Jesus Rodriguez (Parlamentario Andaluz de Podemos) presentará EL 25 DE NOVIEMBRE a las 18:30 en Libreria Deustuko Liburudenda Deusto el libro «ANTICAPITALISTAS EN PODEMOS,Construyendo poder popular» http://lalibreriadedeusto.com/kazetan-kn
26 de Noviembre, a las 11:30, se hará la presentación en Gipuzkoa en la sala Xenpelar de Renteria, C/ Magdalena 32
Los tratados de libre comercio (CETA, TTIP, TISA, TPP), conocidos también como tratados de nueva generación, traen graves consecuencias en muchos aspectos de nuestra vida diaria: nuestros alimentos, nuestros productos locales, nuestros servicios públicos, nuestros derechos laborales y sobre todo tiene un gran impacto y unas nefastas consecuencias en la democracia y en nuestra soberanía como pueblos.
Recientemente, el 30 de octubre, Europa y Canadá han firmado el CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement). Un tratado que la Unión Europea ha definido como el acuerdo más ambicioso alcanzado. En este sentido, CETA ha marcado los estándares que la Comisión Europea quiere que acepten los otros tratados aún pendientes (TTIP, TISA)
CETA se lleva negociando en secreto desde 2009. Y ha superado la primera fase el pasado 30 de octubre, con la firma entre Europa y Canadá. Sin embargo, aún quedan otras dos fases antes del acuerdo definitivo: el 5 de diciembre en el Europarlamento donde si se aprueba, posiblemente con los votos a favor de la gran coalición, se empezará a aplicar de manera provisional y la última fase, será a través de la ratificación de los diferentes estados miembros en la UE.
Pero ¿en qué consiste el CETA? ¿Qué estándares son los que la UE quiere integrar en los otros tratados? ¿Cómo afectará la aplicación de este acuerdo en Euskadi?
Los partidarios del CETA aseguran que el acuerdo va a aumentar el comercio entre Canadá y la Unión Europea en un 20 por ciento y que va a impulsar a la economía en 12.000 millones de euros al año, como consecuencia de la eliminación del 99% de las tarifas arancelarias.
Sin embargo, los beneficios de este tratado no están claros todavía. Varios economistas estiman que después de 7 años de la implementación del tratado, el desarrollo económico incrementará únicamente un 0,09% anual.
En este contexto de pérdida de soberanía y democracia, de pérdida de derechos laborales, de daños medioambientales irreparables y de privatizaciones generalizadas de servicios públicos, Euskadi no se va a quedar indiferente.
Con la entrada de este tratado vamos a ver rebajadas las condiciones laborales derivadas de la “equiparación” con el mercado canadiense. La voluntad de las negociaciones ha sido aproximar las legislaciones europeas y canadienses utilizando como referente los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Sin embargo, esta homogeneización solo puede ir en sentido contrario a la protección de los derechos de las personas trabajadoras ya que Canadá no ha ratificado dos de los ocho convenios fundamentales (el derecho de sindicación y de negociación colectiva y el 138, sobre la edad mínima de admisión al empleo).
Además de la rebaja en derechos laborales nos enfrentamos también al peligro de privatizaciones en los servicios públicos. A través de las denominadas “listas negativas”, los estados deberán elegir una lista limitada de servicios que no quieren que sean privatizados. Todos los demás, incluyendo los futuros, están abiertos a una posible privatización que difícilmente se volverán a gestionar de manera pública por su alto coste. De esta forma, se abrirán las licitaciones de contratos de la gestión de cualquier servicio público a empresas tanto europeas como canadienses y la clave para acceder a los servicios públicos será la reducción de costes y no la calidad en el servicio.
Pero no solo los servicios públicos se verán afectados. También se ve en peligro la propiedad intelectual. Las patentes están protegidas por el estado y con este tratado su periodo de protección aumentará. Las patentes de Monsanto son sagradas, las de Bayer también. Esto implica que las empresas farmacéuticas, por ejemplo, tendrán más tiempo para poder hacer negocio con los medicamentos perjudicando directamente en los bolsillos de las personas y sobre todo de aquellas más vulnerables.
