, así como los autobuses de atención sindical móvil son testimoniales y brilla por su ausencia cualquier órgano de colaboración de trabajadores en los mencionados “distritos laborales” (Albarracín, 2015).
En cuarto lugar, pero no menos importante, los sindicatos deben tener presente que su acción ha de conectar mejor con el territorio y la población vinculada con la fuerza de trabajo. En este sentido, el sindicalismo requiere una estrategia social de arraigo en los lugares de residencia, para organizar actividades en las comunidades de convivencia de los y las trabajadoras con las personas que dedican su tiempo al cuidado –doméstico, de crianza–, y facilitar la cooperación en la provisión de servicios comunes (comedores y servicios comunitarios, actividades de soberanía alimentaria y de proximidad, escuelas infantiles, espacios de uso compartido de equipamientos domésticos colectivos, instalación de equipamientos energéticos renovables compartidos, etc.). Habilitar estructuras y espacios de este tipo permitiría una mayor conexión con las dinámicas de reproducción de la vida cotidiana, estrechar lazos de clase y estar en condiciones de afrontar conflictos duraderos con mayor solidez (complementarios a las cajas de resistencia), ofreciendo una respuesta comunitaria, de cuidados y ecosocial, asociada a la mejora de las condiciones de vida y trabajo.
Lo anterior es tan importante como contar con un programa reivindicativo y de lucha más sólido –salarios, reducción del tiempo de trabajo, reparto del trabajo, derechos sociales–. Esto supone, a partir o independientemente del marco legal, poner en pie asambleas que traten y organicen a los y las trabajadoras reales –asalariadas, falsas autónomos, de cuidados, etc.– a varias escalas: a través de coordinadoras y redes transnacionales de los y las trabajadoras de una misma línea sectorial y cadena de valor global, o a través de asambleas territoriales localizadas en distritos laborales de alta concentración de personas trabajadoras de todo tipo.
En suma, sobre la cuestión social del trabajo no podremos avanzar ni en derechos ni negociarlos bien, si nuestro arraigo e implantación no se adapta a la forma de la cadena de valor del capital; no podremos ni soñar cambiar algún día la orientación y la dirección de la producción, para satisfacer necesidades sociales y transformar el modelo productivo para circunscribirlo a los límites de la biosfera, si no estamos en condiciones de pararla.
Daniel Albarracín es economista y sociólogo. Actualmente es consejero de la Cámara de Cuentas de Andalucía. Es militante de Anticapitalistas
Notas:
1/Empleamos aquí relocalización como traslado territorial de un proceso productivo, siendo un término más apropiado que el de deslocalización, que refiere a un no lugar de los procesos productivos, y que solo tiene un sentido relativo en referencia a trabajos hechos telemáticamente o susceptibles de ser teletrabajables.
2/En los países del Sur, el proceso de crecimiento del trabajo autónomo cobra una forma extendida más grave, que se basa en la expansión del trabajo informal, que aquí también se da en menor grado.
3/ No se incluyen datos sobre la huelga del sector Administración Pública y sector interinos docentes enseñanza no universitaria de 8 de junio de 2010, la huelga de educación pública y privada de 22 de mayo de 2012 y las huelgas generales de 29 de septiembre de 2010 y 29 de marzo y 14 de noviembre de 2012, la huelga de la enseñanza pública y privada de 9 de mayo de 2013, la huelga del sector del Contact Center de los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2016 y la huelga de fiscales, magistrados y jueces de los meses de abril y mayo de 2018. Tampoco se incluyen datos de huelgas generales.
Referencias
Albarracín, Daniel y Alonso, Domingo (2008) La acción colectiva en las pequeñas empresas del comercio y la hostelería. FECOHT-CCOO.
Albarracín (2022a) “Reforma laboral a lo Zapajoy: ni pequeño avance, ni en dirección contraria”, viento sur, pp. 107-115 (accesible en https://vientosur.info/reforma-laboral-a-lo-zapajoy-ni-pequeno-avance-ni-en-direccion-contraria/ ).
vicentDe la Fuente, Mikel y Bernat, Jon (2022) “La reforma laboral de 2021 en España, cambio de tendencia en la regulación de la contratación temporal”, Revista Crítica de Relaciones de Trabajo. Laborum, 3, pp. 199-223.
García González, Guillermo (2022) “La contratación temporal en la reforma laboral: Reflexiones críticas sobre su conformación jurídica”, Deusto, V. 70/1, pp. 285-314 (accesible en https://revista-estudios.revistas.deusto.es/article/view/2503/2943).
Marshall, Alfred (1890) The principles of Economics. Londres: MacMillan.
Roberts, Michael (2022a) “El futuro del trabajo (1): el teletrabajo” (accesible en: https://www.sinpermiso.info/textos/el-futuro-del-trabajo-1-el-teletrabajo).
(2022b) “El futuro del trabajo (2): trabajar mucho y muchas horas” (accesible en: https://www.sinpermiso.info/textos/el-futuro-del-trabajo-2-trabajar-mucho-y-muchas-horas).
(2022c) “El futuro del trabajo (3): la automatización” (accesible en: https://www.elviejotopo.com/topoexpress/el-futuro-del-trabajo-3/).
Trappmann, Vera; Bessa, Ioulia; Joyce, Simon; Neumann, Denis; Stuart, Mark; Umney, Charles (2020) “Conflictos laborales globales en las plataformas: El caso de las trabajadoras y los trabajadores de la entrega de comida”. Friedrich Ebert Stiftung (accesible en https://library.fes.de/pdf-files/iez/16939.pdf ).
Zucman, Gabriel; Torlov, Thomas; Wier, Ludvig (2022) “The mission profit of nations”.
P
A continuación se transcribe la charla titulada “Marxismo, estrategia socialista y el partido” de Gilbert Achcar, pronunciada en la iniciativa sudafricana