En los últimos días hemos asistido a una serie de movilizaciones por parte de las plataformas de afectados por Lanbide, que han realizado distintas acciones en ciudades como Donostia o Bilbo, denunciando la situación que sufre este colectivo. Situación que se ha visto agravada por las últimas medidas tomadas por el ejecutivo de Gasteiz, tales como el no equiparar la ayuda  al coste de vida actual, o aún peor, la medida de poner en marcha un control del supuesto fraude a través de una huella digital.

Parece que el señalar con el dedo al colectivo a modo de “A” escarlata, el acusar de fraude cuando los datos indican que es prácticamente inapreciable, o el utilizar toda una serie de declaraciones cercanas a la xenofobia, sean los nuevos argumentos dados desde el Eusko Jaurlaritza al respecto. Ya pocos deben acordarse de aquella polémica que hace apenas dos años surgiera en el ayuntamiento de Vitoria entre los grupos del PNV y del PP, donde los jeltzales acusaban a los populares de criminalizar las ayudas sociales; pues frágil es la memoria política y más aún cuando la rapiña carroñera no se encuentra en disputa electoral.

Las ayudas sociales no son un privilegio que un ente en forma de Estado o Gobierno concede a aquellos miembros más desfavorecidos dentro de su comunidad, si no que se trata de un derecho, un derecho legítimo cuyo objetivo es equilibrar, o al menos amortiguar, la caída que algunos sectores de la sociedad sufren por culpa de unos gobernantes y de un sistema injusto y desigual. Si el reparto de la riqueza y de los recursos fueran algunos de los pilares indiscutibles de los mal llamados sistemas democráticos, y no conceptos ninguneados por la dictadura de los mercados y del capital, quienes realmente rigen nuestras vidas, no existirían personas que necesitasen ser rescatadas por unos verdugos disfrazados de salvadores y a los que además hay que adorar y estar eternamente agradecidos por recibir lo que, como mínimo, es justo y el pueblo ha ganado con su esfuerzo sin que nadie le regale nada.

El verdadero conflicto estiva en que subsistimos en un régimen leonino donde una parte minoritaria vive bien en detrimento de quienes pasan estragos a la hora de sobrevivir. La aspiración legítima de cualquier individuo que forma parte de un sistema o comunidad debe ser la de vivir lo mejor posible, siempre y cuando la actividad que desempeñe para ello no repercuta en un desequilibrio dentro de dicho sistema o comunidad. El problema no es que un hortera quiera trabajar para comprarse un reloj de oro o un coche deportivo, si no que existan políticas que permitan que unos lleven relojes de oro y conduzcan coches deportivos, mientras dejan que otros mueran de hambre. Los gobiernos y gobernantes deben tomarse muy en serio, al menos desde el ámbito de lo público,  la idea de la priorización del gasto, entendiendo que una carretera o un campo de fútbol deben esperar su turno mientras existan personas en riesgo de exclusión social.

Hace no tanto, cuando una persona era desalojada de su casa a manos de las despiadadas instituciones financieras, ésta era alguien invisible a la sociedad y sufría su miseria en silencio, incluso llegando a pensar que algo habría hecho mal, que había calculado mal, en definitiva,  que era su culpa el haber llegado a esa situación. Hoy en día, por el contrario, a nadie le queda duda de que cuando un caso de este tipo ocurre, es debido a la voracidad sin límites de un procedimiento bancario donde el afectado no deja de ser una simple víctima. Es entonces cuando se producen las verdaderas victorias sociales por parte del pueblo, y cuando esas mentiras reproducidas  por parte de la clase dominante dejan de tener su efecto.

 

Mientras, algunas de esas mentiras terminan por plasmarse en medidas como la última ocurrencia de controlar la malversación poniendo en marcha el uso de una huella digital por parte de los perceptores de la R.G.I., sin tener en cuenta la humillación a la que se le somete a este colectivo. Por supuesto, esta medida llega teóricamente para paliar el mal llamado fraude en las ayudas sociales, mientras los verdaderos defraudadores de esta sociedad salen impunes. Quizás al final no sea tan mala idea y haya que replantearse si ese tipo de medida debe extenderse al resto de colectivos, sobre todo en aquellos donde el engaño es mucho mayor que en el ámbito de las partidas sociales, tales como la banca, la clase política o los grandes empresarios, verdaderos estafadores de esta sociedad.

Es tiempo de que la sociedad vaya adquiriendo alguno de los mantras que defienden que sin reparto de riqueza no hay democracia, que sin un reparto justo y equitativo de los recursos  de que dispone una sociedad no hay democracia; la democracia debe llevar intrínseco el apuntalamiento y la defensa de los derechos sociales. De qué sirve hablar como tanto le gusta al ejecutivo de Urkullu de eficacia y eficiencia, si no entienden que una sociedad con desigualdades económicas no es ni eficiente ni eficaz.  Si quienes dirigen nuestra sociedad no entienden que deben administrar y gestionar de manera justa lo que es de todos, lo que se produce y genera entre todos y para todos, es posible que no estén preparados para desempeñar la función que desde la ciudadanía se les ha encomendado.

Iosu Del Moral