Sin embargo, para los productores locales, la propiedad intelectual ya no importa. Mientras que las patentes están protegidas por el Estado, las denominaciones de origen protegidas, reconocidas por la Organización Mundial de Comercio, pueden ser libremente ignoradas.
Las denominaciones de origen son un importante factor de desarrollo local y regional, cuidar el medio rural y de dar a conocer localidades, comarcas y regiones enteras. Han permitido mejorar la competitividad de nuestro campo y nuestra industria agroalimentaria gracias a la producción de alimentos de calidad, reconocibles y valorados en los mercados nacionales e internacionales.
Con el CETA en vigor todos estos productos podrían producirse en Canadá o en cualquier país de la UE con total libertad y sin ningún tipo de restricción ni estándar de calidad. Por ejemplo, comercializar txakoli de Bizkaia o de Gipuzkoa producido en Ontario.
Todo esto es lo que nos llegará en cuanto entre vigor el CETA, incluso cuando entre en vigor de manera provisional. Pero en Euskadi, ya hemos empezado a tener las primeras consecuencias de este acuerdo aun sin haber estado firmado.
En mayo de 2015, la petrolera Repsol finalizó la compra de la petrolera canadiense Talisman Energy, dedicada a la extracción de petróleo y gas natural, mediante el fracking o las arenas bituminosas. El procesamiento de las arenas bituminosas requiere instalaciones especiales y Petronor (Muskiz), es una de las cinco refinerías de Europa que dispone de este equipamiento. El proceso de conversión a petróleo consume grandes cantidades tanto de gas natural como de agua y los subproductos altamente contaminantes del proceso acaban almacenados en grandes balsas al aire libre. Por si fuera poco, los combustibles derivados de estas arenas bituminosas emiten muchos más gases de efecto invernadero que los sintetizados a partir de petróleos convencionales. Aun así, Petronor ya ha empezado a importar estas arenas aceiteras de Canadá anteponiendo los beneficios monetarios a corto plazo y excluyendo los costes medioambientales y de salud que supondrá para las personas del entorno.
Aunque lo realmente grave y preocupante del CETA, y de estos tratados de libre comercio, es la pérdida de soberanía y democracia que conlleva la creación de regulación de tribunales de arbitraje privados (ICS).
A través de los tribunales internacionales de arbitraje, caracterizados por ser privados, secretos y discrecionales, se pasa a dirimir las querellas entre las empresas transnacionales y los Estados. A nivel mundial, el arbitraje de inversiones lo componen solo un pequeño número de personas y bufetes que tienen una “puerta giratoria” hacia las corporaciones y una clara tendencia a interpretar la ley en favor de los inversores. El mecanismo de ICS puede impedir que los Gobiernos actúen en favor del interés público, de forma directa, cuando una gran empresa demanda a un Estado, o indirecta, al desincentivar que se adopten determinadas leyes por miedo a provocar una demanda millonaria y endeudar más a los estados demandados.
Nos encontramos ante un tratado claramente favorecedor a las grandes corporaciones transnacionales y al sistema capitalista en general, donde priman los beneficios económicos al margen de mejoras en las condiciones sociales o medioambientales.
Todos estos tratados de nueva generación (CETA, TTIP, TPP y TISA) supondrán una bajada de estándares laborales, medioambientales, creación de nuevos negocios privados alrededor de servicios públicos y tribunales de arbitraje internacionales donde lo que prima es el interés económico y corto-placista.
A pesar de que CETA haya sido firmado en una primera instancia entre Europa y Canadá, aún queda camino para poder frenar su implementación. Es necesario continuar con las movilizaciones en Europa y Canadá en contra de este tipo tratados y mantener la presión social para paralizar el CETA, como lo hicimos para frenar (de momento) el TTIP. Es tiempo de decir BASTA a este sistema globalizado depredador y salvaje. Es tiempo de impulsar y articular, entre todos y todas, alternativas reales y viables que sirvan para continuar con el diseño de otras maneras de entender la economía y el comercio internacional. Son tiempos de las personas y de los pueblos, de quienes nos olvidamos de que el Derecho Internacional de los Derechos Humanos es el resultado de miles de organizaciones y de millones de mujeres y hombres de todo el mundo. Es tiempo de impulsar y fomentar el “Tratado Internacional de los Pueblos”, porque las empresas transnacionales no necesitan más derechos, sino más controles.
Neskutz Rodriguez Ormazabal
Apoderada en las juntas generales de Bizkaia
La socialdemocracia europea, hace años que ha perdido su sitio en el abanico político actual, su encaje en el ámbito social y económico ya lo efectuó a principios de la década de los 80, del lado de los recortes, la desigualdad. Recientemente, su apoyo incondicional al TTIP y al CETA, echa a toda la población asalariada europea en manos del capitalismo más salvaje, poniendo en manos privadas, todos los servicios públicos, la legislación laboral y los tribunales que diriman los contenciosos venideros por encima de las leyes reguladoras de los estados miembros de la UE. En definitiva, pone los aspectos más importantes que aún quedan de la antigua Europa del Bienestar en manos de las multinacionales.
Durante décadas ha enmascarado su verdadera cara. Intentado hacer ver a las clases trabajadoras, a sus bases y a sus, cada vez menos, votantes, que estaban intentando ir reformando poco a poco el actual sistema capitalista para construir una sociedad más amable para las clases más desposeídas. Todo ese entramado de cartón-piedra hollywoodense se ha ido desmoronando con el paso de los años hasta su derrumbe total.
En el Estado Español, se acaba de consumar la «tragedia» o la «farsa» que llevaba años gestándose, digna del mejor Shakespeare o Quevedo. La supuesta crisis interna del PSOE, no es más que el acto final del proceloso y fracasado intento de servir a un amo, queriendo hacer ver que intentaba servir al pueblo.
El espectáculo que nos ha servido el pasado domingo demuestra que no hay dos posturas enfrentadas, sino diferencias tácticas para seguir siendo una de las dos piezas fundamentales, hasta ahora, del régimen del 78 y continuar como alternancia al PP en el corsé bipartidista que nos ha atenazado hasta hace poco. La socialdemocracia española y el PP han sido durante cuarenta años, el policía bueno y el malo, policías a fin de cuentas, la cara y la cruz de la misma moneda, el enriquecimiento de una clase, como la cara A y la B, de un disco de coplas de la época franquista, intentando tapar nuestro siniestro pasado y sus crímenes.
Fueron cómplices necesarios para la elaboración de una Constitución que impedía, poniendo como garante a un ejército franquista, los derechos de las nacionalidades, firmaron unos Pactos de la Moncloa que instituyeron a los sindicatos mayoritarios como gendarmes de los incipientes procesos asamblearios de los que se iban dotando las clases trabajadoras, desde el año 82, mantuvieron a su secretario general simultaneando dos jefaturas, la del gobierno y la del G.A.L., le hicieron el trabajo sucio a la oligarquía financiera llevando a cabo un brutal desmantelamiento industrial, bajo el eufemismo de «reconversión industrial» echando a miles de gente trabajadora a la calle y dejando un panorama de tierra quemada y un páramo de dudoso futuro y de viento variable, de turismo, constructoras y corrupción generalizada.
También tienen en su debe, los social-populares españoles, haber acogido con entusiasmo a un Borbón nombrado por el dedo manchado de sangre de un general fascista que cubrió de cadáveres de gente buena y luchadora, nuestras tierras, y de votar sistemáticamente con el PP, cualquier intento de juzgar públicamente a la dictadura franquista y sus criminales aún vivos. Su vergonzoso papel en 1986, con su alineamiento con el bloque militarístico atlántico y su engañoso, «de entrada no, pero sí», y su apoyo a los intereses de la banca por encima de las necesidades de la población, firmando la reforma del artículo 135 de la constitución de la mano del PP. Así pues, la oligarquía europea, ha perdido su plan B, el campo de batalla se ha clarificado, sólo ha habido dos bandos, pero ahora todo el mundo lo puede ver sin filtros que distorsionen la realidad: el bando de los explotadores y el de las clases explotadas.
A partir de ahora, ¿que hacer?, unificar fuerzas, luchas y voluntades. Ir caminando en la construcción de un Bloque Histórico y Anticapitalista que englobe a la verdadera izquierda transformadora, a los movimientos sociales de todo tipo, feministas, ecologistas, municipalitas y sectoriales, y a todas las clases más desfavorecidas, que son el sujeto activo objetivamente proclive a un radical cambio social que vaya sentando las bases de un verdadero Poder Popular.
Mauricio Rodriguez-Gastaminza
La noche del martes 18 y durante toda la madrugada del miércoles 19 de octubre, un grupo de personas migrantes ha permanecido en la azotea del CIE (Centro de Internamiento para Extranjeros) situado en el madrileño distrito de Aluche en señal de protesta por su reclusión. Las muestras de apoyos desde sectores activistas llegaron tan rápidamente como el despliegue policial asociado y la petición, desde cargos públicos y otras voces reconocidas, para que el “motín se resolviese pacíficamente y respetando los Derechos Humanos” de quienes protestaban. Bienvenidas sean esas solicitudes. Pero no bastan. No podemos dejar que el acontecimiento esconda el problema de fondo.
Los CIEs son cárceles donde no rige paz alguna y donde los derechos más fundamentales son violados desde su mera existencia y funcionamiento. Las personas migrantes son recluidas en estos centros debido a su situación irregular de estancia. Lo que en condiciones normales supondría una simple falta administrativa, se convierte en la antesala para despojar de cualquier derecho a tener derechos y una privación de libertad durante un máximo de 60 días a la espera de una repatriación que, en la mayoría de los casos, nunca llega. El objetivo no es otro que quebrar al colectivo migrante, despojándole de cualquier derecho e inyectándole miedo para así moldear una mano de obra barata y dócil que permita alimentar las tasas de explotación crecientes que necesita una Europa sumida en una crisis de rentabilidad sistémica.
Contra todo ello se han rebelado quienes protestaban en Aluche y gritaban “¡Libertad!”. Y frente a ello, no basta con pedir que no sean repatriados ni que se evite cualquier represión adicional contra las y los reclusos en forma de represalia. Los CIEs son Guantánamos europeos. Verdaderas cárceles de la vergüenza. Agujeros negros de la humanidad. Cuando una falta administrativa abre la puerta a una violación sistemática de los derechos más fundamentales, el problema es de la administración y de las leyes que lo permiten. Rebelarse contra ello no es un motín, sino un acto de dignidad y justicia elemental. No hay migrantes de primera y de segunda categoría. El hambre y la miseria matan tanto como las bombas y las balas. Buscar un futuro mejor no es un delito. Migrar es un derecho y ningún ser humano es ilegal.
Desde Anticapitalistas enviamos nuestro apoyo militante a quienes legítimamente protestaban en Aluche contra su reclusión, exigimos el cierre inmediato de todos los CIEs existentes en el Estado español y el desmantelamiento de los mecanismos represivos que conforman la actual Europa Fortaleza.
La fotografía de una persona sin hogar colgada en Instragram junto a la frase “¿servicio de habitaciones?” por Ernesto Gasco, primer teniente de alcalde y concejal de desarrollo económico, comercio, hostelería y turismo de Donostia, ha sido un auténtico insulto a la dignidad humana y política. Una ciudad como Donostia no merece en su consistorio un personaje que demuestra semejante bajeza moral, que muestra esa burla ante la pobreza, esa insolidaridad, esa falta de empatía y sensibilidad con el que sufre. Un político que se dice progresista y que ha jugado en el imaginario y en la práxis del clasismo más salvaje no puede seguir representando a nuestra ciudad.
toda la claridad del mundo, que la sede del PP de Génova era como su casa, vemos también como los ataques a la decencia política se dan en otros términos y en espacios más cercanos. Mientras a nivel del Estado todos los indicios muestran al PP como una trama para hacer política desde el concierto para delinquir, mientras a nivel europeo la gente ha salido a la calle para protestar contra la pobreza y la exclusión, contra los tratados internacionales que quieren profundizar en la desigualdad, la precarización y la marginación, en Donostia hemos visto un ejemplo de esos que trabajan a la contra de las luchas sociales y políticas por la igualdad y la justicia social. Un síntoma de aquello que De Sousa Santos llama el fascismo con rostro democrático. Mientras organizaciones, movimientos y plataformas han salido estos días a mostrar su oposición frontal contra la pobreza y el sistema económico que la provoca, nuestra segunda autoridad municipal no sólo se pone de lado sino que ha sido capaz de realizar una acción propia de aquellos que justifican la existencia de la exclusión. Un informe encargado este año por el gobierno municipal de la ciudad afirma que más de 430 personas viven sin hogar en la capital de Gipuzkoa, 89 de ellas durmiendo en la calle. Además, 1.200 personas viven hacinadas y en condiciones indignas de habitabilidad, y casi 20.000 en una situación de pobreza relativa. De espaldas a unos datos que demuestran la situación de mucha gente humilde de la ciudad, el comportamiento del sr. Gasco es tan intolerable desde un punto de vista político y humano que debería dejar su cargo, debería dimitir. Esto no se afirma desde estas líneas por la distancia política a la que personalmente me encuentro, que es mucha, sino por hacer honra al sentido de la dignidad y la decencia.
Xavi.
El 25S el PNV y Urkullu obtuvieron unos buenos resultados en las urnas. Aunque lejos de la mayoría absoluta, sus 397.664 votos (cifra del escrutinio provisional y que tras el escrutinio definitivo no hecho público parece que le han valido finalmente 28 diputados/as) y la debilidad del PSE, hacen prever acuerdos entre ambos que le van a propiciar otros cuatro años como partido de gobierno en Euskadi, aunque estén a falta de un parlamentario para la mayoría absoluta.
Ni toda la serie de acusaciones de corrupción que ha tenido el PNV en los últimos años (Caso Miñano, Caso Zambrana, Caso Noticias, Caso de Miguel, Caso Epsilon, Caso Hiriko), ni los años de gobierno, ni los recortes aplicados (aunque de manera más “blanda” a los del gobierno del PP en el Estado) parece que le hayan pasado factura: PNV gana desde las últimas generales, en las que obtuvieron 287.014 votos, unos 110.000, con lo que vuelve a las cifras de las elecciones autonómicas del 2012.
En cuanto al PSE, en declive desde hace bastantes confrontaciones electorales ha obtenido en estas elecciones el peor resultado de su historia. De hecho, ha perdido 50.000 votos respecto a las generales y más de 100.000 respecto a 2012, que se ha traducido en la pérdida de 7 representantes (de 16 ha pasado a 9). No obstante, si bien este descalabro le deja en una posición muy debilitada, esos 9 diputados/as le van a permitir poder ser el socio preferencial del próximo gobierno, con lo que darían continuidad a la alianza institucional que PNV y PSE mantienen en todas las instituciones de Euskadi.
El PP, en cambio, ha aguantado relativamente bien, pues solo ha perdido una diputada (de 10 ha pasado a 9) al recibir 23.000 votos menos que en los anteriores comicios. De hecho, viven como una victoria su empate con el PSE en el número de representantes, lo que reafirma su papel con respecto al PSOE a nivel estatal, donde apenas le ha pesado la corrupción, el desmantelamiento de lo público o el aumento de la precariedad. Se deduce, por tanto, de que se trata de un voto muy fiel e ideológico que va a tener pocas fluctuaciones.
Respecto a C’s, que no ha obtenido ningún representante propio, según palabras de Alonso “estarán representados” por el PP en el parlamento vasco.
En cuanto a la Izquierda Abertzale, esta ha sabido capitalizar la figura de Otegi a pesar de la prohibición de presentarse como candidato a lehendakari. Esto unido a que han tratado de dar un perfil más reivindicativo en lo social junto con una campaña centrada en el llamamiento a Podemos y PNV de cara a lograr un acuerdo soberanista a la catalana, le ha permitido recuperar unos 70.000 votos respecto las últimas elecciones generales (aunque no los 50.000 perdidos respecto a las autonómicas del 2012). Ser la segunda fuerza y aguantar el intento de sorpasso por parte de Podemos apareciendo como la primera fuerza de la oposición, le va a permitir una mayor actividad política.
En cuanto a Podemos, si bien la confrontación con el PSE en clave Estatal era uno de los objetivos y este sí se ha logrado (ha sacado dos representantes más), es claro que el resultado obtenido no ha respondido a las expectativas. La mayoría de las encuestas le daban entre 15-18 representantes (las más optimistas incluso 20), por lo que la consecución de 11 escaños es, sin lugar a dudas, un mal resultado, máxime si se tiene en cuenta que fue la primera fuerza en votos en las últimas elecciones generales, donde obtuvo algo más de 335.000 votos -lo que supone una pérdida de 179.000 votos, pérdida de votos (20.000) que también se da respecto a las elecciones forales de 2015.
Por tanto, es evidente que Podemos Ahal Dugu ha perdido fuelle en estos comicios, y las causas se pueden achacables a varios aspectos:
¿Qué toca ahora?
Lo primero, ser conscientes de que la situación en la que se encuentra actualmente Podemos Ahal Dugu es reversible. A pesar del lastre que supone la obtención de un resultado a la baja en la construcción de una alternativa fiable y consistente, Podemos Ahal Dugu debe aspirar a recuperar y a aglutinar las fuerzas acumuladas durante el último ciclo de movilizaciones sociales. Y debe ser consciente de que solo ampliando su base a través de las asambleas municipales y poniendo en marcha los mecanismos de control democrático necesario para evitar la autonomización del grupo parlamentario o de la dirección, podrá volver a ser la herramienta de empoderamiento popular que necesitamos.
Sin duda, queda mucho trabajo por hacer. Mucho trabajo para construir oposición a las políticas “europeístas” del gobierno del PNV, a los recortes que sin duda van a venir (ya nos avisan de que las recaudaciones de las haciendas han sido menor de las previstas).
Sin embargo, habrá en el parlamento vasco dos fuerzas de oposición con grandes posibilidades de llegar a acuerdos en lo social y, que sí lo hacen de forma coordinada y no sectaria, podrán animar o reanimar la movilización social y la resistencia a los planes de los Gobiernos Autonómico y Central.
En la actual coyuntura de desmovilización es necesario dotar a Podemos Ahal dugu de profundidad desde abajo. Los círculos son el punto de partida idóneo para conseguirlo, y desde luego, las candidaturas municipales son una palanca necesaria; pero hay que incluir también a nuevos actores que se han ido incorporando al proceso para seguir trabajando en la construcción de poder popular. Tenemos que aprovechar todo ese caudal, sostenerlo en un momento de reflujo y, desde ahí, construir con paciencia el partido-movimiento que debe de ser Podemos Ahal Dugu, el partido para cambiarlo todo, pero para que nada siga igual.
ANTIKAPITALISTAK